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Vicecanciller y ministro de Finanzas del gobierno, el socialdemócrata Olaf Scholz se dispone a tomar en Alemania el relevo de Angela Merkel, para dirigir una inédita coalición de tres partidos.

A los 63 años, Scholz reveló este miércoles el acuerdo final de coalición negociado desde hace dos meses con los Verdes y el Partido Liberal (FDP), centrado en la lucha contra la pandemia y la crisis climática, dos puntos álgidos de la era post-Angela Merkel.

La hoja de ruta marcada prevé que Scholz se someta a la investidura del Parlamento en torno al 6 de diciembre para liderar el que será el primer tripartido a escala federal de Alemania, que pondrá fin a los 16 años de Merkel en el poder.

Esto significaría una inesperada remontada de un partido, el SPD, dado por muerto hasta hace poco, y que ganó por escaso margen las legislativas de septiembre pasado.

Descrito por el diario Spiegel como «la encarnación del aburrimiento» en política, Scholz ha pasado por todos los niveles de la acción pública desde los años 70. Se unió al SPD a los 17 años. Se hizo abogado especialista en derecho laboral y en 1998 fue elegido diputado, y luego secretario general del SPD.

Objeto de burlas por su estilo austero y sus discursos en tono de autómata que le valieron el sobrenombre de «Scholzomat», el hoy futuro canciller admitió que «no era una descripción totalmente falsa». Pero agregó: «Siempre se me hacían las mismas preguntas, y yo daba las mismas respuestas».

En 2007 es nombrado ministro de Trabajo en una gran coalición gubernamental, y en 2011 se convertiría en alcalde de Hamburgo. Ahí, Scholz llevo a cabo una ambiciosa política en materia de vivienda y de protección a la primera infancia. Más adelante, en otro gobierno de coalición de Merkel, sucede en 2018 en el prestigioso ministerio de finanzas al cristianodemócrata Wolfgang Schäuble.

Este socialdemócrata de tendencia centrista, de 63 años, parece haber convencido a buena parte del electorado ofreciendo una imagen de competencia. En 2019, Scholz se había propuesto para liderar el SPD, pero los militantes escogieron a dos casi desconocidos claramente más a la izquierda.

Sin embargo, Scholz logró recuperar terreno con la pandemia, cuando no dudó en romper con la ortodoxia presupuestaria. El SPD lo designó entonces como candidato a las legislativas de septiembre de 2021.

En las elecciones de septiembre, el SPD liderado por Scholz logró una estrecha victoria, relegando a segundo lugar a los conservadores de Angela Merkel.

Según el acuerdo alcanzando, los verdes asumirán los ministerios de Exteriores y Medio Ambiente y los liberales ocuparán el de Finanzas. Aunque los nombres de los futuros ministros no se han comunicado, parece claro que la copresidenta del Partido Verde, Annalena Baerbock, se convertirá en la primera ministra de Exteriores de Alemania y el otro dirigente de la formación, Robert Habeck, estará a cargo de un gran ministerio para todas las cuestiones climáticas y será además vicecanciller.

La nueva coalición, según el acuerdo de gobierno, quiere legalizar el cannabis cuya venta en «tiendas autorizadas» se reservará al consumo de los «adultos». Además, se busca volver en 2023 a las reglas de rigor presupuestario, entre ellas el freno al endeudamiento inscrito en la Constitución.

La coalición también desea acelerar el fin del carbón y avanzarlo «idealmente» a 2030, en lugar de 2038, como está previsto hasta ahora. Para ello hay que «desarrollar masivamente las energías renovables» y «construir centrales de gas modernas para responder a las demandas de electricidad y energía de los próximos años a precios competitivos».

La reforma energética que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador sí o sí ha generado mucha especulación sobre el papel que jugará el PRI. ¿Va a apoyar a Morena y sus aliados votando a favor o va a apoyar su alianza con el PAN y PRD votando en contra?

Sin duda será interesante ver qué deciden hacer los Priistas. Ya leímos algunas posturas, tanto de exdirigentes como de la presidencia y Secretaría General del PRI y es evidente que no está unido el partido en cómo quiere votar esta reforma constitucional. Pero me parece que además de enfocarnos en la postura del PRI será igual o más interesante e importante lo que haga el PVEM.

En cualquier país del mundo sabríamos de antemano que un partido ecologista no votaría en favor de una reforma que busca quemar carbón y combustóleo para producir energía y que desconfía de las energías limpias y renovables, como la solar y la eólica, argumentando que tienen intermitencias. Sí, no todo el día ni todo el año sopla el viento ni sale el sol, pero existen tecnologías que permiten a países que no tienen los beneficios geográficos de México, como Dinamarca, depender de estas energías en un 80 por ciento sin problema.

Pero en México el PVEM sabemos que es verde por la afinidad que tiene al dinero y no a la ecología. No obstante, en la legislatura pasada tuvieron un momento interesante y hasta sorpresivo cuando 4 de sus diputados votaron en contra de la Ley de la Industria Eléctrica precisamente argumentando que no era benéfica para el medio ambiente.

La vida nos da sorpresas; sorpresas nos dio el Verde.

¿Y ahora? ¿Cómo votarán los 43 diputados del PVEM y sus 6 senadores? El papel de estos legisladores será crucial.

En la Cámara de Diputados se requieren 331 votos para aprobar la reforma constitucional. Morena tiene 201; el PT 33. Si el PVEM decide votar con Morena, tiene 277 votos, le faltarían 54 votos que podrían buscar de entre los 71 legisladores del PRI. Pero si el PVEM vota en contra, al gobierno le harían falta 97 votos para que se apruebe la reforma, lo que no obtendría ni en el improbable caso de que los 71 diputados Priistas voten con Morena y el PT. Improbable porque no veo, por ejemplo, a un Ildefonso Guajardo votando en favor de una reforma que deja en claro el poco compromiso de México con el respeto al Estado de Derecho con inversiones nacionales y extranjeras.

