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Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, mejor conocido como el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.

Dicho recurso se interpuso, debido a que la autoridad electoral considera que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto crean condiciones que mermarían la autonomía del INE y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata.

Ademas, indicó que el ‘Plan B’ desequilibra el modelo de comunicación social vigente, lo que perjudicaría la equidad en las contiendas.

Recordó que la Constitución es clara al establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.

En ese sentido, dijo que  la reforma aprobada por Morena y aliados desconoce dichas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, omitiendo el derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.

En el recurso legal presentado, la autoridad electoral reclama diversas violaciones al proceso legislativo, al haberse aprobado el llamado ‘Plan B’ apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.

Refiriéndose a los diputados de Morena, el INE dijo que «en un evidente fraude a la ley», hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.

Recordemos que desde la semana pasada, el INE inició diálogos para informar los efectos que tendrá la reforma en las próximas elecciones del 2024. Presentó un informe sobre el impacto que tendrá la reforma electoral en la democracia del país.

Algunos de los efectos del ‘Plan B’ sería el retraso en el cómputo de los votos, se pondría en riesgo la organización de elecciones y se promovería la ausencia de funcionarios de casillas

Y es que por ejemplo, actualmente existen cinco vocales en cada una de las 300 Juntas Distritales y cada uno realiza diferentes funciones. Con la reforma se quedará un sólo vocal con todas las tareas; se reduciría el tiempo para la capacitación de los funcionarios; y habría riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito. 

El coordinador de las y los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que la minuta de la reforma electoral, el llamado “Plan B”, se enviará este miércoles a las Comisiones dictaminadoras de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado para su deliberación y, en su caso, aprobación.

El morenista señaló que pese a que existía la posibilidad de abordar el tema por la vía del ‘fast track’, se enviaría como siempre a las comisiones como se hace en todos los casos.

“Hay dos hipótesis que podríamos aplicar. Una de ellas es dispensar todos los trámites y mañana mismo votarlo para enviarlo al Ejecutivo como resulte la votación; sin embargo, en el Senado nunca hemos precipitado el procedimiento, siempre enviamos a las comisiones dictaminadoras, que son las que le imprimen el ritmo que consideran conveniente”, dijo.

Monreal señaló que «no hay prisa» en abordar el ‘Plan B’ de la reforma electoral. «No nos vamos a precipitar y vamos a actuar conforme a los procedimientos que establecen la Ley Orgánica y el Reglamento”, añadió.

Recordemos que fue a finales del 2022, cuando parte del ‘Plan B’ impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue aprobado por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados argumentando supuestos ahorros millonarios.

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral, el INE, inició diálogos para informar los efectos que tendrá la reforma en las próximas elecciones del 2024. La semana pasada se dio a conocer un informe sobre el impacto que tendrá la reforma electoral en la democracia del país.

Algunos de los efectos del ‘Plan B’ sería el retraso en el cómputo de los votos, se pondría en riesgo la organización de elecciones y se promovería la ausencia de funcionarios de casillas

Y es que por ejemplo, actualmente existen cinco vocales en cada una de las 300 Juntas Distritales y cada uno realiza diferentes funciones. Con la reforma se quedará un sólo vocal con todas las tareas; se reduciría el tiempo para la capacitación de los funcionarios; y habría riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito. 

Ante los riesgos que trae consigo el ‘Plan B’, la alianza ciudadana “Unidos”, convocó a una segunda concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 26 de febrero, para mostrar su inconformidad con la reforma electoral. Uno de los lemas será “Mi voto no se toca”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este lunes que el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, es un «racista» y un «farsante», esto como parte de las criticas que el mandatario ha hecho a raíz de las impugnaciones al llamado ‘Plan B’ electoral.

Dijo que Lorenzo Córdova «es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante». «También demuestra que los grados y los títulos no son sinónimo de cultura, porque él está doctorado y es un racista», añadió AMLO en su conferencia de prensa matutina.

La acusación de racismo hace referencia a una grabación de 2015 en la que Córdova se burla de la forma de comunicarse de un hombre indígena., algo que ha retomado en innumerables ocasiones en sus conferencias matutinas.

Y es que en los Últimos días, tanto Córdova como otros miembros del INE han alertado sobre el ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó el gobierno federal  que fue aprobado por Morena y aliados en Diputados en diciembre pasado.

El ‘Plan B’, entre otras cosas, reduce el presupuesto y la estructura del órgano electoral, lo que ha servido a las autoridades electorales a que hablen de un «colapso» del sistema en la elección presidencial de 2024.

Los consejeros del INE acusan que si se aplica la reforma, estaría en riesgo la realización de elecciones confiables y transparentes. Además, reduciría su plantilla laboral en un 85%, se eliminarían 300 juntas distritales y se afectaría la operación de módulos de atención que reciben a 120,000 ciudadanos al día.

