Tag

pruebas

Browsing

El gobierno de Estados Unidos abrió este martes la página web para que los ciudadanos soliciten pruebas gratis de COVID-19 a domicilio, un día antes de lo anunciado y cuando faltan dos días para el primer aniversario del presidente Joe Biden en el poder.

Las autoridades habilitaron el portal COVIDTests.gov, donde los estadounidenses pueden solicitar el envío de un máximo de cuatro pruebas de antígenos gratuitas por hogar, que ya ha recibido cerca de 800,000 visitas, según datos del propio gobierno. Los envíos se harán en los siete y doce días posteriores al encargo.

La Casa Blanca informó la semana pasada que a partir del 19 de enero los estadounidenses podrían comenzar a solicitar las pruebas diagnósticas, luego de que se firmara la compra de al menos 420 millones de un total de 500 millones de pruebas prometidas para enero.

Sin embargo, el Ejecutivo adelantó la fecha y habilitó la página web este martes, un día antes de que Biden ofrezca una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su toma de posesión, que se cumplirá el jueves 20 de enero.

Está previsto que durante su discurso, Biden resalte la gestión de su gobierno contra la pandemia, a pesar de que las autoridades sanitarias han recibido varias críticas durante las últimas semanas por sus confusas recomendaciones sobre los días de aislamiento y el uso de mascarilla ante la variable Ómicron.

Recordemos que Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia con más de 67 millones de casos de COVID-19 y más de 853,000 fallecimientos, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Biden juró como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2020 tras ganar en noviembre las elecciones a Donald Trump, y tras unas semanas caóticas marcadas por el asalto violento al Capitolio protagonizado por partidarios del expresidente.

Luego de las denuncias que han aparecido en redes sociales, donde trabajadores acusan a sus empresas de obligarlos a pagar una prueba COVID como condicionante para laborar, la Secretaría del Trabajo federal indicó que esto no debe ser así.

«De acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo. En ningún caso se debe trasladar el costo de las pruebas a los trabajadores», dijo la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.

La Secretaría recordó a los y las trabajadoras que no deben acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, pues hacerlo implicaría un riesgo potencial de contagio para otras personas.

Y es que además de las quejas que se han presentado sobre el pago de las pruebas, los trabajadores se enfrentan a la escases de éstas y al alto costo en laboratorios privados. Se ha reportado que incluso personas han pernoctado a las afueras de los kioscos que se habilitaron por parte de los gobiernos locales, para alcanzar una prueba.

Recordemos que el gobierno federal y algunos locales han dicho que más allá de buscar una prueba, lo importante es que si se presentan síntomas, lo preferible es comenzar un aislamiento, con el fin de evitar contagios.

En ese sentido, en días pasados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el “Permiso COVID-19. Versión 3.0”, ante el incremento de contagios del virus SARS-CoV-2, derivado de la alta contagiosidad de la variante Ómicron.

«Esta realidad está afectando notablemente a los trabajadores y a las empresas afiliadas al IMSS, y a la capacidad de respuesta de las unidades médicas encargadas de la gestión de las incapacidades», reconoció la Institución.

Señaló que la presencia de los trabajadores con síntomas en las empresas incide desfavorablemente en la salud de sus compañeros y en el ciclo productivo, además de que su desplazamiento, así como el tiempo de espera para acreditar su condición en los establecimientos médicos, no es benéfico para la población en general.

Por ello, el “Permiso COVID-19. Versión 3.0” permitirá que con base a una aplicación digital o en la página web del IMSS, se responda un cuestionario de síntomas, historial de vacunación y padecimientos preexistentes, lo que permitirá acceder al “Permiso COVID-19”, asimilable a una incapacidad hasta por 7 días y recibir el pago correspondiente en su cuenta bancaria.

El IMSS ya había hecho un llamado a las empresas a no pedir pruebas COVID con costo a los trabajadores para su regreso a los centros laborales.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió este martes a las personas que han estado en contacto con un positivo en COVID-19 que no se hagan una prueba para confirmar contagio, y se limiten a aislarse.

“Hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas de contagiarse, en lugar de correr al Kiosco para hacerse una prueba lo que hay que hacer es quedarse en casa”, dijo el funcionario.

Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue recomendando a los contactos cercanos con positivos que se realicen una prueba y mantengan una cuarentena.

