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La Cámara de Diputados aprobó esta mañana de ayer en lo general, con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, el dictamen de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envío en carácter de preferente.

El documento, que modifica los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de la Ley, señala que se pretende garantizar un sistema tarifario de precios que serán actualizados en razón de la inflación mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el Contrato Legado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.

Tal como lo pidió AMLO, y que adelantó era una ‘recomendación’ que tenían los legisladores de la llamada Cuarta Transformación, la reforma se aprobó sin un solo cambio.

Como lo planteó el presidente, se modificó el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas, para quedar en prioridad: energía producida por las hidroeléctricas, energía generada en otras plantas de la CFE, energía eólica o solar de particulares y ciclos combinados de empresas privadas.

Además, establece la obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía, y precisa que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales en las centrales eléctricas.

Elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos y se modifican las definiciones de Central Eléctrica Legada, Contrato de Cobertura Eléctrica y Contrato Legado para el Suministro Básico y se agrega la definición de Contrato de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física.

Se establece un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que tanto la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía  (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), realicen las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica.

Uno de los puntos que más habían preocupado, el que los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo correspondiente.

Más tarde, con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, se avaló en lo particular, luego de que se desahogaron, en un promedio de 11 horas, las reservas presentadas por las y los diputados de todos los partidos e independientes.

La Cámara de Diputados remitió el dictamen al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El gobierno de Canadá está cada vez más preocupado por el clima de inversión en México y está atento a la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso sobre la Ley de la Industria Eléctrica,  con la que busca fortalecer el papel del Estado en el sector.

En un comunicado enviado por correo electrónico, la oficina de la ministra de Comercio canadiense, Mary Ng, dijo que había hablado el martes pasado con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y enfatizó en que México debe mantener un entorno comercial estable y predecible para las empresas canadienses.

Recordemos que la semana pasada, la Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que la iniciativa de reforma representaba un incumplimiento de los compromisos de México en virtud del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La ministra Ng señaló a Clouthier que Canadá está dando seguimiento al progreso de la iniciativa a la Ley de la Industria Eléctrica, y “expresó su creciente preocupación por el clima de inversión en México”, se lee en el comunicado.

La funcionaria canadiense también “destacó la importancia de mantener un entorno empresarial estable y predecible para las empresas canadienses que contribuyen al crecimiento económico de México”, según el comunicado.

Cuestionada por la agencia Reuters sobre si pensaba que el proyecto de ley violaba los compromisos de México establecidos en el TMEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020, la oficina de Ng evitó hacer comentarios.

Recordemos que el comercio bilateral de bienes de Canadá con México en 2019 tuvo un valor de 44,000 millones de dólares canadienses, mientras que con Estados Unidos alcanzó 780,000 millones de dólares canadienses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó de su aislamiento dispuesto a defender la iniciativa que envió al Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica, que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los productores privados.

“No les gustó que envié una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares, comprando, sobornando autoridades corruptas, empresas extranjeras”, manifestó el mandatario.

El principal cambio de la reforma es modificar el criterio del despacho eléctrico para priorizar la energía generada en las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

La iniciativa también ordenaría revisar los contratos del gobierno con productores independientes de energía, eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas, restringiría los esquemas de autoabastecimiento y cambiaría las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para dárselos a la CFE.

Aunque analistas han advertido que esto impactaría en precios más altos para la industria y consumidores finales, el presidente defendió su propuesta.

“Ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, para que no siga ese saqueo, pues se inconforman, pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo para no aumentar el precio de la luz”, sostuvo.

López Obrador insistió en que la reforma energética de 2013, que abrió el sector energético a la inversión privada, se hizo con base en sobornos de empresas a legisladores. Indicó que es necesario poner orden y acabar con la corrupción; no seguir apostando a destruir a la CFE, y con ello dejarle el negocio a los “traficantes de influencias”.

En ese sentido, el presidente aprovechó la mañanera para advertir que, si los partidos afines a su gobierno pierden la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del 6 de junio, los opositores van a querer “seguir manteniendo el régimen de corrupción”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO9 para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, garantizará “piso parejo”, libre competencia y la eliminación del ‘dumping’, por lo que el grupo parlamentario impulsará su aprobación en sus términos.

