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El gobierno federal recibió de enero a octubre 108,195 peticiones de migrantes que buscan refugio, un número récord que supera a cualquier periodo similar o año completo, informó este martes la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

La cifra es más de tres veces la del mismo periodo de 2020, cuando hubo 31,995 peticiones en el punto más álgido de la pandemia, pero también es poco más de 73% mayor que las cerca de 62,400 solicitudes de los primeros 10 meses de 2019.

Esta es la primera vez que la Comar, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), recibe más de 100,000 solicitudes de asilo en un año, lo que ya supera las 70,346 peticiones de todo 2019 y las 41,004 de todo 2020, los años con la mayor cantidad.

Tan solo en octubre de 2021 se rompió el récord mensual de 18,034 peticiones, frente a las 13,065 de agosto pasado, la anterior cifra más alta. A diferencia de años anteriores, los solicitantes de Haití son los más numerosos, con 37,849 solicitudes en lo que va de 2021, casi un 35% del total.

En segundo lugar están los originarios de Honduras, que representan el 31 % del total, con 33.578 peticiones. Les siguen Cuba (con 7,915 solicitudes), El Salvador (5,433), Chile (5,294), Venezuela (5,113), Guatemala (3,799), Nicaragua (2,655), Brasil (2,499), Colombia (1,046) y el resto de otros países no especificados.

Pese a este número histórico de solicitudes, la Comar solo reporta haber resuelto 31,787 casos en 2021, poco menos de la tercera parte de los recibidos.

El organismo ha recibido casi 280,000 solicitudes desde 2013, cuando iniciaron los registros, pero desde entonces solo ha reconocido a cerca de 66,400 personas como refugiadas.

El impacto de la desigualdad en los conflictos internacionales será uno de los temas prioritarios que México piensa llevar a la agenda en este mes, cuando asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, explicó este lunes el jefe de la misión de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

En rueda de prensa para presentar su programa, el embajador explicó las prioridades de México, que pasan por fortalecer la diplomacia preventiva, controlar el impacto de las armas ligeras, defender el estado de derecho y, en suma, “poner el bienestar de las personas y la protección de los civiles en el centro de nuestra acción”.

El que calificó como “evento insignia” de este mes se celebrará el próximo 9 de noviembre y merecerá la visita a la sede de la ONU del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para debatir precisamente sobre el impacto de “la desigualdad, la exclusión y la corrupción” en los conflictos mundiales.

López Obrador, poco afecto a viajar al extranjero, realizará su segundo viaje en los casi tres años de su mandato; en esta ocasión permanecerá menos de 24 horas en Nueva York, donde sólo se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

A este le seguirá, una semana después, otro debate para tratar de mejorar la interacción y coordinación de los distintos organismos de la ONU en pro de la resolución de conflictos.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presidirá el tercer debate el 22 de noviembre sobre “el impacto del desvío de armas para la paz y la inseguridad”, asimismo, una “gran prioridad” para la política exterior de México, dijo de la Fuente.

Por iniciativa mexicana, las reuniones mensuales sobre los conflictos más profundos y largos en el tiempo: Siria, Yemen y Oriente Medio, tendrán un formato de “consultas a puerta cerrada” en lugar de debate abierto, con el fin de que los países salgan de las fórmulas retóricas y puedan discutir con menor formalismo.

Y aunque no figuren en la agenda consensuada para el mes, el embajador no dudó que otros de los conflictos más actuales, como los que transcurren en Birmania, Etiopía y Sudán, también estarán en el centro de atención del Consejo, con fechas de reuniones todavía por decidir.

El embajador reconoció que los problemas migratorios también están estrechamente relacionados con las cuestiones de desigualdad, y recordó que los controles en las fronteras en los países de destino no son útiles si no van acompañados por políticas integrales en los países de origen y tránsito, como la que su país promueve con el llamado triángulo norte de Centroamérica.

Analistas del sector privados estiman que la economía crecerá un 6.0% en 2021, un recorte frente al 6.20% proyectado el mes previo, según la encuesta sobre las expectativas de los especialistas elaborado por el Banco de México (Banxico) correspondiente a septiembre.

Para el 2022, los analistas volvieron a bajar su previsión de 3.0% a 2.90% el pronóstico de crecimiento del PIB, según la media de la consulta realizada entre 34 grupos de análisis económico.

