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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el reconocimiento de Rusia a la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, como “el comienzo de la invasión de Ucrania” y ha amenazado al Kremlin con “ir más allá con las sanciones” si continúa en esta línea.

Biden dijo que con la decisión de reconocer la independencia de estas dos regiones, el presidente ruso, Vladimir Putin, “está creando un motivo para hacerse por la fuerza con más territorio (…) está creando un motivo para ir mucho más allá. Este es el comienzo de una invasión rusa de Ucrania”, dijo en un mensaje desde La Casa Blanca.

Ante esta situación, Biden ha prometido que Estados Unidos no solo brindará más apoyo a militar a Ucrania después de que Putin haya atacado de forma directa a su “derecho a existir”, sino que también reforzará a sus aliados del Báltico.

“No tenemos intención de luchar contra Rusia. Sin embargo, queremos enviar un mensaje inequívoco: que Estados Unidos y sus aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN y harán cumplir sus compromisos”.

El demócrata dijo que todavía hay tiempo para evitar la peor de las situaciones, y afirmó que tanto Estados Unidos como sus aliados permanecen abiertos a la diplomacia, si este ejercicio es serio.

Recordemos que Putin reconoció el lunes la independencia de los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk, y ordenó horas después la entrada de las Fuerzas Armadas rusas en las mismas en el marco de una “misión de mantenimiento de la paz”, una decisión fuertemente criticadas por la mayoría de la comunidad internacional.

El gobierno ucraniano cifró el lunes en 14,000 los muertos en los ocho años de conflicto en el este del país, antes de agregar que al menos 30,000 personas han resultado heridas, mientras que 1.5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en Crimea y Donbás para escapar de “la ocupación” rusa del territorio de Ucrania.

El presidente Joe Biden también anunció que aplicará fuertes sanciones financieras a bancos y oligarcas rusos. Indicó que enviará tropas estadounidenses adicionales a los Estados del Báltico: Lituania, Estonia y Letonia,  en el flanco oriental de la OTAN, colindante con Rusia.

La imposición de la primera ronda de sanciones económicas contra Rusia, añadió Biden, tiene como objetivo aislar a Moscú del sistema financiero occidental.

Por su parte la Unión Europea aprobó también este martes su primera tanda de sanciones contra Rusia, que incluyen la prohibición de entrar en territorio europeo a altos cargos de ese país, límites al acceso para Moscú a los mercados financieros europeos y un embargo comercial a las regiones de Donetsk y Lugansk.

La aprobación definitiva de las sanciones tendrá lugar este miércoles por la mañana, así como su entrada en vigor, con la publicación en el “Diario Oficial” de la UE, informó la presidencia francesa del Consejo de la UE tras la reunión mantenida por los embajadores de los Veintisiete ante las instituciones europeas.

En su reunión, los embajadores dieron su “acuerdo” a las “propuestas jurídicas de sanciones” presentadas por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea, precisó la presidencia francesa de la UE en su cuenta oficial en Twitter.

En total, 27 personas y entidades tanto militares como políticas y económicas vinculadas con las acciones de Rusia se verán afectadas por el paquete acordado. Además, se sancionará a 351 miembros del Parlamento ruso que votaron en favor del reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, y los 11 que propusieron hacerlo, junto con los militares responsables de la misión en Ucrania.

Además, Alemania anunció su decisión de bloquear la certificación del gasoducto ruso Nord Stream 2, controlado por el gigante energético ruso Gazprom, ya terminado y construido con participación de empresas alemanas, que está destinado a transportar directamente gas desde Rusia al oeste de la Unión Europea con entrada por territorio de Alemania y evitar así el tránsito a través de Ucrania.

El presidente Joe Biden advirtió este martes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que si vuelve a atacar Ucrania, la respuesta de su país será más dura que en 2014, cuando Rusia invadió la península ucraniana de Crimea.

Así lo indicó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, después de la cumbre virtual que los mandatarios sostuvieron esta tarde.

El funcionario señaló que Biden fue “directo y franco” con su homólogo ruso sobre las medidas que tomará Estados Unidos si Rusia lleva a cabo una incursión militar en Ucrania.

“El presidente Biden miró a los ojos hoy al presidente Putin y le dijo que hay cosas que no hicimos en 2014, y que estamos preparados para hacer ahora”, aseguró Sullivan en una rueda de prensa en la mansión presidencial después de la cumbre.

Sullivan no quiso especificar todas las medidas que tomaría Estados Unidos en ese caso, pero sí reiteró que la Casa Blanca respondería con fuertes medidas económicas.