En el Senado se complica la situación un poco más. Morena y sus 62 senadores más los 6 del PT 6 del PVEM y 4 del PES tienen 78 votos de los 86 que se requieren para aprobar la reforma. Este es un escenario muy optimista para la coalición gobernante porque si el PRI vota a favor, con sus 13 senadores se logra aprobar la reforma. Pero si el PES no vota con el gobierno, como se anticipa, y además el PVEM decide no votar a favor tampoco, entonces tendrían Morena y PT 68 votos. Aunque le sumen los 13 del PRI, la reforma no pasa.

Así el PVEM es un fiel de la balanza muy importante para el presidente en la votación de la reforma energética. ¿Qué va a hacer ese partido? ¿Le será fiel a los billetes (verdes) o a la ecología?

Columna completa en El Universal

Cinco senadores de diferentes partidos solicitaron este lunes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) formar un nuevo grupo parlamentario llamado ‘Plural’ con el que pretenden actuar «de manera libre de cualquier formación partidista».

«Conscientes de que la gran mayoría de la ciudadanía de México no se siente bien representada, es que el Grupo Parlamentario Plural buscará con su conformación mantener en el Senado de la República sus aspiraciones y sentimientos», dijeron los legisladores en una carta enviada al presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal.

El documento está firmado por los senadores Germán Martínez de Morena, Alejandra León y Nancy de la Sierra, del PT) el expresidente de Acción Nacional, Gustavo Madero y el senador independiente Emilio Álvarez-Icaza.

Los legisladores aseguraron que buscarán «el diálogo como herramienta para solventar las diferencias, que no confronte estérilmente a la sociedad mexicana y, sobre todo, que aporte a que el país sea un terreno donde reine la igualdad sin privilegios».

Sin embargo, pese a la petición y argumentos dados en su carta, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión señalan que una nueva bancada no es viable porque requieren de un partido político para establecerse como grupo parlamentario.

El artículo 71 de dicha ley señala que los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los senadores con igual afiliación de partido, para realizar tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo.

Además, en 2018, al inicio de la actual legislatura, quedó constituido el número de bancadas que integrarían el Senado, lo cual no permite que se hagan modificaciones a la conformación de grupos parlamentarios, tal como sucedió cuando en su momento se planteó desaparecer la bancada de PRD, o como en 2015, cuando un grupo de senadores intentaron formar la bancada de Morena.

Según versiones que circulan en la Cámara Alta, en los próximos días se estarían anunciando otras desincorporaciones a las bancada del PAN y del PRI, para integrarse a la del PRD.

Los cinco senadores convocaron a una conferencia de prensa este martes a las 10 am para dar mayores detalles de su propuesta.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó la noche de ayer aumentar, de 46 a 51, el número de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Jucopo, el priísta Rubén Moreira, indicó que el acuerdo se traducirá en un dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, que sería votado por el Pleno este jueves.

Como parte del acuerdo se crearía el Comité de Administración de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, cuya presidencia será rotatoria; e primer grupo parlamentario en encabezarlo será el PAN, con el diputado Armando Tejeda Cid.

Moreira Valdez aseguró que la repartición de las presidencias de las comisiones ordinarias, entre los siete grupos parlamentarios, se realizó “con una regla de tres”, siendo Morena la bancada que más comisiones presidirá, algo que ya se esperaba y que fue posible gracias al apoyo de sus aliados.

El acuerdo fue votado a favor por los coordinadores parlamentarios de los partidos aliados de Morena e incluso por el líder del PRD. La bancada del PAN votó en abstención, y la de Movimiento Ciudadano en contra.

A Morena le correspondió presidir 20 comisiones, debido a que su bancada es de 201 integrantes; al PAN, 12; al PRI, siete; al PVEM, cuatro; al PT, cuatro; a MC, dos; y al PRD, dos.

Destaca que Morena presidirá comisiones importantes como las de Presupuesto, Puntos Constitucionales, Energía, Jurisdiccional, Salud, Educación, y una de las que se crearon: la de Reforma Político Electoral; en tanto el PRI presidirá la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de Gobernación y Población; de Turismo; de Derechos de la Niñez y Adolescencia; de Ganadería, entre otras.

Será la próxima semana, el jueves 30 de septiembre, cuando el Pleno votará a las y los presidentes e integrantes de las comisiones ordinarias, de los grupos de amistad, de las comisiones bicamerales y de los diferentes comités de la Cámara de Diputados.

Por su parte el coordinador de Morena, Ignacio Mier, afirmó que a pesar de que habrá más comisiones en esta Legislatura no se incrementará el gasto de la Cámara de Diputados. Sostuvo que su bancada pasó de tener 26 comisiones a 20; “no quisimos agandallar nada y teníamos que privilegiar”.

Sin embargo, el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC, acusó que hubo un reparto discrecional, absurdo, y gandalla de las comisiones. Dijo que Morena le quitó a MC la Comisión de Vigilancia de la Auditoría y se la entregó el PRI, porque saben que «tendrán un pacto de impunidad para su gobierno”.

Además, dijo que traicionando la supuesta austeridad, se amplió el número de comisiones de 46 a 51, sólo para tener más espacios de repartición y eso confirma que “Morena es igual que el PRI y que los partidos tradicionales del pasado, se comporta igual”.