“Si todas las personas que tienen tos, que tienen dolor de garganta se aceleran a ir a una prueba COVID lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila en un laboratorio público o privado”, criticó el subsecretario.

López-Gatell insistió en que en países como Estados Unidos ya no es necesario que una persona que ha estado con un contagiado se haga una prueba. Sin embargo, dicha afirmación no es cierta. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan: “Incluso si no presenta síntomas, hágase una prueba de detección al menos 5 días después de su último contacto cercano con una persona con COVID-19”.

Y es que en los últimos días, en todo el país se han observado largas filas de personas que buscan realizarse una prueba para confirmar o descartar contagios.

México atraviesa una cuarta ola de contagios, debido principalmente a la variante Ómicron; el sábado rompió el récord diario de contagios de toda la pandemia con 30,671 casos, superior a los 28,953 registrados el 18 de agosto de 2021.

Las declaraciones de López-Gatell llegan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) diera positivo por segunda vez a COVID-19; ayer en la conferencia matutina, se dejó ver agripado, ronco y sin mascarilla, esto a pesar de que admitió que días antes se había reunido con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien confirmó su contagio esa mañana.

En ese momento, el mandatario se negó a aislarse e incluso a hacerse una prueba, porque, no tenía síntomas.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ampliar el plazo dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que reúna pruebas a su favor en el caso que se le sigue relacionado al entramado de corrupción que gira en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

La respuesta de los fiscales llega después de que el propio Lozoya solicitara más tiempo antes de que se procediera al cierre de la investigación complementaria sobre el caso. Está previsto que este jueves se celebre una audiencia judicial al respecto.

Fuentes cercanas al caso han indicado en declaraciones a El Universal que la defensa del exdirector de Pemex había solicitado 60 días adicionales dado que está «pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva».

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado al juez declarar cerrado el plazo para la pesquisa y poder así formular la acusación contra Lozoya y pedir la apertura de un juicio en su contra ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.

La semana pasada, la FGR defendió que las acusaciones de soborno en el marco del caso Odebrecht presentadas por
el antiguo director de la petrolera estatal contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son «libres» y «voluntarias».

Lozoya tiene hasta mañana 3 de noviembre para presentar pruebas válidas en este y otros casos de corrupción, así como garantías de que puede reparar el daño económico causado al Estado, para evitar que las acciones penales recaigan también sobre él.

El exdirector de Pemex está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado a México cinco meses después.

Con el objetivo de investigar efectos secundarios poco comunes, entre ellos inflamación del corazón, a petición de los reguladores estadounidenses, Pfizer y Moderna están ampliando el tamaño de sus estudios clínicos de sus vacunas contra el COVID-19 en niños de entre 5 y 11 años.

Según lo expuesto por el diario The New York Times, que cita a personas conocedoras de los ensayos clínicos, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos indicó tanto a Pfizer-BioNTech como a Moderna que el tamaño y el alcance de sus estudios pediátricos inicialmente planteados no son adecuados para la detección de efectos secundarios como la miocarditis y pericarditis.

La información se conoce poco después de que el presidente Joe Biden afirmara en un evento que la aprobación de emergencia de las vacunas contra el COVID para niños se produciría «pronto», aunque la Casa Blanca no ha dado una fecha específica.

El medio señala que se desconoce si la petición de la ampliación de los ensayos clínicos de la vacuna afectará al calendario previsto para su aprobación.

Anteriormente, miembros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideraron que los beneficios de la vacuna para los mayores de 12 años superan los riesgos, entre ellos problemas de corazón.

La FDA ha solicitado a las compañías que incluyan a 3.000 niños de entre 5 y 11 años en sus ensayos clínicos, el doble del número de pacientes que las farmacéuticas se planteaban, según una fuente que habló en condición de anonimato.

Un portavoz de Moderna, Ray Jordan, confirmó al medio que la compañía pretende expandir sus estudios para aumentar la posibilidad de detectar efectos secundarios poco comunes, y señaló que se espera solicitar una autorización de emergencia a finales de 2021 o principios de 2022.

El ensayo de Moderna comenzó a incluir a pacientes menores de 12 años en marzo, con el objetivo de incorporar a cerca de 6,800 personas de entre 6 meses y 12 años de edad.