Además, en la cumbre se indicó que Estados Unidos proporcionaría más materiales defensivos adicionales a los ucranianos a los que proporciona ahora, y fortalecería a sus aliados de la OTAN en el flanco este con capacidades adicionales como respuesta a una escalada militar de Rusia.

Y es que el tema de Ucrania fue el central en la cumbre que sostuvieron Biden y Putin, pues Estados Unidos cree que Rusia podría atacar o invadir Ucrania con unos 175,000 soldados, y Kiev calcula que el momento más probable de una nueva agresión rusa sería a finales de enero de 2022.

Por su parte el presidente Putin presentó a Biden una demanda de garantías de seguridad jurídicamente vinculantes que descarten una expansión de la OTAN.

En las dos horas de videollamada con Biden, Putin dijo que la OTAN estaba reforzando su potencial militar cerca de las fronteras de Rusia y haciendo “peligrosos intentos” de conquistar el territorio ucraniano, dijo el Kremlin en un comunicado.

“Por lo tanto, Rusia está seriamente interesada en obtener garantías fiables y jurídicamente fijas que excluyan la expansión de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armas de ataque ofensivo en los estados adyacentes a Rusia”, dijo el Kremlin.

Las autoridades rusas han dicho que los crecientes lazos de la OTAN con Ucrania y la posibilidad de que la alianza despliegue allí misiles dirigidos contra Rusia representan una “línea roja” que no permitirían que se cruce.

Putin también dijo a su par estadounidense que quería garantías de que no se desplegarían sistemas de ataque ofensivo en países cercanos a Rusia.

Los dos líderes acordaron que sus representantes entablaran “consultas sustantivas sobre estos temas sensibles”, añadió el Kremlin.

Estados Unidos considera que Nicaragua consolidará una “dictadura” con el previsible triunfo de Daniel Ortega el próximo domingo en las elecciones que vivirá el país, las cuales señaló son “una farsa”.

“Estas elecciones no tendrán credibilidad, son una farsa”, dijo Patrick Ventrell, director de Asuntos Centroamericanos en el Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden.

Al respecto, se anunció que el mandatario firmará la llamada ley Renacer, por la que su gobierno se compromete a ampliar las sanciones a Nicaragua, después de las elecciones de este domingo.

“El presidente emitirá un comunicado probablemente el domingo, y después el presidente firmará la ley Renacer que ha aprobado el Congreso”, dijo un funcionario en una rueda de prensa telefónica con un reducido grupo de medios.

Y es que Nicaragua celebra las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder.

Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene casi seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo, a quien ha decidido nombrar  “copresidenta”.

El triunfo de Ortega es casi un hecho, ya que se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, esto luego del arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.

Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, traición a la patria o lavado de dinero, conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.

Más de 100,000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino “golpistas” patrocinados por Washington.

El próximo domingo se elegirá al futuro presidente presidente y a un vicepresidente para el período que va del 10 de enero de 2022 al 10 de enero de 2027. También se elegirá a 90 de los 92 miembros de la Asamblea Nacional, pues un asiento está reservado para el presidente saliente y otro para el candidato presidencial perdedor del segundo lugar. Igualmente se elegirá a 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció que espera divulgar los primeros resultados de la votación alrededor de la medianoche del domingo 7 de noviembre, y que los resultados preliminares se publicarán el lunes 15.

Los centros de votación abrirán a las 07:00 hora local y cerrarán a las 19:00. Las personas que estén dentro de los centros de votación o en fila podrán emitir su voto después de la hora estipulada de cierre.

Unos 30,000 policías y miembros del Ejército serán movilizados en todo el país para resguardar el orden en la jornada. Destaca que el gobierno de Nicaragua no invitó a observadores internacionales reconocidos, como la OEA, la Unión Europea o el estadounidense Centro Carter, que habían cuestionado los comicios de 2011 y 2016, cuando Ortega se reeligió. En su lugar, el gobierno anunció la presencia de unos 200 “acompañantes electorales”, en su mayoría vinculados a partidos y gobiernos de izquierda.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó este lunes que en lo que va de la presente administración, ha presentado 757 denuncias penales ante diversas fiscalías y, actualmente, por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), da seguimiento y coadyuva con el ministerio público en 315 carpetas de investigación, incluidas las pendientes de sexenios anteriores.

Detalló que a través de la UAJ, ha presentado 198 denuncias penales, 165 de ellas radicadas en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, 114 de ellas por los delitos de enriquecimiento ilícito, 34 por uso ilícito de atribuciones y facultades, 21 por ejercicio ilícito del servicio público, 10 por peculado, cinco por falsificación de documentos y 14 más por otros delitos.

