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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló esta tarde que los cambios al despacho eléctrico de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del 2021, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y avalados por el Congreso, son constitucionales.

El pleno del máximo tribunal tomó la decisión tras debatir las impugnación a la reforma de la LIE, aprobada en marzo del año pasado, que ha sido detenida en tribunales y fuertemente criticada por las empresas del sector y gobiernos de países como Estados Unidos.

La discusión comenzó el pasado martes y se extendió hasta este jueves. Los magistrados que coincidieron en declarar la constitucionalidad la obligación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de mantener la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la posibilidad de agrupación de empresas para solicitar interconexión fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, la ponente Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Con esto, la CFE se beneficiará en el despacho de energía. Sin embargo, al no haberse hecho ningún pronunciamiento, y solo haberse frenado la declaratoria de inconstitucionalidad de la prevalencia de la CFE en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de las empresas del sector privado, se abre el camino para presentar nuevos amparos relacionados a esta ley.

Los otros siete magistrados señalaron que lo impugnado era inconstitucional ya que violaba el principio de libre competencia y el derecho al medio ambiente fue frenada definitivamente.

El análisis en el Pleno aún continúa, ya que se discuten otras dos impugnaciones relacionas a la compatibilidad de la reforma con tratados internacionales en materia ambiental y económica; el mecanismo del certificado de energías limpias; la revocación y revisión de permisos; los criterios del SEN; las tarifas para los usuarios finales y los principios del SEN.

En el marco de la resolución de la Corte, el Laboratorio de Energías Renovables (NREL) del Departamento de Energía de Estados Unidos defendió la participación del sector privado en la generación de energías limpias en México y advirtió de los riesgos de una reforma legal que altere el sistema actual.

“La inversión del sector privado es fundamental para que México logre sus objetivos de energía limpia. Sin embargo, las inversiones necesarias tendrán dificultades si se realizan cambios en los marcos legales del actual mercado eléctrico”, afirmó el NREL en un informe.

El laboratorio de investigación, adscrito al Departamento de Energía, concluyó que México puede convertirse en “una potencia de energía limpia” debido a sus grandes recursos solares y eólicos todavía sin explotar.

Según sus cálculos, nuestro país tiene potencial para generar 25,000 gigavatios (GW) en energía solar, de 3,700 GW en energía eólica, de 2.5 GW en geotermia y de 1.2 GW en hidroeléctrica, lo que satisfaría 100 veces las necesidades eléctricas de México.

Aseguró que “con suficiente inversión del sector privado”, México podría aprovechar rápidamente este potencial y cumplir con su meta de alcanzar el 35 % de generación de energía limpia para 2024.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) aplazó para el próximo jueves la votación sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

“El próximo jueves sesionaremos a partir de las 11 de la mañana”, anunció el presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, tras más de dos horas de debate este martes.

Los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros de oposición en el Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

El proyecto de la magistrada Loretta Ortiz solo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca un cambio en el sector eléctrico, ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar.

En la sesión de este martes, varios de los ministros de la corte mostraron su preocupación por el impacto que podría tener para la inversión privada y para el impulso de las energías limpias. El ministro Javier Laynez indicó que la ley está creando una prioridad en el despacho para las centrales eléctricas públicas, por lo cual se pronunció en contra del proyecto, al considera que la prevalencia de la CFE es inconstitucional. El ministro Luis María Aguilar Morales también anunció su voto en contra. En total, seis ministros van en contra de esa propuesta y entran al fondo del asunto de la LIE.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronuncian a favor del proyecto de Ortiz Ahlf, por lo que solo les faltaría un voto para que esta sea declarada constitucional.

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica del 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.

La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables. Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL’s) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”, entre otros puntos.

Los tres proyectos de sentencia fueron elaborados por la ministra Loretta Ortiz, nombrada por López Obrador, lo que causó controversia porque en el pasado, cuando era legisladora del Partido del Trabajo (PT), se pronunció en contra de abrir el sector a la inversión privada.

