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El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que propondrá una consulta popular para que sea “el pueblo de México”, quien decida si las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por voto directo.

El legislador anunció que esta propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y sus aliados ayudarán; “seremos casi el 60 por ciento”.

Expresó que la ruta buscaría que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley.

Indicó que mediante este mecanismo, la gente podría decidir si las y los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial.

Y es que en línea con el discurso de Palacio Nacional, el morenista advirtió que hay un gran problema en el Poder Judicial, porque se dictan sentencias injustas o no hay sentencias; tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto como del fuero común, como en el fuero federal.

“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”.

Reiteró que en el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganan más que el presidente de la República, porque se ampararon.

“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los 11 ministros de la Corte”, dijo.

Enfatizó que existen privilegios, nepotismo, amiguismo, compadrazgo y promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera, sino “de los cuates”, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y, aún más, en los que tiene que ver con competencia económica o de carácter administrativo.

Mier Velazco denunció que las y los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición. Señaló que los privilegios que tienen las y los ministros responden a otros intereses, y no al anhelo de contar con un Poder Judicial que permita leyes eficaces y justas.  

En ese sentido, dijo que la propuesta de una reforma de fondo al Poder Judicial no es arbitraria ni una ocurrencia, sino consecuencia de los graves problemas que padecen los mexicanos en materia de administración de justicia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó esta mañana un documento que difundió el coordinador de Morena en el Senado, donde se exponen los “40 privilegios” de los que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado (…) para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado plan B”, dijo el mandatario.

Y es que explicó que el llamado ‘Plan B’ que invalidaron los ministros era en esencia bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución.

“Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos?, que también ganan más que el presidente. Entonces, era defender sus intereses”, recriminó el mandatario.

Proyectó el documento, donde se exponen las prestaciones con que cuentan los ministros de la Corte, que él y Morena han llamado “privilegios”.

Te presentamos los 40 puntos que componen el documento que Morena ha circulado:

  1. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de $297,403.77 mensuales.
  2. Aguinaldos exagerados de $586,092.53, que representan 40 días de sueldo.
  3. Primas vacacionales de $95,474.68, que representan 10 días de sueldo.
  4. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por $723,690.24 anuales.
  5. Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.
  6. Presupuesto de $5’540,930 mensuales para contratar personal.
  7. Dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de $6’000,000, que se renuevan cada dos años.
  8. Pago por riesgo de más de $640,372 al año.
  9. Apoyos para gasolina por $22,000 mensuales.
  10. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.
  11. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio se Protección Federal (SSPC).
  12. Seguros para autos y casa habitación.
  13. Las y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite.
  14. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.
  15. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
  16. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.
  17. Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
  18. Tres equipos de cómputo e impresión.
  19. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y/o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.
  20. Tres iPads con servicio de Internet ilimitado.
  21. Papelería personalizada.
  22. Computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagado por la SCJN.
  23. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.
  24. Si así lo solicitan, también pueden instalar video vigilancia en sus casas con cargo al erario público.
  25. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por $30’000,000 en adelante.
  26. Disponen de $188,099 al año para compra de medicamentos
  27. Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
  28. Seguro de vida institucional por $12’000,000.
  29. Pago por defunción de $1’189,615.
  30. Ayuda para gastos funerales de $30,000.
  31. Apoyos económicos para lentes por $3,100 para ministros, cónyuge e hijos.
  32. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.
  33. Al retirarse, también tienen derecho a un haber de retiro.
  34. En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.
  35. La SCJN les paga a dos “personas de apoyo” para estar a su servicio en la jubilación.
  36. Seguro de separación individualizado de aproximadamente $20’000,000 al final de sus 15 años de servicio.
  37. Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.
  38. Un estímulo por antigüedad de $1,000 anuales.
  39. Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por $20’149,765,377, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.
  40. Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de $73,723,020,424 para el año 2022.

Para hacer una comparación de lo que tiene el Poder Judicial para sus prestaciones, que son casi 74 mil millones de pesos, López Obrador dijo la presidencia ejerció el año pasado ejerció 500 millones de pesos.

Además, insistió en que los ministros de la Corte “representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo; al contrario, es en contra del pueblo, para eso están. Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo, algo significativo”, preguntó el mandatario.

Insistió que hace falta una reforma de fondo al Poder Judicial, “y lo mejor es que lo haga el pueblo”. “Tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada”.

Dijo que el discurso será ahora que ‘la Suprema Corte no se toca’, y apuntó que los ministros de la Corte en México, ganan más que los ministros de los poderes judiciales en otros países.

Finalizó confiando en que que el movimiento de transformación, triunfe en las elecciones del próximo año, lo que les permitiría tener mayoría calificada en la Cámara y que así se puedan hacer reformas a la Constitución, entre ellas, la del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que se requiere una reforma al Poder Judicial, esto luego de haber sido uno de los pocos morenistas en reconocer y aceptar la resolución de la Corte de invalidar el llamada ‘Plan B’ de la Reforma electoral de AMLO.

