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La justicia peruana ordenó hoy la detención durante 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski como parte de una investigación de lavado de dinero ligada al caso Odebrecht.

Un juzgado de Lima también ordenó el ingreso al domicilio del expresidente, de 80 años, así como de otras dos personas ligadas al político, una de ellas su secretaria personal.

La orden fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga a la élite política peruana acusada de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La segunda vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, dijo a la radio local RPP que le parecía “sorprendente” la decisión judicial. “No entiendo por qué este tipo de acción, él ha colaborado con todo”, afirmó.

La justicia relaciona a Kuczynski con presuntos delitos relacionados con la construcción de una vía terrestre que conecta Brasil con Perú así como de una represa en el norte del país.

Kuczynski fue presidente de Perú entre 2016 y 2018 cuando renunció por un escándalo ligado a la compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos.

Es el tercer presidente peruano a quien la justicia ordena encarcelar de forma preventiva. Sobre Alejandro Toledo (2001-2016) pesa una orden de detención pero reside en Estados Unidos. Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

La Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, una empresa ‘fantasma’ que presuntamente operó una red de prestanombres ligados al gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), esta empresa fue utilizada por Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.

MCCI adelantó este martes que el rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan dos áreas de Hacienda: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta última que también investiga a una red de 11 empresas ‘fantasma’ ligadas con Blunderbuss, con la que presuntamente compartían socios, representantes y apoderados legales.

Los más de 6 millones de dólares se habrían transferido a México entre 2009 y 2011 y ese monto, según MCCI es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.

Documentos consultados por esa organización no gubernamental exponen que cuatro de las 11 empresas investigadas participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos.

En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.

También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss, y en ningún caso fueron localizadas en los domicilios en que supuestamente operan.

El pasado 30 de marzo de 2019, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de empresas ‘fantasma’.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer los nombres de los funcionarios y ex funcionarios que son investigados en relación al caso Odebrecht.

El organismo indicó que además de los nombres de los investigados, se deberá informar el nombre de aquellos que hayan sido citados a declarar.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, que fue quien presentó el tema ante el Pleno, destacó que conocer los nombres de los servidores públicos y ex servidores investigados e involucrados en el caso Odebrecht es de interés de la sociedad porque se relacionan con una carpeta de investigación sobre conductas presuntamente constitutivas de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Dijo que la única forma que tiene la sociedad de constatar los avances de la investigación y de quiénes son las personas involucradas, es mediante el conocimiento de dicha información.

Por su parte el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, consideró indiscutible el interés público por saber los nombres de funcionarios y ex funcionarios involucrados en dicha investigación.

Sobre los señalamientos que se han hecho de que al revelar la información se violaría el debido proceso, el comisionado Oscar Guerra Ford planteó que la apertura de la información no representa afectación alguna.

“En el INAI somos conscientes de que no se quiere afectar ninguna de estas investigaciones; al contrario, nos gustaría que estas investigaciones pudieran concluir y se pudiera conocer lo que sucedió, y si hay funcionarios o diversas personas que cometieron actos ilícitos, si fuese el caso, no lo puedo presumir, pues obviamente se le sancione en términos de derecho”, explicó.

Recordemos que en octubre pasado, el INAI ordenó a la Procuraduría dar a conocer la averiguación previa del caso, pues consideró que existe un reclamo social por combatir la corrupción; sin embargo la dependencia se negó a proceder con la instrucción ya que dijo que las carpetas de investigación están en curso, y por tanto, su contenido era estrictamente reservado por la ley.

 

Pese a la resolución del Instituto Nacional de Información Pública y Datos Personales (INAI), en la que ordenaba a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir a versión pública la investigación del caso Odebrecht, la dependencia negó el acceso a dicha carpeta.

Ante una petición del portal Animal Político, la PGR expuso siete motivos por los cuales indicó que era imposible transparentar el expediente, entre los que destacan que se debe a que las carpetas de investigación están en curso, y por tanto, su contenido es estrictamente reservado por la ley.

Adicional señaló que interpuso una demanda de amparo en contra de la resolución del INAI, que al seguir en litigio, impide se puede dar información de ningún tipo. La PGR también señaló que las solicitudes que se han planteado hasta el momento para conocer el caso Odebrecht obedecen a una “simple curiosidad” de una persona, o en el mejor de los casos de un “sector a la población”.

“La difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector de la población (…) el interés público en este asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos. El estimar que la publicidad de una carpeta de investigación abona a la transparencia (…) es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público” indicó la PGR.