En total, han sido denunciadas 341 personas servidoras y ex servidoras públicas.

Mediante los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades (UR) de las empresas productivas del Estado se han presentado 559 denuncias, la mayoría de éstas por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y peculado.

La SFP, que dirige Roberto Salcedo Aquino, durante la actual administración la SFP ha impuesto 8 mil 228 sanciones a 7 mil 34 personas servidoras públicas por conductas que constituyen faltas administrativas.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, las sanciones impuestas se dividen en amonestación privada (mil 126), amonestación pública (mil 321), destitución (478), inhabilitación (3 mil 108), sanción económica (594) y suspensión (mil 601).

La dependencia aclaró que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en el Registro de Servidores Públicos Sancionados únicamente pueden publicarse las sanciones de inhabilitación que se encuentran firmes y vigentes. En el registro no se publican las resoluciones de las personas que no han sido inhabilitados o cuyas inhabilitaciones no se han establecido como firmes.

Por último, se indicó que la SFP ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por posibles faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas, que deberá emitir, en su caso, la sanción correspondiente; 80 han sido enviadas por las oficinas centrales y mil 15 por los OIC y las UR.

Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especiosamente contra cuatro mexicanos que fueron identificados como miembros de la organización criminal.

Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ha catalogado al CJNG como el responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia su territorio.

A dos días del primer encuentro entre autoridades de ambos países para el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que fueron designados como narcotraficantes los integrantes del CJNG: Aldrin Miguel Jarquin, José Jesús Jarquin, César Enrique Díaz De León Sauceda y Fernando Zagal Anton, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Con esta decisión las autoridades prohíben toda transacción de estadounidenses o personas dentro de los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés de los cuatro mexicanos designados.

Los cuatro sancionados son señalados de manejar las operaciones del CJNG a través del puerto de Manzanillo en el estado de Colima, y sus alrededores.

“Este puerto de la costa del Pacífico es utilizado como un punto de entrada importante para la cocaína colombiana y precursores químicos importados de Asia, incluidos los empleados para sintetizar fentanilo para su distribución final en Estados Unidos”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki.

Adicional, como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que esas personas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe transacciones financieras con entidades EE.UU.

El Tesoro advirtió de que las luchas por el control de Manzanillo y otros puntos estratégicos en Colima por parte del CJNG han convertido a ese estado en uno de los más peligrosos del país, y subrayó que el año pasado allí fue asesinado un juez federal.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este jueves que 17 clubes del fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y ocho personas físicas serán multados por prácticas monopólicas.

“El pleno de la Comisión impuso multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de fútbol de la Liga Mx por su responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas, y por coadyuvar en la realización de estas, a la FMF y a 8 personas físicas”, explicó la autoridad.

En la Liga MX femenil, el ente regulador de competencia concluyó que los conjuntos, entre los que se encuentran el América, fijaron un salario máximo a la jugadoras.

Según la investigación, al inicio de la Liga en 2017 los clubes acordaron que las futbolistas mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos al mes, las menores de 23 años 50 pesos y las de las categorías sub’17 no tendrían ingresos sino sólo ayuda como transporte y comida.

En la temporada 2018-2019, La Liga Mx informó que el tope subió a 15,000 pesos  al mes y que los apoyos en especie no podían superar los 50 mil pesos por torneo.

“Imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras profundizó aún más la brecha salarial entre mujeres y hombres futbolistas”, criticó la comisión.

La COFECE aseguró que la FMF persuadió a que los equipos cumplieran con estos salarios con comunicados y al realizar verificaciones.

“La práctica, cuya duración fue de noviembre de 2016 a mayo de 2019, constituyó un acuerdo colusorio entre los clubes, que tuvo el objeto y efecto de manipular los precios -en este caso los salarios de las jugadoras- y evitar que los clubes compitieran por su contratación mediante mejores salarios”, explicó la Comisión.

En el caso de la Liga varonil, la COFECE determinó que los equipos mantuvieron derecho sobre futbolistas a los que recién se les venció el contrato y si otro conjunto quería contratarlos debía negociar con ellos.

“La duración de esta conducta fue de por lo menos 10 años, de junio de 2008 a diciembre de 2018, aunque varios agentes económicos participaron por un periodo menor”, afirmó la autoridad.

El total del daño estimado al mercado por ambas prácticas fue por 83 millones 375 mil pesos y los equipos que pagarán la multa son América, Pachuca, Cruz Azul, Morelia, Guadalajara, Santos Laguna, Tigres UANL, Toluca, Pumas UNAM, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla.