El senador sorprendió al señalar que aunque la división de poderes es sana para la República, no se pueden “cerrar los ojos” ante el déficit de justicia en México y los privilegios de los que gozan jueces y ministros, adoptando así el discurso crítico del presidente López Obrador hacia la Corte.

Monreal Ávila presentó un listado de 40 “privilegios” que dijo, cuentan las y los ministros. El senador sostuvo que “tenemos el derecho de escudriñar la calidad y la autoridad moral de los jueces y los ministros”.

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Ricardo Monreal hizo un llamado a la mesura a quienes aplauden con exceso la resolución de la Corte, y que protegen a una “casta de privilegiados que se ha instalado en el Poder Judicial”.

“Deben de actuar con prudencia y ecuanimidad porque en la Corte está instalada una casta con privilegios”, apuntó Monreal Ávila.

El legislador insistió en que cree en la división de poderes; sin embargo, enfatizó que no se puede permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya al Poder Legislativo; “eso no lo podemos admitir”, porque las facultades de control legislativo que ejerció son indebidas.

En ese sentido, señaló que la mayoría legislativa considera que hay intereses que presionan a la cúpula de la SCJN para tomar decisiones. Y en línea con lo que ha expuesto el presidente, dijo que “tenemos confianza en que en el 2024 podamos instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México”.

Monreal adelantó que propondrá diversas iniciativas, como que la presidenta de la Suprema Corte deje de presidir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). También propondrá que la Defensoría de Oficio sea un ente autónomo, pues no debería estar a cargo de la Corte.

También afirmó que la selección de ministros debería ser operada con otro sistema para evitar la cooptación.

El también aspirante a la candidatura presidencial de Morena remató señalando que la diferencia entre la mayoría legislativa y el bloque opositor, dijo, es que Morena y aliados están a favor de la austeridad, mientras que a la oposición le gustaría contar con los beneficios de las y los magistrados; “no sé porque les aplauden a personajes que no son un ejemplo de virtud moral, republicana y de austeridad”.

En línea con lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que su partido impulsará que el pueblo de México sea quien, de manera soberana, elija a los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El morenista adelantó que también se hará una revisión para perfeccionar al Poder Judicial, a fin de evitar “todas esas distorsiones”, como la invalidación de la primera parte de las reformas en materia electoral, el llamado “Plan B”.

“Que sea el pueblo, de manera soberana, como era antes de la Constitución del 57, que se elijan por parte del pueblo los ministros de la Corte y no a sugerencia de uno de los poderes que fue electo democráticamente: el Ejecutivo, y luego en la Cámara de Diputados ratificado”.

Tras reunirse con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el diputado señaló que el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no tiene la representatividad del pueblo.

“Yo estoy completamente en desacuerdo con los procedimientos restrictivos que tiene la Suprema Corte, pero los respeto porque son los procedimientos que ellos se impusieron, que ellos están establecidos en su ley”, aseveró.

Explicó que se planteará una propuesta para perfeccionar al Poder Judicial; “la vamos a presentar como una oferta al pueblo de México, de consistencia política, de congruencia”.

Y es que dijo, “algo anda mal” en el Poder Judicial, pues rechazó que la Cámara de Diputados violentara el debido proceso legislativo durante la primera parte del “Plan B” como lo señaló la Suprema Corte en su resolución.

Insistió en que la SCJN violentó la soberanía del Poder Legislativo; sin embargo, aclaró que van a acatar la sentencia porque es la última instancia.

Quien también se posicionó sobre el tema, fue el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, quien lamentó que la Suprema Corte haya determinado invalidar la primera parte de la reforma electoral.

“Lamentamos profundamente este precedente que está sentando la SCJN al resolver sólo por encimita y dejando clara una intromisión al Poder Legislativo, en donde, desde la Cámara de Diputados sentimos como violatorio el poder juzgar y sancionar una práctica parlamentaria de hace muchos años”, aseveró.

Cuestionó que la oposición haya impugnado esta reforma, cuando la práctica parlamentaria de avalar reformas legales con dispensas de trámite se ha utilizado durante mucho tiempo. ” Hay un refrán en el Estado de México que dice que a puñaladas iguales, llorar es cobardía”.

“Con el PRI y con el PAN cuántas reformas y reformas constitucionales, ya no digamos legales, se han hecho con la dispensa de trámite y han sido materia legal y vigente, incluso de las discusiones más trascendentales en los últimos años en nuestro país, como los temas energéticos, del Sistema Eléctrico Nacional y que hoy muchas inversiones extranjeras se apegaban y se acogían a esa reforma energética que aprobamos con las dispensas de todos los trámites y hasta de sede”, señaló.