Pfizer, por su parte, podría cumplir con los nuevos requisitos de la FDA, y pese a los cambios tiene previsto presentar su solicitud de expansión del uso de su vacuna a finales de septiembre.

En junio, los CDC publicaron datos que mostraban que las dos vacunas podrían haber causado miocarditis y periocarditis en más de 1,200 estadounidenses, entre ellos más de 500 personas menores de 30 años.

Foto: Twitter @CDCespanol

El gobierno de la Ciudad de México informó que ayer miércoles 30 de junio finalizó el esquema de colaboración para realizar pruebas gratuitas de COVID-19 en tiendas departamentales y centros comerciales ubicados en diversos puntos de la capital.

Y es que con la finalidad de permitirle a las personas aislarse y evitar propagar el virus, además de recibir tratamiento y dar seguimiento médico, el gobierno capitalino presentó una iniciativa conjunta de cooperación con el sector privado a través de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas (ANADIM) para realizar pruebas de COVID-19 de manera gratuita.

Dicho esquema consistió en que las pruebas eran provistas por el gobierno de la Ciudad de México, mientras que los centros comerciales facilitaban sus instalaciones y las farmacias privadas al personal para realizar la toma de muestra.

El programa comenzó a funcionar el pasado 21 de febrero, cuando se estaba en un momento crítico de la pandemia, en su segunda ola.

La administración capitalina indicó que este miércoles 30 de junio dio por terminada la colaboración por parte de las farmacias y su personal médico privado.

Las plazas comerciales que participaron en la iniciativa fueron Perisur, Parque Las Antenas, Parque Tezontle, Parque Vía Vallejo, Zentralia Churubusco, Parques Plaza Nuevo Polanco, Centro Comercial Santa Fe, CETRAM El Rosario, Forum Buenavista, Garden Santa Fe, Plaza Central, Chedraui Anfora, Chedraui Aragón, Chedraui Universidad y Chedraui Tenayuca.

Mientras que las farmacias que colaboraron con personal médico fueron Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Farmacias San Pablo, Farmacias GI y Farmacias YZA.

El gobierno de Claudia Sheinbaum informó que durante las semanas que estuvo en operación la iniciativa, se realizaron un total de 88 mil 30 pruebas, las cuales permitieron identificar a 6 mil 824 personas positivas.

Ante el fin de esta alianza colaborativa, el gobierno de la Ciudad de México aclaró que continuará realizando pruebas en los 117 Centros de Salud y los 16 Macro Quioscos que se han instalado para este fin.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), con Irma Eréndira al frente, compró pruebas rápidas para detectar COVID-19 a un precio 3 veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otras dependencias federales por pruebas de características idénticas.

De acuerdo con una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las pruebas se compraron a una empresa que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes, que no tiene empleados y que no cuenta con experiencia en el ramo.

La SFP pagó por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, un millón 046 mil 250 pesos a la empresa Grupo Val Integra SA de CV.

Cada paquete fue pagado en 11 mil 625 pesos (sin IVA) mientras que en dos estudios de mercado elaborados por el IMSS en diciembre de 2020 y enero de 2021 se identificó que los proveedores Productos Roche, Abalat y Fármacos Dinsa vendían un kit similar en un rango de 3 mil 100 y 3 mil 250 pesos.

Las diferencias en los precios se debieron a que la empresa contratada ofreció el servicio de toma de muestras en las instalaciones de la SFP, justificó Víctor Omar Pérez, socio y administrador de Grupo Val Integra, aunque él mismo reconoció que carece de empleados.

MCCI indicó que el mismo argumento lo dio un vocero de la Función Pública, al ser cuestionado.

El contrato para la adquisición de pruebas lo firmó el 24 de diciembre de 2020 el director de seguridad de la SFP, Álvaro García Galindo, a quien además se le encomendó la responsabilidad de administrar y vigilar su cumplimiento.

Antes de ingresar a la SFP, García Galindo había trabajado 20 años como policía y agente en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Ejército, según detalló él mismo en su declaración patrimonial.

El procedimiento para la asignación del contrato tuvo el aval de la titular de la unidad de administración de la SFP, Ana Liza Gómez, y de la directora de recursos materiales, María de la Luz Padilla Díaz.