Recordemos que la economía nacional se contrajo un 8.3% en 2020, el peor desempeño desde la década de 1930, como consecuencia de las afectaciones derivadas de la pandemia de COVID-19.

Por su parte la Secretaría de Hacienda calcula para el crecimiento económico sea de hasta 6%, en la medida en la que se normalizan las actividades productivas mientras avanza la estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19, que inició en diciembre pasado.

Por lo que respecta a la inflación, el sondeo del Banxico mostró una aceleración entre las expectativas de los analistas de un 6.63% para el cierre de año, desde el 6.28% previo. Para el cierre de 2022, los expertos estiman una inflación del 3.84%, por encima del 3.80% estimado un mes anterior.

El año pasado, la inflación cerró en 3.15%, en línea con el objetivo de Banxico que es del 3% +/- un punto porcentual.

Respecto al peso mexicano, los expertos consultados por el Banxico proyectan una paridad cambiaria de 20.43 unidades por dólar a finales de año, por encima de los 20.30 pesos estimados en la consulta del mes pasado.

Para 2022, los especialistas del sector privado prevén un tipo de cambio de 21.02 pesos por dólar.

Los analistas también fueron consultado por Banxico en relación a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses. Los especialistas consideraron que, a nivel general, los principales factores se asocian con la gobernanza (44%) y las condiciones económicas internas (27%).

A nivel particular, los principales factores son: los problemas de inseguridad pública (15% de las respuestas); la incertidumbre política interna (13% de las respuestas); la incertidumbre sobre la situación económica interna (12% de las respuestas); otros problemas de falta de estado de derecho (8% de las respuestas); la ausencia de cambio estructural en México (7% de las respuestas); las presiones inflacionarias en el país (7% de las respuestas)

La selección mexicana tendrá que jugar sin público en sus dos próximos partidos como local de las eliminatorias de la Copa Mundial, ante Costa Rica y Panamá, en castigo por los insistentes gritos homofóbico que se han dado en las tribunas, según indicó la FIFA este lunes.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) fue multada además con 100,000 francos suizos, equivalente a cerca de 2.3 millones de pesos, por el “comportamiento discriminatorio de los aficionados”.

Se trata de uno más de numerosos castigos en el marco de una campaña para acabar con los gritos contra jugadores del equipo rival.

Así, México enfrentará a los “ticos” el 30 de enero y a Panamá el 2 de febrero en estadios vacíos, lo que generará grandes pérdidas de ingresos para la federación mexicana.

Recordemos que hubo gritos homofóbicos en los partidos del mes pasado contra Canadá y Honduras en el estadio Azteca. Más de 130,000 aficionados en total presenciaron esos encuentros.

El Azteca estuvo vacío en el debut de México en las eliminatorias, en septiembre, cuando recibió a Jamaica, por otro castigo de la FIFA por el mismo motivo.

México, que lidera el octagonal de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022, tiene también pendiente un partido en casa ante Estados Unidos, el 24 de marzo.

Los próximos tres partidos de México en las eliminatorias serán como visitantes. Enfrentarán a Estados Unidos y Canadá el 12 y 16 de noviembre, respectivamente. Se medirán contra Jamaica el 27 de enero.

Previamente, la FIFA también había sancionado a Panamá y El Salvador por el comportamiento de sus aficionados. Panamá tendrá que enfrentar a El Salvador sin público en su estadio Rommel Fernández, el 16 de noviembre, por expresiones homofóbicas de sus aficionados durante los partidos contra Costa Rica y México en septiembre.

Los salvadoreños fueron multados económicamente por el lanzamiento de proyectiles a la cancha y el uso de láser durante el partido del mes pasado ante México en el estadio Cuscatlán, donde los visitantes se impusieron 2-0.

Foto: Twitter @miseleccionmx

El gobierno del presidente Joe Biden inició este viernes un segundo intento para acabar con el programa de la época de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias ante los tribunales de inmigración en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que “Quédate en México” probablemente contribuyó a un descenso en los cruces ilegales en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificados” para los solicitantes de asilo expuestos a la violencia mientras esperaban en México.

El anuncio se hizo más de dos meses después de que un juez federal en Texas ordenara que el programa se reanudara “de buena fe”, mientras dejaba una puerta abierta para que el gobierno intentara otra vez justificar su medida.