Sostuvo que se está ignorando la decisión de una mayoría parlamentaria, que llegó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por un voto directo de la ciudadanía, a diferencia de los juzgadores que llegaron a través de un voto de elección mediante aquellos que fueron electos y que hoy les quitan la posibilidad de cumplir con su obligación de legislar.

El diputado del PVEM apuntó que si las y los ministros de la SCJN encuentran la inconstitucionalidad en los temas que legislan, adelante, que falle, pero rechazó que se echen para abajo las reformas nada más porque no se cumplió esa exhaustividad en el proceso parlamentario, de lo contrario, se deberán invalidar todas las leyes a las que se les ha dispensado los trámites.

Respaldó la propuesta del Presidente de la República de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean electos en comicios generales abiertos a la población.

Finalmente, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, calificó de golpista la resolución de la Suprema Corte. Señaló que la decisión de la SCJN obedece a cuestiones políticas y no jurídicas.

“Le hacen la tarea a la inútil oposición, que no sirve para nada. Como no tienen mayoría, ni forma de ganar las elecciones, requieren de algo que los saque a flote y ese algo es lo que queda del poder conservador, del poder corrupto en absoluta descomposición”, sostuvo.

Pero, ¿ya hay un ‘Plan C’ en materia electoral por parte de Morena y el gobierno federal? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ciro Murayama, economista y ex consejero del INE, sobre las reacciones que ha generado la invalidez del ‘Plan B’ y el discurso y acciones que ha anunciando el mandatario.

Si algo hemos visto en estos más de cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que cuando anuncia que quiere algo, hace hasta lo imposible por lograrlo. No importa si esto implique cometer un crimen contra la lógica.

Lo vimos con la cancelación del NAIM. El aeropuerto de Texcoco ya llevaba millones de dólares invertidos en su construcción y su cancelación costaría millones más. López Obrador era apenas presidente electo y nada de esto le impidió armar una consulta a modo que concluyó con la cancelación del aeropuerto. La sensatez y el sentido común apuntaba en una dirección y eso hacía pensar que sería el camino que tomaría AMLO. Imperó la amenaza de destruir todo lo que tuviera que ver con el pasado. El NAIM fue cancelado.

Lo vimos también con el avión presidencial. Algunos pensaban que su amenaza de volar en líneas comerciales y de vender el avión que AMLO decía mañosamente que “no tiene ni Obama” era una simple estrategia política. No fue así. Intentó todo con tal de cumplir con la venta del avión. Al final optó por rematarlo, pero cumplió.

Ahora, ante el tremendo revés de la Suprema Corte en la que nueve ministros declararon inconstitucional las modificaciones a las leyes electorales mejor conocidas como ‘Plan B’ porque el legislativo no cumplió con el debido proceso cuando las aprobó, el presidente no va a ser el político que reflexione como lograr un mejor diálogo con la oposición o cómo tejer lazos con el legislativo.

No. La nueva cruzada del presidente ya quedó clara desde unos minutos después de que se conociera el fallo de la Corte. El Plan C es lograr la mayoría calificada en el legislativo en las elecciones del 2024.

Ayer en su conferencia mañanera López Obrador llamó al pueblo a votar por la mayoría absoluta en el congreso para lograr que en septiembre del 2024 se apruebe una reforma al Poder Judicial. Ahora, dice López Obrador, quiere que sea el pueblo quien los elija.

Es una nueva estrategia política porque actualmente los ministros de la Corte se eligen de una terna nombrada por el ejecutivo y ratificada por el Senado para asegurar los contrapesos. Es una insensatez lo que propone el presidente ya que, entre otras cosas, implicaría que quienes quisieran integrarse a la corte hicieran campaña para ganar el voto ciudadano.

Pero aun siendo una insensatez, es una amenaza que se debe escuchar como seria viniendo del presidente López Obrador.

¿Lo hará la oposición? Hasta ahora vemos a los liderazgos del PAN y PRI, a Marko Cortes y Alejandro Moreno, más preocupados por mantener sus cotos de poder que en trabajar por presentar propuestas atractivas para la ciudadanía y en desnudar las estrategias políticas del presidente por su insensatez.

La Corte ha hecho su trabajo con la votación de esta semana por salvaguardar la democracia. La ciudadanía también, al salir a las calles. Es el turno de la oposición de tomarse en serio la nueva cruzada del presidente.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el próximo año enviará una iniciativa de reforma constitucional para que sean los ciudadanos quienes elijan de forma directa a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, expuso el mandatario.

Su anunció se producen después de que la SCJN invalidara ayer la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral, al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

En ese sentido, el presidente detalló que enviará la propuesta en septiembre de 2024, antes de dejar el gobierno, pero tras las elecciones del próximo año en las que se renovará el Congreso y en las que confía los partidos que integran la autollamada Cuarta Transformación se haga de las dos terceras partes necesarias del Legislativo para reformar la Constitución.