La información surge a un día de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciara la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, limitándose a decir que se emprendería una nueva etapa en el combate a la corrupción y a reforzar la austeridad en la administración pública.

“Tomé la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo Aquino en el cargo de secretario de la Función Pública. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo”, escribió el mandatario.

En el videomensaje que ofreció en compañía del presidente, Sandoval Ballesteros destacaba que gracias a las acciones que emprendió, se habían logrado ahorros por mas de 200 mil millones de pesos, aunque lo revelado por MCCI demuestran que los ahorros no se cumplieron en todos los casos, y menos al interior de la SFP.

También destacó que durante su gestión en la dependencia, se contribuyó a poner punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, licitantes. «Estos contratistas que llegaron a abusar realmente de nuestro gobierno, y finalmente del dinero de todo el pueblo».

Investigación completa AQUÍ

El laboratorio chino CanSino informó este martes que estudia en México un «probable refuerzo» para su vacuna anticovid, que hasta ahora se considera de una sola dosis y que en nuestro país se utiliza para inmunizar al personal educativo.

La farmacéutica detalló en un comunicado que hizo «una enmienda a su protocolo» en sus estudios de fase III, que han involucrado a más de 45,000 personas en «distintos países del mundo» y a 15,000 voluntarios en México, que envasa el fármaco en una planta de Querétaro.

«Se decidió administrar una segunda dosis a todos los participantes, y de esta forma -al mismo tiempo- estar en posibilidades de estudiar los posibles beneficios que una segunda dosis de refuerzo podría traer a la vacuna», anunció la compañía.

La empresa emitió el pronunciamiento tras difundirse las declaraciones de Zhu Tao, director científico de CanSino, en las que supuestamente advierte de que la vacuna pierde eficacia después de seis meses.

Desde la semana pasada, circuló en redes sociales el oficio que las autoridades enviaron a las personas que participan en las pruebas, y en el que se hablaba sobre la segunda dosis.

La polémica ha crecido porque la vacuna, probada en México con una eficacia general de 65%, es la principal apuesta del gobierno federal para inmunizar a los cerca de tres millones de trabajadores del sector educativo para reiniciar las clases presenciales por ser de una sola dosis.

«Sin embargo, erróneamente se les comunicó a algunos participantes que la eficacia de la vacuna disminuye después de seis meses, y que por eso es necesaria una segunda dosis», aseguró la compañía.

Hasta ahora, México ha recibido más de 4.6 millones de dosis de CanSino de un total de 35 millones adquiridas.

El gobierno ha prometido terminar esta semana con la inmunización de todo el personal educativo público y privado de los 32 estados del país, aunque ha aclarado que el retorno a clases presenciales es voluntario y dependerá de los gobiernos estatales.

En este contexto, CanSino reiteró en su comunicado que su vacuna es «segura y eficaz», pero que «como muchos otros tipos de vacunas, tales como la influenza, podría necesitar de la aplicación de una dosis de refuerzo».

«Hasta ahora no se conoce el tiempo exacto para aplicar un refuerzo. Lo estamos investigando y lo informaremos en cuanto tengamos los datos necesarios», aseveró.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó este lunes que iniciaron las pruebas de trenes en vacío, con marcha de seguridad, para el establecimiento del servicio provisional en la línea 12, en el tramo que comprende de Atlalilco a Mixcoac y viceversa

Fue el director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, Joel Carmona, quien indicó que las pruebas en vacío de los trenes se realizan en el marco del inicio de la fase cuatro de cinco programadas para el establecimiento del servicio de trenes en el subterráneo de la línea 12.

Señaló que la fase tres dio inicio desde el viernes pasado, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), y concluyó ayer domingo, con la colocación de vehículos en vías para el mantenimiento y puntualizó que se realizó la verificación de aparatos de vía, liberación de la catenaria, pruebas de tracción-frenado, mando y control, pruebas en las subestaciones de rectificación y de comunicación Tetra con los reguladores.

Indicó que en la fase tres también se verificaron 15 trenes, diez de ellos estacionados en Mixcoac y cinco en Atlalilco, a los que se realizaron pruebas de pilotaje automático, cierre de puertas, seguridad y manipulación de la tracción-frenado.

