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El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, informó este lunes de que la Guardia Nacional ha creado una nueva unidad para interceptar migrantes en la frontera, a medida que aumenta el flujo migratorio de cara al fin de una de las políticas migratorias adoptadas desde el gobierno de Donald Trump.

“Estamos desplegando una nueva unidad llamada Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, que estará en los puntos calientes a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y devolver a los migrantes que traten de cruzar de forma ilegal”, dijo Abbott, que ha alertado de que el fin de la emergencia fronteriza supondrá “una catástrofe”.

El republicano se refirió al fin del Título 42, que permite a la Administración negar la oportunidad de solicitar asilo a los migrantes por cuestiones sanitarias y que fue impuesta a raíz de la pandemia de coronavirus.

“Las tropas estarán equipadas con aviones, barcos, equipos antidisturbios para estar preparados ante cualquier cosa que puedan encontrar en la frontera”, explicó Abbott, según reportó el diario ‘The Washington Times’.

Texas ya desplegó unos 10,000 efectivos de la Guardia Nacional junto a 1,200 policías del Departamento de Seguridad Pública del estado, quienes el gobierno de Abbott ha dicho, lograron impedir la entrada de 37,000 personas que trataban de cruzar la frontera.

Además de la creación y despliegue de esta nueva unidad, Abbott anunció que están preparando leyes para considerar un “delito grave” la entrada ilegal y permitir la expulsión de los migrantes.

El gobernador tampoco dejó pasar la oportunidad para acusar al presidente Joe Biden de la situación que se vive en la frontera, la cual prevén que se complique aún más.

“Estamos tratando con un número de personas nunca visto antes que han cruzado la frontera y este año estableceremos un nuevo récord histórico”, dijo.

Adelantó que para finales de mes quiere aprobar una nueva ley estatal para declarar delito grave la entrada de inmigrantes. Una norma, apuntó, que otorgue a la autoridades la potestad de “detener a estas personas en la cárcel por un delito grave o, como alternativa, devolverlos a México”.

Además declaró que también se planteará penalizar con un mínimo de diez años de cárcel a aquellas personas que ayuden a “esconderse” a los migrantes sin papeles.

Al menos ocho personas murieron y otras diez resultaron heridas ayer tras ser embestidas por un vehículo en Brownsville, Texas, en la frontera con México, frente a un centro de refugio para migrantes.

Las fuerzas de seguridad informaron que, por el momento, el incidente era tratado como accidente, aunque un testigo dijo a la agencia AFP que el conductor había gritado insultos al grupo antes de acelerar.

“Recibimos una llamada por una camioneta gris que se pasó una luz roja y atropelló a varias personas. Confirmamos que hay siete personas que fallecieron y otras que han ido al hospital”, dijo Martín Sandoval, portavoz de la policía de Brownsville.

Medios locales informaron después que otra persona murió en un hospital, por lo que el número de fallecidos se elevó a ocho.

El oficial dijo a la prensa que las personas estaban esperando en una parada de autobús cuando fueron arrolladas.

“Tenemos que son casi como diez (heridos) pero puede haber más. El chofer del vehículo lo tenemos detenido, está bajo arresto, pero lo tenemos en el hospital porque él también recibió varias heridas”, agregó Sandoval.

El conductor del vehículo será procesado por conducción temeraria, pero podría ser objeto de otros cargos, según dijo la policía.

Al respecto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro pidió investigar el suceso en el que murieron varios venezolanos.

“Venezuela exhorta a las autoridades estadounidenses (…) a investigar en profundidad los hechos y esclarecer sus causas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia”, indicó la Cancillería en un comunicado, sin precisar el número de migrantes de ese país muertos.

El obispo de Brownsville, Daniel Flores, dijo en un comunicado que los fallecidos eran “hombres inmigrantes de Venezuela” y exhortó a “resistir la tendencia corrosiva de desvalorar las vidas de los inmigrantes, los pobres y los vulnerables”.

El incidente tuvo lugar cuando el gobierno de Estados Unidos se prepara para el levantamiento del Título 42, una medida que por la pandemia de COVID ha permitido a los agentes de la patrulla fronteriza deportar o rechazar a los migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo.

El vencimiento de esta norma, programada para este jueves, hace que las autoridades teman un aumento en el número de migrantes que ingresan ilegalmente por el sur de Estados Unidos.

