En una larga sesión, que inició ayer y se mantiene hasta esta mañana, las bancadas de Morena y aliados hicieron valer su mayoría y han presentado al Pleno diversos dictámenes que horas antes habían sido avalados en comisiones.

Todos estos dictámenes se consideraron de “urgente resolución”, por lo cual se les dispensaron los trámites legislativos correspondientes, por lo cual pudieron ser analizados y votados.

El Pleno aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su Ley Orgánica.

Fue aprobado en lo general por 254 votos a favor, 209 en contra, y cero abstenciones, y enviado al Senado de la República para sus alcances constitucionales. En lo particular se aprobó con 258 votos a favor, 210 en contra y 1 abstención.

El dictamen estipula que el organismo conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación respectivo, en términos de las disposiciones administrativas y presupuestales aplicables. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Banca de Desarrollo, será la responsable del proceso de su extinción y liquidación en un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto.

El dictamen destaca que el proceso estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), que será el liquidador único del Gobierno Federal que tendrá amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; además, suscribir u otorgar títulos de crédito, y realizar cualquier acción que coadyuve a una eficiente liquidación.

Se señala que las erogaciones generadas con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, según corresponda, por lo que no se autorizarán recursos financieros adicionales en el presente ejercicio ni en los subsecuentes.

Los diputados también aprobaron con 259 voto a favor, 220 en contra y una abstención, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, la cual busca cumplir con el mandato constitucional de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

El decreto, según lo expuesto por la Cámara, busca asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación.

En otra votación, las y los diputados aprobaron con 450 votos a favor y 22 abstenciones, el dictamen por el que se reforma la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de prohibir a las instituciones de crédito solicitar acceso a la información privada, como contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales.

El diputado Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, explicó que el objetivo es evitar la aparición de la nueva modalidad de hacer extorsión y robo con las aplicaciones digitales y páginas de internet que ofrecen préstamos con requisitos mínimos y exigen permisos para acceder a contactos, fotografías y videos de los celulares con la finalidad de asegurar los pagos denominados créditos “montadeudas”.

Los diputados aprobó, en lo general y los artículos no reservados, con 256 votos en pro y 216 en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo. En lo particular el dictamen obtuvo 254 votos a favor y 209 en contra y quedó sus términos.

Las reformas a la Ley Federal de Derechos establecen que 80% de la recaudación del derecho “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas” se destinará para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, cuyo objeto sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole.

También para los programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de los proyectos, y de la infraestructura a cargo de dicha entidad.

Precisa que dicha entidad paraestatal aportará los recursos equivalentes al 80% de los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho referido, al fideicomiso público federal sin estructura que constituya dicha entidad, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con estos recursos, se beneficiará a proyectos prioritarios del gobierno federal como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En otro momento de la sesión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 264 votos a favor, 217 en contra y una abstención, el proyecto del decreto por el que se reforman las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de las leyes de Aeropuertos y de la de Aviación Civil, en materia de protección del espacio aéreo mexicano.En lo particular, se emitieron 264 votos a favor, 213 en contra. y dos abstenciones.

El documento, señala el dictamen, tiene como propósito fortalecer el marco jurídico del Estado mexicano para garantizar el efectivo ejercicio de su soberanía y la integridad de su espacio territorial aéreo, así como la seguridad de la navegación de las aeronaves autorizadas para hacer uso de éste y se armoniza el marco jurídico administrativo de conformidad con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, publicada el 1 de marzo de 2023.

El diputado Mario Miguel Carrillo de Morena explicó que es necesario que México garantice la protección, la vigilancia, la seguridad, y la salvaguarda del espacio aéreo.

​Consideró importante que instituciones como el Ejército y la Fuerza Aérea cuenten con las facultades normativas reglamentarias y legales para que sean dichos organismos en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Federal de Aviación Civil y otras dependencias lleven a cabo las tareas de monitoreo, detección y prevención de vuelos clandestinos ilícitos que grupos de la delincuencia organizada realizan por el espacio aéreo mexicano.

Esta mañana, se comenzó a discutir el dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.

Cerca de las 10 am, con 257 votos a favor, 208 en contra y 2 abstenciones, el Pleno avaló en lo general el dictamen. Continúa la discusión en lo particular.