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Al ser consultado sobre lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde la noche de ayer Porfirio Muñoz Ledo anunció que no buscaría la reelección en la Mesa Directiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la transformación del país que promueve debe pasar por el estricto apego a la legalidad.

“Que se acabe con la simulación, esa máxima que viene desde la época de Porfirio Díaz, de que la ley se respeta en la forma para violarse en el fondo. Nadie puede estar por encima de la ley, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, afirmó el presidente.

Indicó que celebraba que se haya resuelto por respetar la ley en el caso del Poder Legislativo; es decir, que no se haya modificado la Ley orgánica en el Poder Legislativo para que Morena retuviera la presidencia de la Mesa Directiva, pues dijo, eso no debe de permitirse.

Al respecto, la prensa le cuestionó si entonces no estaba de acuerdo con que se cambie una Ley cuando el juego ya había comenzado.

“¿Usted, entonces, en general en todos los casos no estaría de acuerdo que se modificara la ley cuando ya el juego inició, terminó, no sé, por ejemplo, el caso de Baja California?”, se le preguntó al presidente.

AMLO respondió que para él, en todos los casos se debe llevar a la práctica el principio de los liberales del siglo XIX: ‘Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie’.

Hizo un llamado a acabar con la simulación y establecer un auténtico Estado de derecho.

“Imagínense si nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido que porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción, pues eso es retroceso. Yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza”.

Al insistirle si esa sería también su postura respecto a Baja California, AMLO insistió que espera que se actuara de igual manera en todos los casos y dar un buen ejemplo.

Indicó que Morena debe demostrar que no son iguales, que es lo que quisieran los conservadores.

“Es que no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda”, remató.

Al ser consultados sobre si el gobierno piensa hacer algo con casos de empresas que se amparan para no cubrir sus adeudos fiscales pese a hacer públicas acciones de compra, como ha sido el caso de Interjet, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que aun cuando se trate de un asunto que pueda significar una afectación a la hacienda pública, serán respetuosos de la ley.

“Tenemos que ajustarnos a esos procedimientos aunque no estemos de acuerdo siempre hay que respetar al Poder Judicial que es, en este caso, el encargado del otorgamiento o es el que concede el amparo”, explicó AMLO.

Reconoció que hay muchos otros contribuyentes, hasta políticos, que tienen vigentes amparos para no cubrir sus adeudos, ante lo que no pueden hacer nada, pues no se van a violar los procedimientos legales.  Sin embargo dijo, aunque hay casos en donde se da una especie de sabotaje legal, dichas maniobras no dejan de ser legales.

Fue en ese punto donde dijo que como ejemplo de dichas maniobras, están los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, en donde de acuerdo con el colectivo #NoMásDerroches, hay en marcha 147 amparos promovidos.

López Obrador dijo que ese caso, “están ahí todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo”; incluso mencionó, el empresario Claudio X. González mediante una organización se encuentra detrás, pues es un personaje que siempre ha tenido diferencias con su proyecto.

“Desde el tiempo de Salinas, porque el señor Claudio X. González, con todo respeto, su papá fue asesor de Salinas y promotor de la política de privatizaciones. Entonces, le siguen, están inconformes, no quieren los cambios, no quieren la transformación; pero también están en su derecho, son conservadores”, expuso el presidente.

Sostuvo que lo que quieren los conservadores es que no cumpla con sus compromisos, que quede mal y que no se haga el aeropuerto. Indicó que sus reclamos no son en defensa del medio ambienten y la defensa de los pobladores de la zona. Aseguró que hay ninguna razón, y que sólo es una motivación política.

Recordó que cuando su administración en la Ciudad de México decidió hacer los segundos pisos también “llovieron los amparos”.

“Es el interés de detenernos, de hacernos quedar mal, no se dan cuenta que están afectando o intentan afectar el desarrollo del país, porque nosotros tenemos que resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y no lo íbamos a hacer, no vamos a seguir con la corrupción como ellos lo proponían, de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco para que se hundiera y costara miles de millones de pesos”, dijo AMLO.