El arrollamiento masivo tuvo lugar frente al Centro Ozanam, un albergue de acogida de personas sin hogar y migrantes muy activo en las últimas semanas debido a “la afluencia actual” de personas que cruzan la frontera desde México.

Las víctimas se encontraban en un grupo de unas 25 personas que esperaban en una parada de autobús, relató Víctor Maldonado, director ejecutivo del centro de acogida. Describió como una “escena espeluznante”, con partes de cuerpos a lo largo de la calle. Indicó que el grupo era compuesto únicamente por venezolanos que acababan de desayunar en las instalaciones.

El centro Ozanam está abierto 24 horas, explicó Maldonado. Comentó que alojan a personas que vienen migrando desde Chile, Colombia, Ecuador, China, Ucrania y Venezuela.

Este hecho se produce un día después de que un hombre matara al menos a ocho personas en un centro comercial, también en Texas, en el tiroteo masivo más reciente que sacudió al país.

Foto: Twitter @venezuelasos86

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Interpol rescataron a lo largo de 2022 a 4,549 migrantes víctimas de trata, tráfico de personas o delitos similares, informó el INM este viernes.

Mediante el operativo Itzel III, ambas instituciones detectaron a 2,115 extranjeros retenidos por delincuentes dedicados al tráfico de personas.

En la operación Turquesa IV, por otra parte, se identificaron a 2,434 personas provenientes de diversos países que se encontraban en situación irregular.

Asimismo, 11 sujetos que participaban en el tráfico ilícito de migrantes fueron detenidos y puestos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como parte de las tareas migratorias, durante 2022 se llevaron a cabo 13,686 visitas de verificación y 25,330 acciones de verificación migratoria en territorio nacional”, resumió el INM.

De igual forma, 2,848 Agentes Federales de Migración (AFM) fueron capacitados en materia de identificación de víctimas de trata y tráfico de personas.

El informe se conoce cuando la región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.

Nuestro país ha registrado también un incremento anual de más del 43% en el número de “personas en situación irregular en México” en 2022, cuando detectó 444,439.

El gobierno federal reconoció este viernes que existe un “importante” flujo de migrantes en los últimos días ante el fin del Título 42 de Estados Unidos la próxima semana.

El canciller Marcelo Ebrard advirtió que los traficantes de personas, los llamados “polleros” o “coyotes”, engañan a los migrantes con la promesa de llevarlos a Estados Unidos y que puedan ingresar, ahora que termine la medida.

“Estamos viendo un flujo en los últimos días muy importante sobre la base de un engaño, que es: le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, ‘apúrense para llegar a Estados Unidos cruzando México porque el 11 de mayo van a quitar el Título 42’”, indicó Ebrard al intervenir en la conferencia matutina.

Explicó que el flujo se da ante la expiración, el próximo jueves, del Título 42, una medida que adoptó el expresidente Donald Trump y que continuó Joe Biden, para expulsar a migrantes por razones sanitarias, específicamente con el argumento de la pandemia de COVID-19.

En este contexto, el canciller denunció que los traficantes “le están diciendo a las personas que, como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se pueden ir a Estados Unidos”. Detalló que se tienen informes de que los coyotes están cobrando entre 5,000 y 7,000 dólares a las personas.

Ebrard, quien no precisó la cifra en que ha incrementado la migración estos días, recordó que el fin del Título 42 no implicará que Estados Unidos detendrá la expulsión inmediata de migrantes que crucen por la frontera con México, por lo que es “falso” que a partir del 12 de mayo tengan vía libre.

“No es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos (estadounidenses) ahora que hicieron una conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto. Tienen otras disposiciones legales”, detalló.

Y es que recordemos que la región afronta un inédito flujo migratorio en la región con más de 2.76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.

En tanto, México ha registrado un incremento anual de más del 43% en el número de “personas en situación irregular” en 2022, cuando alcanzó los 444,439 casos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes al gobierno federal,  investigar y sancionar a los responsables del incendio que mató a 40 migrantes en una estación del INM en Ciudad Juárez, así como reparar adecuadamente los daños a las víctimas.

“A un mes de los hechos señalados, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos”, dijo el organismo en un comunicado.

La Comisión condenó las muertes, pero reconoció las acciones del Estado tras la tragedia, como la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias; el inicio de las investigaciones, y la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de los migrantes.

Sin embargo, pidió a México aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos.