En respuesta, la FMF y la Liga MX informaron que fueron notificadaos sobre la resolución de la COFECE, e indicaron que tal como se informó en su momento el derecho de retención de jugadores al que se refería la Comisión, denominado “Pacto de Caballeros” concluyó en 2018, como resultado de las pláticas y negociaciones entre la FMF, la Liga MX y la AMF Pro. Mientras que el tope salarial concluyó en mayo de 2019.

Así, dijo que ambas prácticas fueron erradicadas previo a la determinación emitida por la COFECE respecto a un posible incumplimiento con el marco normativo de competencia económica.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al PT, con 119 millones 870 mil 694.18 pesos y a Morena con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos, al acreditar esquemas de financiamiento irregular instaurados por ambos partidos en situaciones distintas.

En sesión extraordinaria, la autoridad electoral determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos y que no fueron reportados.

La sanción parte de una queja presentada por el PAN desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal”, los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez a la diputación federal y a la gubernatura del Estado de México.

En la investigación del INE se encontraron pruebas suficientes para sostener la hipótesis de culpabilidad respecto de la existencia de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF de Texcoco, en el Estado de México, los cuales fueron entregados a María Victoria Anaya  e Iveth Rosas Rosas, quienes recibieron diversos cheques del ayuntamiento por un importe total de 13 millones 890 mil 47 pesos.

Al tomar en cuenta las circunstancias de extracción del recurso y su entrega mediante métodos sistemáticos, continuos y permanentes a personas físicas, se evidencia la intención de evasión de la acción fiscalizadora de la autoridad electoral, perpetrada en el contexto de vigencia del periodo constitucional de Delfina Gómez Álvarez como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Texcoco.

Por ello, se le impuso una sanción a Morena del 200% del monto involucrado, equivalente a cuatro millones 529 mil 225.06 pesos; además, se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia.

Adicionalmente, el pleno consideró fundado el procedimiento de queja en materia de fiscalización al comprobar un beneficio que ingresó al patrimonio del Partido del Trabajo a través de personas físicas que guardan como condición en común ser militantes de dicho partido. Es decir, bajo el amparo de una operación entre particulares, el instituto político se privilegió de un esquema de financiamiento paralelo que le permitió ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.

La queja presentada en 2017 por el PRI, fue por la presunta transferencia de recursos provenientes del gobierno del estado de Nuevo León destinados a la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) a militantes del Partido del Trabajo.

Entre 2015 y 2017, María Guadalupe Rodríguez , esposa del dirigente nacional del partido, recibió un monto de 260 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León y con estos recursos emitió 123 cheques que fueron depositados en la cuenta de Héctor Quiroz García, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes, por 59 millones 935 mil 347 pesos.

El PT no recibió de manera directa recursos provenientes de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de los demás ciudadanos que recibieron recursos por parte de la citada ciudadana, ya que no se encontraron registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del partido que muestren rastro de ello; sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDI, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública.

Así el INE determinó imponer al PT una sanción equivalente al 200% del monto involucrado que fue de 59 millones 935 mil 347 pesos que recibió de aportaciones de entes prohibidos; la multa ascendió a 119 millones 870 mil 694.18 pesos.

Además, se dio vista a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo conducente sobre si hay algún otro delito que castigar.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que cuando la autoridad electoral tiene que sancionar suele ocurrir que el partido que es sancionado siempre apela “intencionalidades políticas” y siempre aplaude cuando se sanciona a quien ha denunciado.

“Malo sería que hubiera tenido solamente esos reclamos de un lado, porque eso hablaría de parcialidad, pero como los reclamos vienen de todos, eso habla de imparcialidad con la que esta autoridad aplica la ley, sin mirar a quien se trata y sin importar quién gobierna”, dijo Córdova Vianello.

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción económica a PT y al Partido Verde un monto total de 4.6 millones de pesos derivado de seis quejas en contra de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ que conformaron en San Luis Potosí para postular a Ricardo Gallardo a la gubernatura.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, aseguró que las sanciones se imponen tras acreditarse irregularidades por un monto total de 3.1 millones de pesos, aunque precisó que dicha cantidad no impactó en el rebase de topes de gastos de campaña.

La consejera del INE explicó que tras una revisión se acreditó la omisión del registro y comprobación de diversos gastos denunciados, la subvaluación de algunas erogaciones reportadas y la falta de veracidad en el reporte de varios gastos realizados por el entonces candidato Gallardo Cardona.

La Consejera Favela aclaró que estos gastos que se detectaron deben prorratearse con otras candidaturas de la coalición conformada por ambos partidos en la entidad como son de diputaciones locales y ayuntamientos al haberse beneficiado de dichas erogaciones.