“En la aprobación de esta iniciativa preferente no habrá lugar a ningún tipo de controversia constitucional, pues todo el proceso se hará con estricto apego a la ley, respetando las inversiones y protegiendo los intereses de la nación y los consumidores”, sostuvo el legislador.

Apuntó que no se está haciendo una contrarreforma constitucional, sino modificaciones y reformas a la ley secundaria, a la ley que nació derivada de la reforma del 2013.

Sostuvo que se llevará a cabo un debate sensato y prudente en torno a la iniciativa, donde se podrá revisar uno de los temas que definirán muchas cosas para el futuro del país en materia de soberanía energética y también política.

Mier Velazco subrayó que este tema no se centra en ideologías, sino en la defensa de la libre competencia en condiciones equitativas tanto para las empresas particulares como para las empresas productivas del Estado.

“Creemos en la inversión privada, pero creemos que no podemos mentir a los mexicanos y lo que queremos es que haya reglas parejas, que se respete la libre competencia en condiciones de equidad, que se evite el ‘dumping’, que se evite el subsidio disfrazado y que efectivamente toda esta modernización del sistema eléctrico y de apertura sea en el propósito que inspiró la reforma constitucional, que tengamos energías limpias y un mejor servicio en confiabilidad y en los precios hacia los consumidores”, enfatizó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Advirtió que el Grupo Parlamentario de Morena va a demostrar con argumentos, en el Parlamento Abierto que se abrirán, lo que hicieron en la reforma energética para favorecer intereses particulares de manera “mentirosa, falsa, escondiéndose en recovecos del reglamento”.

Explicó que en la reforma energética de 2013 se reconoció el carácter de energía limpia a la producida en hidroeléctricas, nucleoeléctricas y ciclos combinados; sin embargo, dijo que en el reglamento se han aprovechado recovecos para desplazar a las hidroeléctricas, las de ciclo combinado y nucleoeléctricas, y favorecer los contratos que ya tenían en un sistema de cuotas y de cuates para generar un negocio particular atentando contra los intereses de las y los mexicanos.

Mier Velazco sostuvo que su grupo apoyará la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, en sus términos, porque es algo justo para el país. “Ésta es la iniciativa de iniciativas de esta Legislatura”, remató,

En el primer día de su gobierno, el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden planea revelar un amplio proyecto de ley de inmigración con el que espera ofrecer a unos 11 millones de personas que viven de manera ilegal en su país una vía de ocho años para naturalizarse.

Medios estadounidenses reportan sobre el tema, lo cual representaría un giro de 180 grados respecto a las duras políticas de inmigración implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Se prevé que el proyecto de ley sea presentado luego de que Biden preste juramento mañana, de acuerdo con una persona familiarizada con la medida y quien pidió hablar bajo condición de anonimato.

La iniciativa coloca a Biden en camino para cumplir con una promesa clave de campaña que es importante para los votantes latinos y de otras comunidades de inmigrantes, tras cuatro años de las políticas restrictivas y las deportaciones en masa del gobierno de Trump.

La propuesta contempla una de las vías más rápidas para obtener la ciudadanía estadounidense para quienes viven en el país sin ningún tipo de estatus legal en los últimos años, pero no incluye el tradicional compromiso de una mayor seguridad fronteriza favorecida por muchos republicanos, lo que pone en duda que vaya a ser aprobada en el Congreso.

Como candidato, Biden dijo que las acciones de Trump sobre la inmigración eran un “ataque implacable” contra los valores estadounidenses y afirmó que “desharía el daño” al tiempo que mantendría la frontera bien vigilada.

Bajo la propuesta, quienes hayan vivido en Estados Unidos hasta el 1 de enero de 2021 sin un estatus legal tendrían una vía de cinco años hacia un estatus legal temporal, o una tarjeta de residencia permanente, si aprueban las revisiones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen con otros requerimientos básicos. A partir de ese punto, les queda un camino adicional de tres años para naturalizarse, si deciden hacerlo.

Para algunos inmigrantes, el proceso sería más rápido. Los llamados “dreamers”, que son los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal siendo niños, así como los trabajadores agrícolas y la gente bajo el Estatus de Protección Temporal, podrían calificar para obtener la tarjeta de residencia permanente, también conocida como green card, si están trabajando, estudiando o cumplen con otros requisitos.