Sobre los trabajos de dictaminación estructural de los tramos elevados del Metro que realiza el Colegio de Ingenieros Civiles de México en coordinación con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones; el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, informó los avances en la inspección física de las líneas 4 y B del Metro.

Anunció que, al corte del 24 de mayo, se han inspeccionado 3.76 km de la Línea 4, lo que equivale a un 40% de avance de los 9.4 km de tramo elevado; por su parte, en la Línea B se lleva inspeccionado 0.61 km de un total de 4.1 km de tramo elevado, lo que equivale a un avance del 15% y finalmente, se concluyó la revisión física de los 4.9 km del tramo elevado de la línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y se encuentran procesando las fichas técnicas.

Asimismo, el titular de la dependencia dio a conocer que las brigadas del CICM estiman que la revisión física de los tramos elevados continúen durante esta semana, para después avanzar en la dictaminación de vulnerabilidad y entregar el dictamen de seguridad estructural.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del gobierno capitalino, Myriam Urzúa Venegas, informó que tanto la Fiscalía General de Justicia como la empresa noruega DNV-GL, entregarán el oficio de terminación de la toma de pruebas y extracción de muestras de concreto de la zona, cuyo procedimiento también incluyó la preservación, embalaje, traslado y traspaso a los laboratorios.

Señaló que, al momento, se realiza el desmantelamiento controlado de losas y trabes; así como el corte de las secciones con equipo especializado y el retiro y traslado de los elementos hacia el lugar en donde se resguardan las evidencias del incidente.

Expuso que se han atendido todas las solicitudes de la empresa encargada del peritaje de manera oportuna; como brindar información sobre el diseño estructural y constructivo de la llamada “Línea Dorada”; delimitación y confinamiento de un área correspondiente a 250 metros desde la zona del incidente hacia la Estación Tezonco; entrevistas con diferentes funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro; y se facilitaron los archivos digitales de las videograbaciones de las 24 horas previas al incidente realizadas por las cámaras de seguridad instaladas la zona.

Con información del último corte, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), Armando Ocampo Zambrano, expuso que derivado del colapso del pasado 3 de mayo, permanecen 10 personas hospitalizadas, mientras que 87 han sido dadas de alta. 7 personas de encuentran en seguimiento hospitalario y el total de fallecidos permanece en 26.

La Fiscalía estadounidense entregó nuevas pruebas contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado en el país vecino de presuntos delitos de narcotráfico.

Algunas de las pruebas fueron aportadas por los gobiernos de México y Colombia, según se indicó en documentos judiciales.

Las nuevas pruebas, que incluyen «material protegido», son de momento confidenciales y solo se ha hecho público un listado de las mismas.

Según este inventario, los fiscales han presentado registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y metadata relacionada con documentos recuperados de dispositivos electrónicos de García Luna, además de documentos aportados por los gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se ha revelado.

Además, incorporaron comunicaciones sobre los negocios del acusado, un video de un encuentro entre Genaro Luna y otro preso de la cárcel neoyorquina donde espera juicio y registros de propiedad.

En el escrito, la Fiscalía precisa que durante el juicio también «tiene la intención» de ofrecer registros sobre «actividades comerciales realizadas con regularidad» y solicitadas a Islas Barbados, México y Panamá.

Recordemos que el gobierno de México pidió a Estados Unidos la extradición de García Luna en diciembre pasado, un año después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que planeaba solicitarla, una vez que concluyera sus propias diligencias respecto a los posibles delitos cometidos por el exfuncionario.

Antes de cualquier proceso de extradición, sin embargo, García Luna debe enfrentar los 5 cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.

García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad en nuestro país. De acuerdo con el gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

El presidente ejecutivo de BioNTech SE, Ugur Sahin, dijo este jueves que los últimos estudios permiten prever que la vacuna contra el COVID-19 que desarrollaron junto a Pfizer ofrece un nivel de protección de entre el 70% y el 75% contra la variante detectada en India.

«Esta semana hemos hecho experimentos con la mutación india y nuestra vacuna muestra una reacción del 25-30 por ciento contra la variante. Con esta reacción podemos esperar una protección del 70-75% contra infecciones», dijo el médico.

El científico alemán de origen turco hizo estas declaraciones durante una videoconferencia con el ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, transmitida en directo por la cadena NTV.

