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Jaime Bonilla asumió como nuevo gobernador de Baja California en el primer minuto de este viernes, envuelto en la polémica por la llamada #LeyBonilla, que le permitirá, hasta ahora, gobernar por cinco años y no por dos, que fue el periodo por el cual la gente lo eligió el pasado 2 de julio.

Desde la noche de este jueves, los más de 100 invitados comenzaron a llegar al Congreso estatal, donde Bonilla arribó para rendir protesta como mandatario estatal. Indicó que no le iba a dar a su antecesor ni un minuto más en el poder, por lo que decidió hacer el acto protocolario lo antes posible.

Entre los invitados estuvieron familiares del morenista, integrantes de su gabinete y funcionarios, entre los que destacó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Llamó la atención que el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid no acudió al acto protocolario, ni envió a representante alguno. Medios locales reportaron que según colaboradores del gobierno estatal, el panista no recibió la acreditación correspondiente para ingresar al Congreso.

Luego de rendir protesta, Bonilla se dirigió al edificio estatal, aunque se detuvo para pronunciar unas palabras. Ahí dijo que se acababa el tiempo de corrupción del panismo en Baja California, quien gobernó por 30 años el estado.

Bonilla indicó que su gobierno no será de ocurrencias, por lo que en un mes se sabrá si está funcionando o no; en relación a la polémica por la #LeyBonilla, el morenista dijo que si la autoridad resuelve que su mandato durará cinco años, se someterá a la revocación del mandato.

Dijo a sus adversarios que se “despreocupen” pues no busca perpetuarse en el poder. Refirió que el “pueblo pone y el pueblo quita”.

Bonilla inicia su gobierno con seis impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo esta última quien tendrá que resolver si su mandato será por cinco años, o se respetarán los dos años que marcó la convocatoria emitida por la autoridad electoral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por la administración estatal contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de dos a cinco años del próximo gobernador, Jaime Bonilla.

La admisión de la controversia se da a la par de que cuatro excandidatos presentaron el recurso “Amicus Curiae” ante dicha instancia para impedir se amplíe el periodo de Bonilla.

El ministro José Fernando Franco González Salas otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de aquella entidad, para que envíe a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

No obstante, el ministro negó la suspensión que solicitó el Partido Acción Nacional (PAN), con la que buscaba frenar la toma de protesta de Bonilla Valdez como gobernador de Baja California. Reiteró que la norma impugnada es de tracto sucesivo, es decir, en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos.

En tanto, cuatro de los cinco excandidatos a la gubernatura de Baja California presentaron en la SCJN el recurso “Amicus Curiae” contra la #LeyBonilla. El exaspirante perredista Jaime Martínez Veloz aclaró que con esa impugnación no se pretende evitar la toma de protesta del gobernador, prevista para el 1 de noviembre, sino que el bando solemne que emita el gobierno estatal se realice en los mismos términos que emitió el Instituto Electoral de Baja California, tal como lo establece la Constitución local.

Acompañado por el exabanderado panista, José Óscar Vega Marín, Martínez Veloz dijo que también estarán a la espera de que los ministros les otorguen una audiencia para presentar lo que a su derecho corresponda. El escrito fue entregado en la Oficialía de Partes de la Corte y está firmado también por los excandidatos Ignacio Anaya, del partido local de Baja California, y Enrique Acosta, del Partido Revolucionario institucional (PRI).

Recordemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) también presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Fernando Franco González Salas, admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada #LeyBonilla, la cual busca extender el mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo en Baja California, de dos a cinco años.

El ministro resolvió que “se tiene por presentados a los promoventes y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”.

Los recursos legales fueron presentados por los partidos de oposición: el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En la resolución, González Salas negó conceder una suspensión para impedir que Bonilla Valdez toma protesta el próximo 1 de noviembre, esto al considerar que fue el triunfador en las elecciones pasadas.

“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, estableció el Ministro en el acuerdo publicado por la SCJN.

González Salas subrayó que el hecho de que el Gobernador entre en funciones el próximo 1 de noviembre no significa que se hayan consumado los efectos de la #LeyBonilla, dado que su aplicabilidad es de” tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”.

El gobierno del Baja California interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de la próxima administración estatal de dos a cinco años.

Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, informó que el mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, presentó el pasado lunes el recurso legal, junto con un equipo de asesores, contra la ley que extiende la administración de Jaime Bonilla hasta el 2024.

Explicó que “en el caso del gobierno de Baja California, el instrumento jurídico por el que podemos impugnar este tipo de actos es la controversia constitucional, la cual fue ingresada. Esperamos que en un escenario óptimo resuelvan, antes de que inicie el nuevo gobierno, para dar certeza jurídica”.

El juicio fue turnado al ministro Fernando Franco y se prevé que la Corte resuelva antes del próximo 1 de noviembre, cuando Bonilla Valdez rinda protesta como gobernador.

