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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó este viernes contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dijo, defiende a una “minoría corrupta”, esto luego de invalidar el segundo paquete de las reformas electorales que impulsó, con lo que puso fin al llamado ‘Plan B’.

“Yo interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México”, expresó López Obrador en su conferencia matutina al ser consultado sobre el tema.

Ayer la Suprema Corte invalidó, con nueve votos a favor y dos en contra, la segunda y última parte de la iniciativa impulsada por el mandatario al considerar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso, donde Morena y aliados lo aprobaron fast track.

El presidente respondió que respeta el fallo, pero acusó a la Corte de invadir las facultades de otros poderes.

“Somos respetuosos de la división y el equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo, ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo, lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder”, sostuvo.

La Suprema Corte había desechado ya la primera parte del “Plan B” el mes pasado bajo el mismo argumento.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido por la veda electoral.

En su totalidad, la iniciativa desechada recortaba 3,500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE). También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, por lo que la oposición y organizaciones civiles acusaron al gobierno de querer cambiar las reglas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

El fallo abrió un nuevo frente entre el Poder Judicial y López Obrador, quien acusó a los ministros de la SCJN de ser “empleados” de los conservadores que quieren volver al poder.

“Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrada en el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuellos blanco que tanto daño le han hecho al país”, señaló.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por completo este jueves la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el llamado “Plan B”.

Con nueve votos a favor y dos en contra, la Corte dejó sin validez la segunda y última parte de las reformas al reiterar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso.

Con un argumento similar, la Suprema Corte desechó la primera parte del “Plan B” en mayo pasado al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en fast track.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido actualmente por la veda electoral.

En su totalidad, el “Plan B” proponía recortar 3,500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que generó incertidumbre de cara al proceso electoral del próximo año.

También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral.

En la discusión de hoy, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que con esta reforma se vulneró el principio de democracia deliberativa y en este caso se registraron más vicios de gravedad que en la primera parte del “Plan B”, pues apuntó que se sumaba que el dictamen violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.

En tanto, el ministro Luis María Aguilar externó la importancia de respetar la Constitución. “Si no la respetamos y defendemos desde los poderes públicos traicionaríamos nuestro deber de lealtad a la voluntad del pueblo de México”, argumentó.

Al igual que en la discusión del 8 de mayo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, cercanas a López Obrador, quienes llegaron a la Corte a propuesta de él, votaron en contra de invalidar la legislación.

Previo a la sesión de la Corte, López Obrador acusó en su conferencia matutina a la Corte de “intromisión” en el Poder Legislativo y reprochó que el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez no revisara el fondo de la reforma electoral sino que planteó su invalidez por no respetar el proceso legislativo.

“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al poder Legislativo”, criticó el mandatario.

Al reconocer que el paquete de reformas sería invalidado, adelantó que en su momento presentará una iniciativa constitucional para la elección de los ministros por voto del pueblo, y así evitar que estos funcionarios representen solo a “una élite”.

Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute el proyecto de resolución que pretende invalidar la segunda parte del decreto del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena.

Según lo resuelto con el primer paquete, el ‘Plan B’ presentó violaciones desde un inicio al proceso legislativo, por lo que  se declaró su invalidación. Se prevé que la segunda parte que se discute hoy, siga el mismo camino.

Al respecto, la Consejería Jurídica (CJ) de la Presidencia señaló que el ministro Javier Laynez, a cago del proyecto que se discute hoy, pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “cambie criterios para favorecer a la oposición e invalidar Plan B electoral”.

En un comunicado, la CJ señaló que en su proyecto de sentencia, el ministro pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el ‘Plan B’ electoral, lo cual, dijo, “vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”.

El martes pasado, el presidente López Obrador acusó a los ministros de la SCJN de estar “alineados” con los conservadores por proponer invalidar la segunda parte de su reforma electoral.

El mandatario se pronunció después de que un día antes se difundiera un proyecto de sentencia del ministro Laynez Potisek.

En su pronunciamiento, la Consejería Jurídica de la Presidencia señaló que el ministro Laynez Potisek “propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”.

También dijo que el ministro instructor refiere en su proyecto que hubo “una confusión” que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. “La confusión que atribuye el ministro a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas”.

“Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa” y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel, “no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, dijo la Consejería Jurídica.