La semana pasada, senadores de oposición la acusaron de tener un “conflicto de intereses”. Por ello, antes de comenzar con la discusión, los once ministros de la Suprema Corte votaron sobre si Ortiz estaba impedida para este debate. Por mayoría de ocho votos, se consideró que Ortiz no estaba impedida para el asunto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este martes el análisis sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Los 11 ministros de la Suprema Corte fallarán sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado de la oposición, la Comisión Federal de Electricidad (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

Los proyectos de sentencia han sido elaborados por la ministra Loretta Ortiz, que ha sido acusada de conflicto de interés, pues además de haber sido nombrada por el propio López Obrador, en el pasado, cuando era legisladora del Partido del Trabajo (PT), se pronunció en contra de abrir el sector a la inversión privada.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador dijo que “va a ayudar mucho” si en la Suprema Corte se considera constitucional la Ley de la Industria Eléctrica. “La ley no es inconstitucional, de eso no hay duda”, insistió el presidente.

Al mencionar que sería un avance si se declara constitucional esta Ley de la Industria Eléctrica, López Obrador recordó que ésta no contempla, por ejemplo, el tema del la nacionalización del litio.

Recordemos que la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en marzo de 2021 en el Legislativo, elimina el criterio económico para despachar así primero las plantas de combustibles fósiles de la CFE sobre las privadas de renovables, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s) para darlos a plantas viejas de la CFE y revoca permisos de autoabastecimiento, entre otros puntos.

Los proyectos de Loretta Otriz han causado incertidumbre porque solo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

En ese sentido, habría que tomar en cuenta que López Obrador ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte, además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar, por lo cual, se está ante una alta probabilidad de que sea declarada constitucional.

La Suprema Corte inició el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), y por unanimidad de votos, se eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas.

El Pleno consideró que el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público, incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada.

El Pleno determinó que durante el proceso legislativo que dio origen a la LFAR no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran por consecuencia su invalidez, y resolvió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades implícitas para legislar en materia austeridad.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, encargada del proyecto, indicó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.

“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, señaló el texto de la ministra.

El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que el candado de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo.

Senadores de oposición acusaron este jueves a Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de tener un “conflicto de intereses” en el fallo de la próxima semana sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Los senadores entregaron una carta a la Suprema Corte para denunciar que la ministra, quien está a cargo del proyecto de sentencia, está “impedida” por su sesgo ideológico, ya que cuando era diputada por el PT se pronunció en contra de abrir el sector a la inversión privada.

“El propósito del escrito es exponer ante las y los ministros de la Suprema Corte la evidencia inequívoca que la ministra Ortiz Ahlf se encuentra impedida para conocer de la acción de inconstitucionalidad en cuestión”, indicaron los senadores en un comunicado.

La polémica surgió la semana pasada, cuando se reveló que el proyecto que propone Ortiz pretende avalar con una retórica similar a la del gobierno, la constitucionalidad de la reforma a la LIE, promulgada el pasado 9 de marzo de 2021 por López Obrador.

La Suprema Corte admitió en mayo de 2021 una controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la reforma por considerar que vulnera la competencia al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de combustibles fósiles de la CFE sobre las privadas de renovables, revisa de forma retroactiva los contratos y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

La oposición denunció que la iniciativa modifica la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013, cuando Ortiz era diputada del PT, partido aliado de López Obrador, y se pronunció en contra con argumentos ideológicos similares a los que ahora hace como ministra.

“Las múltiples posiciones de la ministra” son “un conflicto de interés insuperable, toda vez que lleva muchos años manifestándose en contra de la política energética constitucional integral que hoy nos rige”, argumentaron los senadores del PAN, PRI y PRD.

El proyecto de Loretta Otriz ha causado incertidumbre porque solo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

Hay que tomar en cuenta que López Obrador ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar. Por ello, la coalición opositora denunció riesgos para la imparcialidad del Supremo.

“Hay elementos suficientes para, al menos, poner en entredicho el actuar imparcial de la Ministra frente al asunto, y la mera duda razonable de una actuación imparcial tratándose de nuestro máximo Tribunal Constitucional justifica la separación de ésta del asunto en concreto”, concluyeron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró esta mañana el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que amparó a Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas de la muerte del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

López Obrador presumió la “independencia” de la Corte, luego de que ayer eliminara por unanimidad la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de “homicidio doloso de concubino”, y liberó a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por “comisión por omisión accesoria” por la muerte de Federico Gertz en 2015.

“Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de derecho, antes esto no sucedía”, manifestó el mandatario.