Indicó que existe una falsedad en el carácter opositor que se ha querido adjudicar el PRI, pues entregó a Morena la Jucopo cuando le correspondía al PAN, y lo acompañó también en la militarización del país al respaldar la minuta de la Ley Orgánica de la Armada de México.

La FIFA iniciará el próximo miércoles una primera ronda de visitas a las ciudades de Estados Unidos que son candidatas a acoger partidos del Mundial 2026, que este país organizará de forma conjunta con México y Canadá.

Boston, Nashville, Atlanta, Orlando, Washington DC, Baltimore, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia y Miami, son las localidades que la FIFA inspeccionará durante la visita que se prolongará hasta el 23 de septiembre.

Según informó el organismo, a finales de noviembre será el turno del resto de ciudades estadounidenses, así como de las candidatas de Canadá y México.

Para su elección, la candidatura propuso jugar 60 partidos en Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México e incluyó 16 sedes y 23 estadios en Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Edmonton, Guadalajara, Houston, Kansas, Los Ángeles, Ciudad de México, Miami, Monterrey, Montreal, Nashville, Nueva York/Nueva Jeresey, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto y Whasington.

«Estas visitas son un paso esencial para elegir las mejores sedes para el torneo a fin de concluir este competitivo proceso de selección en el primer o segundo trimestre del 2022», señaló.

En ese sentido, precisó que a finales de noviembre corresponderá a México y Canadá las visitas para verificar las sedes propuestas.

La delegación estará dirigida por el vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, e incluirá a expertos en ámbitos como la gestión de estadios, las infraestructuras de los mismos y las ciudades, las instalaciones para las selecciones, el área comercial, el proceso de selección de candidaturas y el ámbito jurídico.

El Congreso de la FIFA eligió el 13 de junio de 2018 en Moscú la candidatura presentada por Estados Unidos, México y Canadá para organizar la cita mundialista de 2026 con un total de 134 votos frente a los 65 logrados por Marruecos, que era el otro aspirante, y 3 abstenciones.

Con anterioridad, la FIFA decidió ampliar de 32 a 48 el número de selecciones participantes en el mundial a partir de 2026, de forma que la competición tendrá 16 grupos con tres selecciones cada una, de los cuales 2 se clasificarán para la siguiente fase.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se posicionó esta tarde sobre los hechos que se registraron en las afueras del Congreso capitalino, en el que la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, resultó herida.

La dependencia capitalina precisó que alrededor de 80 uniformados se mantenían en las inmediaciones del recinto legislativo en la colonia Centro, que dijo, forman parte de un despliegue para el acompañamiento y resguardo de los «inconformes».

La Secretaría no desmintió los enfrentamientos y heridas ocasionadas, y dijo que derivado de los «empujones con las personas que ingresaban al recinto», se están realizando las investigaciones correspondientes para identificar a los policías involucrados.

«Dichos oficiales serán citados a declarar y en tanto se realizan las investigaciones correspondientes, serán suspendidos de sus funciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no tolerará ningún caso de abuso u omisión policial, y no permitirá actos contrarios al código de ética, ni algún otro que vulnere la integridad y honorabilidad de la Institución», dijo la SSC-CDMX.

Sobre los sucesos, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) condenó enérgicamente la «cobarde agresión» de la que fue víctima la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón.

A través de un comunicado dojo que dicho acto debe ser sancionado ejemplarmente. «La democracia es respeto y diálogo”, enfatizaron. «No podemos abrir la puerta a la represión», destacó la GOAN en su cuenta de Twitter.

Quienes también se pronunciaron fueron las dirigencias nacionales del PAN, PRD, y PRI. Acción Nacional condeno la agresión a los alcaldes electos, señalando como responsables a la supuesta extinta corporación de los granaderos del gobierno capitalino.

«Exigimos una disculpa pública y sanción a los responsables. La policía debe estar para cuidar a la población, no para agredir a la oposición. Mi solidaridad con la alcaldesa electa de Álvaro Obregón», tuiteó Marko Cortés, líder nacional el PAN.

Por su parte el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que el cuerpo policiaco de la Ciudad de México no es un grupo de choque a disposición del gobierno, para atacar a quienes políticamente le resulten incómodos, ni para agredir a quienes resultaron electos con el voto de los ciudadanos.

«No vamos a permitir que el ejercicio de la función pública se desvirtúe por el autoritarismo de quienes hoy gobiernan. El Gobierno de la CDMX tendrá que responder», señaló el priísta.

Jesús Zambrano, líder nacional del PRI, condenó el uso y violencia de la policía capitalina contra las y los alcaldes electos. «¡Quien mandó efectuar la agresión debe pagar por ello! Si @martibatres se deslinda de las agresiones contra alcaldes y alcaldesas, ¿entonces quién es responsable, @Claudiashein ?es inadmisible lo que hoy sucedió!».

La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó las agresiones de esta mañana en contra de la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, y demás alcaldes electos presentes en las inmediaciones del Congreso capitalino. 

A través de un mensaje en redes sociales, la ONU-DH dijo que ningún funcionario público debe ser agredido, «el diálogo siempre debe ser privilegiado».

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, afirmó que en la LXV Legislatura habrá una “megabancada” con el bloque mayoritario, a efectos de avanzar en la agenda de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, el legislador aclaró que la «megabancada» que se conformará no se utilizará para los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

“Va a haber una megabancada, sí, para efectos de agenda legislativa, no para efectos de órganos de gobierno”, reiteró en una rueda de prensa.

Detalló que en la reunión con los coordinadores parlamentarios de este jueves se acordó sacar adelante los dictámenes que están bajo resguardo de la Mesa Directiva y después se empezarán a aproximar en la integración de los dos órganos de gobierno: la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.