“Esa mafia solo el pueblo (puede enfrentarla), solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma”, argumentó AMLO.

López Obrador denunció que el Poder Judicial está en crisis porque los antiguos gobiernos, emanados de las filas del PRI y del PAN, se repartieron los espacios en la Corte.

“Que los elija el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”, indicó.

Tal como lo ha venido señalando desde tiempo atrás, insistió en que el Poder Judicial “está podrido”. “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa”, expresó el mandatario.

Y es que recordemos que con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó el primer paquete de las reformas, específicamente la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del ‘Plan B’.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.
El presidente acusó a los ministros de la Corte de estar al “servicio del bloque conservador, que es sinónimo de una pandilla de rufianes, muy corruptos”.

“En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros”, remató.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre la decisión de la Corte y sus implicaciones.

Movimiento Ciudadano celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La bancada del partido naranja señaló que se hizo valer el recurso que presentaron, sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el contenido del decreto.

“En la bancada reconocemos a las y los ministros que se manifestaron por hacer valer la Constitución, y refrendamos nuestra confianza en la Suprema Corte como contrapeso para dignificar la división de poderes. Una vez más, demostró su independencia al Poder Ejecutivo pese a los ataques injustificados en su contra”, señalaron los legisladores de MC.

Recordaron que durante el proceso legislativo, la mayoría no permitió condiciones para realizar un debate informado del contenido, pues la iniciativa no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria previo, se publicaron dos iniciativas con menos de una hora de diferencia y no hubo certeza sobre cuál se sometió a votación.

“En Movimiento Ciudadano advertimos desde el primer momento la inconstitucionalidad del contenido de la reforma electoral constitucional y del Plan B, y de manera congruente rechazamos ambas propuestas al tratarse de un retroceso para nuestras instituciones democráticas. Ante las violaciones sistemáticas del régimen, seguiremos alzando la voz y denunciando sus excesos”, añadieron las y los diputados de MC.

Por su pate la bancada del PRD saludó el fallo de la Suprema Corte, afirmando que con la decisión de los ministros, se da a la oposición fundamento a favor respecto a que se trató de un proceso legislativo “fast track”, violatorio no sólo de las normas que rigen al Congreso de la Unión, sino de la Constitución misma.

Al igual que MC, recordaron que la dirigencia del partido presentó en marzo pasado las acciones de inconstitucionalidad respectivas.

“Las y los ministros de la Corte mandan un mensaje contundente a Morena y sus aliados en el Congreso para que entiendan que, no por tener la mayoría, pueden pasar por encima de la ley ni violar el procedimiento legislativo cada vez que les urge pasar iniciativas que les ordena el Ejecutivo”, indicaron los diputados.

Al reiterar su respaldo a la Ministra Presidenta Norma Piña y los ministros y ministras, llamaron a la Presidencia de la República, a su Consejería Jurídica, y todos los entes políticos afines a la llamada Cuarta Transformación, a frenar los ataques y presiones hacia la Corte.

La bancada del PRD confió en que la segunda parte del llamado ‘Plan B’ electoral correrá la misma suerte que la primera, considerando los argumentos que presentó el ministro Laynez para dar su voto y que habría de presentar en las próximos dos semanas al Pleno de la Corte ante la proximidad del proceso electoral de 2024.

En tanto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se reunió al reconocimiento de la decisión de la Suprema Corte de rechazar la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor sostuvo que defender la democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país.

Los senadores del PRI señalaron que la decisión de la SCJN reitera la ruptura del orden interno en el Congreso, la violación de los procedimientos legislativos y la precipitación en los trámites, que no forman parte de la democracia, a pesar del bloque oficialista.

Enfatizaron en que una mayoría oficial tiene derechos, pero también obligaciones, y una de ellas es respetar las reglas democráticas que el Congreso se ha dado a lo largo de los años.

Señalaron que la decisión de la Corte es un antecedente para las impugnaciones que se presentarán por la aprobación de 20decretos hechos por Morena y aliados en la llamada “noche negra”.

Acción Nacional aseguró por su parte que con la decisión de los ministros y ministras de la Corte, ganó la democracia en el país. Acusó que Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones, tanto constitucionales como del proceso legislativo, con tal de aprobar el capricho presidencial. 

“Este gobierno y Morena quedan exhibidos por su obsesión de destruir a las instituciones y nuestra democracia”, dijo la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. “Hoy suman un nuevo revés de la Corte al declarar inconstitucional la primera parte del lamentable Plan B. Nuestro reconocimiento a las y los ministros por su actuar democrático y con apego a la división de poderes”, añadieron.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Plural en el Senado, celebraron que la SCJN rechazara la primera parte del “destructivo” ‘Plan B’ en materia electoral del gobierno federal.