Se espera que tanto el INE se sume a los partidos de oposición, quienes ya han impugnado el ‘Plan B ‘ de AMLO ante la Suprema Corte.

Ayer, durante la presentación de un libro que escribió junto al también consejero del INE, Ciro Murayama, Córdova Vianello llamó a la ciudadanía a promover amparos contra la reforma electoral.

“Este es el momento en que los ciudadanos, en lo individual o de manera colectiva, pueden, y creo deben, debemos presentar todos los recursos dentro de los cauces legales si queremos defender a la democracia”, señaló.

Córdova mencionó que los cambios impulsados señalan que se pretende destazar al órgano electoral.

«No sé si sea cierto o no lo de destazar al INE, pero leyendo la reforma, me queda claro que ese es el propósito», reflexionó.

López Obrador ha desestimado esas críticas al acusar que el INE es ostentoso y que ha avalado fraudes electorales anteriormente; el mandatario resume todo a la negativa de los consejeros electorales a ganar menos y hacer su trabajo con menos presupuesto.

El ‘Plan B’ incluye reformas a leyes con las que según el mandatario se pretenden ahorrar 3,500 millones de pesos, eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección, conocido como PREP.

Finalmente, López Obrador afirmó que una vez que Lorenzo Córdova deje el INE, no se convertirá en un perseguido político, tal como lo denunció el propio consejero presidente. “No tiene problema de nada», remató.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acompañado de diversos liderazgos del partido, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Informó que la acción presentada tiene que ver con las dos leyes que fueron modificadas: la relativa a propaganda gubernamental y la de responsabilidades administrativas.

Marko Cortés confió en la nueva presidencia de la Suprema Corte, encabezada por la ministra Norma Piña, y afirmó que se tiene una alta expectativa de que se haga valer la supremacía constitucional y se respete la Constitución.

Dijo no tener duda en que la Corte les dará la razón. “Lo que está queriendo hacer el presidente es querer ganar a la mala lo que ya no pudo ganar a la buena, en el 2018 el presidente gana con el 53%, pero ya en el 2021 toda la oposición en su conjunto sacó más votos que el propio gobierno del presidente y, por lo tanto, lo que tiene el presidente es miedo de que en el 2024 les vamos a ganar la presidencia de la República”, afirmó el dirigente panista.

Cortés Mendoza acusó que el presidente y Morena quieren a través del Plan B, que los servidores públicos puedan hacer difusión, contratar publicidad y no haya un órgano electoral como es el INE o Tribunal Electoral, que los sancione.

Señaló que el diputado federal y presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel, solicitará que las acciones y controversias presentadas sean atendidas de manera expedita por el máximo tribunal de justicia.

«Como ustedes saben tengo facultades de carácter constitucional como presidente de la Cámara de Diputados, para solicitarle a la SCJN que los asuntos en materia electoral sean tratados de manera prioritaria, así lo dice la Constitución, y voy a ejercer mis facultades constitucionales», dijo Creel Miranda quien formó parte de la comitiva panista que acudió a interponer la acción de inconstitucionalidad.

Precisó que la SCJN tiene ya listados varios asuntos relativos a la militarización. Confió en que suceda lo mismo con los asuntos de temas electorales porque dijo, es prioritario, ya que están a la vuelta los procesos electorales de Estado de México y Coahuila.

«Tienen que definir con mucha claridad que ya no aplica este plan B para esas dos elecciones», subrayó el diputado presidente.

En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, junto al coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentaron otra acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra del llamado «Plan B» de la reforma electoral.

Moreno Cárdenas explicó que las reformas impulsadas por el gobierno son una violación flagrante a la Constitución, y atentan contra el federalismo y la equidad. “Tenemos un gobierno autoritario que quiere ganar las elecciones a como dé lugar”, dijo el priísta.

Señaló que la acción de inconstitucionalidad en contra del «Plan B» de Morena se presentó porque “atenta contra la democracia de nuestro país y viola lo que las mexicanas y mexicanos por años hemos construido”.

Advirtió que la democracia no le pertenece a un partido o a un gobierno. «El PRI dará la batalla» para echar abajo el paquete de reformas en materia electoral que fueron aprobadas por Morena y sus aliados.

La acción de inconstitucionalidad que se presentó impugna la primera parte del “plan B”, en lo que se refiere a la Ley General de Comunicación Social.

Alejandro Moreno adelantó que después de que el partido presentó este recurso, en los próximos días se interpondrá el del Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados y, posteriormente, se habrán de presentar controversias constitucionales.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo no reservado, el proyecto de decreto que le fue devuelto ayer mismo por la Cámara de Senadores, relativo al llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena.

Con 269 votos a favor, 217 en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En lo particular, con 262 votos a favor, 217 en contra y ninguna abstención, el Pleno aprobó una reserva para eliminar un párrafo del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que decía:

“Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.