El caso había despertado controversia por un audio filtrado a inicios de marzo en el que el fiscal Gertz Manero presumía del apoyo de “tres o cuatro ministros” de la SCJN.

Tras esa filtración, López Obrador insistió en respaldar al fiscal al argumentar que entendía “la situación personal, moral, humana del fiscal” al tratarse de “un asunto vinculado con su hermano”.

Pero ahora declaró que “qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie”.

El mandatario recordó que el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, denunció en febrero pasado que el entonces presidente Felipe Calderón o presionó durante la votación del caso del incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños en 2009.

“Eso ya no sucede, ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio”, aseguró.

Después del fallo de la Suprema Corte, Cuevas salió ayer mismo del penal de Santa Martha Acatitla, donde estuvo presa desde octubre de 2020.

López Obrador aseguró que ha instruido a la Secretaría de Gobernación (Segob) brindarle “toda la protección y todo el apoyo” a Cuevas, quien ha denunciado que corre peligro por la presunta persecución del fiscal Gertz Manero.

Cuestionado sobre si pese a lo resuelto por la Corte, que apuntó que hubo irregularidades en los procesos judiciales contra las acusadas, aún respalda al titular de la FGR, López Obrador dijo que sí, y llamó a que si los acusados tiene pruebas de que se actuó de mala manera en la Fiscalía capitalina o por parte de la propia FGR, deben presentar una denuncia.

“El presidente no da línea para beneficiar o perjudicar a alguien (…) no se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo de antes”, remató.

Foto: Twitter @JTrianaT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó esta tarde a las acusadas de matar al hermano del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en un polémico caso por el presunto abuso de la Fiscalía para perseguir a las mujeres.

El pleno aprobó con unanimidad de 11 votos los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez para eliminar la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de “homicidio doloso de concubino”, y liberar de forma inmediata a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por “comisión por omisión accesoria” por la muerte de Federico Gertz en 2015.

“La orden de aprehensión dictada en su contra es inconstitucional porque implícitamente supone que ella, como concubina de un hombre, estaba de alguna manera obligada a garantizar no solo la conservación de salud, sino prácticamente la prolongación de su vida”, argumentó Gutiérrez sobre el caso de Laura Morán.

La nueva propuesta se discutió después de que la Suprema Corte pospusiera el pasado 14 de marzo un fallo definitivo sobre el caso de la muerte del hermano del fiscal general, quien protagonizó un escándalo por un audio filtrado antes de esa votación en el que presumía del apoyo de “tres o cuatro ministros” de la SCJN.

Tras esta polémica, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, indicó que en “estas votaciones no ha habido ninguna incidencia ajena”, ya que los 11 ministros del pleno escucharon a todas las partes involucradas.

“Estamos votando con toda libertad e independencia, como se está acreditando en este acto. De tal suerte que esta atracción reitera la independencia y legitimidad de la Corte”, sostuvo Zaldívar, quien se ha mostrado cercano al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los ministros de la SCJN coincidieron en la falta de pruebas para culpar a Laura Morán, cuñada del fiscal y con más de 90 años de edad, a quien Gertz Manero acusaba de “comisión por omisión” por la muerte de su hermano, quien falleció de un infarto agudo al miocardio tras una larga enfermedad.

“No se tomaron en cuenta las condiciones particulares de la quejosa para determinar si en verdad incurrió en una omisión en el deber de cuidado de su concubino. Creo que, a pesar de su edad y falta de conocimiento médico especializado, de manera razonable la quejosa acudió a servicios médicos”, expuso la ministra Margarita Ríos-Farjat.

Mientras que en el caso de Cuevas, que se encontraba en prisión preventiva desde 2020, el proyecto del ministro Gutiérrez consideró que “se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria”.

Minutos antes de las 16:00 hrs, Cuevas salió del penal de Santa Martha Acatitla. Tan pronto abandonó prisión, ofreció unas palabras ante los representantes de los medios de comunicación, en donde dijo que de no ser por el apoyo que recibió y la atención que recibió por parte de los medios, el fiscal general de la República LA hubiera sepultado para siempre en la cárcel “con un delito que él fabricó”.