“La Corte ejerce su papel de contrapeso constitucional democrático. Como @gpplural lo celebramos. La mayoría legislativa no es sinónimo de agandalle para violar la Constitución”, enfatizaron los senadores.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre si habrá ‘Plan C’ de Morena y el Gobierno federal, tras la decisión de la Suprema Corte de declarar la invalidez del primer paquete de reformas en materia electoral recién aprobado por el Congreso.

Luego de que la Suprema Corte decidiera invalidad el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) diversos liderazgos, funcionarios y partidarios de la 4T externaron su rechazo.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que con la decisión adoptada hoy, los ministros de la Suprema Corte decidieron seguir protegiendo intereses particulares.

“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”, dijo el funcionario, uno de las llamadas corcholatas del presidente rumbo a la elección presidencial de 2024.

El titular de SEGOB dijo que la actuación de la Corte impide que el pueblo mexicano recupere la confianza en las instituciones, y llamó a ayudar con el ‘Plan C’, recordando lo expuesto por López Obrador: voto masivo por Morena en las urnas.

Por su parte el dirigente nacional de Morena, Mario Delado, acusó que la anulación de la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral es un claro atentado contra la división de poderes, pues recordó que las y los legisladores que aprobaron esas reformas, son representantes populares.

“Esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia, sin despilfarro; no a los intereses de una minoría”.

Remató lamentando la decisión de los ministros de la Corte, calificándola como “desafortunada”.

Por su parte el senador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no era de extrañarse que la decisión de la Corte se diera en el sentido de invalidarla, pues dijo, desde su proceso legislativo él advirtió que no se siguió el debido proceso.

Recordó que él presentó un voto particular en su momento, pues no estuvo de acuerdo con la forma en que se aprobó.

La senadora de Morena, y actual secretaria general del partido, Citlalli Hernández, lamentó que los ministros de la Corte no hayan discutido el fondo del contenido de las reformas y se quedaran en la forma, donde dijo, alegaron fallas en el procedimiento legislativo.

“Los promoventes (de la acción de inconstitucionalidad) fueron diputados del MCPRIAN. Si no quieren legislar y van a llevar todo a la Corte, que ya no se les vote como legisladores”, lanzó la morenista.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que la resolución de la SCJN es un “atropello al Poder Legislativo”.

“Incongruencia y miopía jurídica de ministros que invocaron principios de democracia y representación popular, pero votan un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el Pueblo de México”, acusó el diputado.

Remató señalando que el actuar de la Suprema Corte “impone un gobierno de los jueces y convierte al Poder Judicial en activistas políticos”.

Sin embargo, hay que recordar que los ministros determinaron la invalidez de las reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, por violaciones al procedimiento legislativo, particularmente, al principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la primera parte de la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mejor conocida como el “Plan B”, que Morena y aliados aprobaron en el Congreso.

Este llamado ‘Plan B’ ha sido señalado por la oposición y expertos en la materia, de atentar contra la democracia y de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales del próximo año.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó las reformas de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los votos a favor del proyecto fueron de los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron quienes votaron en contra del proyecto. Las dos figuras más cercanas a Morena y al gobierno federal.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.

Además, el Instituto Nacional de Electoral (INE) aún con Lorenzo Córdova al frente, denunció que dichas reformas “merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Pese al fallo, la decisión de la Suprema Corte no se basó en el fondo de la reforma, sino en la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución, que establecen “el principio de deliberación informada y democrática”.

“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara”, indicó el proyecto que estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán.

Es decir, el rechazo se produjo no por el contenido o los cambios aprobados, sino porque los legisladores que la aprobaron violaron el proceso durante su aprobación en las Cámaras del Congreso.

En tanto, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, coincidió en que “se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse, además no tuvieron tiempo para examinarla previo a la deliberación derivado a que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida”.

Este es el primer revés del “Plan B” de López Obrador en la Corte, el cual llegó luego del fracasó de la su iniciativa constitucional que el mandatario envió al Congreso, con el que buscaba “transformar” al INE.

La Suprema Corte aún debe analizar el resto de las impugnaciones que la oposición y el INE han realizado contra el “Plan B”.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que así como quiso desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere que los migrantes mexicanos voten en las próximas elecciones, porque mediante el llamado ‘Plan B’ de su reforma electoral, que se encuentra suspendido por la Corte, quiere acortar los plazos de registro de los posibles votantes.

El panista destacó que los migrantes no solo deben ser relevantes para México por las remesas que envían a sus familiares, sino que también debe destacarse su participación política, porque en el 2024 podrán votar para cambiar el rumbo de México.

Por eso, convocó a las y los mexicanos que radican en el extranjero a participar activamente en las decisiones políticas del país.

Cortés Mendoza confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en breve declare la inconstitucionalidad del ‘Plan B’. Celebró que afortunadamente el jefe del Ejecutivo no tiene el control del Poder Judicial.