El proyecto de ley no es tan amplio como la última reforma de inmigración propuesta cuando Biden era vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Por ejemplo, no incluye un elemento de seguridad fronteriza robusto, sino que requiere la elaboración de estrategias. Tampoco crea ningún programa nuevo de trabajadores temporales u otros programas de visado.

Sí aborda alguna de las causas de la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos y proporciona subsidios para el desarrollo de la fuerza del trabajo y aprendizaje del idioma inglés.

Está previsto que Biden tome acciones ejecutivas rápidas para revertir otras acciones de inmigración de Trump, como poner fin a las restricciones impuestas a la llegada de personas de varios países predominantemente musulmanes.

Durante las elecciones primarias demócratas, Biden dijo en repetidas ocasiones que la acción en torno a la inmigración sería una de sus prioridades desde el “primer día” de su presidencia y dijo la variedad de poderes ejecutivos que podría invocar para revertir las políticas de Trump.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este lunes que confía en que Joe Biden, futuro presidente de Estados Unidos, cumpla con su compromiso de llevar a cabo una “reforma migratoria” que atienda el fenómeno desde varias dimensiones una vez llegue a La Casa Blanca.

“Ahora en la campaña del presidente Biden, él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso. Eso lo espero y lo voy a reconocer y celebrar”, dijo AMLO durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador fue cuestionado sobre la caravana migratoria de unas 6,000 personas que partió el pasado viernes desde Honduras y actualmente se encuentra varada en Guatemala, bloqueada por las fuerzas de seguridad.

“Estamos tratando este asunto en coordinación con los gobiernos de Centroamérica y también hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con los actuales funcionarios y con los que van a entrar”, añadió López Obrador.

Aunque elementos de la Guardia Nacional se encuentran desde el sábado controlando la frontera sur del país, López Obrador invitó al “diálogo con los migrantes” para que “no entren a ningún país por la fuerza” y se les atienda conforme a los derechos humanos.

AMLO insistió en que tiene una “buena relación” con Joe Biden. Recordó que en 2012, cuando el demócrata era vicepresidente de Estados Unidos, mantuvo una reunión con él, en la que hablaron del tema migratorio, aunque no se concretó ninguna reforma por parte de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama.

“Él (Biden) también es sensible a este planteamiento. Y estoy seguro que de esta manera, atendiendo a los que ya están en Estados Unidos, regularizando su situación migratoria y al mismo tiempo llevando a cabo un programa de desarrollo para el bienestar de los pueblos de Centroamérica y de México se va a poder presentar una opción, una alternativa”, remató AMLO.

Y es que el mismo día de su investidura, Biden se ha comprometido a enviar al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluirá una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) se ha “exagerado”; sin embargo, reconoció que se ha ya aplazado su discusión en la Cámara de Diputados para febrero del próximo año, pues dijo, así se podrá lograr un consenso.

“Fue buena la decisión que tomaron los legisladores porque da tiempo a recoger los sentimientos y los puntos de vista de todos. Y da tiempo también a informarle al pueblo” para evitar la desinformación sobre el tema, subrayó el mandatario.

Sin embargo, defendió la propuesta y dijo que “a veces, por desconocimiento, se exagera”. “Se hablaba por ejemplo de una afectación a la autonomía del Banco de México, y se me hace una exageración”, añadió.

El presidente dijo que lo que se quiere y se busca con la reforma, es que la gente que tiene “pocos dólares” los pueda cambiar y se les pague lo “justo” y a “mejor precio”.

Sin embargo, recordemos que las modificaciones aprobadas en el Senado, obligarían al banco central a comprar dólares en efectivo que el sistema financiero no puede repatriar, algo a lo que se oponen las instituciones financieras por considerar que facilitaría el lavado de dinero.

Sobre el tema, López Obrador consideró que hay “formas” para evitar el lavado de dinero y reiteró que es bueno que se analice esta reforma con “objetividad” y sin “dogmatismos”. “Los financieros, con todo respeto, son muy dogmáticos”, y lamentó que hasta organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) opinaran del tema.

AMLO llamó a que se analice y actúe en beneficio del pueblo, sin perjudicar a ninguna institución. Incluso reiteró que se debe respetar la autonomía del Banco de México, aunque “tampoco exagerar” en el tema.

Los Diputados acordaron este martes posponer el debate de la criticada reforma a la ley del Banco de México (Banxico), la cual obligaría a la entidad a comprar divisas, abriendo la puerta a que sea de origen ilícito, además de que debilitaría su autonomía.