Hay que recordar que la #LeyBonilla fue publicada el jueves 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor el día 18; también después de la consulta ciudadana realizada el 13 de octubre por el Congreso, en la que el 84.25% de los participantes avaló que la próxima gubernatura se amplíe en cinco años.

El mismo viernes 18 de octubre, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, por separado, interpusieron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley.

La #LeyBonilla ha provocado duras críticas de organismos como la Coparmex o el Instituto Nacional Electoral (INE). Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “chicanadas” los obstáculos del Congreso de Baja California para la publicación de dicha ley, e indicó que le daba pena meterse en ese asunto.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid publicó este jueves en el Periódico Oficial del Estado la reforma avalada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, que iniciará el próximo 1 de noviembre.

La reforma entrará en vigor este viernes, por lo que las instancias que así lo consideren podrán interponer recursos jurídicos que correspondan para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del próximo lunes 21.

Esta mañana, Vega de Lamadrid dio a conocer que hoy quedaría publicada dicha reforma.

“La publicación de la ley me informan que se hará el día de hoy, hoy se publica la ley en el transcurso del día”, señaló en un breve encuentro con los medios.

Recordemos que el mandatario estatal confirmó a #Xacto con Ana Paula Ordorica, que esta misma semana publicaría la ley para poder impugnarla.

 

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, indicó que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reformas aprobadas por el Congreso estatal que amplían su mandato de dos a cinco años.

El morenista culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) de equivocarse y querer engañar a la gente, al presentar una convocatoria que no corresponde a la elección que él se inscribió, y consideró que nada tienen que ver las autoridades electorales en este proceso.

“Está muy clarito en los documentos”, dijo al señalar que cuando se registró fue para un periodo de cinco años y no dos, además de que no reconoce más que la última convocatoria emitida por las autoridades electorales para gobernar un quinquenio.

Acusó que el INE ha sido el provocador del problema sobre la confusión de la duración. “Nunca publicó lo que ellos decían que era la nueva ley, nunca sacaron una convocatoria y ahora salen defendiéndose”, expuso el gobernador electo.

Sostuvo que nadie se está “brincando las trancas para nada”, y defendió que lo que hacían era “sellar” el proceso, aunque reconoció que cuando ya esté publicada la ley, se tendrá la oportunidad de impugnarla a través de cualquier acción.

Bonilla se calificó como un demócrata, e indicó que es moral y jurídicamente correcta su defensa de gobernar la entidad cinco años; consideró que con ello no afecta la imagen su partido Morena ni al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Bonilla Valdez dijo que si el período del ejercicio de gobierno en el estado fuera de dos años, no se habría registrado, pero que de palabra le dijeron cuando hizo este trámite que era de un quinquenio y reiteró que en el documento no se indica un periodo.

Además, consideró que las consecuencias de gobernar dos años serían terribles y catastróficas para los bajacalifornianos pues sería tener un “mini gobierno” de transición, pues “truena a un estado que de por sí está quebrado, pues al primer año estaría en puerta de nueva elección.

Afirmó que para él este proceso ya terminó una vez que se publique la ley y “ya vendrán los afectados a impugnarla, pero nada tienen que hacer las autoridades electorales, las cuales provocaron todo el problema.

Bonilla Valdez culpó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y al Partido Acción Nacional (PAN) de estar detrás de este conflicto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este viernes que se combata la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial, esto luego de que se diera a conocer la tarde de ayer la suspensión de un magistrado por inconsistencias en su situación financiera.

Tras señalar que si bien no se puede condenar a nadie sin que se presenten pruebas o seguir un proceso como lo establece la ley,  destacó que es un hecho inédito que por presunta corrupción se destituya a un magistrado, ya que antes ese Poder era como “el Castillo de la Pureza”.

“Me parece muy bien porque ha existido la Judicatura y nunca se castigaba a jueces, magistrados, a ministros, menos, y cómo sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores; pero en el Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el Castillo de la Pureza, por eso lo celebro, qué bueno que se ventile este asunto, pese a la polémica”, apuntó.

AMLO pidió que no se “rasgue las vestiduras” pues insistió en que ya se acabaron los tiempos en que no se podía tocar a alguien, o que había intocables.

En el caso del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien acusó al expresidente Felipe Calderón de haber ejercido presión en su sexenio en los casos de la Guardería ABC y de Florence Cassez, López Obrador dijo que no intervendrá pero que tiene plena confianza en el ministro.