El dirigente del PAN lamentó que el Poder Legislativo no esté en la misma situación, ya que dijo, el presidente López Obrador mantiene control de una mayoría simple que aprueba sus reformas a capricho y sin cumplir con los procedimientos parlamentarios que marca la ley.

Destacó que en estos momentos el gobierno mantiene inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), porque “es el presidente más opaco en la historia”.

De igual manera, denunció que aunque AMLO “se envuelve en la bandera de la pobreza, hoy se reportan 4 millones más de pobres en lo que va del sexenio; también se envuelve en la bandera del combate a la corrupción, pero no persigue ni sanciona a su círculo cercano”.

El líder panista alertó que además de la pobreza, corrupción, delincuencia organizada, hoy México vive una creciente militarización de la vida pública.

“No solo es la militarización de la seguridad, no, lo más peligroso que está ocurriendo en México es la militarización de la función pública. Hoy los militares son los responsables de las aduanas, de los puertos y de los aeropuertos; los militares están construyendo las obras del presidente, incluido el aeropuerto de Santa Lucía y esto es algo que preocupa mucho porque es una relación que puede llegar a ser perniciosa, sumamente peligrosa, de complicidad”, concluyó.

De manera sorpresiva, y luego de su reinstalación en el cargo tras la entrada en vigor del ‘Plan B’ de la reforma electoral, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, dio a conocer su renuncia.

En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo detalló que dejará el INE a partir del próximo 3 de abril, fecha en que también concluye el periodo de cuatro consejeros, incluido el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“La notoriedad que, sin buscar, he adquirido, constituye un impedimento, desde mi punto de vista, para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva”, dijo Jacobo Molina.

Precisó que su salida del puesto se debe a las presiones que ha recibido por el conocido como Plan B de reforma de la normativa electoral, ya que tuvo que salir al paso de las críticas y defender la medida, lo que
llevó a una serie de ataques en su contra.

Y es que recordemos que el ‘Plan B’, contra el cual la Suprema Corte otorgó una suspensión, contemplaba
compactar áreas del INE, reducir órganos distritales y poner un tope al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que el presidente.

Apenas ayer, el presidente López Obrador se lanzó contra Edmundo Jacobo, a quien exhibió por haberse amparado para, según él, seguir recibiendo un alto salario.

“Este (Edmundo Jacobo) que se amparó bajo la máxima de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, Edmundo Jacobo, 30 años ahí, imagínense cuánta experiencia.

En ocasiones anteriores, el mandatario ya había criticado al aún secretario ejecutivo del INE.

En una de sus conferencias a inicios de mes, el presidente dijo que el fallo del Tribunal Electoral para reinstalar a Jacobo Molina en su cargo, dejaba de manifiesto, “una vez más es que son muy ambiciosos, sobre todo este señor que estuvo ahí 30 años, 14, 15 años ganando un dineral”.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó suspender los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos para la implementación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión provisional contra todos los artículos del proyecto impulsado por el presidente López Obrador.

El Instituto ordenó a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como a los órganos desconcentrados locales y distritales, aplicar las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del Decreto del ‘Plan B’.

Recordemos que el pasado 2 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que se suspende hasta en tanto la Suprema Corte resuelva en definitiva la controversia constitucional.

Recordó que debido a que el Instituto se rige por la legalidad y, por ello, acordó en sesión de Consejo General realizada el 3 de marzo, el día de la entrada en vigor de la reforma, el inicio de los trabajos de dichas modificaciones legales que mandató el Poder Legislativo.

“Dado que el proyecto del Ministro Laynez establece la suspensión de todo el paquete de reformas como fue solicitado por la autoridad electoral en la controversia interpuesta y retrotrajo el estado de cosas jurídico al orden legal vigente antes de la entrada en vigor de la mencionada reforma, es menester en acatamiento, en consecuencia con dicha resolución tomar una serie de determinaciones”, indicó Córdova.

Dijo que se trata de una resolución que pone en pausa, mientras dure la suspensión mencionada, las actividades de instrumentación de la reforma y establece con claridad en atención a los principios de legalidad y de certeza jurídica las normas a las que personal de este Instituto está ceñido en su actuación.

Como parte de los acuerdos, se suspendió la ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma del Comité Técnico para la implementación del ‘Plan B’ que se había creado para la implementación.

La Consejera Dania Ravel dijo que hasta en tanto no se resuelva el fondo de la controversia constitucional que se presentó, no deberán aplicarse las disposiciones del Decreto del ‘Plan B’, lo que deja a salvo los derechos laborales de las personas que trabajan en el INE.

Señaló que también se seguirá operando con los órganos locales y desconcentrados en los términos en que se venía haciendo, lo que finalmente redunda en una adecuada atención a la ciudadanía y la garantía de sus derechos electorales.