Durante esta charla no dio más detalles sobre los experimentos realizados o qué pueden significar para la lucha contra la pandemia.

Agregó que en personas que ya han pasado la COVID-19, una única dosis de la vacuna BioNTech tres meses después de curarse puede ser suficiente para mantener la inmunidad.

Al respecto, el director regional de la Organización Mundial de la Salud (AMLO) dijo que las vacunas contra el COVID-19 que se están administrando en Europa, incluida la de Pfizer-BioNTech, parecen ser capaces de proteger contra todas las variantes del COVID-19 que circulan y causan preocupación en el mundo.

Fiscales estadounidenses dijeron este jueves que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al juez federal del caso en la que explica que la fiscalía también tiene una «voluminosa» cantidad de grabaciones interceptadas.

Recordemos que García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

Por el caso que se le sigue, el exfuncionario mexicano se encuentra preso en una cárcel neoyorquina.

García Luna, fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, y colaboró previamente en el gobierno de Vicente Fox.

El exfuncionario se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína libremente.

La fiscalía y los abogados de García Luna se preparan para ir a juicio. Lesko dijo en su carta que la fiscalía ha hecho pedidos de asistencia legal mutua a funcionarios extranjeros. Se han recibido algunas respuestas afirmativas, dijo, y se están esperando otras.

El fiscal le pidió al juez también que se posponga la audiencia judicial sobre el caso que estaba fijada para este mes ya que la fiscalía necesita más tiempo para ir preparando el juicio. El juez del caso es Brian Cogan, quien también presidió el juicio contra «El Chapo» Guzmán en 2018.

La nueva fecha para que se realice la audiencia es el23 de junio.

Este mismo jueves, un juez autorizó la incautación de cinco propiedades en México de Rafael Caro Quintero, o «RCQ», cofundador del cartel de Guadalajara y ahora jefe de una grupo criminal que lleva su nombre.

La fiscalía del distrito este de Manhattan afirma que las propiedades, situadas en Guadalajara y cerca de esa ciudad, fueron compradas por RCQ con dinero del narcotráfico llevado a cabo por la organización Caro Quintero, un brazo del cartel de Sinaloa.

«Estados Unidos buscará aplicar esta orden a través de canales diplomáticos», indicó la fiscalía en un comunicado tras la decisión del juez federal Eric Vitaliano.

Caro Quintero es acusado por la justicia estadounidense de ordenar en 1985 el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en México, tras torturarlo salvajemente. Es uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, por el que ofrece una recompensa de 20 millones de dólares.

RCQ fue detenido en 1985, juzgado en México y condenado a 40 años de prisión. Pero en 2013 un juez lo liberó por un tecnicismo legal. Poco después, la justicia volvió a pedir su captura, pero era demasiado tarde: RCQ había desaparecido.

El gobierno federal anunció esta mañana el inicio de los estudios clínicos de la vacuna mexicana contra la COVID-19, que recibirá el nombre de Patria, la cual esperan concluir y aprobar entre noviembre y diciembre de este año.

«Si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la Cofepris para su aprobación para uso de emergencia», explicó María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la directora del Conacyt anunció «el inicio de reclutamiento de voluntarios», entre 90 y 100 en la Ciudad de México, para los estudios clínicos de Patria, vacuna desarrollada por el laboratorio Avimex y el gobierno.

El fármaco, que ya ha sido probado en roedores y cerdos, utiliza un vector viral de la enfermedad de Newcastle, que «no es dañina en humanos», explicó Álvarez-Buylla.

Según el plan de las autoridades, la fase 1 de los ensayos clínicos tendría lugar entre abril y mayo, la fase 2 entre junio y julio, y la fase 3 entre agosto y octubre, mientras que su aprobación para uso de emergencia sería entre noviembre y diciembre.

«Todavía queda el desarrollo de las tres fases de estudios clínicos donde también hay incertidumbre pero tenemos confianza muy sólida para que llegue a ser un desarrollo vacunal mexicano que nos permita defendernos de la COVID-19», dijo al directora del Conacyt.

Álvarez-Buylla aseguró que «es muy difícil» llegar hasta el punto que ha llegado la vacuna Patria, puesto que solo entre el 10% y el 20% de las vacunas inician sus ensayos clínicos, por lo que lo consideró «una gran noticia» el avance que se ha tenido hasta ahora.

