El Poder Judicial en general y la Suprema Corte en particular tienen muy mala imagen entre los mexicanos. En la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, la SCJN está en el límite de aprobación por encima de la policía y por debajo de las cadenas de televisión en cuanto a la confianza que genera. Bien o mal ganada esta desconfianza, es cuestión de matices. La mezcla de un Estado de Derecho tan fallido y un Poder Judicial que se percibe alejado del común de los mexicanos, hasta elitista, hace que sea blanco fácil de ataque.

Hace unos días me comentaba un ministro de la SCJN su preocupación por esta mala imagen de la Corte. Ya veía venir el enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo con el Judicial.

La relación entre AMLO y la Corte ha sido tirante desde antes de la elección de julio. Su desdén nos lleva hasta los años del proceso de desafuero, pero en esta última campaña presidencial el desprecio de López Obrador a la Corte arreció. Primero estuvo circulando la versión de que, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés trabajaba en la elaboración de un proyecto para conformar en México un Tribunal Constitucional de Justicia para fungir como la última instancia para interpretar la Constitución. Esto en los hechos minimizaría el papel de la SCJN y el contrapeso que representa al ejecutivo.

De este proyecto no se ha vuelto a decir mucho y la relación de AMLO y su círculo cercano con Valadés quedó dañada después de la entrevista que concedió a Proceso en la que criticó las primeras acciones de AMLO como presidente electo y cuya portada generó incluso un enfrentamiento vía twitter entre la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Muller, con el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda.

Una vez ganada la elección presidencial, AMLO sostuvo un encuentro con los ministros de la SCJN en la que le comunicaron que se comprometerían a sumarse a la austeridad republicana cuando arrancara el sexenio.

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, le puso monto a los recortes presupuestales en aquel encuentro. Habló de poco más de 800 millones de pesos que luego resultó no serían realmente recortes sino un subejercicio del año anterior que no había devuelto la Corte y que se había destinado a un fideicomiso. Esto molestó mucho a AMLO que se sintió truqueado por el ministro presidente.

Y ahora estamos en el enfrentamiento por la Ley de Remuneraciones y el amparo que ha otorgado la Corte para suspender este recorte a los sueldos de la burocracia, incluyendo a los jueces, magistrados y ministros de la Corte.

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