La iniciativa debía discutirse hoy en el Pleno, pero ante la presión que se ejerció desde distintos grupos: Banxico, CCE, ABM, entre otros, e incluso de algunos legisladores de Morena, se decidió que sería aplazada su discusión asta el próximo periodo ordinario, que inicia en febrero.

Recordemos que la semana pasada, el Senado aprobó el proyecto de ley que busca obligar a Banxico a comprar divisas que los bancos comerciales no puedan repatriar a sus países de origen y que pasen a formar parte de la reserva internacional.

De acuerdo a los reclamos que se hicieron a la reforma, de haber sido aprobada podría permitir que el dinero de los cárteles de la droga ingrese a las reservas del Banco central y enfrentar sanciones de Estados Unidos.

Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseguró ayer que la propuesta “debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo (…) sin generar riesgos de lavado de dinero”.

Ricardo Monreal, quien impulsó la reforma, ha defendido su propuesta asegurando que las modificaciones permitirán que quienes reciben remesas del exterior mantengan el valor de su dinero al tipo de cambio vigente, evitando que los comercios les paguen menos.

Sin embargo, la Asociación de Bancos de México dijo que apenas el 1% de las remesas que reciben las familias mexicanas son en efectivo, ya que poco más del 99% de los envíos se lleva a cabo vía transferencia electrónica.

Diversos analistas aseguraron que la ley buscaba favorecer a Banco Azteca, del empresario Ricardo Salinas, que tiene un historial negativo en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Dicha idea fue reforzada por diversos actores del Banco de México, como el subgobernador Jonathan Heath.

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó al llamado de dar paso a una discusión a fondo, con responsabilidad y prudencia, ante la iniciativa aprobada por el Senado en relación con la compra de divisas por parte del Banco de México (Banxico).

Al reconocer que es un asunto complejo, el CCE indicó que en el análisis y discusión que debe hacerse, se deben alcanzarse dos objetivos: atender las dificultades que enfrentan los ciudadanos que reciben recursos en divisa extranjera en efectivo, y mantener y fortalecer los controles para evitar el ingreso al sistema de recursos de procedencia ilícita, así como respetar la autonomía del Banco de México en el ejercicio de sus funciones.

Advirtieron que tal como está planteada, la iniciativa representa riesgos importantes para el sistema financiero.

Al respecto, también se posicionó la la Asociación de Bancos de México (ABM),  quien dijo que la iniciativa de reforma pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano, por lo que también llamó a discutir ampliamente la propuesta legislativa, atendiendo a todas las voces y los planteamientos existentes.

“La ABM considera que la iniciativa actual, la cual no ha sido promovida por esta Asociación, incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al obligar a Banco de México a operar como comprador de última instancia de divisas en efectivo”.

La Asociación indicó que la solidez del sistema financiero mexicano es uno de los pilares más importantes que sostienen la estabilidad macroeconómica del país; recordó que dicha solidez se ha conseguido gracias a la adopción de diversas medidas, como son, la autonomía del Banco de México, un régimen de tipo de cambio libre, la disciplina fiscal a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la certificación de los criterios de capitalización y liquidez de Basilea III, y la adopción de normas estrictas de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que siguen las mejores prácticas a nivel internacional.

Alertó que obligar al banco central a actuar como comprador de última instancia de moneda extranjera en efectivo, aunque estas provengan de instituciones del propio sistema financiero, atenta contra su autonomía. Denunció también que podría aumentar el riesgo percibido para Banco de México por la comunidad financiera internacional, y por extensión a todo el sistema financiero mexicano.

Puntualizó que las remesas se envían por transferencia electrónica y sólo un 1% llega en efectivo, las cuales se entregan en pesos mexicanos a quienes las reciben.

Coincidió en que es indispensable que a la brevedad se encuentre una mecánica dentro del marco legal y regulatorio que permita ingresar dólares en efectivo, que puedan cambiarse a precios competitivos en un sistema financiero que se mantenga seguro, bien regulado y protegido, por lo que apoyó el planteamiento de dar paso a un debate profundo y consensuado.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) también se sumó al debate, y dijo este mañana que la Cámara de Diputados debe escuchar la voces de los expertos, pues dijo que hasta ahora hay consenso en contra de la reforma a la Ley del Banco de México. Indicó que es imprescindible blindar instituciones y no vulnerarlas.