Antes de este fallo, Alejandra Cuevas y su hija Ana Paula Castillo consiguieron otro amparo que las protege de alguna nueva orden de aprehensión por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer esta tarde el proyecto a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por el que propone conceder amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas, cancelando así los procesos iniciados en su contra por la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.

La Corte indicó que los proyectos se discutirán en breve, por lo que se estaría ordenando la inmediata liberación de la sobrina política del titular de la FGR. Sin embargo, no se dio fecha exacta de esta discusión.

Detalló que en los amparos en revisión 540 y 541, se propone abandonar un criterio vigente desde hace diez años, que imponía limitaciones a lo que las personas inculpadas podían hacer cuando se les había concedido un amparo por defectos formales y no lo impugnaban, pero la autoridad o la víctima sí lo hacían.

Explicó que tradicionalmente y dada cierta aproximación a lo que se conoce como “recurso adhesivo”, las personas inculpadas sólo podían defender “lo que ya habían logrado” pero no podían discutir lo que no habían logrado: es decir, tratar de obtener una solución a su problema jurídico real en un recurso interpuesto por el ministerio público o la víctima.

Este es el momento, dice el proyecto, de acogerse a una nueva concepción de los recursos para que de acuerdo con las disposiciones de derechos humanos constitucionales e internacionales, sean sencillos, accesibles y efectivos.

“No debe darse oportunidad a las personas inculpadas de perseguir una solución completa a un problema que atraviesa su libertad personal cuando han recibido un amparo basado en vicios formales y el ministerio público o la víctima han combatido esa resolución”, indicó la Corte.

El proyecto deja claro que ahora sólo se resuelve lo relativo al alcance de un recurso adhesivo en materia penal. Por tanto, queda pendiente su estudio en otras materias. Así, el proyecto propone la concesión del amparo liso y llano a las inculpadas en ambas causas y sugiere ordenar su inmediata libertad.

Las inculpadas son consideradas presuntas responsables del homicidio de Fernando Gertz, ya que se asegura que las mujeres fueron negligentes en su cuidado cuando les correspondía desempeñarlo con toda diligencia para evitar su muerte.  En el caso de Laura Morán, por tratarse de su concubina, y en el caso de la señora Alejandra Cuevas, por tratarse de la hija de la pareja de Federico Gertz.

El proyecto destaca que en el caso de Alejandra Cuevas se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria.

De acuerdo con la Constitución, no hay delito sin ley. Por tanto, el proyecto afirma que la inexistencia de la figura basta para eliminar cualquier responsabilidad a Cuevas, en la muerte de Federico Gertz, una persona de avanzada edad y con distintos padecimientos de salud.

En el caso de Laura Morán, el proyecto identifica que el deber de cuidado que se le impuso excede el límite de lo razonable.

“No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad, pues tenía 88 años, se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado, la muerte de su pareja sentimental de 50 años, que razonablemente no podía evitar”, adelantó la Corte.

En días pasados, la Suprema Corte envió los expedientes de Alejandra Cuevas y Laura Morán, a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Al respecto, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que Gutiérrez Ortiz Mena se comprometió a presentar “a la mayor brevedad” las propuestas en las que la Corte analizará si fue legal emitir la orden de aprehensión contra Laura Morán, y el auto de formal prisión contra su hija Alejandra Cuevas, quien permanece en el penal de Santa Martha Acatitla desde octubre de 2020.

La Suprema Corte postergó este lunes un fallo definitivo sobre el caso de la muerte del hermano del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, quien acusa a su familia política por su muerte, y luego de que se filtraran audios en los que presume del apoyo de algunos ministros de la SCJN.

La Corte pidió más tiempo para analizar el fondo del caso, en el que Gertz Manero acusa a su cuñada, Laura Morán, de “homicidio doloso de concubino” y a la hija de ella, Alejandra Cuevas, que está presa, de “comisión por omisión accesoria” por la muerte de su hermano Federico en 2015.

El pleno votó 10 a 1 contra el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien otorgaba un amparo a Cuevas, pero no le concedía la libertad inmediata, sino que ordenaba al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México retomar el caso para un nuevo fallo.

Todos los ministros menos Pérez Dayán respaldaron la postura del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, de presentar un nuevo proyecto para “resolver el fondo del asunto, en definitiva”, por lo que ahora evaluarán las pruebas y se pronunciarán sobre la libertad de Cuevas, presa desde octubre de 2020.