Pero, ¿la suspensión del ‘Plan B’ de la reforma electoral es un triunfo para la democracia? Y es que aunque la Suprema Corte otorgó la suspensión, Morena avanza en su intención de controlar el INE mediante la designación de consejeros afines a la 4T.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Sergio López Ayllón, profesor-investigador del CIDE, sobre el tema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “excederse” en sus funciones, tras frenar el viernes pasado el “Plan B” de la reforma electoral que impulsó.

“Este ministro (de la SCJN) se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, acusó el mandatario..

López Obrador criticó al ministro Javier Laynez, quien el viernes suspendió de forma indefinida los efectos de la reforma aprobada al admitir a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE denunció que la reforma afecta su funcionamiento porque le recorta 3,500 millones de pesos, elimina el 85% del servicio profesional electoral, permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, y reduce sus atribuciones para sancionar a candidatos.

López Obrador sostuvo que “la mayoría sabe que no es un asunto jurídico”, sino “un asunto político y mercantil” al señalar que “lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE”.

El mandatario recordó que en su mandato reformó la Constitución para que ningún funcionario tenga un salario mayor al del presidente, pero eso no lo han respetado en el INE ni la Suprema Corte.

“Los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente, tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo, es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios”, reiteró.

López Obrador sostuvo que continuará luchando por la vía legal para que se respete su reforma. Sin embargo advirtió que si la Suprema Corte la declara inconstitucional tiene un “Plan C”, que consiste en pedir que la gente vote contra el “bloque conservador” en 2024.

“Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. (Consiste en) que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”, remató.

El “Plan B” era el último paquete de reformas legales que propuso el presidente López Obrador después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE, y que insiste en que no atenta contra la democracia y los comicios como sus detractores lo señalan.

La determinación del ministro Javier Laynez sobre el “Plan B” se dio porque “el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.

Asimismo, la SCJN justificó que existen precedentes donde se suspenden leyes por su posibilidad de “vulnerar de manera irreparable derechos humanos”. “En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, indicó.

Con esta suspensión, se frena el despidió de forma inmediata al secretario ejecutivo del INE, el despido masivo de un 80% del personal de carrera electoral en el organismo, el recorte a su presupuesto, la eliminación de sus organismos estatales y locales así como a la extinción de dos fideicomisos.

En sesión extraordinaria del Consejo General, Edmundo Jacobo, reasumió la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que un juzgado de distrito en materia administrativa le otorgara una suspensión definitiva en el Juicio de Amparo promovido tras su remoción por la entrada en vigor del llamado ‘Plan B’ de la reforma electora.

El Juzgado concedió la suspensión definitiva a Jacobo Molina para que “se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión y publicación” del decreto de reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de marzo.

Es decir, para que continúe en el cargo que ostenta como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, “así como para que las autoridades responsables se abstengan de cesarlo o destituirlo de sus funciones con motivo de la publicación de la norma reclamada”. Ello, hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que con la resolución del Poder Judicial de la Federación y la suspensión definitiva que se otorgó al Secretario Ejecutivo, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario “probo, honesto y comprometido a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho”.

Córdova Vianello enfatizó que este suceso además abona a salvaguardar la autonomía y la independencia del INE.

“Este Consejo General por mandato constitucional, el artículo 41 así lo establece, es quien designa a su Secretario Ejecutivo con ocho votos de sus consejeras y consejeros a propuesta del Consejero Presidente y ningún poder del Estado puede removerlo y mucho menos el Legislativo, si no es mediante un juicio político”, recordó.

Esta decisión, añadió el Consejero Presidente, es también evidencia de los resultados de la estrategia jurídico-institucional que el INE decidió instrumentar para defender, con todos los recursos legales a su alcance, los derechos del personal que forma parte de este Instituto.

En tanto, Edmundo Jacobo explicó que la sentencia de suspensión definitiva es un primer paso para restaurar la regularidad constitucional en el país.

Además, resaltó que los litigios relacionados con el artículo décimo séptimo transitorio no son simples controversias jurídicas relacionadas con las personas y su permanencia o no en un cargo público, sino que tienen que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano de derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios del Estado, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas por el ordenamiento.

El Secretario Ejecutivo sostuvo que México es un país de instituciones, “en el que las personas integrantes de los órganos estatales estamos únicamente de paso”, por lo que llamó a valorar la importancia y oportunidad de la decisión del Consejo General por la que se instruye defender, a través de todos los instrumentos legales, tanto el marco competencial del INE, como los derechos humanos de quienes lo integran.

Por su parte el Consejero Ciro Murayama, dio la bienvenida a Edmundo Jacobo Molina “al cargo del que no debió separarse”.

“Se trata, como se ha dicho, de un retorno al orden constitucional, de un triunfo de la legalidad frente al abuso del poder político, del primer gran revés del Plan B”, sostuvo el consejero.

Sobre la restitución del Secretario Ejecutivo, el diputado Hamlet García Almaguer de Morena señaló que Edmundo Jacobo Molina regresa al INE, pero no con sus facultades plenipotenciarias.