En ese sentido dijo que su gobierno no cederá ante campañas abiertas o encubiertas; dijo que perseverante y más cuando está convencido de la causa que se tiene que defender. Indicó que seguirán enfrentando los cuestionamientos sin recurrir a actos autoritarios, respetando al Poder Judicial y haciendo valer el Estado de derecho.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a sus 65 años de edad está “bien y de buenas”, se siente fuerte y que incluso es “un chamaco” en comparación con otros mandatarios de las naciones económicas y políticas más importantes del mundo.

Y es que le fue planteado que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados impulsa una ley para que el titular del Ejecutivo de a conocer un reporte completo sobre su estado de salud.

Señaló que hubo un cuestionamiento a su estado de salud luego de conocerse que padece de hipertensión, lo que le ocasionó el infarto.

“La edad es un estado de ánimo, no es un asunto físico, y ayuda mucho por la experiencia”, expresó el mandatario. Dijo que puede mandar sus análisis clínicos, pues a sus 65 años, se siente muy fuerte.

Incluso, el presidente planteó: “Me gustaría que los que dicen que estoy enfermo tuvieran la jornada que yo tuve el fin de semana, visitar cuatro estados en tres días”.

Y es que en días pasados, la diputada del PRI, Dulce María Sauri, propuso una reforma constitucional para que sea obligatorio que el Presidente de la República presente, de forma anual, un informe sobre su estado de salud.

En la propuesta de la legisladora, se plantea que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene delicados problemas cardiacos, por lo que debería precisar cuál es su estado actual.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Segunda Sala, determinó que el derecho de réplica no tiene la finalidad de resolver si el ciudadano tiene la razón o no sobre si la información difundida es falsa o inexacta, sino lo que busca es un balance entre los medios de comunicación y las personas referidas.

Al resolver el amparo en revisión 1173/2017, la Suprema Corte resolvió que el derecho de réplica permite a través del mismo medio en que fue divulgada la información, que la persona aludida pueda presentar una versión propia de los hechos, y así los receptores tengan mayores elementos para formarse una opinión al respecto.

El Alto tribunal estableció que la ley que regula el derecho de réplica, exija que el nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono del responsable de recibir y resolver las solicitudes de réplica estén publicados en el portal electrónico de los sujetos obligados: medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes, entre otros.

Señaló que la publicación de los datos del responsable, no vulnera el derecho a la vida e integridad de las personas dedicadas al periodismo o al proceso informativo, toda vez que puede publicarse la dirección de la persona moral o en caso de una persona física, basta con la publicación del correo electrónico.

Será el día de mañana cuando se presente la iniciativa de la Ley Orgánica de la Administración Pública en el Congreso de Puebla, la cual busca quedar aprobada antes del 1 de agosto, cuando tomará posesión Miguel Barbosa como nuevo gobernador del estado.

En dicha iniciativa, se plantea que la Secretaría General de Gobierno (SGG) pase a ser la Secretaría de Gobernación, mientras que la Contraloría se convertirá en la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, no sólo se contempla el cambio de nombres, sino que se plantea crecer de 12 a 17 las secretarias de estado. Cuatro de las que actualmente existen se van a dividir, y se creará una más.

Se dará vida a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la cual atenderá temas de género, por lo que sustituirá al Instituto Poblano de las Mujeres.

La actual Secretaría de Finanzas y Administración se plantea dividir en dos: la Secretaría de Planeación y Finanzas, y la Secretaría de Administración.

De la Secretaría de Competitividad, Trabajó y Desarrollo Económico se desprenderían la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía.

Las Secretaría de Cultura y de Turismo, que actualmente despachan desde la misma dependencia, se desincorporarán.  Mismo caso aplicará para la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes, para ahora tener la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Movilidad y Transporte.

El resto de las secretarías se mantendrán como hasta ahora.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el canciller Marcelo Ebrard habló sobre el avance que tiene el plan especial migratorio que, como se explicó semanas atrás, tiene cinco vertientes.