Esta fue la cláusula que generó polémica por avalar la transferencia de votos, y que fue señalada como un intento de dar ‘vida eterna’ a los aliados del partido en el poder. Al haberse aceptado la modificación, el dictamen regresó al Senado para su aval.

El dictamen avalado modifica el artículo 87 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a que cada partido es responsable del ejercicio libre de sus prerrogativas y presentará por sí mismo la comprobación correspondiente, esto aplica a los procesos en los que los partidos políticos vayan en coalición.

En tanto, las modificaciones al artículo 11, numerales 1 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan que ninguna persona puede registrarse como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, y tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales.

También se agrega que los partidos políticos deberán incluir la postulación de sus candidaturas a diputaciones, por ambos principios, al menos 25 postulaciones a personas pertenecientes a una comunidad indígena, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes.

En cuanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se adicionó el párrafo segundo del numeral uno, del artículo 6, a efecto de que la promoción que realicen los organismos electorales, en todo caso será objetiva, imparcial y con fines informativos, y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión ciudadana.

Adicional se señala que los artículos promocionales y utilitarios que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato, no podrán consistir en dádivas, la entrega o promesa de despensas, animales, tinacos, laminas, tarjetas, aparatos electrodomésticos, lentes, juguetes, cubetas, utensilios de cocina, útiles escolares y cosméticos.

Aquí se encontraba otro de los puntos que habían generado polémica. Se eliminó la disposición que proponía que al partido político nacional que no obtuviera, al menos, el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, se le cancelará registro, salvo que haya conservado como partido local, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas.

En votación separada, la Cámara de Diputados también aprobó en lo general y en lo particular con 265 votos a favor, 218 en contra, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de propaganda gubernamental.

Con ello, se aceptaron los cambios realizados por el Senado de la República, y el dictamen se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Luego de que la Cámara de Senadores avalara el ‘Plan B’ de la reforma electoral, con el cambio de transferencia de votos, clausula mejor conocida como de «vida eterna» para los partidos aliados al gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que si eso no se corrige en la Cámara de Diputados, no descartaría vetar la reforma electoral.

«La veto, aunque se invalide todo. Si hay contradicción, si es así, hay contradicción», dijo el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que en el dictamen que aprobó el Pleno del Senado, con la ayuda de Morena y aliados (PT-PVEM-PES), autoriza la distribución de votos entre partidos que sean integrantes de una coalición electoral.

Para que esto sea posible, los partidos deberán firmar un documento como parte de su alianza, que especifique qué porcentaje de votos contarán para cada partido. Esto surgió durante el debate del ‘Plan B’ electoral a propuesta de la bancada del Partido Verde.

Dicho cambio busca evitar que partidos pequeños, normalmente los aliados del partido en el poder, desaparezcan si no alcanzan el 3% de los sufragios en una elección federal.

Y además no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se está actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador”, refirió en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Ante estos señalamientos, el presidente dijo que podría recurrir a sus atribuciones, y si la Cámara de Diputados no revisaba y hacía los cambios necesarios, podría aplicar el veto a la reforma, pues insistió, «se trata de un asunto de principios».

«Muy contrario a lo que consideran mis adversarios. No soy cacique. Si lo considero, la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes», añadió el mandatario.

En ese sentido, dijo que no importaba que se «echara para atrás» la reforma electoral, con tal de que se revisara ese aspecto. Indicó que no tendría nada de malo que se lleve más tiempo en la aprobación del ‘Plan B’, esto porque el periodo ordinario de sesiones concluye este 15 de diciembre.

«La democracia en México es el pueblo, ya no es la oligarquía, entonces si pasa la ley, bien, sería bueno, ayuda, pero si no pasa, de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando, ¿o creen ustedes que será el grupo de Claudio X. González?”, cuestionó al finalizar su posicionamiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado esta mañana sobre si se prevé la expulsión de Ricardo Monreal de Morena, luego de haber votado en contra del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral.

«No, nada de purgas. Por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de qué somos estalinistas», enfatizó el mandatario.

Aseguró que en el movimiento que él encabeza, se tiene una ventaja «una dicha enorme», que es tener un pueblo muy politizado.

Fue en ese sentido donde dijo que aunque no contempla la expulsión del senador, el pueblo pone «a cada quien en su lugar».

«No hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, ni ninguna instancia de disciplina de un partido, decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano, porque hay un tribunal popular (el pueblo); ya la gente está más que consciente».

Añadió que aunque no se quiera aceptar la nueva realidad que hay, ya es otra cosa la que se vive en el país. Dijo que si en algo ha avanzado su gobierno, es en la creación de conciencia en la ciudadanía.

Insistió en que no pasa nada si un político toma una decisión, pues quién va a juzgar es el pueblo y la historia. «Es quien va a poner a cada quien en su sitio», remató.