En consecuencia, se determinó sancionar a dichos institutos políticos por cada una de las irregularidades que cometieron:

Las sanciones por partido se dividieron en: 3 millones 835 mil 348 pesos con 26 centavos para el Partido Verde, y 856 mil 209 pesos con 21 centavos para el PT.

En otros temas relacionados con el PT, el INE pospuso la multa de 119 millones de pesos que perfilaba para el partido aliado de Morena, luego de que acreditara que el instituto político se benefició  con al menos con 59.9 millones de pesos que la esposa del dirigente nacional, Alberto Anaya, desviara en Nuevo León.

Los recursos de los que echó mano el PT fueron aquellos que el gobierno estatal destinó para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), y se hizo a través de la organización Tierra y Libertad, la cual era dirigida por Guadalupe Rodríguez.

Después de las elecciones del 6 de junio, comenzó a correr un periodo de 40 días en que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisó los reportes de ingresos y gastos que por ley todos los candidatos tuvieron que haber presentado.

Ayer jueves 22 de julio concluyó dicho periodo y, durante la sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, reveló que como resultado de la revisión que realizó, se aprobaron sanciones por más de 1,203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas.

Al dar cuenta del tamaño del trabajo realizado a 49 días de concluidas las campañas, Córdova Vianello destacó la revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.

También, dijo Córdova, se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, además de que se atendieron 748 quejas vinculadas con las campañas.

Recordemos que la fiscalización parte de los reportes que los propios candidatos y sus partidos presentaron “en tiempo real” durante las campañas electorales, así como los reportes finales después de la elección.

El INE revisa y contrasta esta información con diversas fuentes, como reportes de las instituciones bancarias, solicitudes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el seguimiento de los eventos y publicidad de los candidatos.

El partido político con más sanciones como producto de la fiscalización de las campañas de 2021 fue Morena, que tendrá que pagar multas equivalentes al 17% de su financiamiento público federal de este año, es decir, 373 millones de pesos.

Le siguen los partidos Redes Sociales Progresistas, con multas por 103 millones de pesos, y Fuerza por México, con 101 millones, en cuyos casos perdieron su registro.

El INE señaló que durante la revisión contable se advirtieron 60 tipos de irregularidades que cometieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. En ocho de estas conductas se concentra el 73.10% de las sanciones impuestas, entre las cuales destacan los egresos no reportados.

La mayor parte de las multas son producto de dos conductas por parte de los candidatos: la ausencia de reporte de gastos y el hallazgo por parte del INE de gastos de campaña en donde los candidatos no tuvieron comprobantes para demostrarlos. En el primer caso, la autoridad electoral identificó gastos no reportados por 80 millones de pesos en las campañas federales y 268 millones en las campañas locales. En segundo lugar, los gastos que los candidatos no pudieron acreditar fueron por 48 millones en las campañas federales y 161 millones en las campañas locales.

La administración del presidente Joe Biden anunció este jueves sanciones contra un funcionario y una entidad gubernamental de Cuba involucrados en abusos de derechos humanos cuando el gobierno tomó medidas severas contra las protestas en la Isla.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Álvaro López Miera, un militar y líder político cubano, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, en la lista más reciente de sancionados.

El Tesoro dijo en un comunicado que López Miera “ha jugado un papel integral en la represión de las protestas en curso en Cuba”.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, encabezado por López Miera, y otros servicios de seguridad del gobierno cubano han atacado a manifestantes y detuvieron o desaparecieron a más de 100 en un intento por reprimir estas protestas, según el departamento estadounidense.

La Brigada Especial Nacional fue sancionada en enero por el gobierno del presidente Donald Trump, que también sancionó a todo el ministerio del Interior y a su titular Lázaro Alberto Álvarez Casas.

“Condeno inequívocamente las detenciones masivas y los juicios simulados que están sentenciando injustamente a prisión a quienes se atrevieron a hablar, en un esfuerzo por intimidar y amenazar con silenciar al pueblo cubano”, dijo el presidente Biden en un comunicado. “El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que todas las personas”.

A principios de la semana, La Casa Blanca anunció a que Biden ordenó a su administración tomar varias medidas para aumentar la presión contra el régimen comunista luego de que miles de cubanos salieran a las calles de La Habana y otras ciudades en la Isla, para protestar por la escasez de comida y los precios elevados durante la crisis de coronavirus.

Biden aseguró que las sanciones impuestas este jueves son “solo el comienzo”, y que seguirá aplicando restricciones por la “opresión del pueblo cubano”.

“Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano”, subrayó Biden. “Este es solo el comienzo: Estados Unidos seguirá sancionando a individuos responsables de la opresión del pueblo de Cuba”.