“Estamos a tiempo de evitar un daño grave a nuestro Banco Central y generarle un aislamiento internacional”.

En su maratónica sesión de ayer, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), que según señala el texto, busca fortalece la economía de los mexicanos que migraron a Estados Unidos, de las familias que reciben remesas en efectivo, así como de quienes dependen de la actividad turística y del comercio de bienes en la frontera.

El dictamen se avaló en lo general con 67 votos a favor 23 en contra y 10 abstenciones.

Las modificaciones otorgan la certeza jurídica de que los dólares siempre se podrán canjear por pesos en los bancos de una forma legal y segura, obteniendo por ellos la mejor paridad del mercado. Además, evitan que se recurra al mercado negro de divisas, en donde se obtienen menos pesos por los dólares y se fortalecen las estructuras del crimen organizado y los flujos de dólares irrastreables por la autoridad fiscal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el Estado está obligado a modificar su marco normativo para que los millones de mexicanos que regresan a nuestro país encuentren condiciones adecuadas en el tipo de cambio y obtengan “el valor exacto de su esfuerzo” al intercambiar sus dólares.

Las reformas, enfatizó, “no promueve el lavado de dinero”, sino que favorece a los trabajadores migrantes que en la contingencia sanitaria enviaron casi 10% más de remesas para pagar la atención médica de sus familiares.

Sin embargo, la oposición acusó que era falsa la intención expuesta por los legisladores afines a la 4T sobre las modificaciones a la Ley.  Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que se estaba vulnerando la autonomía del Banco de México, imponiéndole obligaciones de las instituciones bancarias comerciales, entre ellas, el congelamiento de operaciones internacionales por lavado de dinero.

El senador Emilio Álvarez Icaza alertó que con la aprobación de la iniciativa se estaba convirtiendo a Banxico en una “lavadora de dinero del narcotráfico”. Dijo que, si el problema son las remesas que envían los migrantes, la alternativa era crear mecanismos para protegerlas con instituciones financieras.

La reforma precisa que las divisas que podrán formar parte de la reserva, a juicio del Banco de México, son únicamente los billetes y monedas extranjeras, captados por las instituciones de crédito en los términos, montos y modalidades que determine la Ley de Instituciones de Crédito, que no puedan ser repatriados a su país de origen.

Dispone que los billetes y monedas extranjeras excedentes que capten las instituciones de crédito serán repatriadas a su país de origen conforme al contrato de corresponsalía que tengan firmado.

La asamblea aceptó la reserva que aclara que los montos que no se puedan repatriar serán comprados por el Banco de México, para lo cual éste, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulará el procedimiento de compra al tipo de cambio vigente. El procedimiento de compra de divisas incluirá la obligación de las instituciones de crédito para contar con procesos, sistemas y personal adecuados para recabar, verificar y conservar la información de identificación de sus clientes o que permita evaluar el riesgo que pueden representar en la materia.

Además, de procesos que deberán seguir, así como personal adecuado, para monitorear las operaciones a través de los sistemas automatizados con que cuente, con el fin de detectar operaciones inusuales.

Se indica que se podrá elaborar y documentar las políticas y procedimientos para evaluar y mitigar los riesgos que la institución de crédito asuma ante la realización de operaciones con divisas relacionadas con actos presuntamente ilícitos o con recursos de origen indeterminado.

Sobre las modificaciones aprobada por el Senado, el Banco de México emitió un posicionamiento el que dijo que a pesar de las modificaciones hechas al proyecto de decreto, considera que en las reformas aprobadas persisten los riesgos a las operaciones del Banco Central que ya se habían advertido.

Aclaró que aunque Banxico participó en el grupo de trabajo convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, las consideraciones sobre los temas fundamentales y alternativas de solución que presentaron  no fueron incluidas en el proyecto aprobado.

Al indicar que el proyecto pretende beneficiar a la población que recibe billetes y monedas extranjeros. Entre dichos beneficiarios, destacan principalmente quienes se dedican a actividades turísticas y aquellos que reciben remesas en efectivo, los cuales representan el 1% del total de las remesas enviadas al país, lamentó que el proyecto proponga imponer al Banco de México la obligación de comprar dichos billetes y monedas captados por la banca y que no puedan ser repatriados.