También señaló que en caso de aprobarse el proyecto del ministro instructor, “la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó este martes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de estar “alineados” con los “conservadores” para invalidar la segunda parte de su reforma electoral, conocida como “Plan B”.

“Los ministros están alineados, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como factor principal al pueblo, es un poder al servicio de una élite”, expresó el mandatario.

Las declaraciones de López Obrador llegan luego de que ayer se difundiera el proyecto de sentencia a cargo del ministro Javier Laynez, quien propone al pleno de la SCJN invalidar la segunda y última parte de la reforma electoral por violaciones al proceso legislativo.

Con un argumento similar, la Suprema Corte invalidó la primera parte del “Plan B” en mayo porque la mayoría en el Congreso, liderada por Morena y partidos aliados, violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido por la veda electoral.

En ese sentido, el mandatario dio por hecho que la SCJN invalidará por completo su reforma, que en su totalidad recortaba 3,500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE). También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral, y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral.

“Es que ¿cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley, si ahí se establece que nadie debe ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución en el artículo 127, y los ministros son los primeros que violan la Constitución porque ganan tres y hasta cuatro veces más que el presidente”, lanzó al presidente.

El INE había denunciado que las reformas “merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Ante su inconformidad, López Obrador reiteró que propondrá una reforma constitucional para que los ciudadanos elijan de forma directa a los ministros de la SCJN, e insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial

Organizaciones civiles presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un ‘amicus curiae’ (amigo de la corte) con el respaldo de 360,000 firmas ciudadanas contra la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “Plan B”.

“Presentamos el amicus curiae ciudadano, que demuestra a la SCJN la inconformidad absoluta de las mexicanas y mexicanos en la aprobación de este ‘Plan B’”, señalaron las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.

Las organizaciones, que conforman el movimiento Unid@s, manifestaron que el segundo paquete del “Plan B” de López Obrador, promulgado el 2 de marzo pasado, es inconstitucional y viola los derechos políticos electorales de la ciudadanía.

También advirtieron de afectaciones a otros derechos humanos como el derecho de identidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, y el acceso a la justicia.

Unid@s expresó que con este recurso jurídico se pretende demostrar al Supremo que el “Plan B” atenta contra los pilares democráticos de México y cambia las reglas electorales sin importar los principios constitucionales, “sin consenso y diálogo alguno”.

El ‘amicus curiae’ se entregó en la Suprema Corte por los consejeros de UNE, Beatriz Leycegui y Juan Torres Landa, acompañados de simpatizantes vestidos de rosa, entre ellos Claudio X. González.

Recordemos que la SCJN invalidó a inicios de mayo la primera parte del “Plan B”, al considerar que la mayoría oficialista de Morena incurrió en graves violaciones al proceso legislativo, por lo cual analistas señalaron que ese podría ser el destino del segundo paquete de la reforma electoral, ya que su aprobación siguió la misma ruta.

A través de un comunicado, la Corte confirmó que analizará y resolverá sobre el Decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo de 2023.

Indicó que el proyecto, a cargo del ministro Javier Laynez, propone declarar la invalidez de la segunda parte del “Plan B” pues se estima que, durante la aprobación del Decreto, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, “las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado”.

La SCJN reiteró que la Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; además de que señaló que los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

“Tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan solo cuatro horas”, añadió.

Foto: Twitter @SocCivilMx

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que propondrá una consulta popular para que sea “el pueblo de México”, quien decida si las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por voto directo.

El legislador anunció que esta propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y sus aliados ayudarán; “seremos casi el 60 por ciento”.

Expresó que la ruta buscaría que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley.

Indicó que mediante este mecanismo, la gente podría decidir si las y los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial.

Y es que en línea con el discurso de Palacio Nacional, el morenista advirtió que hay un gran problema en el Poder Judicial, porque se dictan sentencias injustas o no hay sentencias; tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto como del fuero común, como en el fuero federal.

“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”.

Reiteró que en el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganan más que el presidente de la República, porque se ampararon.

“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los 11 ministros de la Corte”, dijo.

Enfatizó que existen privilegios, nepotismo, amiguismo, compadrazgo y promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera, sino “de los cuates”, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y, aún más, en los que tiene que ver con competencia económica o de carácter administrativo.

Mier Velazco denunció que las y los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición. Señaló que los privilegios que tienen las y los ministros responden a otros intereses, y no al anhelo de contar con un Poder Judicial que permita leyes eficaces y justas.  

