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Será el día de mañana cuando se presente la iniciativa de la Ley Orgánica de la Administración Pública en el Congreso de Puebla, la cual busca quedar aprobada antes del 1 de agosto, cuando tomará posesión Miguel Barbosa como nuevo gobernador del estado.

En dicha iniciativa, se plantea que la Secretaría General de Gobierno (SGG) pase a ser la Secretaría de Gobernación, mientras que la Contraloría se convertirá en la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, no sólo se contempla el cambio de nombres, sino que se plantea crecer de 12 a 17 las secretarias de estado. Cuatro de las que actualmente existen se van a dividir, y se creará una más.

Se dará vida a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la cual atenderá temas de género, por lo que sustituirá al Instituto Poblano de las Mujeres.

La actual Secretaría de Finanzas y Administración se plantea dividir en dos: la Secretaría de Planeación y Finanzas, y la Secretaría de Administración.

De la Secretaría de Competitividad, Trabajó y Desarrollo Económico se desprenderían la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía.

Las Secretaría de Cultura y de Turismo, que actualmente despachan desde la misma dependencia, se desincorporarán.  Mismo caso aplicará para la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes, para ahora tener la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Movilidad y Transporte.

El resto de las secretarías se mantendrán como hasta ahora.

El memorándum con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prevé dejar sin efecto las medidas de la actual reforma educativa, incluye recomendaciones para reinstalar a los maestros “afectados” y liberar a los miembros del magisterio que se encuentran encarcelados por causas relacionadas a la ley.

El documento que el mandatario federal dirige a los titulares de secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establece que la reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza.

“En cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización de la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”, indica.

El mandatario reconoció que hasta la fecha no se ha alcanzado un acuerdo entre el Poder Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar dicha reforma, “sin embargo la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública”.

Entre los cuatro lineamientos que se incluyen destacan el inciso B, que señala: “mientras el proceso de diálogo no culmine en acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las se haya traducido la aplicación de la mal llamada reforma educativa”.

El memorándum también señala que la nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción.

“La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo, será la SEP quien reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas”, indica el documento.

Agrega que la Secretaría de Gobernación será la encargada de realizar las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad, a la brevedad, a maestros y luchadores sociales que se encuentran en prisión por oponerse a dicha reforma.

Así como para retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio.

“De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores”.

El mandatario federal exhortó a los maestros de todas la tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, impedir la confrontación y buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Al ser cuestionado sobre lo declarado esta semana por su Jefe de la oficina de la Presidenciae, Alfonso Romo, así como por el subsecretario de Hacienda, sobre que habría solicitado un nuevo recorte a las secretarias, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que se trate de despidos.

“Los recortes, los ajustes, no se vinculan al despido de trabajadores, acá son ahorros, es austeridad, que es un concepto distinto (…) son ahorros porque ya no hay lujos en el gobierno”, contestó el mandatario.

Dijo que el objetivo de su administración es ahorrar, pues se acabó el despilfarro, los abusos, y se puso fin a la burocracia dorada: altos funcionarios públicos que se daban la gran vida. Añadió que ya no hay viajes al extranjero, viáticos, sequitos.

Criticó que las anteriores administraciones hacían viajes al extranjero y llenaban hasta tres aviones con colaboradores y hasta gente de la prensa. “Se llevaban hasta al perico. Ya eso se acabó, se terminó”.

Adelantó que, si todo continúa como hasta ahora, calculan ahorros adicionales al plan de austeridad por 200 mil millones de pesos, mismos que se podrían utilizar para “reforzar” los programas sociales que ya están en marcha.

En ese sentido dijo que hasta ahora no se han presentado problemas financieros, y por el contrario, hay equilibrios en las variables macroeconómicas, además de que avanza bien la recaudación. “No vamos a endeudar al país, no vamos a aumentar impuestos, no va a haber gasolinazos”.

 

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para, para entre otras acciones, crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la iniciativa se contempla también la sustitución del nombre y atribuciones de la actual Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para dar lugar al surgimiento de la Secretaría de Bienestar, tal como lo ha anunciado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La propuesta establece también la creación de las nuevas unidades administrativas denominadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, o lo que ha sido anunciado por el equipo de López Obrador como los “súper delegados”, las cuales tendrán como función la coordinación de acciones entre autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal.