Las sanciones parecieron marcar un endurecimiento de la posición hacia la Isla de Biden, quien recordó una serie de medidas que su Administración está evaluando respecto a La Habana.

Entre ellas mencionó que están trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado “para proporcionar al pueblo cubano un acceso a internet que evada los esfuerzos de censura” del gobierno del país caribeño.

Además, apuntó que están revisando la política de remesas para “maximizar el apoyo al pueblo cubano” y aseguró que se han comprometido a reponer el personal en la Embajada estadounidense en La Habana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con una multa de 40 millones de pesos,  además de que no podrá transmitir spots en radio y televisión por un plazo de un año, tras haber incurrido en delitos electorales.

De acuerdo con un proyecto de la Comisión de Fiscalización del INE, se determinó que el PVEM pagó unos 20 millones de pesos a casi un centenar de “influencers” para que promovieran el voto a su favor días antes de las elecciones del pasado 6 de junio.

Debido a ello, la Comisión determinó el castigo, el cual deberá ser avalado el próximo jueves por el Consejo General y en caso de haber impugnaciones, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y es que tras más de un mes de investigación se concluyó que el Partido Verde incurrió en un delito grave al pedir a 95 personas que hablaran a favor del partido a cambio de un monto económico que habría ido desde los 15,000 pesos, hasta los 100 mil pesos.

Recordemos que el 6 de junio, día de la elección, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a 30 “influencers” retirar de sus perfiles de Instagram mensajes a favor del partido.

Entre personalidades que se vieron involucradas están personajes de televisión como Raúl Araiza, Bárbara de Regil, Ivonne Montero, Lambda García, Brandon Peniche, Raquel Bigorra, Laura G, Eleazar Gómez y Gabriel Soto, y cantantes como Karla Díaz y Regina Murguía. También se identificó a personajes que se dedican de forma particular a la creación de contenidos en YouTube, Instagram, TikTok u otras redes, como Alex Strecci, Fernanda Moreno, Pamela Voguel y Alan Sandoval.

Adicional, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, anunció el 10 de junio que los llamados “influencers” serían investigados por difundir de manera ilegal propaganda.

Además de esta sanción, el Partido Verde tiene abierta en su contra una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por supuestamente usar empresas fantasma para financiar actividades y costear actos de campaña.

El PAN presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) una ampliación de denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que presentó en días pasados por hacer propaganda gubernamental y expresiones político-electorales durante sus conferencias mañaneras.

Acción Nacional dijo que dichas acciones del presidente son muestra clara de la intervención que el mandatario ha tenido en el actual proceso electoral, así como una transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad, certeza y legalidad.

El pasado 19 de mayo, el PAN solicitó la suspensión definitiva de las conferencias mañaneras por la reincidencia en los ataques a la oposición y la propaganda gubernamental en pleno proceso electoral por parte del mandatario; en esta ocasión, se amplío la información específicamente por lo expresado el 20 de mayo, donde AMLO dijo que la oposición está buscando en las elecciones obtener la mayoría en la Cámara de Diputados para poder “repartirse y robarse” el presupuesto público.

En la ampliación de denuncia, Acción Nacional pide a la autoridad electoral instaurar el procedimiento sancionador correspondiente por la violación reiterada a la normatividad constitucional y electoral, que se dicten las medidas cautelares necesarias y las sanciones que en derecho correspondan.

Solicitaron que se suspendan de forma inmediata los ataques a los partidos de oposición y la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo de las campañas federales y locales.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, advirtió que no dejarán pasar una mentira más del presidente ni que se siga entrometiendo en las elecciones y, para ello, a cada mentira habrá una denuncia pública y a cada transgresión a la ley habrá una acción legal.

“Señor Presidente, deje de mentir a los mexicanos, con la nueva mayoría en la Cámara de Diputados no vamos a quitar ningún programa social, sino todo lo contrario, nosotros queremos mejorarlos para que lleguen puntuales, completos y parejos para quienes realmente lo necesitan, además queremos recuperar los programas y fondos que usted eliminó por capricho como el Seguro Popular, las Estancias Infantiles, Prospera y Procampo”, señaló el dirigente nacional.

Aseguró que el PAN no malgastan el presupuesto tal como AMLO lo está haciendo destinando los recursos públicos en proyectos personales que técnicamente son inviables y sin futuro. “Usted sí está tirando el dinero de los mexicanos a la basura”, subrayó.

Cortes Mendoza finalizó indicando que lo que se busca es recuperar los equilibrios y contrapesos que México necesita.