Finalizó agradeciendo a los senadores que votaron a favor de la reforma a la ley electoral, que dijo, ayudará a que mejore el sistema electoral del país, aunque reconoció que los cambios no son los que se hubieran querido. Culpó al bloque conservador de oponerse a la reforma constitucional que había presentado.

El Pleno del Senado, con los votos de Morena y aludos, aprobó el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que el ‘Plan B’ reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Partidos Políticos; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tras poco más de 20 horas de sesión, se aprobó en lo general y particular con 68 a favor y 50 en contra el dictamen.

Ayer por la noche, el Pleno aprobó el dictamen en lo general, con 69 votos a favor y 53 en contra, y luego de las exposiciones a favor y en contra del proyecto, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, dio a conocer que se registraron mil 244 reservas, por lo que se procedió a su discusión en lo particular.

La mayoría de las reservas presentadas fueron por parte de la oposición, y casi todas desechadas. Llamó la atención que, sin leerlas y abordadas en paquete, Morena y sus aliados rechazaron las casi 300 reservas que presentó el senador Ricardo Monreal.

Las únicas reservas que se aceptaron fueron las presentadas por senadores de Morena, del PT, PVEM y PES, en donde se incluyó la llamada cláusula de vida eterna, la cual permite la transferencia de votos a los llamados «partidos satélites» para que no pierdan el registro, cuando no alcancen el 3% de la votación nacional.

Esto beneficiaría principalmente a los aliados del partido en el poder, en este caso de Morena, a quienes se les permitirá seguir con vida pese a carecer del apoyo ciudadano.

Los cambios contemplan la eliminación del Servicio Profesional Electoral, con lo que casi 2 mil trabajadores serían despedidos. La paridad de género en las candidaturas ahora será opcional y no obligatorio, resta facultades al INE para sancionar conductas de funcionarios públicos que vulneran la equidad de los comicios, además de que limita las facultades para sancionar a los partidos políticos y candidatos, a través de la cancelación de candidaturas por faltas graves.

Adicional, desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se elimina la Secretaría Ejecutiva del INE, entre otras instancias, y prohíbe al INE la creación de fideicomisos.

Pero, ¿qué más implica el ‘Plan B’ de Morena y del presidente López Obrador? En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores y exconsejero presidente del IFE sobre el ‘ABC’ de la reforma electoral.

Las y los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por la posible aprobación del llamado ‘Plan B ‘ de la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena impulsan.

Los consejeros advierten que en el dictamen que se discute este miércoles en el Senado, hay deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales, trastocarían profundamente el sistema electoral de México, además de que alertaron sobre el proceso legislativo que se lleva a cabo.

«La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática», leyó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En el pronunciamiento, los consejeros señalaron que, a pesar de que se ofreció en diversas ocasiones, el INE nunca fue consultado por el Congreso o el gobierno federal sobre los contenidos de dicha reforma.

Lamentaron que al Instituto no se le pidiera información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos.

Apuntó que tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo que les ha permitido garantizar los 330 procesos electorales federales y locales organizados desde 2014.

El pronunciamiento enlistó las deficiencias que a su juicio pondrían en peligro la operación de los procesos electorales (se reproducen íntegras):

  1. Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.
  2. El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito. Esas Juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.
  3. Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía.
  4. La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
  5. Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna.
  6. La reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas

Los consejeros advirtieron que la reforma que esta tarde se discute en el Senado, donde la oposición ha insistido en retirar los dictámenes, produciría un efecto «regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral».

«Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones», añadieron.

Aprovecharon el texto para adelantar que, en caso de ser aprobados los cambios que el gobierno federal propuso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas para defender elecciones libres y auténticas.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto Lopez, visitó este medio día el Senado de la República, donde se reunió con se reúne el presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal, así como con algunos senadores.

Monreal dijo que Adán Augusto manifestó el interés que tiene el ejecutivo federal de que el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral salga adelante.

«En este esfuerzo de colaboración y de coordinación entre los poderes el secretario de Gobernación vino a expresar con los legisladores el interés del Ejecutivo para que esta reforma prospere», indicó.

En una breve reunión con los medios de comunicación, Ricardo Monreal dijo que planteó al titular de Segob, 21  bloques de  inconstitucionalidad, que a su vez contemplan diversos artículos modificados por parte de los Diputados.
Monreal Ávila dijo que de los 21 bloques de inconstitucionalidades presentados, el secretario de Gobernación solo aceptó seis, por lo que 15 están pendientes de analizarse. Dijo que el funcionario federal se los ‘llevó’ para revisarlos.

Adán Augusto López ofreció revisar el resto de bloques que le fueron planteados, pese a que, dijo Monreal, esa es una tarea del Congreso.

«El secretario de gobernación ofreció revisar el resto de los paquetes. Aunque esto es facultad del Senado, tampoco somos entes aislados y reconocemos que este sistema de colaboración debe de prevalecer», añadió.