“El Banco de México destaca que los impactos del proyecto ocasionarían afectaciones y riesgos substanciales sin cumplir el objeto que dicho proyecto busca lograr. Adicionalmente, las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de dinero coinciden en las afectaciones que el proyecto ocasionaría en los estándares que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeros, que son considerados de alto riesgo, así como el contagio de dicho riesgo al Banco Central”, expuso Banxico.

Añadió que también se podría dar lugar a que autoridades extranjeras impongan restricciones a las entidades financieras de su país y que ofrecen servicios de corresponsalía a las instituciones mexicanas para procesar la moneda extranjera que estas últimas capten, así como limitaciones a las operaciones y acuerdos celebrados con el Banco de México.

Banxico insistió en la vulneración que las normas previstas en el proyecto de decreto ocasionarían a su autonomía para el ejercicio de sus funciones, debido a la determinación en ley de operaciones activas que el Banco Central quedaría obligado a realizar.

Enfatizó que el proyecto de decreto obligaría al Banco Central a realizar operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la reforma a la ley del Banco de México debe ser respetada.

“Si se aprobaron en el Senado, por el Congreso, pues son reformas que deben de acatarse, que deben de respetarse”, dijo el mandatario brevemente en su conferencia de prensa matutina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como un “hecho histórico” la aprobación que se dio la tarde de ayer en el Senado a la reforma que elimina el fuero presidencial y abre la puerta a que los mandatarios puedan ser juzgados mientras están en funciones.

La reforma, que tras haber quedado aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado debe ser ratificada por la al menos la mitad más uno de la mayoría de los congresos estatales, modifica el artículo 108 de la Constitución, que establece que el presidente solo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.

La modificación añade que podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.

“Ahora con esta iniciativa, con esta reforma a la Constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito, como cualquier ciudadano”, celebró el presidente en su conferencia matutina.

El mandatario consideró la reforma como “un gran avance” luego de más de 150 años de mantener el “privilegio” en la Constitución; confió en que la modificación entrará en vigor antes de terminar el año, esperando tener el apoyo de 17 de los 32 congresos estatales.

Recordemos que la iniciativa que envió estuvo casi dos años estancada por falta de consensos en el Congreso. La reforma fue finalmente aprobada en septiembre por la Cámara de Diputados y ayer por el Senado, donde obtuvo 89 votos a favor y 23 en contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó este jueves una iniciativa para prohibir la subcontratación de trabajadores, el llamado outsourcing, una práctica de la que acusó el gobierno, se ha abusado en el país  y con la que las empresas evitan cumplir con las prestaciones de ley a sus trabajadores.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) explicó que hay empresas que suelen subcontratar empleados a agencias temporales o empresas externas con el fin de evitar gastos. Esos trabajadores laboran frecuentemente en las instalaciones de la compañía pero reciben de otra empresa su salario, que muchas veces está por debajo del de mercado. A su vez, es común que sean despedidos cada cierto tiempo para no generar derechos.

En este sentido, el presidente López Obrador denunció que la tendencia es el despido masivo de trabajadores a fin de año para que no tengan antigüedad.

Luisa Alcalde explicó que la propuesta prohibirá la subcontratación de trabajadores salvo que sea para servicios u obras especializadas y establecerá que las agencias de empleo sólo puedan reclutar o formar a trabajadores pero no contratarlos en sustitución de sus clientes.

“El trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, por ello proponemos una reforma integral en beneficio de los trabajadores, de empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública”, dijo Alcalde.

La funcionaria enfatizó que habrá multas para quienes no cumplan la norma y hasta acusaciones de defraudación fiscal.

Alcalde ofreció dos ejemplos reales aunque no identificó a las compañías: un grupo empresarial que tiene más de 250,000 trabajadores que no se dedican a ninguna actividad y sólo se transfieren a otras empresas y un hotel del Caribe con 802 trabajadores de los cuales sólo dos tienen contrato directo con dicho hotel.

La secretaria del Trabajo detalló que según estimaciones oficiales hay alrededor de 4.6 millones de ciudadanos trabajando bajo ese esquema, que calificó de “simulación en la relación laboral” y que les perjudica en su antigüedad, pensiones, indemnizaciones por despido y bajas por maternidad o accidente.