“Respeto su punto de vista, yo no me meto en eso; yo la opinión que tengo del ministro Saldívar, presidente de la Corte, es que es un hombre íntegro, que le tengo confianza, es lo que le puedo decir, nada más pero ya meterme a debates sobre otros temas, no; sí lo considero una gente honorable, de bien, me da confianza, si no, no lo diría”, remató el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que no tiene información de que el ministro Eduardo Medina Mora haya asesorado a algún grupo para interponer amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente fue consultado si se investigará si Medina Mora asesoró a quienes interpusieron amparos contra la nueva terminal aérea en Santa Lucia, Estado de México.

“Yo lo que hable fue de sabotaje legal, nuestros adversarios se pusieron de acuerdo para impedir que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía, se reunieron como 16 despachos coordinados para eso: lanzar amparos es lo que alcancé a saber”, contestó.

Sin embargo, López Obrador comentó que no tiene información de que Medina Mora, quien renunció al cargo la semana pasada, o algún otro ministro, hayan apoyado estas acciones, varias de las cuales fueron promovidas por algunas organizaciones civiles.

Sobre el tema de la renuncia de Medina Mora, el presidente dijo que el Senado resolverá hoy sobre si es aceptada o no, y aprovechó para decir que la situación del ministro no se equipara a cuando un ministro pasa a retiro, por lo que no puede seguir recibiendo un sueldo.

“No creo que se equipare a cuando un ministro termina su función, que pasa a retiro, que se tiene una pensión autorizada, este no es el caso, pero hay que verlo legalmente”, expresó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó las versiones que han circulado en los últimos días respecto a que la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, es una venganza política.

“No, nada de eso, es una investigación y el tomó libremente su decisión de renunciar Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo AMLO sobre los proceso que se siguen en la Fiscalía en contra del ministro.

López Obrador aseguró que él no es como los políticos de siempre, y enfatizó que él es demócrata.

Volvió a arremeter en contra del conservadurismo que dijo, es muy hipócrita. Insistió en que la doctrina de los conservadores es la hipocresía. Acusó que confiscaron poderes durante el periodo neoliberal.

Sobre si ya tiene los nombres que propondrá para ocupar el vacante en la SCJN, AMLO dijo que va a proponer a gente honesta, que no sean corruptos, “que no sean mercaderes, que no sean traficantes de influencia”.

Sin embargo, pidió esperar a que el Senado de la República decida sobre si se acepta la renuncia de Medina Mora, y con.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debió a que atenderá algunas denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR, no podemos culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a instancias judiciales”, expresó AMLO en su conferencia matutina.

Agregó que puede haber todas las investigaciones abiertas, pero serán la Fiscalía General y después los jueces, los que resolverán si hay delitos o no, y si se tiene que juzgar o no.

Tras señalar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le informó que existían depósitos financieros sospechosos de Medina Mora y por ello le pidiera que se presentaran las denuncias ante la FGR, indicó que son investigaciones que corresponden al Ministerio Público.

La renuncia de Eduardo Medina Mora, de 62 años, fue enviada por AMLO al Senado, que debe dar su aval para hacerla efectiva.

Respecto al posible reemplazo de Medina Mora en la Suprema Corte, López Obrador afirmó que aún no ha decidido cuál será la terna que enviará al Senado, pero anticipó que puede estar integrada tanto por hombres como por mujeres.

Recordemos que con la renuncia de Medina Mora, López Obrador propondrá por tercera ocasión una terna en menos de un año.

En diciembre pasado envió la primera, de la que resultó electo el ministro Luis González Alcántara. En febrero de 2019 envió la segunda, de la que el Senado eligió a la ministra Yasmín Esquivel.

Eduardo Medina Mora presentó esta tarde su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Medina-Mora ingresó al alto tribunal en marzo de 2015 y su periodo vencería en 2030. Su dimisión es un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994, que conformó la SCJN actual.

De acuerdo con el Artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Corte proceden por causas graves y una vez presentadas se someten para su aceptación al presidente de la República, quien en caso de aceptarla, la envía al Senado para su aprobación.

El Ministro Medina Mora se ha desempeñado como director general del CISEN, además ha sido Secretario de Seguridad Pública Federal, Procurador General de la República y embajador de México en Reino Unido y Estados Unidos.

El artículo 98 también señala que ante la falta de un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente de la República someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del senado.

El Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC) celebró la decisión unánime de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida en un amparo en revisión, que resuelve que la Secretaría de Salud y la COFEPRIS deben emitir los lineamientos para regular el cannabis medicinal.

Al respecto econocieron la rápida respuesta de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS que han confirmado que acatarán a cabalidad la sentencia emitida por la SCJN e informaron que han empezado el trabajo de coordinación entre la SS, la COFEPRIS, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) para desarrollar los nuevos lineamientos.

“Esta decisión tendrá un impacto positivo para que los pacientes que hoy requieren tratamiento de cannabis medicinal para tratar diversos padecimientos puedan tener acceso más sencillo y menos oneroso a estos productos que han demostrado su eficiencia para mejorar su calidad de vida”, indicó el GPIC.