El gobierno dijo hace unas semanas que esperaba reanudar el programa, oficialmente llamado “Protocolos de Protección al Migrante”, para mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano.

Pero en un memorando enviado hoy a los titulares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el secretario Mayorkas les comunicó su decisión de poner fin al programa.

El gobierno de México ha solicitado que los casos concluyan en aproximadamente seis meses y que mejore el acceso de los solicitantes de asilo a asesoría legal e información de su caso.

Algunos de los aliados más reconocidos a favor de la inmigración del gobierno, señalaron que el tiempo que demoró Mayorkas en emitir su opinión demostraba una falta de sentido de urgencia, algo que funcionarios estadounidenses niegan.

Muchos grupos de apoyo basados en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo en México que fueron sujetos al programa, dicen que ya no aceptarán dichos casos, lo que genera dudas sobre cómo Estados Unidos podrá satisfacer la insistencia de México de que tengan mejor acceso a asesoría.

Funcionarios del gobierno dicen que consideran que hay suficientes abogados más para representar a los solicitantes de asilo que son regresados a México.

Aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019 y Biden suspendió en su primer día al mando. Mayorkas puso fin a la norma en junio después de que una revisión interna demostrara “efectividad mixta”.

Las restricciones a los movimientos y el choque económico por la pandemia de COVID-19 provocaron una caída  superior al 30% en las llegadas de inmigrantes a los países de la OCDE en 2020, que se ubicaron en 3.7 millones, el nivel más bajo desde 2003.

La baja fue particularmente pronunciada en Estados Unidos, el principal receptor de migrantes, ya que con un descenso del 44% a 576,000 personas se quedó en la menor cifra del siglo XXI, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe anual sobre migraciones presentado este jueves.

También fueron marcados los retrocesos en otros de los países a los que en los últimos años se habían ido a vivir grandes cantidades de extranjeros, en particular España (-38% a 209,200), Canadá (-46% a 184,600) e Italia (-35% a 124,300).

La caída fue más moderada en Alemania (-26% a 458,600) o el Reino Unido (-30% a 243,600) pese al Brexit, así como en Francia (-21% a 229,700).

Sin embargo, la situación no fue igual para todos. México se distinguió por ser el único país de la OCDE que recibió más migrantes en 2020 (54,200) que en 2019, en concreto un 40% más, aunque tuvo que ver con la recepción humanitaria de decenas de miles de personas llegadas esencialmente de Centroamérica y que vieron frustrado su objetivo de llegar a Estados Unidos.

Por lo que respecta a los otros dos miembros latinoamericanos del conocido como el “club de los países desarrollados”, en Colombia las entradas sufrieron un descalabro del 56% a 91,100 personas y en Chile del 39% a 154,600.

Se da la circunstancia de que entre 2010 y 2019 Chile había tenido unos flujos muy importantes en términos proporcionales, de forma que el porcentaje de población nacida en el extranjero pasó en ese periodo del 2% al 8%.

En total en 2020 había en la OCDE 136 millones de personas que habían nacido en otro país, lo que representaba un incremento anual medio del 3% desde 2015.

El agrupamiento familiar fue una de las modalidades de migración que más afectada se vio por la pandemia, con una contracción en 2020 que se estima en un 35%.

Adicional, el número de demandantes de asilo sufrió una contracción similar a la de los inmigrantes, del 31% hasta 830,000, el mayor retroceso en términos proporcionales desde el final de la crisis en los Balcanes a comienzos de 1990.

En 2019, 2.2 millones de personas adquirieron la nacionalidad de alguno de los 37 Estados de la OCDE, una cifra que no se había alcanzado nunca y que supuso un alza del 12% respecto a 2018. Estados Unidos, con 843,000 naturalizaciones, representó por sí solo un 38% del total, y la primera nacionalidad fueron los mexicanos, un 14% del total.

Los mexicanos fueron, de hecho, la segunda nacionalidad más numerosa entre los que fueron naturalizados ese año en la OCDE (129,000, solo por detrás de los 156,000 indios), y un 95% de ellos se hicieron ciudadanos de Estados Unidos.

La caravana migrantes que salió hace tres días desde Tapachula, Chiapas, con destino a la capital del país, retomó su camino este lunes a paso lento rumbo a Huixtla.