Además, recordó que los migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos, lo que implica esclarecer, investigar y procesar a los responsables “y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado”.

Dijo también que tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos.

Lo anterior incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.

La CIDH remarcó que el Estado debe ser garante de derechos frente a las personas bajo custodia.

Recordó que, según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, “el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y solo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo”.

Tras la tragedia, una decena de personas han sido detenidas, mientras que el director del INM, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso el domingo porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de omisión de funciones por su rol en los hechos, aunque se mantiene en libertad y al frente del Instituto.

El gobierno estadounidense enviará 1,500 soldados a la frontera con México en medio de un previsto aumento de las llegadas de migrantes cuando se levanten las restricciones que se implementaron con motivo de la pandemia.

El personal militar tomará datos, apoyará almacenes y efectuará otras tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueda enfocarse en el trabajo de campo, declaró la vocera de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre.

Los soldados “no ejercerán funciones policiales ni interactuarán con migrantes ni inmigrantes”, afirmó Jean-Pierre. “Ello dejará libre a los agentes de la Patrulla Fronteriza para que puedan cumplir con sus importantes labores policiales”.

Los militares cumplirán esta misión por 90 días, informó el portavoz del Pentágono brigadier general de la Fuerza Aérea Pat Ryder, “hasta que la Patrulla Fronteriza pueda encarar estas necesidades con apoyo contratado”.

Y es que las restricciones por la pandemia de COVID-19 permiten a las autoridades rechazar a miles de migrantes que crucen la frontera, pero finalizarán el próximo 11 de mayo, por lo que las autoridades fronterizas se preparan para un previsto incremento en el número de llegadas.

Incluso en medio de las restricciones, el gobierno ha registrado cifras sin precedentes de personas que cruzan la frontera desde México.

La semana pasada, funcionarios anunciaron que procurarían agilizar el examen de los migrantes que busquen asilo en la frontera, deportarán rápidamente a quienes consideren que no reúnen los requisitos y sancionarán a quienes crucen de manera ilegal hacia Estados Unidos o vengan desde otro país en su tránsito hacia la frontera estadounidense.

También abrirán centros afuera de Estados Unidos para las personas que huyan de la violencia y la pobreza, para que soliciten viajar por aire legalmente y se establezcan en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros de procesamiento serán abiertos en Guatemala y Colombia, y después habrá otros.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que el pedido de enviar tropas a la frontera es parte de su esfuerzo por prepararse para asumir cabalmente la misión fronteriza, incluyendo gestiones para reducir la migración, mejorar los procesamientos y agilizar las deportaciones de migrantes.

“El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza está invirtiendo en tecnologías y personal para reducir su necesidad de apoyo del Departamento de Defensa en los próximos años, y seguimos pidiendo al Congreso que nos apoye en esta tarea”, dijo la agencia en una declaración.

La caravana ‘Viacrucis Migrante’ aceptó las propuestas que le hiciera del Instituto Nacional de Migración (INM), con lo que se logró disolver la caravana que buscaba llegar a la Ciudad de México.

El INM dijo que los ofrecimientos que se hicieron fueron para evitar que los migrantes “pongan en riesgo su salud y su vida al transitar de manera irregular por territorio mexicano”.

En una asamblea a mano alzada, desde el parque central de Villa Comaltitlán, la comunidad migrante aceptó la propuesta de recibir Visas Por Razones Humanitarias para mujeres y niños, mientras que para hombres y mujeres que viajan solos, se aceptó el otorgamiento de las Formas Migratorias Múltiples (FMM) por un lapso de 45 días, lo que les permitirá transitar sin problemas legales por el país.

El director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, quien acompañaba la caravana, destacó que con este acuerdo, lo más importante es que las personas van a transitar y poder llegar a su destino.

“Qué bueno que el INM ha decidido otorgar esos documentos porque realmente es lo que se necesita para que deje de ser una cárcel Tapachula”, consideró.

Elementos de Grupos Beta levantaron un censo en la plaza Villa Comaltitlán, donde se contabilizaron un total de mil 186 personas, de las que 814 son adultos y 372 en núcleos familiares, entre los que se encuentran 126 menores de edad acompañados y cinco no acompañados, mismos que tendrán oportunidad de contar con los beneficios acordados como alimento y agua.