Indicó que la primera vertiente consistía en la instalación de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, lo que dijo, ya ocurrió y está completado su despliegue.

La segunda vertiente del plan, que correspondía al Instituto Nacional de Migración (INM), que consistía en acelerar la integración del personal del Instituto y desarrollar las actividades que la ley le confiere, especialmente respecto a quienes desean ingresar a nuestro país o transcurrir por el territorio mexicano.

“Básicamente lo que es la responsabilidad del Instituto es aplicar lo que dice la ley mexicana, no es un programa más allá de la ley, es lo que dice la ley”, señaló Ebrard.

Al respecto recordó que el artículo 16 indica que los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones: mostrar la documentación que acredite su identidad o situación migratoria cuando le sea requerida por la autoridad migratoria; proporcionar la información y datos personales que le sean solicitados por las autoridades competentes, entre otras.

El canciller indicó que las personas que deseen visitar, trabajar o cruzar nuestro territorio deben presentar su documentación y deben dar la información a la autoridad migratoria.

Enfatizó que dicha situación es algo que está en Ley, más no “una decisión que hayamos tomado nosotros”.

El tercer campo de trabajo del plan, a cargo de Secretaría de Bienestar, que tiene que ver con la expansión del programa Sembrando Vida en el sur del país, que dijo, va avanzando conforme a lo previsto.

La cuarta vertiente del plan, que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, y que tiene que ver con oportunidades laborales para quienes están esperando en nuestro país su trámite ante autoridades estadounidenses. Al día de hoy hay 327 personas ya trabajando, informó Ebrard.

Finalmente, la quinta vertiente del plan es en relación a la relación con los países de Centroamérica, organismos internacionales, para atender las causas de fondo que generan la migración y el flujo migratorio.

Con 74 votos a favor, ninguno en contra y 29 abstenciones, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Austeridad Republicana, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores dictaminaron sobre la minuta que recibieron de la cámara de Diputados, imponiéndose la mayoría de Morena y sus aliados sobre el bloque del PRI, PAN y PRD que venían trabajando desde la semana pasada a la que se hicieron 28 modificaciones.

La Ley de Austeridad es una ley de orden público e interés social, la cual tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se disponga se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

“Se destaca la importancia de generar ahorros presupuestales para canalizarlos al desarrollo productivo, en beneficio de los que más lo necesitan”, indicó el presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Armenta.

“La situación económica que viven las familias de nuestro país vuelve necesaria la eliminación de los privilegios y los derroches de la alta burocracia y la función pública”, abundó el morenista.

Los objetivos de la Ley son: establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano; fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio; establecer las competencias de los entes públicos en la materia; enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad republicana como política de Estado; establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, y crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana de Estado.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno de la Ciudad de México informó este domingo que bajo el compromiso de vigilar el estricto cumplimiento a la normatividad en materia de desarrollo urbano y evitar una consecuente afectación a la calidad de vida de las personas, se inició mesas de diálogo con distintas empresas inmobiliarias.

Señaló que los particulares mostraron interés por ajustarse a lo marcado en el programa general, parciales y delegacionales de desarrollo urbano, al reconocer que en muchos casos se estaban incumpliendo las normas.

Detalló que a la fecha suman alrededor de 150 compañías y agrupaciones del sector atendidas por la Seduvi como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), quienes han respondido a la necesidad de respetar la zonificación con los niveles permitidos, los porcentajes máximos de construcción y mínimos de área libre.

Señaló que los inmobiliarios han mostrado su disposición de modificar sus desarrollos, especialmente en lo relativo a los Estudios de Impacto Urbano y Uso de Suelo, indispensables para iniciar la ejecución de sus obras; para posteriormente solicitar la manifestación de construcción ante la alcaldía correspondiente, autoridad encargada de  verificar que las construcciones se apeguen a lo autorizado.