“Ya hay pláticas en ese sentido, van por buen camino, dirimidas las diferencias, pero no las convicciones, vamos a trabajar. Yo lo someteré a consideración de nuestros aliados en la coalición: el PVEM y el PT; espero que el día de mañana me reúna con ellos y el sábado ya podamos tener una aproximación y el lunes por la mañana anunciarlo”, detalló.

El legislador fue interrogado sobre si quedaron superados los desencuentros por los señalamientos de la oposición a Morena de ser un narcopartido, a la vez de los suyos de que Morena no iba a ser el payaso de las cachetadas; indicó que “eso ya quedó en el pasado y forma parte de la disputa política normal, natural, que no debe espantarnos, pero a través de la discusión y del debate se pueden llegar a acuerdos”

Sobre si ya no siente un ánimo de revancha de la oposición, aseguró que “no. Ya platicamos. Todos nos queremos mucho, somos amigos. Véanos”.

Por su parte, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN dijo coincidir en que se tiene que dialogar. “Para eso nos paga la gente. Nosotros estamos haciendo nuestra obligación parlamentaria de hablar, por la gente, por construir acuerdos que se tienen que hacer”.

Interrogado sobre si el PAN reclamaría presidir la Jucopo, dijo: “Vamos en una secuencia progresiva, de acuerdos, en los que se está hablando no solamente de los órganos de gobierno, sino de muchos temas más que ya irán surgiendo.

“Respecto a esa disposición de los órganos de gobierno es algo que tenemos que hablar primero todos, después como coalición ‘Va por México’. Estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo por el bien de esta Cámara y de toda la gente”, aseveró.

Cuestionado sobre si el PRI presidirá la Jucopo, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del PRI para la siguiente Legislatura dijo: “Nosotros estamos ahora platicando y del avance de esas pláticas les informaremos en su momento. Creo que éste es el primer y buen encuentro que tenemos. Tenemos que ver adelante y guardar reserva de lo que estamos discutiendo. No hay un acuerdo.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la validez de la elección de diputaciones por el principio de Representación Proporcional, los llamado plurinominales, y asignó a los partidos las diputaciones que les corresponden para el periodo 2021-2024.

El INE indicó que las 200 diputaciones de Representación Proporcional que establece la Constitución se asignaron tomando como base el porcentaje de votación emitida en cada una de las cinco circunscripciones, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 17 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el cual determina:

Los partidos a los que fueron asignados plurinominales fueron: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que el pluralismo político y la inclusión que caracterizan a la democracia mexicana se fortalecen con la figura de la Representación Proporcional.

“Una y otra vez la teoría política ha comprobado que los sistemas proporcionales son los que favorecen más y mejor a la representatividad del Poder Legislativo y los que contribuyen de mejor manera a que las distintas fuerzas actuantes en una sociedad, en proporción a su peso relativo, incidan en las decisiones legislativas”, dijo.

Con ello, agregó, se garantiza que las decisiones políticas por excelencia, las leyes, sean producto de la interacción entre las mayorías y las minorías debidamente representadas en el Congreso.

Córdova Vianello indicó que la asignación de pluris garantiza tres aspectos: que ningún partido exceda el límite de 300 curules por ambos principios; que ninguna fuerza política exceda el límite constitucional de 8% a la sobrerrepresentación y, que la representación política en la Cámara de Diputados sea en lo posible un espejo de la diversidad del país y de la pluralidad expresada en las urnas.

“Ir en contra de la representación proporcional es ir en contra del pluralismo y al cabo en contra de nuestra evolución democrática”, dijo Lorenzo Córdova, lo que fue tomado como una referencia a la eventual Reforma Electoral que Morena planea presentar, pues en el borrador que se filtró del proyecto de Ricardo Monreal, se hablaba de eliminar los pluris en el Senado y recortarlos a la mitad en la Cámara de Diputados.

La Consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, destacó que para realizar la asignación de curules por la vía de Representación Proporcional, el INE esperó a que se resolvieran todos los medios de impugnación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales se asignan únicamente a los partidos que recibieron más del 3% de la votación total.

Con la asignación de los plurinominales, la Cámara de Diputados quedará integrada de la siguiente manera:

  • Morena, 198
  • PAN 114
  • PRI 70
  • PVEM 43
  • PT 37
  • Movimiento Ciudadano 23
  • PRD 15

Así, Morena y aliados (PVEM Y PT) tendrán 278 espacios, mientras que el bloque opositor (PAN-PRI-PRD) tendrá 199 curules. Movimiento Ciudadano será decisivo para la aprobación de reformas, pues con sus 23 escaños podrá inclinar la balanza.

La Consejera Adriana Favela resaltó que el Congreso contará con 248 diputaciones para mujeres, lo que representa el 49.6% de la integración total de la Cámara de Diputadas y de Diputados, lo que implica siete mujeres más que en el 2018, con lo cual “vamos avanzando en la cuestión de la paridad entre los géneros”.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)aprobó el monto del financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el año 2022, que asciende de forma global a 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que el dicho monto no lo decide el INE, sino que se calcula conforme a la fórmula establecida en el art. 41 constitucional; por ello, dijo,  este recursos no admite debate o negociación alguna, ni para el Instituto ni para la Cámara de Diputados que determina el presupuesto anual de la federación.

“La Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. No es un monto que el INE arbitrariamente define”, dijo Córdova Vianello.

La Consejera Dania Ravel expuso que, al no haber concluido la pasada elección federal, ya que existen impugnaciones en torno a los resultados y la posibilidad de pérdida de registro de algún partido, aún no es posible definir los montos que se asignarán a cada partido.