Las autoridades migratorias también dieron a conocer que no proporcionarán autobuses para la movilidad de personas migrantes, aunque destacaron que podrán desplazarse por sus propios medios y con el documento migratorio que les permite transitar por el país de forma legal.

El INM destacó que las personas censadas, en su mayoría, son de países centroamericanos y de Venezuela.

Puntualizó que todos los menores de edad no acompañados y núcleos familiares serán canalizados al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que la Procuraduría de la Defensa del Menor resuelva su situación y el INM acatará de manera inmediato su determinación.

Se cumple un mes del incendio que mató a 40 migrantes que se encontraban en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La noche de ayer se difundieron nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del centro de detención, que muestran los momentos previos al incendio y el trato de los oficiales a los migrantes.

En el video, de 16 minutos y 25 segundos, se observa el momento en que los migrantes, presuntamente en forma de protesta, tras enterarse de su deportación, colocan las colchonetas frente a los barrotes de la celda y les prenden fuego.

Previo al fuego, los funcionarios del INM y el guardia de seguridad privada no toman acciones para disuadir a los migrantes de escalar la protesta. Incluso, cuando notan el fuego y el humo comienza a expandirse, huyen de la estancia, sin abrirles la puerta.

Según lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el personal que estaba presente al momento del incendio, no tenía la llave de la celda.

Sobre los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta semana cargos contra el director del INM, Francisco Garduño, el máximo responsable de ejecutar la política migratoria en nuestro país, y quien está a la espera de que el próximo domingo el juez determine si le imputa.

El pasado martes compareció por última vez en el juzgado del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, y la FGR lo acusó de “incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”.

Además de Garduño, varios funcionarios del INM están inmersos en el proceso judicial, entre los que se destacan el jefe de la institución en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero, ahora en prisión preventiva; o el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, en libertad condicional.

También se encuentran en prisión dos cargos intermedios y tres agentes de la estación migratoria de Ciudad Juárez; un guardia de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que operaba en la estación migratoria; y el migrante que supuestamente inició el incendio.

Tras el incendio, el INM recibió críticas por su gestión de la crisis migratoria y por la condición en la que retiene a los migrantes en centros como en el que ocurrió la tragedia.

El padre Alejandro Solalinde, cercano al presidente López Obrador, insistió en una modificación de la política migratoria de México que conllevaría la desaparición del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Según ha declarado a medios, las negociaciones al respecto están muy avanzadas.

La tragedia con los migrantes provocó una condena inmediata de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que denunciaron las negligencias que condujeron a la tragedia, posiblemente evitable si se hubiese facilitado la salida de los migrantes privados de su libertad.

El reclamo más directo llegó del gobierno de El Salvador, que consideró los hechos como “un crimen de Estado” y dijo que el gobierno de México cometió “una masacre”.

El embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas, reclamó el pasado martes una reparación por sus connacionales muertos y los nueve que, pese a sobrevivir, fueron hospitalizados.

Los migrantes fallecidos, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, fueron repatriados a sus respectivos países al cabo de unas semanas.

Tras el reclamo de Guatemala, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, garantizó que repararían a las familias de los 40 migrantes fallecidos y a quienes resultaron heridos, aunque no dio más detalles.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró este miércoles que se garantizará la reparación del daño a las familias de los 40 migrantes que murieron en un incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a quienes resultaron heridos.

“La instrucción que tenemos y que hemos venido haciendo a través de la subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención a Víctimas, de la CEAV, es entablar comunicación con las familias, con los deudos, en el caso de los que fallecieron, y con los heridos o con sus familiares cercanos y garantizarles en todo caso la reparación de los daños”, dijo el funcionario.

López Hernández aseguró que hasta ahora no existe una solicitud formal por parte del Gobierno de Guatemala de reparar el daño a los migrantes afectados o a las familias de los fallecidos en el hecho del pasado 27 de marzo.

La aclaración del titular de SEGOG llega después de que el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas Sosa, declarara a medios que solicitó al gobierno mexicano la reparación del daño para los deudos de 19 migrantes guatemaltecos que murieron en el incendio.

“No hemos tenido alguna petición formal de parte del Gobierno de Guatemala o del embajador Chicas Sosa, pero se está dando permanente atención a ellos”, apuntó Adán Augusto López. “No hay solicitud formal como tal de parte del gobierno de Guatemala”, insistió

Asimismo, dijo que desde que tuvieron conocimiento de los hechos se prestó auxilio a los familiares de quienes fallecieron y atención a los heridos.