Enfatizó que actualmente suman casi 200 proyectos arquitectónicos en revisión, en cuyo proceso colaboran también la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras y Servicios, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Secretaría de Medio Ambiente y cada una de las instancias realiza observaciones a fin de hacer los cambios que atiendan las disposiciones aplicables.

“La Seduvi de ninguna forma ha detenido ni ocasionado afectaciones al desarrollo de la Ciudad de México, únicamente tiene el firme propósito de aplicar el orden y la legalidad que permita la inclusión y el respeto de los derechos de las personas”, remató la dependencia.

Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en Hong Kong contra el proyecto de ley que autorizaba las extradiciones a China, a pesar de que el gobierno suspendió el examen del texto tras las protestas duramente reprimidas.

Y aunque aún no hay una cifra oficial, medios locales hablan de que más de un millón de personas salieron a las calles para manifestar su inconformidad.

En la movilización de hoy, los inconformes lazaron consignas como “¡Desechen esa maldita ley!”, mientras avanzaban por las calles pidiendo la renuncia de la jefa del poder ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, quien ayer anunció la suspensión del controvertido proyecto de ley.

Los manifestantes quieren que el proyecto sea retirado de forma definitiva. Respecto a Lam, no sólo pretenden su renuncia, sino que antes presente excusas por la represión policial de los últimos días.

La multitud de personas vestidas de negro que salieron a las calles se dirigió hacia el Parlamento. Es la segunda marcha multitudinaria que según estimaciones ha sobrepasado el millón de asistentes.

Jimmy Sham, del Frente Civil por los Derechos Humanos, comparó el proyecto de ley sobre las extradición con un “cuchillo” que pende sobre Hong Kong. “Casi llegó a nuestro corazón. Ahora el gobierno dice que no lo impulsará más, pero se niega a asumirlo”, dijo Sham a periodistas.

El miércoles, sin embargo, Hong Kong fue escenario de la más violenta represión desde el retorno de este territorio a China, en 1997. Una manifestación de unas decenas de miles de personas fue dispersada por la policía con bombas de gases lacrimógenos y balas de goma.

La policía justificó la represión alegando actos de violencia por parte de manifestantes, pero la oposición afirma que se trató de una ínfima minoría en el conjunto de las protestas, que en su mayor parte fueron pacíficas.

Y aunque las protestas fueron desatadas por el proyecto de ley sobre extradiciones, las manifestaciones expresan también un resentimiento de la población de Hong Kong hacia Carrie Lam y China.

El gobierno proPekín de Hong Kong dejó en suspenso este sábado el proceso de aprobación de la ley sobre extradiciones a China, retrocediendo ante las masiva manifestaciones de la oposición, que decidió mantener la movilización hasta la retirada total del texto.

“El gobierno ha decidido suspender el proceso de enmienda legislativa” para “reactivar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, trabajar más (…) y escuchar los diferentes puntos de vista de la sociedad” declaró a la prensa Carrie Lam, la jefa ejecutiva del gobierno.

Sin embargo, poco después, los líderes de las protestas indicaron que mantendrán la manifestación prevista para mañana, pese a la paralización del proyecto de ley.

“Tenemos que decirle al gobierno que la gente de Hong Kong persistirá y mantendrá sus protestas hasta que el ejecutivo retire la ley”, afirmó a la prensa Jimmy Sham, del Frente civil de Derechos Humanos.

La jefa ejecutiva anunció la suspensión del proyecto de ley, precisando que no se ha fijado una fecha para reintroducirlo.

“El consejo dejará de trabajar en el proyecto de ley hasta que hayamos completado nuestras explicaciones y escuchado las opiniones” al respecto, dijo. “No tenemos la intención de fijar una fecha límite para esta labor”, agregó.

Según Lam, la ley de extradición era necesaria para solventar las lagunas y evitar que Hong Kong se convierta en un refugio de delincuentes, pero admitió que el gobierno subestimó la reacción de la opinión pública.