Otras de las razones que dio la dependencia para no revelar la carpeta de investigación, es que se corre el riesgo de vulnerar la presunción de inocencia de los involucrados y poner en riesgo su “buen nombre” y su “prestigio”. Además indicó que no hay “elementos suficientes” para que se señale que los delitos federales tipificados sean efectivamente considerados “actos de corrupción”.

Recordemos que la PGR reservó la información del caso Odebrecht por cinco años.

Este lunes se informó que el Décimo Cuarto Tribal en Materia Administrativa anuló una de las inhabilitaciones impuestas por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la empresa Odebrecht, en la que se imponía una condena para no recibir contratos públicos, por irregularidades en contratos con Pemex.

Y es que de acuerdo a una investigación del diario Reforma, la decisión del Tribunal llegó luego de concluir que la Unidad de Responsabilidades de Pemex Transformación Industrial se negó a expedir copias certificadas del procedimiento que se siguió a los abogados de Odebrecht, lo que habría impedido que se defendieran de manera adecuada.

Al respecto, la SFP informó que respetará las determinaciones de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se repondrá el procedimiento.

Explicó que la resolución tiene que ver con una cuestión de “forma y no prejuzga sobre el fondo del asunto”, por lo que no compromete ninguna de las otras siete sanciones impuestas sobre este tema, tres contra la empresa y/o sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos más contra un servidor público de Petróleos Mexicanos.

“Una vez desahogadas las pruebas que ordenó la instancia jurisdiccional, la SFP emitirá la resolución que en derecho corresponda”, enfatizó la dependencia.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

La empresa brasileña Odebrecht ofreció al gobierno mexicano pagar una reparación de 18 millones de dólares, equivalente a menos de la tercera parte de las multas impuestas en el país, así como dar información sobre casos de sobornos en el país, a cambio de poder celebrar otra vez contratos de obras públicas.

La información se desprende de un texto al que la agencia Reuters accedió, y el que se detalla una de las condiciones era que el acuerdo se mantuviera en confidencialidad, y que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), desistieran de iniciar futuras acciones en su contra.

Se sabe que el gobierno federal rechazo la propuesta vía la PGR.

Recordemos que la SFP ha multado multas que ascienden a 57 millones de dólares a dos filiales de Odebrecht en México, y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.

Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre 2010 y 2014.

En un video, un exfuncionario de Odebrecht señaló al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de ser uno de los destinatarios de parte del dinero. Lozoya ha negado reiteradamente las acusaciones y Pemex ha dicho que se encuentra investigando los contratos bajo sospechas de corrupción.

Reuters reporta que la PGR confirmó que no se llegó a un acuerdo con Odebrecht, mientras que una fuente de la SFP dijo que “no se está valorando ningún acuerdo reparatorio (ya que) es un tema del ámbito penal que no corresponde revisar a la Secretaría de la Función Pública”.

La PGR ya se había negado a firmar otro acuerdo reparatorio con Odebrecht, a mediados del año pasado, antes de que la SFP multara a la empresa. En ese momento, dijo que lo hacía porque “bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados”.

 

Por el momento seguirá sin conocerse información refrente a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el marco de las investigaciones de la Procuraduría General de la República sobre supuestos sobornos pagados por la empresa Odebrecht.

De acuerdo con el diario Reforma, el exfuncionario evitó la pretensión del INAI de difundir una “versión pública” de las actuaciones del Ministerio Público en las carpetas de investigación sobre el caso de la firma brasileña que se dictó el 2 de octubre.

El INAI había ordenado difundir información sobre su persona, pero Lozoya presentó una demanda de amparo para impugnar la determinación y el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis, admitió a trámite la demanda y concedió la suspensión únicamente sobre datos relacionados con Lozoya.

No obstante, la suspensión no abarca el resto de la información en las carpetas.

La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la Procuraduría General de la República (PGR) no ha querido firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.

El ministerio público brasileño explicó en un escrito dirigido a la The Associated Press que firmar dicho documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.

Recordemos que directivos de la constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región.

La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados. México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.

En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014, mismos que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Pese a las declaraciones, la PGR no ha dado a conocer los avances de la investigación a pesar de que el INAI solicitó que se revelara la información. La Procuraduría insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.

La fiscalía brasileña recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer la averiguación previa del Caso Odebrecht.

Al resolver el asunto, el INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó entregar información relativa a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, los avances y el estatus de la investigación.

La decisión llega luego de que se determinara que es del interés público conocer la información sobre el caso Odebrecht, además de que abona a la rendición de cuentas y permite a la sociedad tener el control sobre el actuar de la autoridad y la manera en la que solventa las investigaciones en casos o hechos en los que se presumen delitos que implican actos de corrupción.