Precisó que hasta ahora permanecen hospitalizados 9 migrantes y que en la atención de estas personas intervinieron diversas dependencias del gobierno federal.

Sobre el tema, el secretario justificó que el director del INM, Francisco Garduño, permanezca en su cargo aunque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de manera formal en el caso del incendio que mató a los 40 migrantes.

“Se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del instituto a su cargo. No le quita tiempo, porque él además constantemente recorre todos los estados del país”, afirmó el titular de Gobernación, dependencia de quien depende el INM.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró esta mañana que México es un país de “puertas abiertas” para migrantes, en referencia a la nueva caravana con cerca de 3,500 extranjeros que partió ayer desde la frontera sur.

“La tradición en México es ejemplo, por ello es un país de asilo, es un país de puertas abiertas”, afirmó el funcionario, quien encabezó la conferencia matutina de hoy en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien se encuentra aislado y en recuperación por su nuevo contagio de COVID-19.

López Hernández afirmó que el gobierno federal trabaja en conjunto con los gobiernos estatales y municipales para atender a los migrantes.

“Se está atendiendo a nuestros migrantes. El gobierno federal procura garantizar no nada más el libre tránsito por el territorio nacional sino que estén muy bien atendidos en cuanto a alimentación, en cuanto a prevención de la salud”, enfatizó.

Recordó que, recientemente, autoridades de la Ciudad de México trasladaron a un albergue a migrantes haitianos para atenderlos.

En ese sentido, señaló que la caravana que salió del sur del país está vigilada por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) apoyados por elementos de la Guardia Nacional. Y enfatizó en que las autoridades están al pendiente del desarrollo de la nueva caravana.

El escrutinio sobre la atención a los migrantes por parte del gobierno federal ha crecido desde el incendio del 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes en una estación del INM.

La caravana, que partió ayer desde la frontera sur, busca llegar a la capital mexicana para exigir justicia por esta tragedia y denunciar las muertes causadas por la política migratoria del país.

Organizadores, donde figura la participación de la ONG Pueblos Sin Fronteras, se han referido a esta nueva caravana como un ‘Viacrucis migrante’. Participan personas migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, entre otros países.

Según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos hacia Estados Unidos.

Foto: Twitter @EuniceRendon

Las autoridades detuvieron a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chihuahua, por su presunta relación con el incendio dejó 40 migrantes fallecidos en una estación migratoria de Ciudad Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la detención del jefe del Departamento de Recursos Materiales del INM en Chihuahua, Eduardo Apodaca; el subdirector del Grupo Beta de Protección de Migrantes, Juan Carlos Meza, y la funcionaria de migración Cecilia Rivera.

En tanto, las autoridades aún están tras la búsqueda del delegado del INM en Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, contra quien también hay una orden de aprehensión.

Sin embargo, el delegado del INM en Chihuahua no podrá ser detenido debido a que un juez federal le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra.

Recordemos que un magistrado había acordado la detención de seis personas por su vinculación con el caso, de las cuales sólo han sido cumplimentadas cinco.

El Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua también aprobó el jueves las citaciones del titular del INM, Francisco Garduño, y del jefe de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, para el próximo 20 y 21 de abril.

Garduño y Molina podrían ser procesados por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

El anuncio de la citación de Garduño se dio un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó la salida de su colaborador, e incluso defendió su trabajo al frente del INM.

Recordemos que el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en Ciudad Juárez, organizaciones humanitarias y activistas han intensificado los cuestionamientos contra la gestión de Garduño, quien asumió la dirección del organismo migratorio en junio de 2019, seis meses después de que López Obrador llegara al gobierno.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer un informe en el que denunció violaciones a los derechos humanos y al trato digno cometidas por funcionarios del INM en agravio de más de 20 personas, incluidos menores, que se encontraban alojadas “en condiciones indignas” en centros migratorios de las localidades fronterizas de Saltillo y Piedras Negras, en el estado de Coahuila.

Ante las denuncias, la CNDH emitió una serie de recomendaciones dirigidas a Garduño para que se atienda la situación en esos centros y se capacite al personal en materia de derechos humanos.

La Fiscalía General de la República (FGR), acusó penalmente a directivos del Instituto Nacional de Migraciones (INM), entre ellos a su titular Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en un incendio a finales de marzo en una estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía señaló directamente a Garduño, por el presunto delito de homicidio de 40 personas, así como por lesiones a otros 25 migrantes que resultaron heridos.