“Debemos resolver el fondo del asunto con un estudio donde analicemos todas las pruebas y podamos llegar a la conclusión en la que cada uno de nosotros podamos estar”, comentó Zaldívar, quien hace cuatro meses propuso al pleno atraer el caso por su relevancia.
Sin embargo, algunos especialistas como Leticia Bonifaz, han señalado que lo resuelto por la Corte es una buena señal sobre el caso, ya que pese a no admitir el proyecto, todos los ministros ya se pronunciaron y van por otorgar un amparo liso y llano que la deje en libertad a Cuevas.

Explicó que si ganaba el proyecto de hoy, el caso regresaba al colegiado y Alejandro Gertz podía volver a impugnar; sin embargo, se espera que el nuevo proyecto sea solo un paso más para que la acusaba quede en libertad.

Gertz Manero, quien ha recibido el apoyo público en reiteradas ocasiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció la autenticidad de los audio filtrados hace unos días, y en lugar de intentar explicar lo que en ellos se le escuchaba decir, denunció “una extorsión mediática” que busca “tumbarlo” de la Fiscalía General de la República (FGR).

La familia de Morán y Cuevas acusa a Gertz Manero de utilizar la FGR, desde que asumió el cargo en 2019, para perseguir a las mujeres, a las que acusa de matar a su hermano por “negligencia” porque, según él, no hicieron lo posible para mantenerlo vivo en 2015 cuando estaba enfermo.

Los ministros de la Suprema Corte no abordaron en el pleno este señalamiento, pero cinco de ellos adelantaron que votarán “por un amparo liso y llano” para Cuevas para “su liberación inmediata”. Quienes se pronunciaron por la liberación coincidieron en vicios de forma, falta de exhaustividad y falta de fundamentación sobre la responsabilidad de Cuevas.

“No encuentro prueba alguna que resulte idónea para acreditar la existencia de una omisión de cuidado por parte de la quejosa (Cuevas)”, argumentó el ministro Juan Luis González Alcántara.

La ex primera dama y actual diputada del PAN, Margarita Zavala, acusó este miércoles de “mentir” a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, por denunciar presiones del gobierno de su esposo, para protegerla en el caso de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños en un incendio.

Zavala reprochó que Zaldívar haya asegurado ayer que hubo “una operación de Estado para proteger a la familia” de ella y no involucrarla en el incendio que ocurrió en junio de 2009 en la guardería concesionada por el gobierno.

“Miente Arturo Zaldívar. Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le ‘ocurrió’ ‘contarles una historia’ y dijo muchas mentiras”, expresó en su Twitter Zavala.

La diputada se refirió a la presentación del libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, en la que Zaldívar confesó que “el asunto que más le ha conmovido, el que siempre ha considerado más cercano” es el de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde una prima de Zavala estaba implicada.

Zaldívar, quien llegó nombrado en 2009 por Calderón, propuso en 2010 una sentencia que atribuía la responsabilidad al entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, y a su antecesor Juan Molinar, quien después fue secretario de Comunicaciones y Transportes.

El presidente de la Suprema Corte, quien ahora está señalado por su cercanía al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya había denunciado en 2019 presiones por el caso, pero ahora aseguró que hubo “una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del (entonces) presidente”.

“Por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el pleno los memorandos que nos había llevado la autoridad, no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte esto obviamente no lo hice público en ese momento”, aseveró.

En respuesta, la también excandidata independiente a la presidencia, negó que hubiera protección para su familia, al argumentar que la concesión se otorgó años antes de que Calderón entrara a la presidencia. “Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado”, dijo Zavala en su hilo de Twitter..

La confrontación ocurre mientras Zaldívar ha afrontado acusaciones de ser favorable al actual gobierno, quien el año pasado propuso extender su mandato como presidente de la Suprema Corte pese a que la Constitución lo impide, algo que finalmente no ocurrió.