El INAI expresó que con esta decisión responde al reclamo social del combate a la corrupción, pues reconoció que el caso Odebrecht es uno los casos más representativos de una red de corrupción a nivel global.

 

En entrevista con la agencia Reuters, el futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),  Javier Jiménez Espriú, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no está considerando llevar a cabo grandes obras de infraestructura, sino “obras eficientes”

“No estamos pensando en obras enormes, sino en obras eficientes, en darle prioridad a la conservación de lo que tenemos y a resolver algunos cuellos de botella. Más que una obra magna queremos hacer de la infraestructura un territorio eficiente, ágil”, dijo el colaborador de AMLO.

Al respecto indicó que en la administración que encabezará en al SCT habrá cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, por lo que las empresas que hayan caído o caigan en dichas prácticas no tendrán forma de participar en ninguna licitación pública.

En ese sentido descartó que Odebrecht sea invitada a participar en los futuros proyectos, toda vez que se encuentra envuelta en un escándalo de corrupción en toda América Latina.

Con información de Reuters / Foto: Archivo APO

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana, confirmó que la investigación en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso relacionado a la brasileña Odebrecht, aún está en curso.

El funcionario señaló que se encuentran a la espera de la información que se solicitó a instancias jurídicas internacionales, pues dijo que en el sistema penal acusatorio, al que calificó como “muy rígido”, las evidencias que presente el fiscal o el ministerio público tienen que estar bien sustentadas.

Díaz Santana prefirió no indicar de qué países están esperando la información, pues sostuvo que de hacer pública la información se podría ver afectada la investigación. “Pero estamos avanzando en el caso”, enfatizó.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Ricardo Monreal, senador electo por Morena, señaló que se creará una comisión especial para investigar el caso Odebrecht, en el que podrían estar involucrados decenas de funcionarios de la administración saliente del presidente Enrique Peña Nieto.

El próximo coordinador parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la cámara alta, dijo que investigar los contratos suscritos entre el gobierno mexicano y la empresa brasileña forma parte de los compromisos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la corrupción.

“Hay atrás de todo esto, de Odebrecht y de Pemex, una gran corrupción”, señaló Monreal, quien recordó que existe la sospecha de que la compañía pagó 10 millones de dólares en sobornos al entonces director general de Petróleos Mexicano, Emilio Lozoya.

Autoridades brasileñas documentaron los sobornos a Lozoya Austin, quien a cambio entregó una licitación por 115 millones de dólares para realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo.

Además, Monreal afirmó que también se investigarán las condiciones en las que Pemex adquirió la planta de Agro Nitrogenados de Altos Hornos de México en 275 millones de dólares.

Esta tarde un grupo de integrantes del Frente, informaron sobre la denuncia penal que interpusieron en contra de José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-PANAL, y del presidente Enrique Peña Nieto, así como quienes resulten responsables, por su participación en lo que llamaron el “fraude transexenal” conocido como Etileno XXI.

Indicaron que dicho caso es uno de los ejes centrales del desfalco millonario cometido por la empresa Odebrecht, servidores públicos y empresarios mexicanos. Señalaron que la denuncia se presentó pues en los últimos días ha surgido nueva evidencia que ofrece pruebas de la participación de Meade Kuribreña.

Enfatizaron que dicho fraude ha generado un desfalco por más de 5 mil millones de pesos y generaría pérdidas por más de 40 mil millones en los próximos años para Pemex y la economía del país. “En México, el fraude de Odebrecht se ha fraguado en al menos dos sexenios y no es un hecho de corrupción del pasado, sino un desfalco que sigue operando en el país día a día a través de su filial en México, la empresa Braskem-idesa que mediante el proyecto Etileno XXI sigue mermando las finanzas nacionales”.

Los frentistas explicaron el modo en que ha operado el caso de corrupción política, que incluye la complicidad entre servidores públicos y empresas privadas. El esquema implicó, según los denunciantes,  beneficiar indebidamente a un particular y a sus socios en el gobierno, por montos multimillonarios y durante por lo menos 20 años, en perjuicio de Pemex y de la economía nacional;  garantizar impunidad transexenal a los creadores, ejecutores y beneficiarios del atraco mediante la entrega de cifras millonarias a Emilio Lozoya quien habría recibido sumas millonarias cuando fue parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012.