Rusia pidió a 10 diplomáticos de Estados Unidos que abandonen el país en represalia por la expulsión del mismo número de funcionarios de su embajada en Washington, que fueron acusados de actividades maliciosas, anunció este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

Estados Unidos impuso el jueves varias sanciones contra Moscú, que incluyen prohibir a bancos estadounidenses la compra de bonos soberanos del banco central, del fondo soberano estatal y del Ministerio de Finanzas, por la interferencia en las elecciones de noviembre, la intrusión informática y el acoso a Ucrania.

Lavrov, en una conferencia de prensa con su par serbio, expuso la respuesta de Rusia.

Además de expulsar a 10 diplomáticos estadounidenses, dijo que Moscú incluirá a ocho funcionarios estadounidenses en una lista de sanciones y pondría fin a la actividad en Rusia de fondos y ONG estadounidenses que, a su juicio, interfieren en los asuntos internos del país.

El diplomático dijo que Rusia también estaba considerando posibles medidas “dolorosas” dirigidas a los negocios estadounidenses en Rusia.

El Kremlin había dicho antes que las potencias están muy distanciadas en la cuestión de las sanciones, aunque Moscú, al igual que Washington, está interesado en cooperar.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha propuesto que él y Putin se reúnan para celebrar una cumbre, pidió ayer bajar la tensión tras el anuncio de las sanciones, y dijo que era vital que La Casa Blanca y el Kremlin mantuvieran abiertas las líneas de comunicación.

“(Putin) ha dicho en repetidas ocasiones que estamos dispuestos a desarrollar el diálogo en la medida en que nuestras contrapartes estén dispuestas a hacerlo. En este sentido, es probablemente positivo que los puntos de vista de los dos jefes de Estado coincidan”, dijo el portavoz del gobierno ruso Dmitri Peskov a los periodistas.

“Sus puntos de vista no coinciden categóricamente cuando se trata de crear relaciones mutuamente beneficiosas y de tener en cuenta los intereses del otro”, añadió sobre las sanciones.

El temor a las sanciones de Estados Unidos ha provocado volatilidad en los mercados rusos durante semanas y ha hecho que el rublo caiga con fuerza esta semana. Sin embargo, la moneda nacional recuperaba terreno cuando se hizo evidente que las sanciones no llegaban a ser medidas paralizantes o frenaban la capacidad de Moscú de emitir deuda estatal.

El Kremlin dijo que Putin aún no había decidido si participaría en una cumbre sobre el clima liderada por Estados Unidos.

Estados Unidos impuso este jueves sanciones a Rusia por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su supuesto papel en el ciberataque masivo de SolarWinds, además de que impuso castigos relacionados con las acciones rusas en Ucrania y Afganistán.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció además la expulsión de Estados Unidos de diez miembros de la misión diplomática rusa en Washington, incluidos integrantes de los servicios de Inteligencia.

La Casa Blanca acusó formalmente al Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) de haber “perpetrado” el ciberataque masivo que comenzó presuntamente en 2019 y penetró en los sistemas del gobierno estadounidense y grandes compañías mediante un programa de la empresa SolarWinds.

Hasta ahora, Washington solo había hablado de sus sospechas de que Moscú estuvo detrás de ese jaqueo, pero este jueves aseguró que la comunidad de inteligencia está “completamente segura” de que se trató del SVR.

“Al comprometer la cadena de suministro del software de SolarWinds, SVR pudo espiar o alterar potencialmente más de 16,000 sistemas informáticos en todo el mundo”, indicó La Casa Blanca.

En total, Washington sancionó a 6 compañías rusas por sus actividades de ciberespionaje, a 32 organizaciones y personas rusas por injerencia electoral; y a 8 individuos y entidades por la ocupación rusa de la península ucraniana de Crimea.

Además, el Departamento del Tesoro emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses participar en el mercado principal de bonos emitidos a partir del próximo 14 de junio por el banco central ruso y otras instituciones del país, en un intento de coartar su venta de deuda soberana.

Las sanciones a Rusia responden a “acciones que ha tomado su gobierno y sus servicios de inteligencia contra la soberanía y los intereses de Estados Unidos”. Entre ellas se citan las supuestas recompensas que Rusia ofreció en 2019 a las milicias afganas por la muerte de soldados estadounidenses, reveladas el año pasado por el diario The New York Times.

Biden concluyó que todas esas acciones de Rusia suponen una “emergencia nacional” para Estados Unidos, una declaración que activa poderes para imponer una amplia gama de sanciones contra Moscú, ahora y en el futuro.