Además, Zaldívar ha avalado proyectos polémicos como la consulta que impulsó López Obrador para “enjuiciar” a los expresidentes del “periodo neoliberal”. “Ya no tenga ocurrencias, señor Zaldívar, y concéntrese en su trabajo que es la Justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años”, reclamó Zavala.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impidió a la ministra Loretta Ortiz analizar una controversia de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un caso de presunta corrupción del hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El Supremo aprobó por unanimidad el impedimento de Ortiz, quien asumió en enero pasado nombrada por el presidente, ya que su esposo es José Agustín Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), con competencia en el caso de Pío López Obrador, quien aparece en un video recibiendo dinero.

“En este caso podría darse un aparente conflicto de interés en relación a la función del esposo de la señora ministra en atención al asunto”, reconoció Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte.

El asunto se refiere a una controversia constitucional que presentó la FGR en enero pasado contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó a la Fiscalía y a la FEDE entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) datos de la investigación sobre Pío.

Recordemos que el hermano del presidente apareció en agosto de 2020 en un video grabado en 2015 mientras recibe dinero en efectivo por parte de David León, exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del gobierno federal, que en ese entonces trabajaba para el gobierno estatal de Chiapas.

Los partidos de oposición denunciaron a Pío porque el presidente aceptó que eran “aportaciones” para el movimiento cuando su partido, Morena, fundado en 2014, compitió por primera vez en las elecciones legislativas.

Al haber sido la propia Ortiz quien pidió no analizar este caso para evitar un posible conflicto de interés, la presidenta de la Primera Sala de la Corte, Margarita Ríos-Farjat, destacó el acto de la ministra, quien consideró que pudiera verse afectada la imparcialidad por el interés de su cónyuge en el asunto y que eso se pudiera alegar como algo trasladado a ella.

“Me parece que el que la ministra planteara el impedimento por estos motivos abona a la transparencia de las resoluciones de esta Suprema Corte porque no oculta ni invisibiliza su vínculo conyugal”, concluyó.

El proyecto a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que proponía modificar la pregunta que aparecerá en las papeletas de la consulta de Revocación de Mandato, que se tiene prevista para el próximo 10 de abril, fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así, la pregunta quedará como originalmente la redactó el Congreso de la Unión. Actualmente, la pregunta aprobada dice: “¿Estás de acuerdo en que (NOMBRE) Presidente (a) de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Durante la sesión de este martes, que se retomó luego de ayer se suspendiera debido a un problema en los ductos y aire acondicionado de la sala, el Pleno de la SCJN, los ministros que no alcanzaron a manifestarse dieron a conocer su posicionamiento.

El proyecto que se presentó y analizó,  señalaba que no está previsto en la Constitución que el ejercicio fuera una consulta de ratificación de mandato, lo cual quedaba de manifiesto en la segunda parte de la pregunta. Por ello se buscaba modificar la pregunta y eliminarse la parte correspondiente.

Los ministros que votaron para modificar la pregunta y eliminar la parte “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Morales, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En tanto los ministros que votaron en contra del proyecto fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente, Arturo Zaldívar. Fueron 5 votos los que se opusieron a la modificación.

El ministro presidente dijo en su posicionamiento que el proceso de revocación de mandato comenzó desde octubre del año pasado, por lo que “no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino”. Además, dijo que el proyecto presentado partía de “premisas equivocadas y de una interpretación errónea de los preceptos impugnados”.

“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, pero además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, dijo Zaldívar.

De acuerdo con un proyecto publicado en estrados electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se propone modificar la pregunta que se aparecerá en las papeletas de la consulta de Revocación de Mandato.

Actualmente, la pregunta aprobada dice: “¿Estás de acuerdo en que (NOMBRE) Presidente (a) de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Sin embargo, el proyecto señala que no está previsto en la Constitución una consulta de ratificación de mandato, lo cual queda de manifiesto en la segunda parte de la pregunta. Por ello, de ser aprobado por al menos ocho ministros, esa parte de la pregunta tendría que eliminarse.

En el proyecto también se establece que el Congreso no tiene una obligación expresa para proveer el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiera para llevar a cabo la consulta, y que es el propio Instituto quien debe prever la inclusión del presupuesto para el ejercicio, en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos que envía al Ejecutivo Federal, para que este, a su vez lo incluya en el proyecto.

El ministro propone declarar invalido que los partidos políticos promuevan la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato; aunque se propone que los partidos puedan nombrar a un representante ante cada mesa directiva de casilla.