Con cerca de 4 mil personas, luego de dejar en el camino a otro tanto de migrantes, la caravana buscan llegar primero a la Ciudad de México, donde esperan poder realizar trámites que les permitan transitar regularmente por todo el país en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los migrantes, en su mayoría centroamericanos y haitianos, salieron de Huehuetán a las 6 de la mañana, tras llegar a este municipio la tarde de ayer.

Antes de salir de esa localidad los migrantes realizaron oraciones para encomendarse a Dios y pedir al Gobierno mexicano que sea sensible con las mujeres y niños que viajan.

Los miles de migrantes empezaron su andar, para completar los más de 18 kilómetros del tramo entre Huehuetán y Huixtla.

Esta nueva caravana se puso en marcha luego de que en los primeros días de septiembre, las autoridades mexicanas frustraron el avance de cuatro caravanas de migrantes que partieron precisamente desde Tapachula.

Entonces, varias agencias de la ONU y ONG criticaron el uso de la fuerza en los operativos para desintegrar dichas caravanas.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró este lunes que el gobierno actuará con “prudencia” ante la nueva caravana de migrantes, que se dirige a la frontera con Estados Unidos, aunque puntualizó que Washington no les dejará pasar.

Se trata de la quinta caravana que busca salir de Chiapas en los últimos meses.

Y es que la región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año, con un flujo histórico de 147,000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020. Además, las cifras de arrestos en la frontera de Estados Unidos con México alcanzaron en el pasado año fiscal cifras nunca vistas hasta ahora, con más 1.7 millones de inmigrantes detectados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Foto: @EuniceRendon

Las autoridades de Estados Unidos han registrado en lo que va de 2021 más de 1.7 millones migrantes detenidos en territorio estadounidense, un máximo histórico que exhibe la crisis migratoria que atraviesa la región.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detalló que un total de 608,000 migrantes procedentes de México han sido arrestados tras entrar en suelo estadounidense.

Estos datos triplican el promedio de arrestos registrados en años anteriores y muestran que el grupo más afectado está formado por ciudadanos mexicanos, seguidos de haitianos, ecuatorianos y cubanos. Entre los grupos más afectados bajo la Administración del presidente, Joe Biden, se encuentran también personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador.

En un intento por desalentar los viajes hacia el país, el gobierno de EUA ha mantenido en vigor el Título 42 aprobado por la Administración del expresidente Donald Trump, que agiliza las expulsiones como medida de salud pública ante la pandemia de coronavirus.

El Partido Republicano ha culpado a Biden de “tener la mano blanda” en cuestiones migratorias, mientras que organizaciones de defensa de Derechos Humanos aseguran que el flujo migratorio se debe al aumento de los desastres naturales y el incremento de la violencia y de la pobreza en varios países de Latinoamérica.

Al respecto, la organización Human Rights Watch (HRW) señaló que nuevos documentos e informes del gobierno de Estados Unidos muestran malos tratos, abusos y violaciones de los Derechos Humanos de los solicitantes de asilo que llegan a la frontera estadounidense por parte de agentes desplegados en la zona.

En el informe ‘Te tratan como si no valieses nada’, el Departamento de Seguridad Nacional ha documentado una serie de abusos cometidos por parte de la Patrulla Fronteriza y agentes del CBP en la zona.

“La conducta de los agentes de migración en la frontera es apabullante”, ha aseverado Clara Long, directora asociada de HRW. “Estos documentos internos dejan claro que los abusos son un secreto a voces dentro en el Gobierno”, añadió.

Estados Unidos aseguró este jueves que ha donado hasta ahora 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a más de 100 países de todo el mundo, lo que corresponde a poco menos de la quinta parte del total de 1,100 millones de dosis que ha prometido compartir con otras naciones en los próximos dos años.

La Casa Blanca y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid) aseguraron que Estados Unidos avanza en su objetivo de ser “el arsenal de vacunas para el mundo” y de donar más dosis que ningún otro país.

“Estos 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 han ayudado a traer salud y esperanza a millones de personas, pero nuestro trabajo está lejos de haber terminado”, dijo la administradora de Usaid, Samantha Power.

De esos 200 millones de dosis que ya se han distribuido, alrededor de 43 millones han ido a parar a países de Latinoamérica y el Caribe, según un recuento de la Americas Society y el Council of the Americas.