En ese sentido, dijo que la propuesta de una reforma de fondo al Poder Judicial no es arbitraria ni una ocurrencia, sino consecuencia de los graves problemas que padecen los mexicanos en materia de administración de justicia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó esta mañana un documento que difundió el coordinador de Morena en el Senado, donde se exponen los “40 privilegios” de los que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado (…) para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado plan B”, dijo el mandatario.

Y es que explicó que el llamado ‘Plan B’ que invalidaron los ministros era en esencia bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución.

“Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos?, que también ganan más que el presidente. Entonces, era defender sus intereses”, recriminó el mandatario.

Proyectó el documento, donde se exponen las prestaciones con que cuentan los ministros de la Corte, que él y Morena han llamado “privilegios”.

Te presentamos los 40 puntos que componen el documento que Morena ha circulado:

  1. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de $297,403.77 mensuales.
  2. Aguinaldos exagerados de $586,092.53, que representan 40 días de sueldo.
  3. Primas vacacionales de $95,474.68, que representan 10 días de sueldo.
  4. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por $723,690.24 anuales.
  5. Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.
  6. Presupuesto de $5’540,930 mensuales para contratar personal.
  7. Dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de $6’000,000, que se renuevan cada dos años.
  8. Pago por riesgo de más de $640,372 al año.
  9. Apoyos para gasolina por $22,000 mensuales.
  10. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.
  11. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio se Protección Federal (SSPC).
  12. Seguros para autos y casa habitación.
  13. Las y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite.
  14. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.
  15. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
  16. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.
  17. Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
  18. Tres equipos de cómputo e impresión.
  19. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y/o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.
  20. Tres iPads con servicio de Internet ilimitado.
  21. Papelería personalizada.
  22. Computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagado por la SCJN.
  23. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.
  24. Si así lo solicitan, también pueden instalar video vigilancia en sus casas con cargo al erario público.
  25. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por $30’000,000 en adelante.
  26. Disponen de $188,099 al año para compra de medicamentos
  27. Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
  28. Seguro de vida institucional por $12’000,000.
  29. Pago por defunción de $1’189,615.
  30. Ayuda para gastos funerales de $30,000.
  31. Apoyos económicos para lentes por $3,100 para ministros, cónyuge e hijos.
  32. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.
  33. Al retirarse, también tienen derecho a un haber de retiro.
  34. En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.
  35. La SCJN les paga a dos “personas de apoyo” para estar a su servicio en la jubilación.
  36. Seguro de separación individualizado de aproximadamente $20’000,000 al final de sus 15 años de servicio.
  37. Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.
  38. Un estímulo por antigüedad de $1,000 anuales.
  39. Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por $20’149,765,377, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.
  40. Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de $73,723,020,424 para el año 2022.

Para hacer una comparación de lo que tiene el Poder Judicial para sus prestaciones, que son casi 74 mil millones de pesos, López Obrador dijo la presidencia ejerció el año pasado ejerció 500 millones de pesos.

Además, insistió en que los ministros de la Corte “representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo; al contrario, es en contra del pueblo, para eso están. Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo, algo significativo”, preguntó el mandatario.

Insistió que hace falta una reforma de fondo al Poder Judicial, “y lo mejor es que lo haga el pueblo”. “Tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada”.

Dijo que el discurso será ahora que ‘la Suprema Corte no se toca’, y apuntó que los ministros de la Corte en México, ganan más que los ministros de los poderes judiciales en otros países.

Finalizó confiando en que que el movimiento de transformación, triunfe en las elecciones del próximo año, lo que les permitiría tener mayoría calificada en la Cámara y que así se puedan hacer reformas a la Constitución, entre ellas, la del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que se requiere una reforma al Poder Judicial, esto luego de haber sido uno de los pocos morenistas en reconocer y aceptar la resolución de la Corte de invalidar el llamada ‘Plan B’ de la Reforma electoral de AMLO.

El senador sorprendió al señalar que aunque la división de poderes es sana para la República, no se pueden “cerrar los ojos” ante el déficit de justicia en México y los privilegios de los que gozan jueces y ministros, adoptando así el discurso crítico del presidente López Obrador hacia la Corte.

Monreal Ávila presentó un listado de 40 “privilegios” que dijo, cuentan las y los ministros. El senador sostuvo que “tenemos el derecho de escudriñar la calidad y la autoridad moral de los jueces y los ministros”.

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Ricardo Monreal hizo un llamado a la mesura a quienes aplauden con exceso la resolución de la Corte, y que protegen a una “casta de privilegiados que se ha instalado en el Poder Judicial”.

“Deben de actuar con prudencia y ecuanimidad porque en la Corte está instalada una casta con privilegios”, apuntó Monreal Ávila.

El legislador insistió en que cree en la división de poderes; sin embargo, enfatizó que no se puede permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya al Poder Legislativo; “eso no lo podemos admitir”, porque las facultades de control legislativo que ejerció son indebidas.

En ese sentido, señaló que la mayoría legislativa considera que hay intereses que presionan a la cúpula de la SCJN para tomar decisiones. Y en línea con lo que ha expuesto el presidente, dijo que “tenemos confianza en que en el 2024 podamos instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México”.

Monreal adelantó que propondrá diversas iniciativas, como que la presidenta de la Suprema Corte deje de presidir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). También propondrá que la Defensoría de Oficio sea un ente autónomo, pues no debería estar a cargo de la Corte.

También afirmó que la selección de ministros debería ser operada con otro sistema para evitar la cooptación.

El también aspirante a la candidatura presidencial de Morena remató señalando que la diferencia entre la mayoría legislativa y el bloque opositor, dijo, es que Morena y aliados están a favor de la austeridad, mientras que a la oposición le gustaría contar con los beneficios de las y los magistrados; “no sé porque les aplauden a personajes que no son un ejemplo de virtud moral, republicana y de austeridad”.

En línea con lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que su partido impulsará que el pueblo de México sea quien, de manera soberana, elija a los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El morenista adelantó que también se hará una revisión para perfeccionar al Poder Judicial, a fin de evitar “todas esas distorsiones”, como la invalidación de la primera parte de las reformas en materia electoral, el llamado “Plan B”.

“Que sea el pueblo, de manera soberana, como era antes de la Constitución del 57, que se elijan por parte del pueblo los ministros de la Corte y no a sugerencia de uno de los poderes que fue electo democráticamente: el Ejecutivo, y luego en la Cámara de Diputados ratificado”.

Tras reunirse con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el diputado señaló que el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no tiene la representatividad del pueblo.

“Yo estoy completamente en desacuerdo con los procedimientos restrictivos que tiene la Suprema Corte, pero los respeto porque son los procedimientos que ellos se impusieron, que ellos están establecidos en su ley”, aseveró.

Explicó que se planteará una propuesta para perfeccionar al Poder Judicial; “la vamos a presentar como una oferta al pueblo de México, de consistencia política, de congruencia”.

Y es que dijo, “algo anda mal” en el Poder Judicial, pues rechazó que la Cámara de Diputados violentara el debido proceso legislativo durante la primera parte del “Plan B” como lo señaló la Suprema Corte en su resolución.

Insistió en que la SCJN violentó la soberanía del Poder Legislativo; sin embargo, aclaró que van a acatar la sentencia porque es la última instancia.

Quien también se posicionó sobre el tema, fue el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, quien lamentó que la Suprema Corte haya determinado invalidar la primera parte de la reforma electoral.

“Lamentamos profundamente este precedente que está sentando la SCJN al resolver sólo por encimita y dejando clara una intromisión al Poder Legislativo, en donde, desde la Cámara de Diputados sentimos como violatorio el poder juzgar y sancionar una práctica parlamentaria de hace muchos años”, aseveró.

Cuestionó que la oposición haya impugnado esta reforma, cuando la práctica parlamentaria de avalar reformas legales con dispensas de trámite se ha utilizado durante mucho tiempo. ” Hay un refrán en el Estado de México que dice que a puñaladas iguales, llorar es cobardía”.

“Con el PRI y con el PAN cuántas reformas y reformas constitucionales, ya no digamos legales, se han hecho con la dispensa de trámite y han sido materia legal y vigente, incluso de las discusiones más trascendentales en los últimos años en nuestro país, como los temas energéticos, del Sistema Eléctrico Nacional y que hoy muchas inversiones extranjeras se apegaban y se acogían a esa reforma energética que aprobamos con las dispensas de todos los trámites y hasta de sede”, señaló.

Sostuvo que se está ignorando la decisión de una mayoría parlamentaria, que llegó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por un voto directo de la ciudadanía, a diferencia de los juzgadores que llegaron a través de un voto de elección mediante aquellos que fueron electos y que hoy les quitan la posibilidad de cumplir con su obligación de legislar.

El diputado del PVEM apuntó que si las y los ministros de la SCJN encuentran la inconstitucionalidad en los temas que legislan, adelante, que falle, pero rechazó que se echen para abajo las reformas nada más porque no se cumplió esa exhaustividad en el proceso parlamentario, de lo contrario, se deberán invalidar todas las leyes a las que se les ha dispensado los trámites.

Respaldó la propuesta del Presidente de la República de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean electos en comicios generales abiertos a la población.

Finalmente, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, calificó de golpista la resolución de la Suprema Corte. Señaló que la decisión de la SCJN obedece a cuestiones políticas y no jurídicas.

“Le hacen la tarea a la inútil oposición, que no sirve para nada. Como no tienen mayoría, ni forma de ganar las elecciones, requieren de algo que los saque a flote y ese algo es lo que queda del poder conservador, del poder corrupto en absoluta descomposición”, sostuvo.

Pero, ¿ya hay un ‘Plan C’ en materia electoral por parte de Morena y el gobierno federal? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ciro Murayama, economista y ex consejero del INE, sobre las reacciones que ha generado la invalidez del ‘Plan B’ y el discurso y acciones que ha anunciando el mandatario.

Si algo hemos visto en estos más de cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que cuando anuncia que quiere algo, hace hasta lo imposible por lograrlo. No importa si esto implique cometer un crimen contra la lógica.

Lo vimos con la cancelación del NAIM. El aeropuerto de Texcoco ya llevaba millones de dólares invertidos en su construcción y su cancelación costaría millones más. López Obrador era apenas presidente electo y nada de esto le impidió armar una consulta a modo que concluyó con la cancelación del aeropuerto. La sensatez y el sentido común apuntaba en una dirección y eso hacía pensar que sería el camino que tomaría AMLO. Imperó la amenaza de destruir todo lo que tuviera que ver con el pasado. El NAIM fue cancelado.

Lo vimos también con el avión presidencial. Algunos pensaban que su amenaza de volar en líneas comerciales y de vender el avión que AMLO decía mañosamente que “no tiene ni Obama” era una simple estrategia política. No fue así. Intentó todo con tal de cumplir con la venta del avión. Al final optó por rematarlo, pero cumplió.

Ahora, ante el tremendo revés de la Suprema Corte en la que nueve ministros declararon inconstitucional las modificaciones a las leyes electorales mejor conocidas como ‘Plan B’ porque el legislativo no cumplió con el debido proceso cuando las aprobó, el presidente no va a ser el político que reflexione como lograr un mejor diálogo con la oposición o cómo tejer lazos con el legislativo.

No. La nueva cruzada del presidente ya quedó clara desde unos minutos después de que se conociera el fallo de la Corte. El Plan C es lograr la mayoría calificada en el legislativo en las elecciones del 2024.

Ayer en su conferencia mañanera López Obrador llamó al pueblo a votar por la mayoría absoluta en el congreso para lograr que en septiembre del 2024 se apruebe una reforma al Poder Judicial. Ahora, dice López Obrador, quiere que sea el pueblo quien los elija.

Es una nueva estrategia política porque actualmente los ministros de la Corte se eligen de una terna nombrada por el ejecutivo y ratificada por el Senado para asegurar los contrapesos. Es una insensatez lo que propone el presidente ya que, entre otras cosas, implicaría que quienes quisieran integrarse a la corte hicieran campaña para ganar el voto ciudadano.

Pero aun siendo una insensatez, es una amenaza que se debe escuchar como seria viniendo del presidente López Obrador.

¿Lo hará la oposición? Hasta ahora vemos a los liderazgos del PAN y PRI, a Marko Cortes y Alejandro Moreno, más preocupados por mantener sus cotos de poder que en trabajar por presentar propuestas atractivas para la ciudadanía y en desnudar las estrategias políticas del presidente por su insensatez.

La Corte ha hecho su trabajo con la votación de esta semana por salvaguardar la democracia. La ciudadanía también, al salir a las calles. Es el turno de la oposición de tomarse en serio la nueva cruzada del presidente.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el próximo año enviará una iniciativa de reforma constitucional para que sean los ciudadanos quienes elijan de forma directa a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, expuso el mandatario.

Su anunció se producen después de que la SCJN invalidara ayer la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral, al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

En ese sentido, el presidente detalló que enviará la propuesta en septiembre de 2024, antes de dejar el gobierno, pero tras las elecciones del próximo año en las que se renovará el Congreso y en las que confía los partidos que integran la autollamada Cuarta Transformación se haga de las dos terceras partes necesarias del Legislativo para reformar la Constitución.

“Esa mafia solo el pueblo (puede enfrentarla), solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma”, argumentó AMLO.

López Obrador denunció que el Poder Judicial está en crisis porque los antiguos gobiernos, emanados de las filas del PRI y del PAN, se repartieron los espacios en la Corte.

“Que los elija el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”, indicó.

Tal como lo ha venido señalando desde tiempo atrás, insistió en que el Poder Judicial “está podrido”. “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa”, expresó el mandatario.

Y es que recordemos que con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó el primer paquete de las reformas, específicamente la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del ‘Plan B’.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.
El presidente acusó a los ministros de la Corte de estar al “servicio del bloque conservador, que es sinónimo de una pandilla de rufianes, muy corruptos”.

“En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros”, remató.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre la decisión de la Corte y sus implicaciones.

Movimiento Ciudadano celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La bancada del partido naranja señaló que se hizo valer el recurso que presentaron, sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el contenido del decreto.

“En la bancada reconocemos a las y los ministros que se manifestaron por hacer valer la Constitución, y refrendamos nuestra confianza en la Suprema Corte como contrapeso para dignificar la división de poderes. Una vez más, demostró su independencia al Poder Ejecutivo pese a los ataques injustificados en su contra”, señalaron los legisladores de MC.

Recordaron que durante el proceso legislativo, la mayoría no permitió condiciones para realizar un debate informado del contenido, pues la iniciativa no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria previo, se publicaron dos iniciativas con menos de una hora de diferencia y no hubo certeza sobre cuál se sometió a votación.

“En Movimiento Ciudadano advertimos desde el primer momento la inconstitucionalidad del contenido de la reforma electoral constitucional y del Plan B, y de manera congruente rechazamos ambas propuestas al tratarse de un retroceso para nuestras instituciones democráticas. Ante las violaciones sistemáticas del régimen, seguiremos alzando la voz y denunciando sus excesos”, añadieron las y los diputados de MC.

Por su pate la bancada del PRD saludó el fallo de la Suprema Corte, afirmando que con la decisión de los ministros, se da a la oposición fundamento a favor respecto a que se trató de un proceso legislativo “fast track”, violatorio no sólo de las normas que rigen al Congreso de la Unión, sino de la Constitución misma.

Al igual que MC, recordaron que la dirigencia del partido presentó en marzo pasado las acciones de inconstitucionalidad respectivas.

“Las y los ministros de la Corte mandan un mensaje contundente a Morena y sus aliados en el Congreso para que entiendan que, no por tener la mayoría, pueden pasar por encima de la ley ni violar el procedimiento legislativo cada vez que les urge pasar iniciativas que les ordena el Ejecutivo”, indicaron los diputados.

Al reiterar su respaldo a la Ministra Presidenta Norma Piña y los ministros y ministras, llamaron a la Presidencia de la República, a su Consejería Jurídica, y todos los entes políticos afines a la llamada Cuarta Transformación, a frenar los ataques y presiones hacia la Corte.

La bancada del PRD confió en que la segunda parte del llamado ‘Plan B’ electoral correrá la misma suerte que la primera, considerando los argumentos que presentó el ministro Laynez para dar su voto y que habría de presentar en las próximos dos semanas al Pleno de la Corte ante la proximidad del proceso electoral de 2024.

En tanto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se reunió al reconocimiento de la decisión de la Suprema Corte de rechazar la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor sostuvo que defender la democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país.

Los senadores del PRI señalaron que la decisión de la SCJN reitera la ruptura del orden interno en el Congreso, la violación de los procedimientos legislativos y la precipitación en los trámites, que no forman parte de la democracia, a pesar del bloque oficialista.

Enfatizaron en que una mayoría oficial tiene derechos, pero también obligaciones, y una de ellas es respetar las reglas democráticas que el Congreso se ha dado a lo largo de los años.

Señalaron que la decisión de la Corte es un antecedente para las impugnaciones que se presentarán por la aprobación de 20decretos hechos por Morena y aliados en la llamada “noche negra”.

Acción Nacional aseguró por su parte que con la decisión de los ministros y ministras de la Corte, ganó la democracia en el país. Acusó que Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones, tanto constitucionales como del proceso legislativo, con tal de aprobar el capricho presidencial. 

“Este gobierno y Morena quedan exhibidos por su obsesión de destruir a las instituciones y nuestra democracia”, dijo la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. “Hoy suman un nuevo revés de la Corte al declarar inconstitucional la primera parte del lamentable Plan B. Nuestro reconocimiento a las y los ministros por su actuar democrático y con apego a la división de poderes”, añadieron.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Plural en el Senado, celebraron que la SCJN rechazara la primera parte del “destructivo” ‘Plan B’ en materia electoral del gobierno federal.

“La Corte ejerce su papel de contrapeso constitucional democrático. Como @gpplural lo celebramos. La mayoría legislativa no es sinónimo de agandalle para violar la Constitución”, enfatizaron los senadores.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre si habrá ‘Plan C’ de Morena y el Gobierno federal, tras la decisión de la Suprema Corte de declarar la invalidez del primer paquete de reformas en materia electoral recién aprobado por el Congreso.

Luego de que la Suprema Corte decidiera invalidad el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) diversos liderazgos, funcionarios y partidarios de la 4T externaron su rechazo.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que con la decisión adoptada hoy, los ministros de la Suprema Corte decidieron seguir protegiendo intereses particulares.

“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”, dijo el funcionario, uno de las llamadas corcholatas del presidente rumbo a la elección presidencial de 2024.

El titular de SEGOB dijo que la actuación de la Corte impide que el pueblo mexicano recupere la confianza en las instituciones, y llamó a ayudar con el ‘Plan C’, recordando lo expuesto por López Obrador: voto masivo por Morena en las urnas.

Por su parte el dirigente nacional de Morena, Mario Delado, acusó que la anulación de la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral es un claro atentado contra la división de poderes, pues recordó que las y los legisladores que aprobaron esas reformas, son representantes populares.

“Esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia, sin despilfarro; no a los intereses de una minoría”.

Remató lamentando la decisión de los ministros de la Corte, calificándola como “desafortunada”.

Por su parte el senador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no era de extrañarse que la decisión de la Corte se diera en el sentido de invalidarla, pues dijo, desde su proceso legislativo él advirtió que no se siguió el debido proceso.

Recordó que él presentó un voto particular en su momento, pues no estuvo de acuerdo con la forma en que se aprobó.

La senadora de Morena, y actual secretaria general del partido, Citlalli Hernández, lamentó que los ministros de la Corte no hayan discutido el fondo del contenido de las reformas y se quedaran en la forma, donde dijo, alegaron fallas en el procedimiento legislativo.

“Los promoventes (de la acción de inconstitucionalidad) fueron diputados del MCPRIAN. Si no quieren legislar y van a llevar todo a la Corte, que ya no se les vote como legisladores”, lanzó la morenista.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que la resolución de la SCJN es un “atropello al Poder Legislativo”.

“Incongruencia y miopía jurídica de ministros que invocaron principios de democracia y representación popular, pero votan un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el Pueblo de México”, acusó el diputado.

Remató señalando que el actuar de la Suprema Corte “impone un gobierno de los jueces y convierte al Poder Judicial en activistas políticos”.

Sin embargo, hay que recordar que los ministros determinaron la invalidez de las reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, por violaciones al procedimiento legislativo, particularmente, al principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la primera parte de la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mejor conocida como el “Plan B”, que Morena y aliados aprobaron en el Congreso.

Este llamado ‘Plan B’ ha sido señalado por la oposición y expertos en la materia, de atentar contra la democracia y de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales del próximo año.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó las reformas de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los votos a favor del proyecto fueron de los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron quienes votaron en contra del proyecto. Las dos figuras más cercanas a Morena y al gobierno federal.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.

Además, el Instituto Nacional de Electoral (INE) aún con Lorenzo Córdova al frente, denunció que dichas reformas “merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Pese al fallo, la decisión de la Suprema Corte no se basó en el fondo de la reforma, sino en la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución, que establecen “el principio de deliberación informada y democrática”.

“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara”, indicó el proyecto que estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán.

Es decir, el rechazo se produjo no por el contenido o los cambios aprobados, sino porque los legisladores que la aprobaron violaron el proceso durante su aprobación en las Cámaras del Congreso.

En tanto, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, coincidió en que “se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse, además no tuvieron tiempo para examinarla previo a la deliberación derivado a que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida”.

Este es el primer revés del “Plan B” de López Obrador en la Corte, el cual llegó luego del fracasó de la su iniciativa constitucional que el mandatario envió al Congreso, con el que buscaba “transformar” al INE.

La Suprema Corte aún debe analizar el resto de las impugnaciones que la oposición y el INE han realizado contra el “Plan B”.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que así como quiso desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere que los migrantes mexicanos voten en las próximas elecciones, porque mediante el llamado ‘Plan B’ de su reforma electoral, que se encuentra suspendido por la Corte, quiere acortar los plazos de registro de los posibles votantes.

El panista destacó que los migrantes no solo deben ser relevantes para México por las remesas que envían a sus familiares, sino que también debe destacarse su participación política, porque en el 2024 podrán votar para cambiar el rumbo de México.

Por eso, convocó a las y los mexicanos que radican en el extranjero a participar activamente en las decisiones políticas del país.

Cortés Mendoza confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en breve declare la inconstitucionalidad del ‘Plan B’. Celebró que afortunadamente el jefe del Ejecutivo no tiene el control del Poder Judicial.

El dirigente del PAN lamentó que el Poder Legislativo no esté en la misma situación, ya que dijo, el presidente López Obrador mantiene control de una mayoría simple que aprueba sus reformas a capricho y sin cumplir con los procedimientos parlamentarios que marca la ley.

Destacó que en estos momentos el gobierno mantiene inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), porque “es el presidente más opaco en la historia”.

De igual manera, denunció que aunque AMLO “se envuelve en la bandera de la pobreza, hoy se reportan 4 millones más de pobres en lo que va del sexenio; también se envuelve en la bandera del combate a la corrupción, pero no persigue ni sanciona a su círculo cercano”.

El líder panista alertó que además de la pobreza, corrupción, delincuencia organizada, hoy México vive una creciente militarización de la vida pública.

“No solo es la militarización de la seguridad, no, lo más peligroso que está ocurriendo en México es la militarización de la función pública. Hoy los militares son los responsables de las aduanas, de los puertos y de los aeropuertos; los militares están construyendo las obras del presidente, incluido el aeropuerto de Santa Lucía y esto es algo que preocupa mucho porque es una relación que puede llegar a ser perniciosa, sumamente peligrosa, de complicidad”, concluyó.

De manera sorpresiva, y luego de su reinstalación en el cargo tras la entrada en vigor del ‘Plan B’ de la reforma electoral, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, dio a conocer su renuncia.

En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo detalló que dejará el INE a partir del próximo 3 de abril, fecha en que también concluye el periodo de cuatro consejeros, incluido el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“La notoriedad que, sin buscar, he adquirido, constituye un impedimento, desde mi punto de vista, para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva”, dijo Jacobo Molina.

Precisó que su salida del puesto se debe a las presiones que ha recibido por el conocido como Plan B de reforma de la normativa electoral, ya que tuvo que salir al paso de las críticas y defender la medida, lo que
llevó a una serie de ataques en su contra.

Y es que recordemos que el ‘Plan B’, contra el cual la Suprema Corte otorgó una suspensión, contemplaba
compactar áreas del INE, reducir órganos distritales y poner un tope al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que el presidente.

Apenas ayer, el presidente López Obrador se lanzó contra Edmundo Jacobo, a quien exhibió por haberse amparado para, según él, seguir recibiendo un alto salario.

“Este (Edmundo Jacobo) que se amparó bajo la máxima de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, Edmundo Jacobo, 30 años ahí, imagínense cuánta experiencia.

En ocasiones anteriores, el mandatario ya había criticado al aún secretario ejecutivo del INE.

En una de sus conferencias a inicios de mes, el presidente dijo que el fallo del Tribunal Electoral para reinstalar a Jacobo Molina en su cargo, dejaba de manifiesto, “una vez más es que son muy ambiciosos, sobre todo este señor que estuvo ahí 30 años, 14, 15 años ganando un dineral”.