El proyecto podría estarse discutiendo la próxima semana en el Pleno de la Corte.

Al respecto, en el marco de la segunda reunión plenaria de su bancada que tuvo lugar en el recinto legislativo de San Lázaro, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que la revocación de mandato genera un blindaje para que en un futuro no haya presidentes que no representen a la mayoría.

Ahí aprovechó para comentó que propuso a la bancada de su partido una iniciativa que adecúe la Ley General de Partidos Políticos para que Morena pueda regresar recursos que le fueron otorgados para su operación, pero que, frente a la emergencia sanitaria, decidió devolver a fin de que se usaran en la atención de la emergencia.

“Es para que podamos devolver de manera directa a la Tesorería de la Federación, de manera directa 547 millones de pesos a los que nos comprometimos devolver. Con esto llegaríamos a la cifra de los 800 millones de pesos, que fue nuestro compromiso regresar, de la prerrogativa ordinaria a pesar de que era año electoral”, indicó.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, impuso estar tarde la toga magisterial e hizo entrega de la credencial y del distintivo correspondiente a la nueva ministra, Loretta Ortiz Ahlf, con lo que el Pleno contará por primera vez, desde la Reforma Constitucional de 1994, con cuatro mujeres ministras.

“Ministra Loretta Ortiz Ahlf, la recibe a usted la Corte de la autonomía personal, la igualdad material y la justicia de género, la Corte del combate a la discriminación histórica y sistemática, la Corte que deconstruye los estereotipos explícitos e implícitos basados en cualquier forma de marginación o exclusión, la Corte protectora de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, la Corte que resguarda la libertad de expresión y la diversidad
cultural que conforma este país, la Corte que ha reconocido la autonomía de las personas con discapacidad y de las personas, pueblos y comunidades indígenas, la Corte que escucha los reclamos sobre el deterioro medioambiental, una Corte que apuesta por los derechos humanos aún en escenarios de contienda y tensión social”, dijo el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a nombre del Tribunal Pleno.

Por su parte el ministro presidente afirmó que hoy fue un día histórico, porque se incorpora a la Corte una cuarta Ministra; lo que dijo, coloca a la SCJN en un camino hacia la paridad que confió, se alcance con los próximos nombramientos.

El ministro Zaldívar destacó la formación de la Ministra Ortiz Ahlf, su vocación de servicio y su compromiso con los derechos humanos y aseguró que su integración al Tribunal redundará para beneficio a la justicia.

Al pronunciar su mensaje la ministra Ortiz Ahlf reiteró su compromiso de ejercer su función con empatía a las necesidades contemporáneas de la sociedad y con cercanía a la ciudadanía.

“Encontrarán en mí una voz propositiva, congruente y siempre motivada por la genuina aspiración de convertir en realidad los derechos humanos consagrados en nuestro orden constitucional. Una voz que, desde una visión de justicia deliberativa, propia de un tribunal constitucional, aporte al objetivo común de consolidar una impartición de justicia efectiva, abierta y cercana a la sociedad, que en última instancia contribuya a reivindicar la legitimidad del Máximo Tribunal frente a la ciudadanía”, dijo la nueva integrante del Pleno de la SCJN.

La nueva ministra dijo que se desempeñará en todo momento con independencia, imparcialidad y autonomía, criterios que dijo resultan esenciales para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.

Indicó que tal como se comprometió públicamente cuando presentó su intención de integrarse a la Suprema Corte, reafirmó que ejercerá su función con empatía a las necesidades contemporáneas de la sociedad mexicana y con
cercanía a la ciudadanía.

“Resolver los asuntos desde una visión global e innovadora del papel que tiene la función judicial en el fortalecimiento del estado de derecho; responder desde este Máximo Tribunal, a la legítima demanda social de contar con un aparato de justicia abierto, imparcial y transparente, así como promover acciones transversales que reduzcan las brechas de desigualdad e impunidad en nuestro país”, añadió.

El Pleno del Alto Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad de los integrantes que la ministra Loretta Ortiz quede adscrita a la Segunda Sala.

Esta tarde, al inaugurar el Primer Periodo de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Arturo Zaldívar afirmó que la Corte ha sido y seguirá siendo el Tribunal Constitucional, en donde habrá un poder equilibrador, autónomo e independiente, tal como lo exige la democracia.