El senador afirmó que el titular de Gobernación fue amable y respetuoso en todo momento, y «simplemente escucho y se llevó» los planteamiento hechos.

Enlistó los planteamientos hechos, mencionado tres: los 21 bloque de inconstitucionales, el vicio en el procedimiento legislativo que hubo en la Cámara de Diputados, y el contenido de las normas que más preocupan y se deben corregir.

En ese sentido señaló que si en el Congreso no se subsanan dichos errores, se le darán elementos a la Suprema Corte para que pueda ser revisado el actuar del poder legislativo e incluso echar abajo los cambios que se buscan con la reforma electoral.

«Lo que yo le dije fue que si no cuidamos el contenido de las normas que estamos ahora intentando aprobar, se va a judicializar y la Corte nos puede enmendar la plana. Mejor nosotros hagamos con seriedad nuestro trabajo», sostuvo Monreal.

Adelantó que puede ser el próximo miércoles cuando el dictamen suba al Pleno, siempre y cuando en estos días las comisiones dictaminen y aprueben el proyecto.

Sobre si el PT, PVEM y PES apoyarían los cambios que se plantearon al secretario de Gobernación, Monreal Ávila dijo que su sus partidos aliados afirmaron que respaldarían y serían respetuosos de la nueva propuesta.

Luego de la reunión, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, encargadas de dictaminar el ‘Plan B’, entraron en actividades, sin embargo, esta última no reunión el quórum necesario para sesionar.

Sin embargo, eso no impidió que la comisión de Gobernación sesionara y en solo 30 minutos aprobaran el segundo dictamen. Se contó con 10 votos unánimes del oficialismo: 8 de Morena, 1 del PVEM y 1 del PES.

Pese a que fue aprobado en esta comisión, el dictamen no podrá pasar al Pleno del Senado hasta que sea avalado en la comisión de Estudios Legislativos Segunda.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, adelantó que se corregirán los errores e inconsistencias constitucionales con que fue aprobado el dictamen de reforma a la Ley Electoral, por lo que adelantó el proyecto se devolverá a la Cámara de Diputados.

Afirmó que cualquier reforma electoral debe contar con legitimidad social y subrayó que de no corregir los “errores delicados” de las minutas que envió la colegisladora “iría en detrimento de la calidad de la democracia”.

El aún morenista recordó que la mayoría de los cambios legales que se han aprobado en el Senado han tenido el consenso de las fuerzas políticas, por lo que confió, esta no será la excepción.

“A mí me gustaría eso, pero también es legal el que se aprueben con mayorías. Yo prefiero el consenso y por eso estamos intentando corregir omisiones o errores que se plasmaron en las leyes ordinarias”, señaló.

Monreal Ávila destacó que el hecho de que la Cámara de Senadores no les dispensara los trámites a las minutas puso en relieve dichas inconsistencias, las cuales tienen la obligación de corregir.

Detalló que no sólo se trata de dos o tres errores, sino que contiene más contradicciones constitucionales, por lo que elabora un documento para que se tome en cuenta en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

Ricardo Monreal advirtió que la reforma electoral se devolverá con cambios a la Cámara de Diputados y serán ellos quienes decidan si se allanan o insisten en su dictamen.

Ricardo Monreal también confió en que no se judicialice el proyecto, es decir, que se impugne ante instancias como la Suprema Corte, por lo que adelantó que trabajarán para hacer un documento “lo más aseado y escrupulosamente observante de la Constitución”.

El también aspirante a la candidatura presidencial afirmó que el llamado ‘Plan B’ del presidente López Obrador se trata de una reforma profunda, que definirá el futuro de México, por lo que la Cámara de Senadores la estudiará con cuidado.

Destacó que los diputados aprobaron modificaciones a alrededor de 457 artículos, “que creo merecen ser analizados por los senadores, en una discusión amplia, respetuosa, seria, con buen juicio y con ponderación”.

En este sentido, apuntó que entre otras inconsistencias constitucionales se encuentra la adición de una fracción a un artículo de la Ley de Partidos Políticos, que es la que más polémica ha causado debido a que se ha señalado que beneficia a los partidos aliados de Morena.

«Algunos puntos que merecen nuestra reflexión ya se han difundido en los medios de comunicación, como la obtención y pérdida del registro de partidos políticos o la llamada ‘cláusula de la vida eterna’, que es la transferencia de votos de un partido a otro cuando estos celebren coalición o candidatura común», sostuvo.

Este cambio propone que el partido nacional que no obtenga tres por ciento de los votos en la elección presidencial perderá su registro, “al menos que en 16 estados del país sí tenga el tres por ciento”.

Sin embargo, Monreal Ávila explicó que la Constitución dispone que si un partido político nacional, en la contienda presidencial o en la contienda federal, no logra tres por ciento de los votos, como consecuencia pierde el registro.

También mencionó que se debe revisar el tema de la composición del Servicio Profesional del INE, que reduce tanto el número de personal especializado como la capacidad técnica y logística de la institución.