El Grupo Promotor de la Industria de Cannabis consideró que la decisión de la Corte de incluir a toda la cadena de suministro para los productos medicinales, desde la obtención de la semilla, su almacenamiento, la siembra y cosecha del cannabis, su transportación y comercialización, abren una oportunidad para el desarrollo de la industria en México.

Indicaron que dicha industria promoverá inversiones y generará empleos, como hoy en día ya sucede en otros países.

A través de su cuenta de twitter, este miércoles la Secretaría de Salud informó que que acatará la instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de crear un reglamento para uso medicinal de mariguana.

La dependencia señaló que se asegurará de que se le brinde tratamiento médico integral al menor involucrado, en absoluto respeto al derecho humano de protección de la salud por parte del Estado.

Horas antes, la SCJN, le ordenó a la dependencia emitir en un plazo no mayor a 180 días un reglamento que permitiera el uso de cannabis con fines medicinales.

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Salud emitir en los próximos meses un reglamento que permita el uso de cannabis con fines medicinales.

Esta orden es resultado de un caso presentado ante la Corte, que encontró violaciones a los derechos humanos de un niño que requiere utilizar derivados de la planta como THC (tetrahidrocannabinol).

En un comunicado, la Suprema Corte informó que dio a las autoridades un plazo máximo de 180 días para crear el nuevo marco regulatorio.

A finales de 2018, el Senado retomó el tema de la despenalización en el uso de la planta con fines medicinales. La iniciativa, estancada en el Congreso hasta ahora, contempla una regulación nacional a la cadena de producción entre otras cosas.

Una vez aprobado el proyecto, se crearía el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis que regularía al sector y el destino de los impuestos generados por la venta de productos derivados de la planta.

Al declarar inaugurado el Segundo Periodo de Sesiones del Alto Tribunal, el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que toca a la Suprema Corte y al Poder Judicial la defensa del orden constitucional y de los derechos humanos.

El Presidente de la SCJN sostuvo que el Tribunal debe “actuar con la mayor responsabilidad a partir de argumentos sólidos que justifiquen sus decisiones y mediante el respeto a la doctrina construida en los precedentes. Sólo así se fortalecerá su legitimidad social y política y confirmará la independencia que le garantiza la norma constitucional”.

Aseguró que esta Suprema Corte no debe estar en búsqueda de la popularidad, aunque sí está obligada a que sus resoluciones sean claras y se comuniquen y expliquen de manera adecuada a la ciudadanía.

Señaló que el Tribunal Constitucional acreditará su independencia y autonomía y su compromiso con los valores, principios y derechos humanos establecidos en la Constitución.

Adelanó que algunos asuntos relevantes que se analizarán en la Suprema Corte son: la Controversia Constitucional relativa al financiamiento público a las estancias infantiles; la Controversia Constitucional sobre la distribución de las participaciones del llamado fondo minero; las Controversias Constitucionales sobre la validez de la Norma Oficial Mexicana que establece el acceso al aborto en casos de violación; la Controversia Constitucional y la Acción de Inconstitucionalidad sobre salud y educación sexual, así como distribución de anticonceptivos en el estado de Veracruz; la Acción de Inconstitucionalidad relativa al tema de gestación subrogada; la Acción de Inconstitucionalidad sobre la consulta previa a personas con discapacidad, tratándose de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down.

Otros asuntos que se atenderán son las Controversias Constitucionales en las que se analizarán los derechos contemplados en la Constitución de la Ciudad de México, tales como el derecho al agua, seguridad ciudadana, sistema educativo, uso medicinal de cannabis, derechos de migrantes, justicia cívica y derechos laborales, entre otros.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dijo que el tribunal constitucional del país no debe estar en busca de popularidad con sus decisiones.

Durante la sesión de inauguración del segundo periodo de sesiones de la SCJN, el ministro presidente pidió que la valoración del trabajo de este órgano se haga a la luz de las decisiones que toma.

Arturo Zaldívar dijo: “Esta Suprema Corte no debe estar en búsqueda de la popularidad, pero sí está obligada a que sus resoluciones sean claras y que se comuniquen y expliquen de manera adecuada a la ciudadanía.

“Estoy cierto de que este Tribunal Constitucional acreditará, como lo ha hecho siempre, su independencia y autonomía, y su compromiso indeclinable con los valores principios y derechos humanos establecidos en la Constitución”.

Además, el ministro presidente recordó que, en una democracia constitucional como la que tiene México, toca a la Suprema Corte y Poder Judicial ejercer la defensa del orden Constitucional y los derechos humanos consagrados en la Constitución.

Consideró que esto obliga a los ministros del Tribunal Constitucional a actuar con la mayor responsabilidad, a partir de argumentos sólidos que justifiquen sus decisiones y mediante el respeto a la doctrina construida con precedentes.