En el desarrollo de Patria participan reconocidos científicos como los doctores Constantino López Macías, Peter Palese, Adolfo García-Sastre, Florian Krammer, Felipa Castro y Martha Torres Rojas.

Aunque hay varias universidades intentando desarrollar un fármaco contra la COVID-19, el gobierno federal ha apostado por la vacuna Patria.

Hasta ahora, México ha autorizado el uso de vacunas contra el COVID-19 de la estadounidense Pfizer, la británica AstraZeneca, la china Sinovac, la rusa Sputnik V y la china CanSino.

Llamó la atención que durante su exposición en la conferencia de prensa matutina, la titular del Conacyt indicó que el costo aproximado de Patria, «va a ser en promedio hasta 855 por ciento menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita, esto les da una idea. El costo preciso se fijará ya en el momento que se pueda ya tener una planeación y obviamente va a depender del nivel de escalamiento».

Las declaraciones de la funcionaria llamaron la atención, pues considerando que la vacuna más cara disponible actualmente en el mercado costara 40 dólares, cualquier otra vacuna que fuera 100% mas barata, costaría 0 dólares. «Ahora, si fuera 885% más barata, entonces tendría un precio de -314 dólares. Como el precio sería negativo te tendrían que pagar (una lana) al dártela», explicó la economista Valeria Moy.

Más tarde, el gobierno federal aclaró y dijo que contar con la vacuna mexicana permitirá ahorros económicos de hasta 855% respecto a la adquisición de vacunas en el exterior.

De los ocho módulos para la toma de prueba COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuatro subcontratan a laboratorios autorizados por el InDRE para procesar las muestras, mientras que uno más las analiza por sí mismo sin tener esa autorización sanitaria.

De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cinco de los establecimiento, ni el AICM, pudieron detallar cómo fue que lograron la autorización para hacer pruebas COVID-19 en las instalaciones aeroportuarias. El módulo que no cuenta con autorización del InDRE es de extrabajadores de Mexicana de Aviación.

Sin embargo, destaca que uno de los módulos de la Terminal 1 es de la Clínica del Viajero de la UNAM, que lleva más de diez años operando ahí. Los otros espacios son de las empresas: KWB Medical, Laboratorio Médico Tadeo, MDT Laboratorio Clínico, DRM Health SA de CV y AS Team (Mexicana de Aviación).

En la Terminal 2 se instalaron dos módulos más: LAPI S.A. de C.V. y MDS Medical Devices Supplier. Este último factura a nombre de Distribuidora de Dispositivos Médicos de México S.A. de C.V., una empresa que vende insumos médicos y que ha ganado unos 795 millones de pesos en contratos públicos del 2010 a la fecha.

De esos ocho establecimientos, solo La Clínica del Viajero y LAPI S.A. de C.V. aparecen en la lista de laboratorios autorizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para realizar el diagnóstico de COVID-19.

De los otros seis, hay uno que se anuncia con el nombre de MDT Laboratorio Clínico, que no solo no está autorizado por el InDRE sino que procesa por sí mismo sus pruebas. En el AICM, hay seis sin autorización del InDRE, pero al menos cuatro de ellos subcontratan a laboratorios que sí cuentan con ella.  

El 3 de abril, el periódico Reforma publicó que los laboratorios del aeropuerto operan sin las medidas de bioseguridad necesarias; al respecto, el director de Epidemiología, José Luis Alomía dijo que las prácticas representan un riesgo de transmisión y que es competencia de Cofepris regularlo. 

Más tarde se confirmó que la Agencia de Protección Sanitaria de Ciudad de México suspendió el módulo para toma de pruebas de “Laboratorio Médico Tadeo”, que se ubicaba en la puerta F3 de la Terminal 1 del AICM.

Alrededor de las 3 de la tarde personal de la agencia colocó sellos para clausurar el establecimiento, luego de una verificación sanitaria realizada por el gobierno capitalino. La Secretaría de Salud de la ciudad no ha dado más detalles sobre la clausura. 

Investigación completa en MCCI

Foto: MCCI

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó este viernes a la Cámara de Diputados seis cajas de expedientes para ratificar la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Los documentos entregados contienen la investigación sobre los delitos de los que se le acusan: delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que el Titular y los Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se presentaron en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para ratificar la solicitud de desafuero contra el gobernador.