Un cuarto de esas dosis, alrededor de 10.9 millones de unidades, han ido a nuestro país, y también a países como Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Paraguay. La República Dominicana es el único país del continente al que Estados Unidos ha prometido entregar vacunas pero al que todavía no han llegado dosis, de acuerdo con el citado recuento.

En total, Biden ha prometido comprar y repartir en todo el mundo unas 1,100 millones de dosis de distintas marcas entre este año y el siguiente, y ha pedido a otras potencias que hagan más para acelerar la vacunación en naciones en vías de desarrollo.

Con ese compromiso, Biden ha tratado de responder a las críticas de quienes alertaban de que la acumulación de dosis por parte de Estados Unidos ha repercutido en la incapacidad de otros países con menos recursos de conseguir las vacunas suficientes a corto plazo.

El excomandante de la Unidad de Investigación Sensible de la policía federal, y uno de los principales hombres de contacto de la DEA en México, Iván Reyes Arzate, se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína.

Reyes Arzate recibió al menos 290,000 dólares, según las autoridades judiciales estadounidenses, a cambio informar sobre el estado de las investigaciones conjuntas estadounidense-mexicanas al grupo narcotraficante’ El Seguimiento 39′, asociado con el Cártel de Sinaloa.

“Reyes Arzate cerró los ojos con los traficantes de droga, haciendo que pudieran operar con impunidad, cuando era jefe de la policía federal de México”, dijo en el juicio el agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Ray Donovan, según un comunicado del tribunal con sede en Brooklyn.

“Al aceptar miles de dólares de sobornos a cambio de información sobre las investigaciones al cartel El Seguimiento 39, Arzate forjó una alianza lamentable con los traficantes de droga, y traicionó no solo al pueblo de México, al que juró proteger, sino que puso en peligro a sus colegas”, dijo por su parte el fiscal Breon Peace.

El expolicía mexicano estuvo asignado desde 2003 a 2016 a la Unidad de Investigación Sensible (UIS). En 2008 fue nombrado jefe de la unidad y principal contacto para compartir información con el personal de Estados Unidos y otros colegas de la agrupación. En noviembre de 2016, cuando participaba en una investigación conjunta del Cártel con la policía estadounidense, Reyes Arzate se reunió con capos para transmitirles información sobre los pormenores de la investigación que se llevaba a cabo.

Así, Reyes Arzate se expone a un mínimo de cinco años de cárcel y a un máximo de 40.

Recordemos que Reyes Arzate se entregó en 2018 en Chicago tras ser acusado de filtrar información sensible a carteles de la droga. Fue condenado ese año en Chicago a 40 meses de cárcel. Según la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, debía ser liberado el 27 de enero para ser deportado a México, pero un gran jurado de Nueva York decidió en enero de 2020 acusarlo de conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos.

El caso recayó en el juez Brian Cogan, quien presidió el juicio contra el exjefe del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que ahora tiene en sus manos el caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, inauguró este martes la Asamblea General de la organización con un mensaje en el que destacó que el último fue un “semestre desastroso” para la libertad de prensa.

“Lamentablemente este fue un semestre desastroso en materia de libertad de prensa. En especial, debido a la injerencia del poder político sobre los aparatos de justicia”, dijo Canahuati en un mensaje inicial.

Canahuati, acompañado de la presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, declaró abierta esta reunión de cuatro días en formato virtual en la que el escritor nicaragüense Sergio Ramírez será el orador principal.

El presidente de la SIP se refirió al cierre de dos medios “emblemáticos” por parte de gobiernos en connivencia con la justicia: El Nacional de Caracas y La Prensa de Managua. Subrayó que “su único delito fue ejercer el periodismo independiente” y subrayó que sin ello no puede haber democracia.

Canahuati aprovechó para resaltar el grave riesgo que afecta a los medios de comunicación debido a los estragos económicos de la pandemia. Indicó que esta ha agudizado la crisis económica que venía arrastrando la industria por lo que muchos los medios no pudieron “sobrevivir. Muchas comunidades quedaron sin medios de comunicación y es evidente que con ello la democracia perdió un pilar fundamental”.

Gabriela Cañas, de la Agencia Efe, que organizará la próxima Asamblea General en Madrid junto a la SIP, subrayó que “hallar un modelo sostenible es crucial para la libertad de expresión y, por tanto, para la propia democracia”.