“Cuando se tenga certeza del número de partidos políticos nacionales que conservarán su registro estaremos en condiciones de determinar con certeza el monto que corresponderá a cada fuerza política con base en los resultados definitivos de las elecciones de diputaciones federales 2020-2021”, expresó.

No obstante, detalló, se realizó el cálculo de los rubros para actividades específicas, así como el monto asignado para franquicia postal y telegráfica que a pesar de que esta última no se ocupa desde 2008, no puede dejar de calcularse al estar prevista en la ley y el INE debe garantizarla en función de la siguiente distribución:

Rubro de financiamiento público Monto de financiamiento público
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes $5,543,960,204
Actividades específicas $166,318,806
Franquicia postal $110,879,204
Franquicia telegráfica $693,490
Total $5,821,851,704

 

En tanto, la consejera Norma De la Cruz indicó que cada uno de los institutos políticos que recibirán parte de estos recursos tienen la responsabilidad de ejercerlos con trasparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.

Llamó a los partidos a cuidar el presupuesto y que su ejercicio sea apegado a los principios de racionalidad, austeridad, fiscalización y rendición de cuentas, conscientes de la situación económica mundial y de la exigencia ciudadana de cuidar hoy más que nunca los recursos públicos.

“Recordemos, es dinero de los impuestos y del trabajo de la gente, es el dinero de todas y de todos, tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y ésta nos exige ser muy transparentes en el gasto”, concluyó.

El Consejero Uuc-kib Espadas aseguró que un financiamiento público en las campañas evita que el conjunto de las elecciones dependa del favor de los dueños del dinero, ya que su costo puede implicar comprometer el erario público durante las gestiones de los gobernantes electos.

“Vamos a gastar 5 mil 800 millones de pesos aproximadamente en financiar a los partidos políticos, el dinero mejor gastado que habrá el próximo año en la República, puedo pensar en muy pocas cosas mejor compradas y tan valiosas que la aportación a la pluralidad, la equidad y la competencia limpia por las elecciones que de este gasto que se hará de 44 pesos por persona para el próximo año”, agregó.

Refirió que, si bien 5 mil millones puede ser considerado mucho, significa apenas nueve centavos de cada 100 pesos que México invierte en el Estado plural, por lo que afirmó no se trata para nada de un gasto desmedido, excesivo, oneroso o abusivo, sino  de un gasto correcto destinado a uno de los mejores fines que es garantizar que las fuerzas políticas compitan por sus méritos y no por su capacidad de reunir dinero.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes el anteproyecto de acuerdo por el que se establece el financiamiento público previsto para los partidos políticos, correspondiente al ejercicio 2022.

Los institutos políticos recibirán por concepto actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas un total de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.

Rubro de financiamiento público Monto de financiamiento público
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes $5,543,960,204
Actividades específicas $166,318,806
Franquicia postal $110,879,204
Franquicia telegráfica $693,490
Total $5,821,851,704

 

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, indicó que la distribución a cada partido quedará definida una vez que se concluya el desahogo de los medios de impugnación, por lo que estimó que a finales de agosto y, sin duda, el 1º de septiembre habrá claridad sobre la asignación de la bolsa sin que se tenga que detenerse la definición presupuestal.

En tanto, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, señaló que, al igual que en procesos anteriores, en este punto únicamente se considerará el monto total de las prerrogativas, por estar pendientes impugnaciones sobre los resultados del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Explicó que la definición de la bolsa total será finalmente distribuida entre los partidos con registro nacional en función de la fórmula aritmética constitucional que contempla el Padrón Electoral y la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de la cifra final.

El INE detalló que el cálculo de la bolsa del financiamiento público anual se realizó considerando el número total de personas inscritas en el Padrón Electoral nacional, con corte al 31 de julio de este año, que asciende a un total de 95 millones 170 mil 381 personas, así como el 65% del valor de la UMA que corresponde a 58.25 pesos.

El acuerdo será sometido a consideración del Consejo General para su posterior inclusión en el proyecto de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 que el INE remita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Después de las elecciones del 6 de junio, comenzó a correr un periodo de 40 días en que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisó los reportes de ingresos y gastos que por ley todos los candidatos tuvieron que haber presentado.

Ayer jueves 22 de julio concluyó dicho periodo y, durante la sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, reveló que como resultado de la revisión que realizó, se aprobaron sanciones por más de 1,203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas.

Al dar cuenta del tamaño del trabajo realizado a 49 días de concluidas las campañas, Córdova Vianello destacó la revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.

También, dijo Córdova, se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, además de que se atendieron 748 quejas vinculadas con las campañas.

Recordemos que la fiscalización parte de los reportes que los propios candidatos y sus partidos presentaron “en tiempo real” durante las campañas electorales, así como los reportes finales después de la elección.

El INE revisa y contrasta esta información con diversas fuentes, como reportes de las instituciones bancarias, solicitudes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el seguimiento de los eventos y publicidad de los candidatos.

El partido político con más sanciones como producto de la fiscalización de las campañas de 2021 fue Morena, que tendrá que pagar multas equivalentes al 17% de su financiamiento público federal de este año, es decir, 373 millones de pesos.

Le siguen los partidos Redes Sociales Progresistas, con multas por 103 millones de pesos, y Fuerza por México, con 101 millones, en cuyos casos perdieron su registro.

El INE señaló que durante la revisión contable se advirtieron 60 tipos de irregularidades que cometieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. En ocho de estas conductas se concentra el 73.10% de las sanciones impuestas, entre las cuales destacan los egresos no reportados.