La Casa Blanca afirmó que, a pesar de las sanciones, no quiere continuar en una “trayectoria negativa” con Rusia, por lo que Biden ha propuesto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que mantengan pronto una cumbre bilateral en un tercer país.

Al respecto, Rusia prometió una respuesta “inevitable” a las sanciones impuestas, además de que llamó al embajador estadounidense en Moscú para una “conversación difícil”.

“Estados Unidos no está listo a aceptar la realidad objetiva de un mundo multipolar, sin hegemonía estadounidense (…). Un comportamiento agresivo de este tipo recibirá una fuerte respuesta. La respuesta a la sanciones será inevitable”, declaró la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova.

Indicó que Washington debe entender que tendrá que “pagar el precio del deterioro de las relaciones bilaterales”, y aseguró que la responsabilidad de lo que está sucediendo recae enteramente en Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que las sanciones “no ayudarán” a la organización de una cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin, tal como se lo propuso Biden en días pasado.

Estados Unidos anunció este miércoles que impuso sanciones a Myanmar, luego de que las fuerzas armadas de ese país tomaron el poder mediante un golpe de Estado y detuvieron a varios líderes políticos, entre ellos la gobernante de facto Aung San Suu Kyi.

El presidente Joe Biden anunció que había emitido una orden ejecutiva que impedirá a los generales de Myanmar tener acceso a activos por valor de 1,000 millones de dólares en Estados Unidos, y añadió que habrá otras medidas.

“Las fuerzas armadas deben ceder el poder que tomaron y demostrar respeto a la voluntad del pueblo de Birmania”, indicó el mandatario estadounidense.

Biden aseguró que las sanciones congelaron las cuentas de líderes militares de Myanmar, pero que no afectarán la entrega de ayuda para programas de salud, de sociedad civil y otras áreas en beneficio del pueblo. Añadió que su administración identificará los objetivos específicos de las sanciones en los próximos días.

“Estamos dispuestos a tomar medidas adicionales y seguiremos colaborando con nuestros socios internacionales para exhortar a otras naciones a que se nos unan en estas gestiones”, agregó.

Antes del anuncio de Biden, estallaron nuevas protestas multitudinarias en las calles de Myanmar en contra del golpe de Estado, incluso después de que las fuerzas de seguridad intensificaron sus medidas represivas y allanaron la sede del partido de Suu Kyi.

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, partidario de Suu Kyi, declaró que aprecia la política de Biden “de buscar ayuda del Congreso para tomar medidas rápidas y prácticas para restaurar la democracia en Birmania. Espero que todas las naciones que respeten la democracia y el Estado de derecho se unan a Estados Unidos en imponer penalidades a la junta militar”.

Desde el golpe de Estado, al menos 190 personas han sido detenidas y 19 de ellas fueron liberadas más tarde, informó este miércoles la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.

En un discurso a la nación la noche del lunes, el general Min Aung Hlaing alegó un fraude masivo en las elecciones del 8 de noviembre como argumento para justificar la toma del poder.

Foto: OIT

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones económicas contra Carrie Lam, jefa del Gobierno de Hong Kong, y contra otros diez altos cargos de la excolonia británica.

La sanción, indicó la dependencia, es por “socavar la autonomía” de la ciudad y “restringir la libertad de expresión y reunión de sus ciudadanos”.

Entre los sancionados, además de Lam, se encuentra el jefe de la Policía, Chris Tang, y su predecesor, Stephen Lo; el
secretario de Seguridad de la ciudad, John Lee Ka-chiu, y la de Justicia, Teresa Cheng.

“Estados Unidos defiende al pueblo de Hong Kong y usaremos nuestras herramientas y autoridad para perseguir a aquellos que socavan su autonomía”, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EUA.

El Tesoro acusó a Lam de ser directamente responsable de implementar las políticas de Pekín de supresión de las libertades y procesos democráticos.

“No nos haremos a un lado mientras la gente de Hong Kong sufre la opresión brutal a manos del Partido Comunista Chino o sus facilitadores”, afirmó en paralelo el secretario de Estado, Mike Pompeo.

También son señalados altos cargos en el Gobierno central chino, como Xia Baolong, director de Asuntos de Kong Kong del Consejo de Estado; y su adjunto, Zhang Xiaoming.

Como consecuencia de las sanciones, quedan bloqueados los activos que pudiesen tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe cualquier transacción financiera con entidades estadounidenses.

El anuncio del gobierno del presidente Donald Trump se produce en plena ofensiva económica de Estados Unidos contra China apenas un día después de que firmase órdenes sin precedentes contra TikTok y WeChat para que ambas aplicaciones se desvinculen de su matriz china antes de 45 días.