Cañas mencionó la concesión del premio Nobel de la Paz a “dos periodistas valientes”, María Ressa, de Filipinas y Dmitri Muratov, de Rusia, como “un reconocimiento a la difícil tarea de muchos reporteros que trabajan en condiciones precarias y que, además, arriesgan su libertad y tal vez su vida”.

“Sin llegar a esos extremos sabemos desde hace mucho tiempo que las denuncias falsas contra periodistas y el estrangulamiento de las fuentes financieras de sus empresas es un arma poderosa para todos aquellos que abusan de su poder”, agregó.

La presidenta de Efe abundó en que a los problemas que sufre la prensa se suma la crisis general del modelo de negocio, y llamó a los demás miembros de la SIP a adaptarse y reclamar contraprestaciones a quienes difunden sus contenidos.

El orador principal de la reunión es el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que fue vicepresidente cuando Daniel Ortega gobernó por primera vez en Nicaragua, y quien ha tenido que abandonar su país y exiliarse en Costa Rica, pues el gobierno nicaragüense ordenó su arresto por “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.

En el caso de México, la SIP alertó sobre las amenazas del crimen organizado contra periodistas en el país, las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO9 y el asesinato de seis comunicadores en la primera mitad de 2021.

En el informe, el organismo advirtió de las “amenazas cada vez más burdas” de los grupos criminales, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Resaltó que México acapara la mayoría de los nueve asesinatos de periodistas registrados en el último semestre en el continente americano, con seis, mientras que Brasil, Colombia y Haití reportan uno cada uno.

En nuestro país, los homicidios han ocurrido en los estados de Sinaloa, Oaxaca, Coahuila, Sonora, Michoacán y Veracruz, en su mayoría contra reporteros locales. “La Segob reconoció que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021 se registraron 47 homicidios a periodistas y que existe un 99% de impunidad. Solo hubo sentencia en cinco casos”, denunció la SIP.

La asociación también citó que la Segob ha admitido que en la Presidencia de López Obrador, desde diciembre de 2018, ha subido en 88% el número de personas incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que evidencia un incremento de la violencia.

Recordó que el 54% los periodistas protegidos están en solo seis estados: Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.

En este contexto, la SIP lamentó que López Obrador “no cesa en sus críticas y descalificaciones contra la prensa”. Cuestionó que el presidente haya inaugurado el 30 de junio la sección de “Quién es quién en las noticias”, en la que el se exhibe a medios que, según su criterio, publican información falsa.

“Más que aclarar lo que considera noticias falsas, es usado para criticar a medios y periodista, según él en represalia por haberle quitado sus privilegios publicitarios y responder a los intereses de los empresarios ricos que no quieren su política social”, sostuvo la SIP.

Foto: Twitter @article19mex

La percepción de inseguridad disminuyó 2.1 puntos porcentuales en septiembre respecto a la medición previa, según la encuesta trimestral divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto significa que el 64.5% de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro, una baja de 2.1 puntos porcentuales frente al resultado de hace tres meses, (66.6% en junio), indicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

“Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a los registrados en septiembre de 2020 y junio de 2021, que fueron de 67.8% y 66.6 %, respectivamente”, apuntó el Inegi.

En el tercer trimestre del año, la percepción de inseguridad continuó siendo mayor en el caso de las mujeres con 69.1%, mientras que en hombres fue del 58.8%.

En lo referente a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en septiembre de 2021, el 75% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en las calles que habitualmente usa.

Durante el tercer trimestre de 2021, el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue de: consumo de alcohol en las calles (60.2%), robos o asaltos (53.4%), vandalismo en las viviendas o negocios (42.7%).

Durante enero-septiembre 2021 se estima que en 7.5% de los hogares urbanos existió algún tipo de violencia familiar, de los cuales en 15.3% de los hogares eran menores de edad los involucrados.

En ese mismo periodo también se identificaron venta o consumo de drogas (38.5%), disparos frecuentes con armas (37.6%), bandas violentas o pandillerismo (26.7%), tomas irregulares de luz (15.3%) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel, el llamado huachicol (3.8%).

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo (94.3%), Ciudad Obregón (92.5%), Irapuato (91.7%), Coatzacoalcos (89%), Naucalpan (88.3%) y Zacatecas (86.1%). En tanto, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García (14.5%), la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (21.8%), Los Cabos (22.2%), La Paz (27.3%), San Nicolás de los Garza (28.6%), y Saltillo (29.5%).