Junto a Garduño, la FGR acusó penalmente a otros directivos del INM: Antonio “N”, Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes de acuerdo a la Fiscalía, “incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

Aunque no trascendió la identidad del resto de los acusados, ha trascendido que uno de los acusados es Antonio González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua.

Recordemos que el pasado 27 de marzo se registró un incendio en una estación del INM en Ciudad Juárez que dejó un saldó de 40 personas sin vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó a los propios internos de originar el fuego al prender las colchonetas en señal de protesta ante una posible futura deportación.

Sin embargo, una grabación de las cámaras de seguridad mostró cómo algunos migrantes quedaron encerrados, en celdas cerradas con candados, mientras funcionarios del INM y de la empresa de seguridad privada, abandonaban las instalaciones.

Además de los hechos en Ciudad Juárez, a los acusados se les atribuye “un patrón de irresponsabilidad y de omisiones” en otro incidente “semejante” registrado el 31 de marzo de 2020 en Tenosique, Tabasco, que dejó una persona muerta y 14 lesionados.

“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo”, recalcó la fiscalía en su comunicado.

Sin que se haya pronunciado al respecto, Francisco Garduño compartió en redes sociales que se encontraba en Ciudad Juárez desde el primer momento que tuvo conocimiento del “lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido”.

Los nuevos funcionarios acusados, se suman al migrante señalado de provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras cuatro personas: tres funcionarios del INM y un elemento de seguridad de la empresa privada que operaba en el lugar.

López Obrador ha garantizado que el caso no quedará en la “impunidad” y ha prometido que se actuará contra quien resulte responsable, aunque ha preferido no posicionarse sobre Francisco Garduño.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

Un juez de control vinculo a proceso, por los delitos de homicidio y lesiones, a tres agentes de migración, un guardia de seguridad privada y un migrante, presuntos responsables de la muerte de 40 migrantes el pasado 27 de marzo, en el incendio que se registró en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la audiencia llevada a cabo ayer, ante el juez de control federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, se inició un juicio contra las cinco personas, sobre las que se habían girado órdenes de aprehensión desde la semana pasada.

Las ordenes de arresto eran por los delitos de homicidio doloso y lesiones, “como autores materiales por comisión por omisión” en contra de los agentes de migración Daniel “N”, Rodolfo “N”, Gloria “N” y el guardia de seguridad privada Alan “N”.

Por lo que corresponde a Jaison “N”, la FGR señaló que esta persona “fue vinculada como autor material por acción, de los delitos de homicidio y lesiones dolosos”. Se trataría del migrante que presuntamente inició el incendio dentro de la estación.

Y es que recordemos que según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar colchonetas en protesta a su supuesta deportación.

La FGR señaló que tras la decisión del juez, se continuará con el resto de las investigaciones “sobre las responsabilidades penales de los distintos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) y sobre los particulares vinculados con los servicios de seguridad privada”.

A inicios de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ajustó el número de muertos a 40 tras el incendio registrado.

Entre los muertos hay 6 migrantes hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos y se desconoce la identidad de la última persona fallecida, que se indicó perdió la vida a raíz de un traslado que tuvo.

Ayer, luego de una reunión con el presidente López Obrador, el padre Alejandro Solalinde ventiló que se trabaja en la conformación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que sustituiría al Instituto Nacional de Migración (INM).

“Les puedo decir, que son personas de sectores muy amplios, donde va a haber representación en las iglesias de la academia, la Guardia Nacional fuerzas armadas pero también CNDH Conapred, las secretarías que tienen que ver con Educación Trabajo, Salud, todo esto van a estar también representantes de la casa de migrante”, apuntó Solalinde, quien adelantó que los militares que actualmente se encuentran en estas labores, a través del INM, ya no tendrían participación en la nueva coordinación.

El religioso también precisó que ya se analiza quien podría encabezaría la nueva instancia, sugiriendo que ya no sería el actual titular del INM, Francisco Garduño, quien ha sido ampliamente criticado por las políticas migratorias y por lo sucedido recientemente en Ciudad Juárez.