Recordemos que el presidente López Obrador ya había adelantado hace semanas su intención de terminar con esta modalidad de contratos. Con la propuesta se busca además controlar el subregistro, el despido de trabajadores en diciembre y la afectación a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La iniciativa que firmó esta mañana en Palacio Nacional será enviada este mismo jueves a la Cámara de Diputados. AMLO confió en que los legisladores aprobarán la propuesta “ojalá se pueda hacer pronto para evitar estos abusos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este viernes sobre los sueldos que algunos servidores públicos perciben, que es mayor al que él recibe, esto a pesar de la política de austeridad que hay en su gobierno.

El mandatario indicó que se va a revisar más adelante, aunque adelantó que no descarta volver a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, pues con los cambios que se hicieron, muchos servidores públicos, principalmente del Poder Judicial, se ampararon, y por ello es que siguen ganando más.

“Quiero que quede completamente claro que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República; que haya excepciones, pero muy bien definidas y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos. Porque ahora el que acudió al amparo, le dieron el amparo, gana más que el que no acudió al amparo y está llevando a cabo la misma función”, declaró AMLO.

El presidente dijo que por ahora a llevar a cabo ningún ajuste pues la prioridad ahora es atender la crisis por la pandemia, aunque dijo que no quedará en el olvido, pues reiteró que en su gobierno tiene que haber austeridad republicana.

Insistió en que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y en ese sentido, el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía.

Reflexionó que para ser servidor público se requiere una convicción, y se requiere aportar a los demás. Dijo que puede ser que no se gane tanto en el gobierno, pero el servicio público produce una satisfacción, el ayudar a los demás.

“Claro, somos libres, pero cada quien tiene su manera de pensar. Hay quienes piensan que tener un palacio, una residencia particular, una casa de gran lujo, pues es lo que le da sentido a su existencia”, añadió,

Al intentar matizar su declaraciones, AMLO recordó que no todo el que tienes es malvado; explicó que hay gente que tiene su fortuna, misma que ha hecho a base de esfuerzo de trabajo y de conformidad con la ley. Enfatizó que su gobierno está en contra de la riqueza mal habida.

Sobre los señalamientos por el tema de los aguinaldos a los trabajadores del gobierno federal, López Obrador aclaró esta mañana que la “mayoría” de los trabajadores al servicio del Estado tiene asegurado su aguinaldo completo. Explicó que por la pandemia, los altos funcionarios decidieron de voluntariamente, aportar parte de sus aguinaldos.

“Todos van a recibir, todos los servidores públicos, pero los altos funcionarios van a recibir menos, voluntariamente, si ellos desean aportar, y el caso del presidente es el único que no va a recibir aguinaldo”, indicó, al tiempo que confirmó que él no recibirá nada de aguinaldo, pues decidió donarlo a la atención de la pandemia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles que buscará prohibir la subcontratación laboral, el outsourcing, pues reiteró, permite la evasión fiscal de “mucho más” de 21,000 millones de pesos.

“Ya lo intentamos, pero hay quienes no ayudan. Son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores. Hay muchos empresarios responsables, pero hay otros y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencias”, afirmó esta mañana en su conferencia de prensa.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó la existencia de 6,000 empresas que se dedican a la “subcontratación abusiva” y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de “outsourcing”.

“Cuando empezó la pandemia, empezaron a manifestarse muchos trabajadores, que los estaban despidiendo sin reconocerles ningún derecho y no era propiamente una empresa”, denunció el presidente.

La intención de AMLO, expresada desde ayer, ocasionó diversas reacciones entre as que se encuentra la de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que alertaron que desaparecer esta figura resultaría en despidos masivos.

“La subcontratación es una modalidad de la relación laboral que se debe preservar. Muchas empresas realizan esa actividad con legalidad. La amenaza del presidente de promover una iniciativa para prohibir el ‘outsourcing’ implicaría la pérdida de millones de empleos”, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

Aunque prometió analizar los reclamos, el mandatario insistió en que hará una reforma que “no puedan burlar de nuevo” al reiterar que todos los empleados formales deben recibir un “salario justo” y estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

López Obrador presentó esta mañana datos del IMSS que muestran que sólo 59% de las cerca de 20 millones de plazas formales registradas son permanentes, mientras que el resto son eventuales. Aseguró que eso permite despedir a trabajadores a finales de año para evitar el pago de prestaciones y después recontratarlos en enero sin derecho a antigüedad.

