Estados Unidos anunció este miércoles que impuso sanciones a Myanmar, luego de que las fuerzas armadas de ese país tomaron el poder mediante un golpe de Estado y detuvieron a varios líderes políticos, entre ellos la gobernante de facto Aung San Suu Kyi.
El presidente Joe Biden anunció que había emitido una orden ejecutiva que impedirá a los generales de Myanmar tener acceso a activos por valor de 1,000 millones de dólares en Estados Unidos, y añadió que habrá otras medidas.
“Las fuerzas armadas deben ceder el poder que tomaron y demostrar respeto a la voluntad del pueblo de Birmania”, indicó el mandatario estadounidense.
Biden aseguró que las sanciones congelaron las cuentas de líderes militares de Myanmar, pero que no afectarán la entrega de ayuda para programas de salud, de sociedad civil y otras áreas en beneficio del pueblo. Añadió que su administración identificará los objetivos específicos de las sanciones en los próximos días.
“Estamos dispuestos a tomar medidas adicionales y seguiremos colaborando con nuestros socios internacionales para exhortar a otras naciones a que se nos unan en estas gestiones”, agregó.
Antes del anuncio de Biden, estallaron nuevas protestas multitudinarias en las calles de Myanmar en contra del golpe de Estado, incluso después de que las fuerzas de seguridad intensificaron sus medidas represivas y allanaron la sede del partido de Suu Kyi.
El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, partidario de Suu Kyi, declaró que aprecia la política de Biden “de buscar ayuda del Congreso para tomar medidas rápidas y prácticas para restaurar la democracia en Birmania. Espero que todas las naciones que respeten la democracia y el Estado de derecho se unan a Estados Unidos en imponer penalidades a la junta militar”.
Desde el golpe de Estado, al menos 190 personas han sido detenidas y 19 de ellas fueron liberadas más tarde, informó este miércoles la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.
En un discurso a la nación la noche del lunes, el general Min Aung Hlaing alegó un fraude masivo en las elecciones del 8 de noviembre como argumento para justificar la toma del poder.
Foto: OIT