Solalinde precisó que esta propuesta está sobre la mesa desde la transición de gobierno, la cual se fue desarrollando al inicio del gobierno, aunque dijo, se vio interrumpida por los amagos del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El número de migrantes que solicitaron la condición de refugiado en nuestro país ascendió a un récord de 37,606 peticiones durante el primer trimestre de 2023, un incremento de 29.2% frente a los tres primeros meses de 2022.

“Tras el primer trimestre, el número de solicitantes de la condición de refugiado en México llegó a 37,066 lo que supera la cifra récord del primer trimestre del año pasado en 29.2%”, cuando se recibieron 29,109 peticiones, detalló el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez.

La cifra del primer trimestre de 2023 es cercana a las 40,910 solicitudes de refugio que se registraron durante todo 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19, mientras que el mayor número de solicitudes en un año fue en 2021 con un total de 129,756 peticiones.

El repunte de este primer trimestre ocurre después de que México recibió 118,772 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021.

Por nacionalidad, los migrantes de Haití encabezan la lista de solicitudes de refugio en estos primeros 3 meses con 13,631 solicitudes; seguidos de los de Honduras, con 8,620; de Cuba, con 2,596; de Venezuela, con 2,547; y el Salvador, con 1,716.

Del total de migrantes que pidieron ser reconocidos como refugiados, solo 7,369 trámites fueron atendidos en los primeros tres meses, de los que un 68% recibieron una respuesta positiva.

Por país de origen, el mayor volumen de migrantes reconocidos como refugiados fueron los provenientes de Honduras, seguidos de los nacidos en Haití, Venezuela, El Salvador y Cuba.

Tan solo en marzo pasado, el número de solicitudes de refugio a México por migrantes ascendió a 12,549, un dato ligeramente inferior a las 13,116 peticiones del mismo mes de 2022.

En los últimos 10 años, la Comar ha recibido un total de 457,143 solicitudes de asilo por migrantes, de las que solo 98,397 han sido resueltas como positivas y 44,036 fueron rechazadas.

Los migrantes hondureños son los que encabezan la lista de solicitudes favorables en los últimos 10 años, seguidos de los venezolanos, salvadoreños, haitianos, cubanos, guatemaltecos y nicaragüenses.

La presencia de migrantes en las fronteras de nuestro país se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que crucen la frontera de manera irregular.

Esas devoluciones se aplican mediante el Título 42, una política implementada por el expresidente Donald Trump, que permite expulsarlos con el pretexto de la pandemia de la COVID-19.

El dato se conoce una semana después de que 39 migrantes murieran en un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La noche del lunes de la semana pasada, después de una jornada de detenciones de migrantes en Ciudad Juárez, cerca de 70 personas permanecían retenidas en la estación migratoria, donde 39 de ellos fallecieron tras desatarse un incendio de causas todavía por determinar en el interior de la estación.

Según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar unos colchones como protesta al enterarse de que iban a deportarlos.

Además de los 39 migrantes que perdieron la vida, también hubo 28 heridos, de los que cuatro han sido dados de alta y 24 continúan hospitalizados, algunos con pronósticos delicados.

Entre los muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano

Lo que más ha generado polémico, fue el video que se filtró tras el incendio, en el que se muestra cómo los agentes de seguridad a cargo de la estación huyeron del lugar sin liberar a los migrantes quitando los candados que se encontraban colocados, mientras la estancia se llenaba de humo.

Esto ha abierto la puerta a especulaciones acerca de la presunta negligencia y omisión de los trabajadores, entre los que se encontraban empleados del INM y de la empresa de seguridad privada Camsa.

La cifra de muertos por el incendio de la semana pasada en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, se elevó a 40, confirmó el gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó en un comunicado que uno de los 28 heridos que dejó el siniestro murió durante el traslado aéreo desde Ciudad Juárez al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) de la Ciudad de México.

Del total de los lesionados aún permanecen hospitalizados 23, precisó el gobierno.

En el caso de los pacientes en estado de pre-alta, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del IMSS en Ciudad Juárez.

Durante el fin de semana las autoridades trasladaron vía aérea a seis de los heridos hacia el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y al CENIAQ. El resto de los lesionados permanecen en diferentes centros de salud de Chihuahua.

El director del Hospital General de Ciudad Juárez, Carlos Tadeo Perzabal, dijo este lunes que en ese centro permanecen internados once de los heridos que se encuentran en estado grave, debido a que tienen distintos órganos y sistemas afectados. Agregó que a dos de los pacientes les realizarán un procedimiento especial por una falla renal aguda.