La mayor parte de las multas son producto de dos conductas por parte de los candidatos: la ausencia de reporte de gastos y el hallazgo por parte del INE de gastos de campaña en donde los candidatos no tuvieron comprobantes para demostrarlos. En el primer caso, la autoridad electoral identificó gastos no reportados por 80 millones de pesos en las campañas federales y 268 millones en las campañas locales. En segundo lugar, los gastos que los candidatos no pudieron acreditar fueron por 48 millones en las campañas federales y 161 millones en las campañas locales.

Este grito homofóbico de los aficionados le ha generado multas por parte de la FIFA a la selección mexicana. Como esas multas no han impedido que se siga gritando en los partidos, ahora la sanción implica juegos a puerta cerrada para ver si la afición entiende que no puede estar gritando ehhhh…¡puto! durante los partidos.

Y esto es así porque las palabras importan.

Si esto, que las palabras importan, es válido en el deporte, lo es aún más en la vida de un servidor público. Y en este caso me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si un conjunto de aficionados debe aprender a hablar y saber qué si se puede gritar y qué no en un estadio, lo mismo aplica para el Jefe del Ejecutivo que tiene el mayor megáfono del país y que lo utiliza de manera voraz cada mañana por al menos dos horas.

El presidente se ha referido en días pasado a que las clases medias fueron quienes llevaron a Hitler al poder. La verdad es que el Holocausto comenzó con palabras, no con apoyos de las clases medias. Actualmente hay una ONG, ItStartedWithWords.org, que busca mostrar que antes de que se promulgaran las leyes antisemitas en Alemania; antes de que se destruyeran las tiendas y sinagogas de los vecindarios; y antes de que los judíos fueran obligados a entrar en guetos, vagones de ganado y campamentos de exterminio, las palabras fueron las que se utilizaron para avivar el fuego del odio.

#ItStartedWithWords es una campaña de educación digital sobre el Holocausto que publica videos semanales de sobrevivientes de todo el mundo que reflexionan sobre esos momentos que condujeron al Holocausto. Para lanzar esta campaña tuvieron una conferencia en abril pasado en Nueva York en donde se quiso demostrar con estos testimonios, como cuando solo eran palabras, los judíos en Alemania no previeron la facilidad con la que sus antiguos vecinos, maestros, compañeros de clase y colegas se voltearían en su contra. Pero eso ocurrió. Pasaron de las palabras de odio a los actos de violencia.

Cuando el presidente ataca a la prensa una y otra mañana; cuando inventa su sección de su verdad, la del “Quién es quién en los medios de comunicación”, está abusando de las palabras. Está demostrando que no sabe o no le importan las consecuencias que pueda tener decir lo que él quiera.

No estoy diciendo que quienes trabajamos en medios debemos de ser libres de crítica. Eso sería caer en lo que el propio presidente quisiera para él: solo alabanzas. Estoy diciendo que llamar a la prensa, vendida; prostituída; alquilada; chayotera; vil; el hampa; la mafia; cómplices de las atrocidades del periodo neoliberal y tantos otros calificativos en general, con señalamientos a periodistas y medios en particular son palabras con el potencial de encender acciones que ningún Jefe de Estado que se precie de encabezar una democracia quisiera.

Cuando el presidente así habla ¿por qué los ciudadanos de a pie van a pensar dos veces repetir y hasta magnificar estas declaraciones?

El apoyo a Hitler y el Holocausto no fueron obra del apoyo de las clases medias. Ocurrieron porque de las palabras de odio se pasó a las acciones violentas. El presidente López Obrador bien haría en asomarse cuando menos a #ItStartedWithWords antes de seguir vapuleando las llamas del odio en México. Hacia la prensa y hacia todo lo que no concuerde con su visión de país.

Si a los aficionados del fútbol se les pide que midan sus palabras ¿por qué no solicitar lo mismo al presidente de México?

 

Columna completa en El Universal

A diferencia de lo que ha dicho por años el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los que es considerado aliado de la 4T, José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que en las últimas tres décadas no se han producido «fraudes masivos» en el país.

Cuando el TEPJF se prepara a revisar cerca de 25,000 impugnaciones de las elecciones del pasado 6 de junio, el magistrado presidente reconoció que la democracia mexicana sufriría un retroceso «gravísimo» si desaparecieran las instituciones electorales, en referencia al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral (INE), los dos principales garantes del proceso electoral mexicano y de la salud democrática del país.

«Nuestro sistema electoral ha demostrado desde 1994 que está a prueba de fraudes masivos, lo que no quita que pueda haber trampas, compra de votos, pero hacerlo a gran escala es prácticamente imposible», afirma Vargas Valdez en entrevista con la agencia EFE.

El magistrado presidente  refiere que el exceso de polarización política es resultado de las reiteradas declaraciones en favor de una reforma electoral, o incluso a los llamados que han aparecido sobre la desaparición de las instituciones autónomas electorales.

Dijo que esos llamados, que reconoció han surgido incluso del propio presidente López Obrador, darían pie a «un proceso gravísimo para México» porque desde hace tres décadas «los problemas políticos se dirimen en las urnas» y ya no hay fraudes como «a los que estábamos acostumbrados» en el pasado.

Vargas Valdez calificó como un retroceso lamentable que políticos ataquen a las instituciones electorales, y estimó que «hay muchos aspectos en materia electoral que se pueden mejorar y modernizar, como encontrar fórmulas mixtas de financiación» para que el gasto no dependa solo del sector público, o mejorar el marco normativo, todo lo que tenga que ver con redes sociales y «fake news».

El problema, advirtió, es que la posible reforma electoral se convierta en un asunto «entre vencedores y vencidos para ajustar cuentas».