Durante los últimos días, se han vivido manifestaciones y enfrentamientos, donde las fuerzas antidisturbios dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.

A inicios de semana, una manifestación gigantesca, de un millón de personas según los organizadores, pidió la supresión de la ley que, según sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, opaco y bajo influencia del Partido Comunista.

Foto: Twitter

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, habló sobre la caravana migrante que fue detenida la tarde de ayer en Chiapas. Dijo que no se permitirá que nadie viole la ley y la soberanía del país, por lo que ningún migrante que irrumpan de manera agresiva, podrá entrar al país.

Reconoció la coincidencia de las negociaciones que se mantienen en Washington, Estados Unidos, para alcanzar acuerdos en temas económicos y migratorios, y el arribo de la caravana, misma que confirmó, fue retornada a sus países de origen.

Indicó que han sido detectadas diversas organizaciones que se encargan de convocar, a través de redes sociales, a centroamericanos para ingresar al país en caravanas, lo que se suma a la entrada “hormiga” por la frontera entre México y Guatemala.

“No me cansaré de decirlo, lo que queremos es una migración ordenada, segura y regular… pero esta irrupción violenta en el puente de Chiapas, me parece un poco coincidente por decir lo menos”, subrayó la funcionaria.

Adelantó que, ante el creciente flujo migratorio, México podría endurecer sus medidas de seguridad en la frontera para evitar la llegada de más migrantes.

Recordó que el presiente Andrés Manuel López Obrador siempre ha pensado en atender las causas de la migración, bajo la premisa de que nadie migra por gusto sino por necesidad, por lo que se mostró a favor de establecer un programa de desarrollo en los países origen y en el sureste de México.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió una carta a los líderes demócratas en el Congreso en la que dice que deberían aprobar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) antes de discutir cualquier proyecto de ley sobre infraestructura.

“Antes de pasar a la infraestructura, es mi firme opinión que el Congreso primero debe aprobar el importante y popular acuerdo comercial T-MEC. Una vez que el Congreso haya aprobado el T-MEC, deberíamos poner nuestra atención en un paquete de infraestructura bipartidista”, escribió Trump en la carta.

La misiva fue dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al demócrata de mayor rango en el Senado, Chuck Schumer.

El gobierno de Trump concluyó las negociaciones con Canadá y México sobre un acuerdo comercial para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero aún no ha sido aprobado por el Congreso y requiere del respaldo de los demócratas.

La semana pasada, la Casa Blanca anunció que levantaría los aranceles al acero y el aluminio de Canadá y México, un importante obstáculo para la aprobación del acuerdo, pero varios demócratas han expresado preocupaciones sobre otras partes del tratado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aclaró que en las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional se garantiza que el mando del cuerpo de seguridad es de carácter civil.

“La Guardia Nacional será civil. No hay forma de que mantenga o se piense en la militarización. No hay ninguna duda de eso. Se profundiza el carácter civil, se profundiza la disciplina judicial y se garantiza el mando civil sobre todos los integrantes de la Guardia”, afirmó.

El Senador detalló que sigue “encorchetada” la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, no obstante cuenta con un avance del 98%.

Por el contrario, la Ley del Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones; y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, están superadas por consenso en un 96 por ciento. “Estamos a un paso”, señaló el legislador. “Nos reuniremos antes de la sesión para la firma de las iniciativas, de todos los Grupos Parlamentarios. Algo inédito, que sean firmadas por todos los senadores presentes”, subrayó.

El senador resaltó que fueron integradas las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional y colectivos en defensa de derechos humanos, en estos ordenamientos.

Al respecto, señaló que la Ley Orgánica presentada por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se ha modificado en un 70%, pues siempre se buscó considerar los planteamientos de los grupos parlamentarios y no hacer uso de los votos, con los que Morena puede dar respaldo, por requerir únicamente mayoría simple.

Desde la Tribuna del Senado de la República desde donde presentar su iniciativa para expedir la Ley Federal para el fomento y protección de maíz nativo, Jesusa Rodríguez se hizo acompañar de sujetos enmascarados como parte de una representación de la ‘Ofrenda 4’.