Zaldívar destacó que el año pasado ingresaron a la Suprema Corte más de 12,000 asuntos, cada uno de una relevancia única para quien lo promovió, pues representa una esperanza para las personas, además de una oportunidad para los órganos y entes tanto federales como estatales y municipales, de salvaguardar sus competencias y sus garantías institucionales.

“Este año, la Corte resolverá asuntos de gran trascendencia para el orden jurídico nacional, me referiré a algunos de los de mayor interés social, aunque insisto en que estos asuntos son tan importantes como los otros miles de asuntos que ingresan a la Corte y sobre los que nos debemos pronunciar indefectiblemente”, dijo el ministro presidente.

Al referirse a los asuntos más destacados, que ya cuentan con proyecto y que podrían ser resueltos durante el primer semestre de este año, Arturo Zaldívar mencionó: la controversia constitucional en que se impugna el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada para tareas de seguridad; las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugna el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Registro de Detenciones; diversos asuntos relacionados con el interés superior de la infancia, tales como las acciones de inconstitucionalidad relativas a los derechos de las infancias trans; la relativa al castigo con fines disciplinarios a niños, niñas y adolescentes y la que se refiere a los centros de cuidado infantil de la Ciudad de México; así como la acción de inconstitucionalidad en la que se impugna el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en la Ciudad de México, además de diversos asuntos relacionados con el caso de la presa “La Boquilla”, en Chihuahua, entre otros.

Antes de concluir su mensaje, Arturo Zaldívar aseguró que en todos los asuntos que se resuelvan, la Corte actuará con independencia e imparcialidad, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora.

“Nuestros fallos podrán gustar o no dependiendo de las coyunturas políticas pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y con los derechos humanos”, concluyó el ministro presidente.

Por su parte la ministra Margarita Ríos Farjat dio cuenta del Informe de la Comisión de Receso, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones de 2021, que fue integrada por ella y por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa; precisó que en dicho periodo se recibieron 228 expedientes, de los cuales se remitieron seis a la Primera Sala, dos a la Segunda Sala, 207 a la Subsecretaría General de Acuerdos, 13 a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, destacó este miércoles durante la presentación de su tercer informe anual de labores el combate a la corrupción y nepotismo al interior del Poder Judicial

“Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba”, dijo Zaldívar en su mensaje.

El magistrado estuvo acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su esposa, y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Olga Sánchez Cordero, así como miembros del Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y por los ministros de la Corte.

Zaldívar aseguró que desde que asumió el cargo se ha perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y en todos los niveles bajo el criterio de “cero tolerancia”.

Explicó que se han roto las estructuras de poder de abogados y empresarios que traficaban influencias; destacó que se han desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores, además de que se ha erradicado el nepotismo en los juzgados.

Sin embargo, reconoció que aun existen casos de corrupción, que dijo, son aislados y ya no obedecen a la existencia de mafias que operaban dentro del Poder Judicial.

El presidente de la Corte también refrendó su compromiso contra el acoso, el hostigamiento, la violencia y cualquier forma de discriminación contra las mujeres, y aseguró que los tribunales federales ya juzgan con perspectiva de género.

Detalló que se ha incrementado el número de lenguas indígenas disponibles en las traducciones del Poder Judicial y que la reforma judicial aprobada este año permite que el nombramiento de jueces y magistrados se base en “el mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad”.

Zaldívar criticó que por mucho tiempo la justicia fue un privilegio para las élites y una promesa vacía para los pobres; en ese sentido defendió que ahora hay un nuevo Poder Judicial Federal que brinda una justicia más humana, efectiva y cercana que nunca.

“Seguiremos trabajando todos los días con intensidad y pasión hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre”, concluyó Zaldívar su mensaje.

Recordemos que el magistrado estuvo este año en el ojo del huracán después de que el Congreso aprobara alargar dos años más su mandato, mismo que fue rechazado por le mismo Zaldívar y que la Corte resolvió como inconstitucional.

Incluso el presidente López Obrador apoyó la medida aprobada por el Congreso, impulsada por Morena y aliados, al considerar a Zaldívar un hombre “íntegro y honesto”, así como el único capaz de reformar el Poder Judicial y erradicar la corrupción.