«La iniciativa incluye otras disposiciones que podrían poner en riesgo el desarrollo del proceso electoral, ni tampoco cancelar facultades del órgano electoral para emitir normas y criterios, lo cual es consustancial a su labor y autonomía constitucional. También hay que evitar que algunos cambios de último minuto, que originalmente no fueron enviados por el presidente de la República, se alejen de los principios constitucionales», añadió el senador.

Luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera cuestionado sobre el tema, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que pedirá a las y los senadores eliminar puntos que benefician a sus partidos aliados, el PT y PVEM.

El morenista señaló que buscará que se elimine la determinación de que los partidos deban obtener el 3% de la votación en elecciones para mantener su registro, como está actualmente, pero al que se le añadió la opción de haber ganado en al menos 16 entidades federativas.

“En la Cámara de Diputados se aprobó lo que nosotros denominamos el ‘plan B’, que es la reforma a seis diferentes leyes, entre otras de manera sustantiva a la Ley General de Partidos Políticos, y ahí cometimos un yerro procedimental”, reconoció el coordinador de Morena.

Explicó que en las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 15, fracción cuarta, se agregaron dos renglones que no debían ir.

«Fue una reserva que quedó, no la habíamos originalmente propuesto, no quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciarlo, que, por lo que hace específicamente al artículo 15, fracción cuarta, hay dos renglones de este cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que, sin embargo, fueron votados”, explicó el diputado.

Recordó que, desde el pasado proceso electoral, esta determinación fue señalada por una fuerza política y ya hay una resolución; «es un tema inconstitucional y por eso lo queremos señalar abiertamente».

«Le estamos solicitando, buscar al presidente de la Mesa y al coordinador de la mayoría de nuestra Coalición, para que desde ahora adviertan. Reconocemos que esos dos últimos renglones no debían haberse incluido», dijo.

Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente fue cuestionado sobre este tema, y en un tono un tanto molesto, negó que eso fuera verdad. Pidió que el secretario de Gobernación acudiera a aclarar el tema, pues dijo, «hay mucha manipulación, mucha, mucha, mucha manipulación».

«Hay que ver también qué interpretación se les está dando y por qué lo hicieron, si es que lo hicieron. Esperar. Porque ya nada más falta que hasta en eso nos culpen, o sea, ya, ya sería el colmo (…) Y tiene que haber una explicación», señaló.

Incluso se lanzó contra el reportero que hizo el cuestionamiento, al que acusó de hacer un planteamiento con «jiribilla».

«Si fuese cómo tú lo planteas, es un asunto mínimo. Incluso te diría: si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, ¿sí?, porque nosotros somos verdaderamente demócratas, no somos falsarios (…) Entonces, esto se aclara. Y si es grave, yo ofrezco enviar otra iniciativa, para decir: eso yo no lo propuse, y se quita», remató.

Hoy por la mañana, en su conferencia de prensa, AMLO retomó el tema.

«El compañero tenia razón si hicieron cambios a la iniciativa que enviamos y Adán Augusto López va a explicar en qué consistieron esos cambios; ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos (…) cómo le llaman en el periodismo… el duende que hizo sus travesuras», sostuvo.

Aunque Mier Velasco había señalado que pediría el cambio a los legisladores de su partido en el Senado, el secretario de Gobernación dijo que el compromiso es que el dictamen regrese a la Cámara de Diputados para su corrección.

Y apuntó que el otro tema en que se cometió un «error» es que los partidos políticos puedan disponer de excedentes para el siguiente ejercicio fiscal.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a los Senadores para que no avalen las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral que fueron aprobadas esta madrigada en la Cámara de Diputados.

«Reconocemos a las y los Diputados que rechazaron primero la reforma constitucional, y luego los cambios a las leyes secundarias (…) actuaron en coherencia con la lucha que durante más de 30 años ha encabezado la ciudadanía, para evitar que sea el gobierno el que organice las elecciones», dijo la Coparmex a través de un comunicado.

Lamentaron que, pese a las expresiones ciudadanas, desde el Ejecutivo Federal y abusando de su mayoría parlamentaria, se optara por aprobar en fast track las reformas a las leyes secundarias, conocidas como el “Plan B” del gobierno, pues dijo que se vulneró al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s), así como al TEPJF.

«El llamado Plan B representa un amago en contra de la Democracia, y un desafío a los millones de ciudadanos que se manifestaron en todo el país; es una maniobra para desmantelar los organismos electorales y allanar el camino para elecciones con influencia  del gobierno. No es fruto del consenso, sino de una imposición», alertó la Coparmex.

La Confederación insistió en que no es la forma ni el momento para una reforma electoral que no tenga el consenso de todas las fuerzas políticas y el respaldo ciudadano.