Recordemos que por el caso se han girado órdenes de aprehensión en contra seis personas quienes enfrentan cargos por homicidio doloso y lesiones. La fiscalía federal también está investiga a otras personas.

Entre los procesados están tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos guardias de seguridad del centro de detención y un migrante que es señalado de haber iniciado el fuego.

En un video de una cámara de seguridad difundido, se mostró a unos guardias que salían caminando cuando comenzó el incendio en la celda en la que estaban recluidos decenas de migrantes sin hacer el más mínimo intento de liberarlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este lunes que no habrá impunidad para los culpables del incidente.

Al ser interrogado sobre si sería procesado el titular del INM, Francisco Garduño, por incumplir la orden presidencial de no contratar empresas de vigilancia privada para la seguridad de instalaciones públicas, López Obrador pidió esperar el avance de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la República.

La seguridad del centro donde ocurrió el fatal evento estaba a cargo de la empresa privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA.

En ese sentido, la SSPC informó que el Instituto Nacional de Migración tiene un primer contrato con la empresa, con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por el que se erogaron 151 millones 439 mil 389 pesos.

“Se dio continuidad al contrato y para el periodo de 01 de marzo al 31 de diciembre de este año 2023 se estableció uno nuevo, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido”, anunciaron las autoridades.

Aclaró que el Instituto no ha erogado cantidad alguna para este último e incluso el 28 de marzo dio vista al Órgano Interno de Control por las irregularidades de la empresa. Para el caso del convenio modificatorio de 2023, que cubrió el periodo enero y febrero, el monto erogado fue de 29 millones 335 mil 668 pesos, con 503 elementos por turno.

Sin embargo, señalaron que de acuerdo con información del IMSS, hasta enero de este año Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. tenía registrados 30 trabajadores, cifra que aumentó a 44 en febrero, pero el 31 de marzo, es decir cuatro días después del incendio, la empresa dio de alta 417 trabajadores. De esta manera, al momento suman 478 empleados dados de alta en este sistema.

Ante ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que hoy visitará Ciudad Juárez, tras el incendio que se registró en una estación migratoria de dicha ciudad el lunes pasado, y que dejó 39 migrantes sin vida.

“Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente, lo que me importa más es la atención a los heridos (…) voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental”, dijo el mandatario.

López Obrador indicó que pedirá a los médicos “una revisión de todos los heridos para que no les falte nada”, aunque indicó que “no sabía” si visitaría a las víctimas o se reuniría con sus familiares.

Sus declaraciones se producen en medio de un sin fin de señalamientos sobre la actuación de su gobierno a raíz del incendio.

Y es que recordemos que bajo custodia del Estado, cerca de 70 migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Venezuela se encontraban retenidos en la estación migratoria para su deportación.

Ante un presunto motín de los propios migrantes, se originó fuego al interior de las instalaciones y, según videograbaciones, el personal del INM y de la empresa de seguridad privada, dejaron el lugar con las puertas cerradas con candado, lo que evitó que los migrantes pudieran salir.

Entre los 39 migrantes que perdieron la vida se ha confirmado seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos. Otros 28 migrantes resultaron heridos, 5 de El Salvador, 10 de Guatemala, 8 de Honduras y 5 de Venezuela.

La mayoría de ellos se encuentran en estado de gravedad. López Obrador compartió que son atendidos en clínicas del IMSS, del ISSSTE y en un hospital público.

“Están siendo atendidos, se está dando apoyo para que no les falte nada, pero de todas maneras voy hoy y se van conmigo y se van a quedar allá el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y Zoé Robledo, director del Seguro Social”, añadió.

Ayer, las autoridades confirmaron que hay cinco detenidos, incluyendo tres funcionarios del INM, dos guardias privados y la persona que inició el incendio.

López Obrador afirmó que la muerte de estos migrantes es el segundo episodio más doloroso de su sexenio, después de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 137 muertes en 2019.

“Este (incendio de migrantes) me conmovió, me partió el alma, y me ayuda a enfrentar este dolor el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia de que he estado ‘duro y dale’, pidiéndole al Gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes”, justificó AMLO.

Remató asegurando que solicitó a la Fiscalía que actúe sin permitir la impunidad. “Esa es la diferencia con otros gobiernos, no vamos a ocultar la verdad, no vamos a proteger a nadie, pero es muy doloroso”.