Recordemos que antes de las elecciones del pasado 6 de junio, e incluso luego de conocerse los resultados, López Obrador ha venido criticando al INE y abogó incluso por la desaparición de las instituciones electorales que actúan de manera autónoma desde 1994.

Ante las presiones recibidas por el INE y el Tribunal Electoral, Vargas Valdez asegura que no teme que los dos organismos desaparezcan.

«La ciudadanía no lo permitiría. El marco constitucional nos da la protección. Hemos vivido momentos complejos y tensos. Creo que quien se cree su autonomía la tiene. No es que haya presiones es que hay quienes se dejan presionar. Quienes componen el INE o el Tribunal gozamos de la plena credibilidad para juzgar conforme a derecho», indicó el magistrado.

Vargas Valdez asegura que el tribunal es un «órgano imparcial» sin «filias ni fobias», y resaltó que México tiene un sistema electoral sólido, que es reconocido a nivel internacional.

El ministro se dijo «aliviado» de que el resultado de las elecciones no hayan dado a ningún partido, incluso junto a sus aliados, la mayoría necesaria para imponer reformas constitucionales.

«Hoy los escenarios están claros. Hay dos coaliciones fuertes, sabemos que no hay mayorías absolutas para promover una reforma constitucional y eso genera tranquilidad. Los partidos tienen la obligación de negociar para llegar a acuerdos parlamentarios que beneficien al país», destacó.

Sobre la consulta que se realizará el próximo 1 de agosto, para decidir si se enjuicia a los expresidentes del país por supuestos delitos, y que fue propuesta de López Obrador y Morena, Vargas Valdez dijo que no comulga con que se consulte lo obvio. «En este caso lo obvio es que si hubiera delitos que perseguir el Ministerio Público está obligado a perseguirlos», afirmó.

Respecto a las impugnaciones que tendrá que resolver, adelantó que el periodo más crítico será septiembre, octubre y mediados de noviembre, que es cuando se produce la homologación de los calendarios electorales de los estados. Destacó que los casos más delicados en cuanto a las impugnaciones se concentran en tres estados: Campeche, Michoacán y Aguascalientes porque las diferencias porcentuales de los votos están por debajo del 5%.

«En esos tres estados hay por tanto incentivos para judicializar el sistema electoral. En el resto de los estados las diferencias son tan amplias que las posibles anomalías no afectarán a los resultados ya estimados», aseguró el magistrado presidente  del TEPJF.

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el proceso de insaculación para designar a los interventores que se encargarán del proceso de liquidación de los tres partidos políticos que perderán su registro, luego de que no alcanzaran el 3% de la votación en las elecciones del pasado 6 de junio.

En su segundo intento, el Partido Encuentro Solidario (PES), antes Encuentro Social, es uno de los partidos que perderán su registro. Le acompañan Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México.

En sesión extraordinaria se llevó a cabo la insaculación, para que, de entre 68 especialistas, se seleccionara a los interventores que serán responsables del procedimiento de prevención y, en su caso, de liquidación de los partidos políticos.

Y aunque en primera instancia fue insaculado para el Partido Encuentro Solidario, Álvaro Martín Bardales Ramírez; para Redes Sociales Progresistas, Sergio Francisco Hermida Guerrero y para Fuerza por México, Samuel Ricardo Egure Lascano, el INE indicó que no se logró establecer contacto directo con ninguno de los tres interventores, por lo que se procedió con los siguientes especialistas hasta lograr la aceptación de Héctor Alberto Romero Fierro, para Encuentro Solidario; Gerardo Sierra Arrazola, para Redes Sociales Progresistas y José Gerardo Badín Cherit, para Fuerza por México.

De acuerdo con el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395 del Reglamento de Fiscalización, en la liquidación de los Partidos Políticos, los recursos con los que cuente cada instituto político en proceso de liquidación serán utilizados para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido; cubrir las obligaciones fiscales que correspondan; pagar las sanciones administrativas de carácter económico impuestas por el Instituto; atender otros compromisos contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores, y en caso de existir remanente, los recursos en cuentas bancarias serán transferidos a la Tesorería de la Federación y tratándose de bienes inmuebles, se llevarán a cabo los trámites para ser transferidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Y es que recordemos que dichos partidos, en PES en su segundo intento, solo tuvieron ocho meses de vida; sin embargo, representaron un costo para todos los mexicanos de 564.6 millones de pesos, recursos que fueron utilizados para actividades ordinarias y en especial para las campañas electorales de este proceso electoral.

Cada uno de los partidos que desaparecerán recibió en total 161.9 millones de pesos: 105 millones fueron destinados para actividades ordinarias; 31.5 millones para gastos de campaña; 17.5 millones para la franquicia postal; 4.7 millones para actividades específicas; 3.1 millones para el liderazgo político de las mujeres y 69 mil pesos para la franquicia telegráfica.

El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su intención de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el argumento de que si queda en manos de otra dependencia, se ‘echará a perder’, tal como ocurrió con la Policía Federal.

Recordaron que cuando López obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, no quería una corporación civil, quería una institución militar a cargo de los militares, que permitirán su uso irrestricto en tareas de seguridad pública; sin embargo, destacaron que en ese momento la oposición en el Congreso no lo permitió, y por el contrario, dieron voz a los colectivos de víctimas, y organizaciones que expusieron los riesgos de tener una organización militar a cargo de la seguridad pública.

Destacaron que la Guardia Nacional nació como una corporación de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo cual evitó que tuviera fuero militar.

Señalaron que la reforma de 2019 contempló un plan de desmilitarización para que las fuerzas armadas, es decir el Ejército y la Marina, continuaran haciendo labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, aunque de forma extraordinaria, acotada, fiscalizada y subordinada al poder civil.