«Los funcionarios de la FGR fueron atendidos por el director general de Asuntos Jurídicos, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, y la documentación entregada ya fue turnada a la Secretaría General para que sea remitida a la Sección Instructora», informó la Cámara de Diputados.

La petición de desafuero se conoció el martes pasado cuando el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, difundió la solicitud de la FGR, situación que fue calificada por el propio gobernador como un acto ilegal.

El gobernador y su partido, el PAN, ha denunciado una «persecución política»; el gobernador es miembro de la Alianza Federalista, un grupo de gobernadores opositores al gobierno federal, y que han criticado el «centralismo» del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sobre los señalamientos, López Obrador negó que se trate de una «venganza» contra el mandatario estatal, quien también es uno de los señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013, que el presidente combate.

«Nosotros no perseguimos a nadie, pero también recuerdo que no somos tapadera de nadie», aseguró el presidente en su conferencia de prensa matutina.

Los diputados tendrán 60 días para analizar la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

FOTO: Twitter

Reino Unido autorizó este miércoles el primer estudio mundial en el que se infectará a voluntarios sanos para analizar el comportamiento del coronavirus y acelerar así el desarrollo de vacunas y fármacos contra la COVID-19.

El ministro de Empresa, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, explicó que estas pruebas clínicas, a las que el gobierno aporta 33.6 millones de libras, empezarán en las próximas semanas, tras haber recibido ya la aprobación del comité de ética.

Con este estudio, el país reafirma así su liderazgo en investigación durante la pandemia, pues en el país hay otras iniciativas como la realización por parte de la universidad de Oxford del primer estudio en niños sobre la eficacia de la vacuna que creó con la farmacéutica AstraZeneca.

El Reino Unido, uno de los lugares del mundo con más muertes por COVID-19 per cápita, lidera también la inoculación de primeras dosis de la vacuna, que ya han recibido 15 millones de personas de grupos prioritarios desde el pasado 8 de diciembre.

En el ensayo anunciado hoy, 90 candidatos de entre 18 y 30 años serán infectados con muestras del coronavirus en la nariz y luego pasarán catorce días supervisados en un hospital, para averiguar, en una primera fase, la cantidad mínima de virus requerida para que se produzca infección, lo que facilitará después probar vacunas y fármacos.

Estos jóvenes deberán someterse a varios análisis posteriores, por lo que recibirán una ayuda económica, que según la cadena BBC, sería de 4,500 libras al año.

Cuando se haya determinado el comportamiento del virus, la intención es, previa autorización de los reguladores, administrar vacunas consideradas seguras a un grupo de voluntarios a los que se infectará con el SARS-CoV-2, a fin de comprobar la reacción inmune y que esto sirva para afinar y acelerar los ensayos de los preparados a mayor escala.

La variante del virus con la que se infectará inicialmente a los voluntarios, que están ahora siendo reclutados, será la que circula en el Reino Unido desde marzo de 2020 y que se ha demostrado que es de bajo riesgo para adultos jóvenes sanos.

Trabajarán conjuntamente en estas pruebas clínicas la Unidad de Vacunación del Gobierno, el laboratorio especializado hVIVO, la universidad Imperial College London y la fundación de sanidad pública Royal Free London.

El Gobierno dice que consultará en todo momento con el servicio nacional de salud (NHS) para asegurar que el estudio no afecta a su capacidad para tratar a los pacientes hospitalizados durante la pandemia.

Los estudios donde se infecta a personas sanas, en lugar de esperar a que se contagien de forma natural, como se ha hecho hasta ahora en el desarrollo de las vacunas anticovid, se usan ya para la generación de vacunas y tratamientos contra enfermedades como la malaria, fiebre tifoidea, resfriado común, gripe o norovirus.

Sin embargo, en este caso se planteaba un dilema ético añadido, dado que la COVID-19 es una enfermedad para la que no hay cura y cuyos efectos a largo plazo se desconocen.

En el comunicado, Kwarteng afirma que los ensayos, que se harán bajo estricta supervisión médica, son necesarios para «agilizar el conocimiento de los científicos sobre cómo afecta el coronavirus», y, en última instancia, propiciarán «el rápido desarrollo de vacunas».