Destacó que la sentencia a favor de Edmundo Jacobo Molina señala que el secretario general del INE debe apegarse al marco legal vigente, que es el ‘Plan B’ de la reforma electoral.

Sin embargo, lamentó la determinación de la juez de distrito para que éste regrese como secretario ejecutivo del INE, ya que le otorgó la suspensión únicamente para que esté en el Consejo General del Instituto, pero no le otorga la suspensión para que conserve las atribuciones que tenía conforme a la legislación anterior.

Lamentó que los jueces protejan a funcionarios que llevan más de 15 años en el cargo y que se aproximan a un total de 18, a través de una votación fraudulenta que se desarrolló en el año 2020 para poder extenderle su periodo por otros seis años más a Edmundo Jacobo.

“Ya lo había dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: se parece a Porfirio Díaz, es ‘un porfirito’ y se ancla a su trabajo, a su función, pero ya no le queda lo que tenía; la propia juez le está diciendo que se tiene que preparar para las nuevas atribuciones y no a las anteriores”, concluyó el morenista.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió a Edmundo Jacobo, una suspensión provisiona en relación al amparo que presentó en contra del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, que al haber entrado en vigor la semana pasada, lo cesó como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

La suspensión dada refiere que Edmundo Jacobo fue electo para el periodo 2020-2026, además de que la reforma electoral no justifica su cese.

“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades (de la Secretaría Ejecutiva) justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia”, se lee en el fallo.

La magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, presidenta del Tribunal, precisó que se trata de una decisión provisional, que no toca temas de fondo, por lo que no dejaría sin materia el juicio de amparo.

Alcalá Valenzuela también precisó que la suspensión provisional no representa un perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que de continuar en el cargo, Jacobo Molina estaría obligada a actuar conforme al marco legal vigente.

“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades, justifique que se terminan anticipadamente la titularidad del nombramiento que éste había ejerciendo por lo que la propuesta es declarar fundado el recurso de queja”.

Hay que contemplar que la temporalidad de la restitución dependerá de lo que resuelva la Juez de Distrito que lleva el caso, con relación a si concede o no la suspensión definitiva. En caso de concederse la suspensión definitiva, Jacobo Molina regresará al cargo por tiempo indefinido, pero si se le niega se mantendrá vigente su cese.

Adicional, el INE confirmó este jueves que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de Controversia Constitucional en contra del ‘Plan B’.

El INE señaló que se detectaron violaciones constitucionales en aproximadamente 200 artículos de la reforma, mismas que vulneran 25 disposiciones constitucionales.

Este nuevo recurso se suma a la Controversia Constitucional presentada por el INE el pasado 1 de febrero, en contra de la primera parte del ‘Plan B’.

En la demanda presentada este jueves, se solicita que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que el llamado Plan B de la reforma electoral, que entró en vigor este viernes, afecte la democracia y ponga en riesgo las elecciones de 2024, pese a las alertas de especialistas en México y el extranjero.

“Todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario”, expuso el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

El presidente defendió el Plan B, el cual presentó después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), y aplicar diversos cambios en materia electoral.

AMLO aseguró que el Plan B busca que haya jueces y consejeros “honestos, íntegros, incorruptibles”, además de que ayudará a que no cuesten tanto los aparatos burocráticos que no le cuestan tanto al pueblo.

Y es que ahora el Plan B de la reforma recorta 3,500 millones de pesos al presupuesto del INE, elimina el 85% del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que ha sido señalado en un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, podría afectar las elecciones presidenciales de 2024.

López Obrador aseguró que la reforma “es para que haya jueces, consejeros, honestos, íntegros, incorruptibles, y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo”.

La reforma electoral, cuya constitucionalidad ahora analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), generó la semana pasada cuestionamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos y congresistas estadounidenses.

“Hoy, en México vemos un gran debate sobre reformas electorales que están probando la independencia de las instituciones electorales y judiciales”, tuiteó el domingo Brian Nichols, secretario asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Además, cientos de miles de mexicanos marcharon en más de 100 ciudades el domingo pasado en la protesta más grande contra una iniciativa de López Obrador.

El mandatario acusó a sus opositores de que “engañan, manipulan, a muchísima gente”.

López Obrador se volvió a lanza contra Edmundo Jacobo, ahora exsecretario Ejecutivo del INE, a quien acusó de formar parte del grupo que participó en diversos fraudes electorales.

“Yo ni sabía quién era este señor Edmundo Jacobo (…) que gana más que yo, pero además me enteré que lleva 30 años en el INE, es del grupo de Woldenberg, imagínense en cuantos fraudes habrá participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio de voto libre, elecciones limpias, en favor de la democracia”, lanzó.

Por su parte el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien expuso algunos puntos en la conferencia matutina, aseguró que “la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades”.

El funcionario reiteró que el “Plan B” reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social.

También destacó que se emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación.