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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvieron este viernes una conversación “franca y directa” sobre el intercambio de presos rusos y estadounidenses.

Estados Unidos anunció el miércoles que había formulado una propuesta a Rusia para el intercambio de Brittney Griner, jugadora de baloncesto de la liga estadounidense WNBA, y el exmarine Paul Whelan. A cambio, Rusia recibiría al traficante de armas Viktor Bout, según informó la cadena CNN.

“He presionado al Kremlin para que aceptara la propuesta sustancial que presentamos sobre la liberación de Paul Whelan y Brittney Griner”, resaltó Blinken sobre la llamada con Lavrov, que supone el primer contacto entre ambos funcionarios desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, el secretario de Estado no detalló cuál fue la respuesta o reacción de Lavrov, ni se ha manifestado sobre su expectativa de que el intercambio pueda llevarse finalmente a cabo. “No puedo dar una evaluación de si creo que las cosas son más o menos probables”, sostuvo.

Por otro lado, los máximos representantes de la diplomacia rusa y estadounidense abordaron también el acuerdo para la exportación de cereales desde puertos ucranianos, alcanzado hace una semana por Rusia y Ucrania, con la mediación de Turquía y Naciones Unidas.

Respecto a este asunto, Blinken ha instado a su par ruso para que garantice que el acuerdo finalmente se implemente, pues, según Ucrania, ya hay embarcaciones cargadas con trigo esperando a zarpar por aguas del mar Negro y cruzar el Bósforo.

En este punto, el ministro ruso ha remarcado que todo lo relacionado con la exportación de alimentos “se complica” debido a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Rusia en respuesta a la guerra en Ucrania.

De acuerdo con Lavrov, Washington no está cumpliendo su palabra de eximir el suministro de alimentos de las sanciones, según ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y del cual reportó la agencia de noticias TASS.

Blinken también advirtió a Lavrov que habrá consecuencias si Moscú sigue adelante con los presuntos planes de anexar territorios del este y sur de Ucrania.

Le dijo que el mundo “jamás reconocerá” anexión alguna del territorio ucraniano, la cual “redundará en costos adicionales importantes” para Rusia.

El secretario de Estado aprovechó para comentar que espera que su país y China consigan manejar sus discrepancias sobre Taiwán, entre tensiones por un posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla.

“Sería importante, como parte de nuestra responsabilidad compartida, seguir gestionando esto de una manera inteligente que no cree la perspectiva de un conflicto y manteniendo abiertas las líneas de comunicación sobre el tema”, dijo Blinken a los periodistas.

México solo ha liberado 167 reos mediante la Ley de Amnistía, aprobada hace dos años impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de que apenas ha sesionado la comisión encargada de revisar estos casos, denunció este viernes la ONG EQUIS Justicia para las Mujeres.

“La Comisión (de Amnistía) encargada de revisar las solicitudes de las personas privadas de la libertad, presidida por la Secretaría de Gobernación, ha sesionado tan solo 6 veces”, advirtió la organización.

La asociación hizo referencia a un comunicado del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, que dio estas cifras a principios de abril.

“Vemos con preocupación que esta cifra sea tan baja, sobre todo cuando la población penitenciaria, lejos de reducirse, ha ido al alza. La situación para las mujeres es particularmente grave, ya que, tal como lo ha demostrado la organización Intersecta, la mayoría de las mujeres en prisión ni siquiera han sido reconocidas culpables”, afirmó la ONG.

El seguimiento a la implementación de la Ley de Amnistía, que EQUIS Justicia para las Mujeres ha realizado desde el 2020, así como el acompañamiento legal a los casos de dos mujeres indígenas que “permanecen injustamente en prisión” permitió a esta ONG “advertir las fallas en el trámite y la necesidad de contar con más y mejor información sobre la actuación de la Comisión de Amnistía”.

Además, la Segob modificó sus lineamientos para atender las solicitudes de amnistía, explicó la ONG, que se mostró “preocupada” porque considera que falta información durante los trámites y además la burocracia existente ralentiza el proceso.

“Por lo anterior, desde EQUIS apelamos a que los criterios de decisión y actuación de la Comisión de Amnistía se rijan por la transparencia y los más altos estándares de derechos humanos para acelerar la implementación de la ley”, concluyó.

En abril de 2020, el gobierno del presidente López Obrador promulgó la Ley de Amnistía con la intención de liberar, según esas estimaciones iniciales, a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, ello con el fin de despresurizar las cárceles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envío al Congreso una iniciativa para expedir la Ley de Amnistía, la cual otorgará la libertad a personas presas por ciertos actos delictivos para que puedan reintegrarse a la vida en sociedad.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que recibió ayer domingo el proyecto de parte de López Obrador.

Delgado explicó que la propuesta beneficia a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza, bajo amenazas por violencia, o a sentenciados por robo simple sin violencia.

También señaló que beneficia a mujeres criminalizadas por el aborto y a los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusados por delitos inverosímiles.

La liberación procederá bajo ciertas condiciones: que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional. La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas.

La Fiscalía General de la República velará por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los presos políticos.

Delgado recordó que el 16 de septiembre de 1810, antes del grito de Independencia, Miguel Hidalgo liberó de la cárcel de la congregación de Dolores a presos políticos del régimen virreinal y a gente del pueblo, cuya pobreza o ignorancia era la causa común de su presidio.

Expuso que, actualmente, los gobiernos de algunos estados tienen la tradición de indultar en estas fechas a presos cuya culpabilidad es dudosa, o es baja la cuantía del daño que produjeron, también a los que observan buen comportamiento, o bien, a quienes tuvieron un juicio injusto.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas, informó sobre la liberación de un grupo de defensores de la comunidad de Salazar en el Estado de México que se encontraban en el Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez.

“El pasado jueves 23 de mayo fueron liberados seis de los defensores del territorio de la comunidad de Salazar, en el Estado de México (…) esa liberación fue resultado de un proceso en donde la propia juez resolvió que la causa penal por la que se encontraban ellos detenidos no era consistente, no había elementos suficientes de prueba”, dijo el funcionario.

Los recién liberados: Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril, Daneyra Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García obtuvieron su libertad incondicional sin ningún cargo.

Encinas dijo que se continuará con los procesos de paz y de justicia para defender a los que indebida e injustamente han sido detenidos.

Relató que el caso de los recién liberados tiene que ver con la defensa de 217 hectáreas de bosque y tierras comunales que pretendían favorecer a particulares.

Al ser cuestionado sobre cuántas liberaciones se han conseguido hasta ahora, el subsecretario dijo que se han logrado 31, además de que se sigue el desahogo de todas las solicitudes de revisión de casos que han llegado a la dependencia, las cuales revisan con detenimiento, pues “tenemos problemas de presos políticos y otros de políticos presos, que no es lo mismo, o gente que cometió delitos y se quiere presentar como gente que fue violada en sus derechos humanos”.

Refirió que están analizado 538 casos en los que se observan detenciones indebidas, pues se han encontrado elementos de injusticia, de violaciones a su proceso, de detenciones indebidas, de declaraciones obtenidas incluso bajo tortura, entre otros.

Encinas finalizó haciendo un llamado a los gobernadores de los estados, a los fiscales de las entidades federativas para que coadyuven en el desahogo de la revisión de los expedientes.

Una nueva marcha multitudinaria se llevó a cabo este sábado en Barcelona para exigir la liberación de los presos políticos en Cataluña, y es que ocho consejeros cesados del Gobierno regional y de los presidentes de ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, quienes se encuentran bajo arresto luego de que se activara el artículo 155 con el cual el gobierno de Madrid asumió el poder en la región.

 

 

 

De acuerdo a la Guardia Urbana española, más de 750 mil personas se congregaron a lo largo de la calle Marina en Barcelona. Los familiares y amigos de los encarcelados encabezaron la manifestación portando pancartas en las que se leían mensajes como ‘Freedom’ y ‘Llibertat’, mientras que los dirigentes políticos que se dieron cita seguían en segunda posición.

 

Algunos de los políticos que participaron fueron la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el exlíder de Podem Albano Dante Fachin y Teresa Pitarch (Nova Convergència).

 

 

 

 

De acuerdo a un trabajo presentado por el diario The Wall Street Journal, Estados Unidos y Canadá en conjunto con países latinoamericanos, preparan una declaración para exigir al gobierno de Nicolás Maduro, que libere a los detenidos por razones políticas.

 

“Sentimos que ha llegado el momento de actuar”, aseguró el canciller Luis Videgaray al periódico estadounidense, y este jueves, en el marco de la Convención Bancaria, Videgaray volvió a abordar el tema, al comentar sobre la relación económica que se tiene con Venezuela.

 

WSJ detalla que diplomáticos de estos países han estado trabajando en forma conjunta ante otras naciones del continente para obtener el mayor número posible de firmas, mismas que hasta ahora han sumado a 14 naciones. El diario indica que las naciones que se han negado a adherirse a la declaratoria, son “aliados más próximos de Venezuela, como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana”.

 

Entre las exigencias que se mencionan en el documento al cual el diario tuvo acceso, se mencionan “la liberación de prisioneros políticos, el reconocimiento de la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional (…) y el establecimiento de un calendario electoral”.

 

Se especifica que los países que confirman el grupo, se proponen someter la declaración a la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, fuentes de la entidad, que solicitaron el anonimato, dijeron a AFP que no hay pedidos de reunión inmediata del Consejo Permanente para discutir el tema.

 

 

 

Con información de Thw Wall Street Journal / Foto: Archivo APO