Con el paso de los meses, señalan que López Obrador ha ignorado la Constitución y las obligaciones internacionales, al grado de que hoy la Guardia Nacional está formada en 80% por soldados y marinos, además de que más del 90% de los elementos desplegados en el país no están certificados como policías. Lamentaron que la capacitación, reclutamiento y mando de la Guardia Nacional están a cargo de la Sedena.

Enfatizaron que con el anuncio del pasado martes, López Obrador dejó claro que buscará una reforma constitucional que le permita concretar su plan original: entregar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, y con ello la seguridad pública.

Ante sus intenciones, exigieron a AMLO respetar la Constitución, y le recordaron que las leyes no pueden modificarse a discreción bajo una lógica reduccionista de construcción de mayorías, y con ello pasar por encima de los principios y obligaciones internacionales de que la seguridad pública debe estar en manos de civiles.

Pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a la brevedad las acciones de inconstitucionalidad y las controversias relacionadas con la participación militar en ámbitos que no les corresponden. Acotaron que se debe escuchar la voz de víctimas, organizaciones y expertos.

Finalmente, solicitaron a los líderes de los partidos políticos suscribir una «boleta civil de seguridad» para rechazar cualquier intento de reformar la Constitución. Les exigieron el cumplimiento de lo establecido en la reforma vigente de 2019, que señala un uso acotado de las fuerzas armadas, la construcción de una Guardia Nacional civil, y de cuerpos de seguridad locales civiles.

«Tanto quienes prometieron transformación, como quienes prometieron ser un freno de lo autoritario, tiene la oportunidad de demostrar que no todo eran promesas de campaña. El presidente ha mostrando su desprecio por la constitución, las víctimas y la evidencia».

Advirtieron que si la seguridad pública queda, desde la Constitución, en manos de militares, no habrá retorno en la vía civil: habrá fuero militar, opacidad y cuerpos militares que operen más allá del poder civil.

Diversas figuras públicas, principalmente del espectáculo y del deporte, aceptaron propuestas de los diferentes partidos políticos para buscar un puesto de elección popular. ¿Cómo les fue? Te presentamos los resultados:

Morena

  • Gabriela Goldsmith, actriz / Buscaba una diputación por el Distrito 22 del Estado de México / PERDIÓ
  • Enrique Garay, comentarista / Buscaba la presidencia municipal de Huixquilucan en el Estado de México / PERDIÓ
  • Sergio Mayer, actor / Buscaba su reelección en la Cámara de Diputados por el Distrito 6 de la CDMX / PERDIÓ
  • Geraldine Ponce, exreina de belleza / Buscaba la alcaldía de Tepic, Nayit / GANÓ

PRI

  • Patricio Zambrano, influencer / Buscaba una diputación local por el Distrito 3 en Nuevo León / PERDIÓ
  • Raúl Alcalá, exciclista / Buscaba una diputación por el Distrito 6 de Nuevo León / PERDIÓ
  • Arturo Carmona, actor / Buscaba una diputación por el Distrito 11 en Nuevo León / PERDIÓ
  • Fernando Lozano, conductor / Buscaba una diputación local por el Distrito 11 en Nuevo León / PERDIÓ
  • Zudikey Rodríguez, velocista / Buscaba la presidencia municipal de Valle de Bravo en el Estado de México / PERDIÓ
  • Ivonne Álvarez, exconductora / Buscaba una diputación local por el Distrito 1 de Nuevo León / GANÓ

PRD

  • Rocio Banquells, cantante / Buscaba una diputación por el Distrito 14 de la CDMX / GANÓ

PAN

  • Rommel Pacheco, clavadista / Buscaba una diputación por el Distrito 3 de Yucatán / GANÓ
  • Lupita Jones, exreina de belleza / Buscaba la gubernatura de Baja California / PERDIÓ

MC

  • Paquita la del Barrio, cantante / Buscaba una diputación local por el Distrito 8 de Veracruz / PERDIÓ

PVEM

  • Sugey Abrego, conductora / Buscaba una diputación local por el Distrito 17 en la CDMX / PERDIÓ
  • Ana María Romo, exreina de belleza / Buscaba la gubernatura de Zacatecas / PERDIÓ

RSP

  • Alfredo Adame, actor / Buscaba una diputación por el Distrito 14 de la CDMX / PERDIÓ
  • Héctor Hernández, cantante / Buscaba la alcaldía de Iztapalapa en la CDMX / PERDIÓ
  • Tinieblas Jr, luchador / Buscaba la alcaldía de Venustiano Carranza en la CDMX / PERDIÓ
  • Sandra González, luchadora / Buscaba una diputación por el Distrito 18 de la CDMX – PERDIÓ

PES

  • Ernesto D’Alessio, cantante / Buscaba una diputación local por el Distrito 4 de Nuevo León / PERIDÓ
  • Omar Zerón, comentarista / Buscaba una diputación por el Distrito 1 de Hidalgo / PERDIÓ
  • Adolfo Bautista, exfutbolista / Buscaba una diputación por el Distrito 11 en Jalisco / PERDIÓ
  • Amaury Ponce, exfutbolista / Buscaba una diputación por el Distrito 2 de Nayarit / PERDIÓ
  • Vicente Fernández Jr, cantante / Buscaba una diputación local por el Distrito 20 en Jalisco / PERDIÓ
  • Javier Cruz, exfutbolista / Buscaba una diputación por el Distrito 6 en Nuevo León / PERDIÓ
  • José Joel, cantante / Buscaba una diputación por el Distrito 5 de la CDMX / PERDIÓ