Al asegurar que el maíz es una planta humana, y que México es un país hecho de maíz, la morenista dijo que se debe permitir que “hable el maíz, que desgrane sus palabras, que alimente a nuestro pueblo con su grano”.

La iniciativa fue presentada junto a la senadora Ana Lilia Rivera, quien indicó que es tiempo de hacer frente al trabajo legislativo que se realizó en favor de políticas públicas dirigidas a favorecer a empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas.

Las legisladoras afirmaron que, con su propuesta, se dará paso a construir un bastión legislativo de protección para el maíz nativo.

Detallaron que la Ley Federal para el fomento y protección del maíz nativo se centra en cinco puntos principales: declarar al maíz nativo como patrimonio alimentario nacional; fomentar su desarrollo sustentable; promover su productividad, competitividad y biodiversidad; promover las actividades de sus productores originarios y establecer los mecanismos para su protección en cuanto a producción, comercialización, consumo y diversificación constante.

La propuesta incluye la creación el Consejo Mexicano del Maíz para que sea quien coordine y evalúe los programas que se establezcan en pro del maíz nativo. Además, contempla se ponga en marcha el “Programa nacional de semillas”, el cual implicaría tener bancos de semillas de maíz nativo; garantizar el abasto de semillas en equidad; promover el maíz libre de organismos genéticamente modificados y apoyos a productores.

“Sin maiz no hay país”, concluyeron las senadoras.

La representación de la ‘Ofrenda 4’ que encabezó Rodríguez desató críticas y burlas en redes sociales.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió hoy que enviará otro memorándum interno a la administración federal si no se aprueba en el Congreso de la Unión la Ley de Austeridad.

“Estoy esperando a que se apruebe la Ley de Austeridad y si veo que pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que somos lo mismo, el cambio va”, aseguró AMLO.

El mandatario había dicho este miércoles que esperaba que el Poder Legislativo pudiera aprobar esta ley y otras dentro del periodo ordinario de sesiones, que termina el próximo 30 de abril, o en un periodo extraordinario.

La iniciativa de la Ley de Austeridad fue presentada por la bancada de Morena en septiembre de 2018.

Sin embargo, según varios medios, una serie de desacuerdos entre las secretarías de Hacienda y la Función Pública mantienen ‘atorada’ esa iniciativa en el Poder Legislativo.

Legisladores de Morena y del PAN de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda en la Cámara baja señalaron que se contemplan recortes principalmente en los capítulos mil al 5 mil del Presupuesto de Egresos de la Federación, “pero no hay criterios unificados de a cuánto ascienden los ajustes al gasto ni a dónde se destinarán esos recursos”.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que con la aprobación de la reforma laboral, el gobierno federal ya no tiene pretextos para implementar los cambios necesarios, para atender “las sombrías señales que se ciernen sobre la economía” del país.

Indicó que entre los aspectos relevantes de la legislación se destaca la refundación del sistema de justicia laboral y la desaparición de las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje. Manifestó que los diputados del PAN votaron a favor de dichos cambios, pues también se atiende la refundación del sistema de justicia y la democratización de las organizaciones sindicales.

Señaló que con la legislación su cumple con lo acordado en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el anexo laboral 23-A y de paso se responde a la advertencia de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Norteamérica: “a menos que México apruebe una legislación acorde con el T-MEC ni siquiera podremos considerar podremos considerar su ratificación”.

Recordó que con esta reforma se modificaron cinco leyes y más de 100 artículos relacionados con la justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

Advirtió que corresponderá al gobierno federal implementar con éxito la legislación para que concretar la creación de empleos e inversiones.

“El grupo parlamentario del PAN ya puso su parte para que el gobierno federal no ponga pretextos para implementar los cambios derivados de esta reforma, pero exigimos una atención más puntual para atender las sombrías señales que se ciernen sobre la economía”, precisó.