Recordemos que el outsourcing es parte de la reforma laboral de 2012, que promulgó el expresidente Felipe Calderón, y permite que una empresa pueda delegar a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50% de reducción de costos.

“Se abusó. Son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo: se hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una minoría”, remató López Obrador.

Legisladores de Morena y PAN, integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, informaron que presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de sancionar a las personas que tomen las casetas de autopistas y las vías ferroviarias y marítimas.

En rueda de prensa, los diputados responsables de la iniciativa explicaron que la propuesta dotaría a la Guardia Nacional de una herramienta de trabajo para salvaguardar la seguridad de quienes utilicen estas vías generales de comunicación.

Detallaron que se trata de un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se adiciona un artículo 533 bis al mismo ordenamiento.

Recordaron que en los últimos años se han multiplicado en diversas entidades la toma de casetas por diversos grupos que, mediante el uso de violencia y la coacción a los transportistas; indicaron que en 2019 el boteo generó pérdidas al sector por más de 7 mil millones de pesos, sin considerar los daños no cuantificados.

Señalaron que dicha problemática ha adquirido relevancia nacional, al grado que incluso el Presidente López Obrador se ha pronunciado específicamente sobre el tema, señalando que “estos actos no serán permitidos” y que no existe causa social que los justifique.

Lamentaron que tanto a la Guardia Nacional como a las autoridades locales se les ha impedido el actuar, porque no cuentan con un marco legal correspondiente.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz, se refirió a dicha práctica como el “nuevo huachicoleo”, y dijo que se ha convertido en “deporte nacional”.

“Nosotros, desde la Cámara de Diputados, le queremos poner un alto y decimos un ya contundente a la situación que se está viviendo en las carreteras del país, específicamente en las casetas y en las vías del ferrocarril, donde miles o millones de pesos se escurren cada día a las arcas de grupos delincuenciales, que no están precisamente protestando”, aseveró.

Dijo que han trabajado en conjunto Morena y PAN, porque se trata de un tema de seguridad nacional, ya que atrás de estos grupos está la delincuencia organizada.

Los legisladores se pronunciaron a favor de que los ciudadanos se manifiesten de manera libre y pacífica, ya que es un derecho consagrado en la Constitución; sin embargo, consideraron que hay afectaciones económicas a la cadena productiva, cuyo pilar es el uso y aprovechamiento de dichas vías.

“Que quede muy claro, que esto no es un tema de coartar la manifestación, ya que solamente están usando una laguna en la ley”, remataron.

La iniciativa plantea que quienes obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados con penas que van de los seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este martes que enviará una iniciativa de ley para que desaparezca la subcontratación, el llamado outsourcing, pues dijo ha sido un mecanismo ocupado por diversas empresas para afectar a los trabajadores.

Al hablar sobre las prácticas a las que estaban acostumbrados los que ahora están inconformes con las acciones que se han llevado a cabo desde el gobierno federal, dijo están quienes antes no pagaban impuestos gracias a la condonación que recibían y a la existencia de empresas que se dedicaban a emitir facturas falsas para evitar pagar a la hacienda pública.

Dijo que un “facturero” que está siendo investigado por la presentación de comprobantes fiscales irregulares, también tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing.

Reveló que dicha empresa tenía bajo el esquema de subcontratación a 200 mil empleados, con lo que le quitaba a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores.

Señaló que la intermediación de un outsourcing hace que no se les cubra a los trabajadores sus prestaciones completas, como por ejemplo quitarlos de la nómina a finales de año y así evitar el pago de aguinaldos, y volver a meterlos a nómina a inicios de año.

AMLO afirmó que las reformas laborales que permitían dichas prácticas  se hicieron para beneficiar a las empresas, y no fueran ellas quienes tuvieran que realizar todos los trámites administrativos.

“¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, acusó el mandatario.

En ese sentido, López Obrador adelantó que va a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca.

Advirtió que así como sucedió con los fideicomisos, dicha iniciativa desatará mucha polémica y mucha oposición, lo cual dijo están dispuestos a enfrentar pues deben el gobierno federal no será cómplice de corrupción o  encubridor.

“Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, enfatizó AMLO.