Al describir la operación, indicaron que “en abril de 2011, el Consejo de Administración de Pemex -encabezado por José Antonio Meade- es alertado sobre las irregularidades y los peligros de dicho contrato para Pemex y para el país, así como de la ilegalidad y falta de transparencia del proyecto.  El propio Meade, sin embargo, firmaría un decreto -publicado a 7 días antes de que terminase el mandato de Felipe Calderón- que garantizaría a Odebrecht el incremento de impuestos al polietileno. Meade no solo estaba informado e incumplió su deber de detener el proyecto, sino que, además, fue entre otros, el responsable de garantizar y producir condiciones ventajosas e indebidas a la filial de Odebrecht México en detrimento de la economía nacional. Es evidente que las garantías de impunidad y la ejecución del desfalco transexenal pasaron por la actuación como servidor público del propio José Antonio Meade, quien fue uno de los operadores privilegiados del esquema a partir de su participación en ambos sexenios”, relata la denuncia.

 

El candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, afirmó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su colaborador Javier Jiménez Espriú deben rendir cuentas por el caso Odebrecht, ya que dijo, el empresario realizó negocios con la empresa Idesa-Braskem, filial de la brasileña en nuestro país.

Meade señaló que los contratos firmados con la empresa Idesa-Braskem se realizaron un año antes de que él asumiera la titularidad en la Secretaría de Energía (SENER) y explicó que, como presidente del Consejo de PEMEX, trabajó para lograr acuerdos que permitieran a la paraestatal tener una política clara para desarrollar ese mercado.

“Hoy hay quien nos puede explicar, porque se ostenta en la hoja de internet de Andrés Manuel como quien fuera presidente del Consejo de Idesa, y quien tiene además en su familia intereses patrimoniales. Luego entonces, cualquier pregunta vinculada con Odebrecht hay que hacérsela a Andrés Manuel López Obrador o a Jiménez Espriú”, subrayó el candidato.

Sobre la contienda electoral, Meade afirmó que su campaña proselitista ya logró lo más difícil, consolidarse en ruta y trayectoria frente al electorado, por lo que aseguró que logrará el triunfo en las urnas el próximo 1 de julio.

De cara a la recta final de la contienda, el aspirante presidencial expresó que estos son días claves, y adelantó que los militantes de los tres partidos que lo postulan será más entusiastas y la población reflexionará sobre las propuestas que escuchó a lo largo de este proceso electoral. 

El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, aseguró que detrás del mayor escándalo de corrupción de América Latina, Odebrecht, está Emilio Lozoya y no Javier Jiménez Espriú.

A través de sus redes sociales, Nieto indicó que tras los señalamientos que hiciera José Antonio Meade en contra del colaborador de AMLO durante el debate de ayer, revisó los documentos del caso y en ninguno encontró alguna relación con el ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Por el contrario, refirió que en los documentos del caso aparecen transferencias al menos por 16 millones de dólares a cuentas en Antigua, Mónaco, Suiza, a empresas como Zecapan S.A., Latín American Asia Capital Holding, Innovation R. E., de las cuales dijo, detrás está Emilio Lozoya.

Y es que recordemos que desde que se ventiló el caso, Lozoya, ex titular de Pemex, ha sido señalado de haber recibir diversos sobornos por parte de la empresa brasileña para que se le asignarán contratos en nuestro país.

Lozoya ha negado las acusaciones en su contra y ha presentado amparos para la investigación que se sigue. Adicional en el marco de la ceremonia de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, desafió a sus detractores al afirmar que “tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, en referencia a su defensa.

 

El ingeniero Javier Jiménez Espriú aseguró que son una calumnia las acusaciones del candidato de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, quien durante el Tercer Debate entre aspirantes presidenciales, acusó que su familia tiene vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, investigada por haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de varios países de América Latina, para hacerse con contratos públicos.

“Es una difamación de Meade para poner cortina de humo al fraude de Lozoya, Peña y él”, aseveró Jiménez Espriú a través de Twitter.

Asimismo, el ex director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien será titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en caso de ganar la elección Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Meade miente como es su costumbre y negó que su familia sea socia de Odebrecht.

En un escrito publicado en su cuenta de twitter, Jiménez Espriú aseguró que el nunca ha sido director de IDESA, como señaló Meade.

El ingeniero aclaró que IDESA es una firma petroquímica que fue fundada por su suegro y es dirigida, desde hace más de 60 años por la descendencia del mismo, además de que no tiene relación alguna con los temas de Comunicaciones y Transportes en los que esta colaborando con AMLO.

Posteriormente, en otro tuit, Jimenez Espriú señaló que José Antonio Meade “sabe perfectamente quienes están involucrados en el fraude de Odebrecht y sus maniobras distractivas y difamatorias son acciones de complicidad”, pero que en algún momento, la verdad saldrá a la luz.