Al respecto, el grupo parlamentario del PAN en el Senado indicó esta tarde que no permitirán que se atropelle el procedimiento legislativo para aprobar una reforma al marco legal electoral, que claramente debilita al árbitro electoral y a las instituciones democráticas.

Señalaron que no avalarán dispensas en el trámite del llamado  ‘Plan B’, por lo que solicitarán y vigilarán que la discusión de dicha iniciativa sea discutida en 2023. «Adelantamos nuestro voto en contra», indicaron los panistas.

En conferencia de prensa, el llamado grupo de contención, integrado por las bancadas del PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural, expresaron que se requerirá tiempo para analizar y discutir la iniciativa, algo que dijeron, no pasó en la Cámara de Diputados.

«Sin discusión, sin análisis, únicamente siguiendo una instrucción, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados han aprobado una propuesta que pasa por encima de la Constitución. No apoyaremos nada que violente nuestra democracia», dijo la bancada del PRI.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió esta mañana el llamado ‘Plan B’ en materia electoral que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, con el que buscaba concretar algunos de los cambios que proponía su reforma constitucional que fue desechada.

López Obrador presumió la aprobación que los diputados de Morena, PT y PVEM hicieron a la iniciativa que modifica un total de seis leyes secundarias.

«Es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE (Instituto Nacional Electoral)», expresó AMLO.

Horas antes de la aprobación del ‘Plan B’, la reforma constitucional en materia electoral, acusada de vulnerar la autonomía de las elecciones, no alcanzó los votos necesarios, ante eso, el presidente lanzó un reclamo.

«Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional, porque los partidos, el bloque conservador, no quieren que los ciudadanos elijan a los consejeros, también rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de lo más onerosos», criticó.

Desde la semana pasado, al reconocer el rechazo de la oposición, López Obrador adelantó que se presentaría una iniciativa para reformar las leyes secundarias. Ayer, el secretario de Gobernación se presentó en la Cámara de Diputados a presentar la propuesta, que solo necesitaba mayoría simple para avanzar y turnarse al Senado.

Tal como se había adelantado, esta mañana el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se presentó en Palacio Nacional para hablar de los detalles de la nueva iniciativa.

Aunque el presidente había dicho que eran cambios muy ‘acotados’ por la restricción de no modificar la Constitución, se indicó que con las reformas a las leyes secundarias se reduce en 3,500 millones de pesos el presupuesto del INE, alcanzando «ahorros» por un total de 5,000 millones de pesos al considerar organismos electorales locales y al TEPJF.

“Se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264, y todo esto ayuda a hacer más barata y económica la elección”, expuso Adán Augusto López.

El funcionario indicó que también “por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet».

Además, establece las bases para el voto electrónico y «por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral”.

Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.

El presidente retomó el tema, y dijo que con lo aprobado «se redujo el gasto del INE porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general se logró un ahorro como de tres mil 500 millones de pesos. Algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los 25 mil millones».

Ante el anuncio del bloque conservador, sobre impugnar las reformas aprobadas la madrugada de hoy, el presidente dijo que serán los ministros de la Corte los que van a decidir; «esto apenas comienza», remató.

Ante la derrota que sufrieron horas antes, al ser desechada la reforma electoral constitucional que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), legisladores de Morena y partidos aliados utilizaron su mayoría para aprobar, en lo general y en lo particular, las reformas a las leyes secundarias que ayer mismo presentó el gobierno al Congreso.

El proyecto de decreto, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue aprobado en lo general con 267 votos a favor, 221 en contra y cero abstenciones.

En tanto, en lo particular, el proyecto se aprobó con 267 votos a favor, 215 en contra y ninguna abstención.

En votación separada, el Pleno también avaló en lo general, con 267 votos en pro, 219 en contra y ninguna abstención, el proyecto de decreto relativo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En lo particular, el proyecto se aprobó con 261 votos a favor, 216 en contra y ninguna abstención. Ambos proyectos se enviaron al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Antes del debate en lo general y en lo particular de las iniciativas, los legisladores de la oposición: PAN, PRI, PRD y MC, se retiraron de la sesión, por lo que solo permanecieron los diputados de Morena, PT y PVEM.

Y es que se acusó que las reformas secundarias en materia electoral no eran más que un burdo intento de sabotaje al proceso electoral de 2024. El diputado del PAN, Jorge Triana, afirmó que Morena busca dejar inoperantes al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral para los próximos comicios.

Aseguró que el llamado ‘Plan B’ del gobierno federal obedecía a una instrucción por parte López Obrador. El diputado adelantó que impugnarán las reformas secundarias aprobadas.

«Ustedes ya no se pertenecen, ustedes pertenecen a la letrina de la historia por lo que pretenden hacer el día de hoy. Porque sus cargos duran solamente tres años, pero la vergüenza de dilapidar el futuro de México les va a durar toda la vida. Ustedes son los sepultureros de las reformas constitucionales de Andrés Manuel López Obrador, en su conciencia recargar lo que va a suceder el día el día de hoy”, manifestó.

A nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano, la diputada Amalia García afirmó que fue lamentable no haber tenido la oportunidad de conocer y analizar las dos iniciativas de reformas secundarias en materia electoral que la bancada de Morena presentó horas antes de su votación en el Pleno.

“Lamento, de verdad, no haber tenido la oportunidad, como es nuestro derecho en este poder Legislativo, de conocer, de analizar, de revisar las propuestas de reforma que se hacen y de poder participar en aquello que nos parece relevante, porque apenas este día se nos ha entregado”, indicó.

La legisladora llamó a las y los diputados a no darle facultades electorales a la Secretaría de Gobernación, toda vez que «sería un retroceso inaceptable».

Por su parte el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores del PRD afirmó que las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral sólo demostraban «el odio» del presidente al INE.

«Esta iniciativa no marca más que el odio de López Obrador al INE; no lo pudo destruir con su reforma constitucional, busca desmantelarlo, ahogarlo», sostuvo el legislador, quien lamentó que Morena y aliados «se sigan haciendo bolas para tener el control del árbitro electoral».

Como se preveía, Morena defendió que las reformas a las leyes secundarias no violaban la Constitución y, por el contrario, permitirán un ahorro de 3 mil millones de pesos (mdp).

«Les pido que estos dictámenes de seis leyes secundarias los votemos a favor porque han sido cuidadosamente elaborados. No tienen, se los aseguro, ninguna violación a la Constitución, y ellos (la oposición) que están anunciando que van a impugnar, que lo hagan, no van a ganar porque estas reformas secundarias están apegadas a la Constitución, son reformas administrativas que van a permitirle al Estado mexicano ahorrar 3 mil millones de pesos», externó el diputado Leonel Godoy Rangel.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reiteró que, en caso de que la oposición continúe negándose a votar a favor de la reforma electoral, optarán por un ‘Plan B’, que busca una democracia más eficiente y sin despilfarros.

Explicó que el ‘Plan B’ de Morena tiene la intención de aprobar una reforma a las leyes secundarias en materia electoral, a fin de evitar que las elecciones sigan costando tanto dinero al pueblo y para que el INE y los organismos locales tengan perfectamente definidas sus atribuciones sin que eso signifique un incremento en los costos, la operación, la organización ni en la capacitación.

“Queremos fortalecer al organismo electoral. Nos anima que no haya duplicidad de funciones, que no se resquebraje el sistema electoral mexicano y con ello que haya perfectamente una definición de las atribuciones del organismo ciudadanizado electoral a nivel nacional”, argumentó el legislador.

Acusó que la reforma electoral de 2013-2014 provocó un crecimiento exorbitante del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual ocasionó que el gasto operativo hoy sea de casi 13 mil millones de pesos y que el costo de los organismos operadores electorales en los estados cueste otros 13 mil millones de pesos.

Agregó que «‘ante el ojo del amo, engorda el caballo’ y de ahí se agarraron los consejeros para incrementarse los sueldos». Recriminó que más de 200 funcionarios del INE tienen salarios del doble de lo que gana el Presidente de la República, mientras que los consejeros ganan poco más de 400 mil pesos mensuales si le incorpora el aguinaldo, la doble prima vacacional y en algunos casos hasta un apoyo matrimonial.

A través de un video publicado en redes sociales, el morenista lamentó que Lorenzo Córdova Vianello, tras su nombramiento como presidente del INE, haya hecho lo contrario a lo que proponía a finales de diciembre de 2013, cuando analizó la minuta de la reforma constitucional electoral de 2013-2014.

«Qué pena que una vez que lo nombraron presidente hizo exactamente lo contrario a lo que él proponía en esa reflexión, en ese análisis que le hizo a la minuta de la reforma constitucional electoral del 2013-2014. Y no fue el único, lo acompañaron muchos consejeros o exconsejeros en esta reflexión y luego salieron a marchar y a decir que el INE no se toca», criticó.

Mier Velasco presentó el texto «Análisis de la reforma electoral. Observaciones a la minuta de reforma electoral», en el que el hoy consejero presidente del INE hizo una reflexión profunda sobre el costo de las elecciones en el país, así como diversas cuestiones de funcionamiento, tareas, atribuciones, etc.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la CÁmara de Diputados (Jucopo) leyó parte del análisis escrito por Lorenzo Córdova:

«La falta de claridad en la distribución de competencias creará duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales, incrementando el costo de los procesos electorales (…) Esto ocurre, por ejemplo, en temas como capacitación electoral, documentación e impresión de materiales electorales, designación de funcionarios de casillas, entre otros. Además, se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales de la atracción o delegación de funciones entre INE y órganos locales. Se requiere, por tanto, que la legislación determine con claridad los procedimientos administrativos que acompañarán a la delegación o atracción de funciones», leyó el legislador.