A nivel nacional, en septiembre 2021 el 59.4% de la población mayor de 18 años opinó que las condiciones de inseguridad pública en los próximos 12 meses seguirán igual de mal o empeorarán, un porcentaje similar al de junio (59.9%).

En cuanto a las instituciones de seguridad pública estatal, se reportó que, al cierre de 2020, había en total 224,923 personas adscritas, lo que representó una disminución del 2.8% respecto al 2019; de dicho total, 75.4% (169,633) eran hombres y 24.6% (55,290) mujeres.

México recibió este domingo a la pareja afgana, compuesta por una mujer con siete meses de embarazo y un hombre, que habían sido deportados el jueves por autoridades mexicanas, en medio de críticas de diversas asociaciones civiles nacionales e internacionales.

“Hoy arribó a México, con solicitud de refugio, la pareja afgana que en días pasados había sido inadmitida”, informó el Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El INM había expulsado a la familia el 14 de octubre con el argumento que “incurrieron en inconsistencias” al llegar al filtro migratorio el 13 de octubre porque “no acreditaron los motivos de su viaje”.

La inadmisión de la pareja despertó la condena de organizaciones internacionales, como Human Rights Watch (HRW) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), que acompañó el caso de la pareja, que pasó estos días en el aeropuerto de Estambul, en Turquía.

“Después de días de incertidumbre y presión, hoy llegó a México la familia afgana con necesidades de protección internacional que el INM deportó a Turquía el jueves pasado”, indicó el Imumi.

Ante los reclamos, el INM respondió que no existía una solicitud previa de asilo ante la autoridad mexicana en el exterior.

Argumentó que, tras su deportación, la pareja inició “un procedimiento oficial ante la autoridad mexicana en el exterior para obtener la condición de asilo, como debieron hacerlo desde un principio”.

Y es que apenas la semana pasada, el canciller Marcelo Ebrard exigió durante la cumbre del G20 a los talibanes “respetar” los derechos humanos de su población e informó que México ha acogido a casi 1,700 afganos, en su mayoría trabajadores de medios de comunicación y sus familias.

Tras la caída de Kabul el 15 de agosto a manos de los talibanes, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, responsable del INM, aprobó que “el asilo político sea concedido a personas de nacionalidad afgana que así lo requieran”.

Pero asociaciones civiles han acusado a los agentes del INM de racismo y violación de derechos humanos. “Este caso es un ejemplo de la constate violación a derechos del INM”, sentenció el Imumi.

El enviado especial del presidente Joe Biden para el Clima, John Kerry, llegó esta mañana a nuestro país para analizar y evaluar el programa del Bienestar, Sembrando Vida, que el presiente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone replicar en países de Centroamérica.

“El canciller Marcelo Ebrard dio la bienvenida a México a John Kerry, enviado presidencial especial para el Clima de Estados Unidos”, informó en redes sociales la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tras el aterrizaje del funcionario estadounidense en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Según la Cancillería, Kerry visita México “por invitación del presidente López Obrador para presentarle el programa Sembrando Vida”, plan que entrega cerca de 5 mil pesos mensuales a los campesinos que siembren árboles frutales o maderables en sus tierras.

En el recibimiento a Kerry estuvieron el jefe de Unidad para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Según explicó esta mañana el mismo presidente, en compañía de Kerry visitarán un ejido ubicado en el municipio de Palenque, en Chiapas, donde se aplica el programa.

México propone replicar este programa en países de Centroamérica para desarrollar la región y frenar la migración forzada, por lo que ha pedido al gobierno de Estados Unidos que lo apoye.

El presidente Joe Biden agradeció días atrás en una carta a López Obrador por la “financiación e implementación” del programa en Centroamérica, y se comprometió a aumentar la “inversión” de Estados Unidos en la región.

El enviado especial para el clima llega a México en plena polémica por la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador, que según empresarios y ambientalistas relega a las energías limpias.

El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, busca restablecer a mediados del próximo mes el programa ‘Quédate en México’, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos.

Así lo expresó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en una moción presentada en las últimas horas ante un tribunal federal de Texas.

En su escrito, el DHS explicó que “está preparado” para volver a aplicar los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), si las autoridades mexicanas aceptan a los solicitantes de asilo que devuelva Estados Unidos a su territorio.

Con este fin, el gobierno estadounidense indicó que ha mantenido conversaciones “múltiples” con sus contrapartes en nuestro país para explicar sus planes de reactivar este programa y garantizar “una decisión independiente de México de aceptar la vuelta de los registrados en los MPP”.

Recordemos que en agosto pasado, la corte texana ordenó a la Administración de Biden restablecer los MPP, al considerar que La Casa Blanca había cancelado este programa de forma inadecuada, en respuesta a una demanda de los estados de Texas y de Misuri, con gobiernos republicanos.

Poco después, el Tribunal Supremo de EUA confirmó el fallo de la corte texana, forzando así al gobierno federal a restaurar una medida que Biden ha calificado de “inhumana”.
Y

es que el gobierno del expresidente Donald Trump puso en marcha en 2019 los MPP, obligando a más de 60,000 solicitantes de asilo a regresar a México a esperar a que sus casos en se resolvieran.

Esta política fue diseñada para impedir que los inmigrantes que llegan a través de la frontera sur del país evitaran ser deportados solicitando asilo en Estados Unidos. Para que nuestro país aceptara esta medida, Trump amenazó a las autoridades mexicanas con la imposición de aranceles.

A su llegada a La Casa Blanca en enero pasado, Biden ordenó suspender los MPP, coincidiendo con un aumento de la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera.

El World Justice Project (WJP) presentó el Índice de Estado de Derecho 2021, que mide el desempeño de 139 países y jurisdicciones con respecto al Estado de Derecho que guarda cada nación.

En dicho ranking, el puntaje general de México en Estado de Derecho se redujo 2.9% en el Índice de este año, lo que lo llevó a ocupar el lugar 113 de 139 países y jurisdicciones en el mundo. Con esto, nuestro país habría caído una posición respecto a la medición previa.

El puntaje de México lo ubica en la posición 27 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe y en la 37 de 40, entre países de ingreso mediano alto.

El reporte es el primero de dicha serie desde en marzo de 2020 cuando estalló la pandemia de COVID-19 en el mundo.

“Con tendencias negativas en tantos países, esta edición del Índice de Estado de Derecho del WJP debería ser una llamada de atención para todos nosotros”, dijo el cofundador y CEO del WJP, Bill Neukom. “El Estado de Derecho es la base de comunidades de justicia, oportunidades y paz. Reforzar esa base debería ser una de las principales prioridades para el período de recuperación de la pandemia”.

El Índice de Estado de Derecho del WJP es un reporte anual basado en encuestas a más de 138,000 hogares y 4,200 especialistas alrededor del mundo. El WJP incluye ocho factores en su medición del Estado de Derecho: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.

Por rubros. El primero en el informe es el referente al grado en el que los gobernantes están sujetos a la ley, y en él México se encuentra en la posición 102.

El rubro dos se refiere  a la ausencia de corrupción en el gobierno. Se consideran tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, y apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos; y se analiza la corrupción en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Policía y el Ejército. México ocupa la posición 135, es el peor rubro en que fue evaluado nuestro país.

En el rubro tres, Gobierno Abierto, que es en el que México ocupa la mejor posición,  se refiere a la apertura en que el gobierno comparte información, empodera a las personas con herramientas para hacer que las autoridades rindan cuentas y fomenta la participación ciudadana en las políticas públicas y la calidad de información publicada,. Ocupa la posición 43 a nivel mundial.

En Derechos fundamentales, que aborda aspectos como la no discriminación, derecho a la vida y a la seguridad, el debido proceso, libertad de expresión, religión y derecho a la privacidad, México se ubica en el lugar 91. En el rubro de Orden y Seguridad, México se encuentra en la posición 130.

En cuanto al Cumplimiento regulatorio, que incluye aplicación efectiva de las regulaciones, nuestro país se encuentra en la posición 105. En el rubro de Justicia Civil, que mide si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica mediante el sistema de justicia civil, México se sitúa en la posición 131.

Finalmente, en el rubro de Justicia Penal, donde se contemplan las investigaciones efectivas, adjudicación oportuna y eficaz, sistema correccional efectivo, no discriminación, no corrupción, y sin influencia gubernamental indebida, México se sitúa en la posición 129.