Busca reestructurar la Secretaría de Gobernación, para lo cual se plantean “cambios y adecuaciones necesarias tanto de las facultades de la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) como a la de la (Secretaría de la) Función Pública”, entre otras modificaciones a diversas dependencias del Ejecutivo federal.

Además se proponen adecuaciones y cambios a diversas secretarías, como la de Agricultura y Desarrollo Rural, que adoptará ese nuevo nombre, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Economía, y de Energía.

“Se proponen ajustes y cambios con el propósito común de alinear sus facultades, tareas e instrumentos a los propósitos de crecimiento económico, equidad social y estímulo a las actividades agrícolas, forestales, pesqueras, ganaderas, industriales, comerciales y de servicios”, indica la propuesta.

En cuanto a la Secretaría del Trabajo, se propone darle la atribución de promover la democracia sindical, expresada en la elección de sus dirigencias mediante el voto individual y libre de sus agremiados, sin que el nuevo gobierno interfiera o se inmiscuya en la vida interna de los sindicatos.

Delgado Carrillo precisó que, a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se transferirá la totalidad de las facultades que estaban confiadas a la Secretaría de Gobernación en esa materia.

Enfatizó que “se propone confiar también (a la nueva Secretaría) las (funciones) relativas a la seguridad nacional y la protección civil de la población en casos de desastres naturales, siempre con el invaluable apoyo de las Fuerzas Armadas, a través de los panes de auxilio que todos conocemos y apreciamos”.

Otras de las secretarias que tendrían adecuaciones, son las de Salud, Educación y Cultura, “para las cuales se proponen cambios y adecuaciones en el mismo propósito de alinear sus atribuciones y propósitos al objetivo común que es elevar el bienestar de toda la población, especialmente el de los más pobres”.

La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Seguridad Pública.

 

El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la que anunció a quienes ocuparán las subsecretarías en la Secretaría del Trabajo y en la Secretaría del Bienestar, misma que hasta hoy se conoce como Secretaría de Desarrollo Social.

Alfredo Domínguez Marrufo, se desempeñará como subsecretario del trabajo, política salarial, inspección, previsión social, justicia laboral y registros sindicales.

Horacio Duarte, hasta ahora representante de Morena ante el INE, se desempeñará como subsecretario de empleo, además de que estará a cargo del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual busca dar empleo como aprendices a 2 millones 300 mil jóvenes y entregar 300 mil becas a estudiantes universitarios de familias de escasos recursos.

Recordó que tanto Luisa María Alcalde y María Luisa Albores serán las encargadas de dirigir las Secretarías federales.

En cuanto a las posiciones en la Secretaría del Bienestar, anunció a Ariadna Montiel Reyes quien se desempeñará como subsecretaria de la dependencia, y que tendrá a su cargo el aumento de la pensión a los adultos mayores y a los discapacitados de escasos recursos, quienes a partir del 1 de enero del año próximo obtendrán una pensión al doble de lo que perciben ahora.

Para el programa de pensiones a adultos mayores se destinarán 120 mil millones de pesos, mientras que para apoyar a los discapacitados de escasos recursos se destinarán 15 mil 840 millones más.

Javier May Rodríguez fungirá como subsecretario de inclusión productiva y desarrollo rural y territorial, y será el responsable de echar a andar el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, mismo que generará 400 mil empleos.

Detalló que para el primer año del gobierno se cubrirán 500 mil hectáreas y se detonarán 200 mil empleos. La meta final se fijo para el año 2020. Dicho programa contará con una inversión de 22 mil millones de pesos.

Adicional anunció la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que sustituirá a la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, y que estará a cargo de Adelfo Regino Montes. Al respecto dijo que todas las culturas y etnias del país serán atendidas a través de las 132 coordinaciones regionales indígenas que se crearán.

Sostuvo que los coordinadores regionales indígenas tendrán que ser de la misma cultura o etnia en donde se desempeñen, con el fin de que se respeten las tradiciones y costumbres de cada lugar.

 

Luego de que el INE diera a conocer el presupuesto que aprobó para en el Proyecto de Financiamiento Público para las actividades ordinarias y de campaña de partidos políticos y candidatos independientes para la jornada electoral del próximo año, que asciende a 6 mil 788 millones de pesos, te presentamos los presupuestos que reciben las secretarías de Estado.

 

Secretarías como las de Turismo (3,900 mdp),  Energía (2,300 mdp), Trabajo (3,500 mdp) e incluso la oficina de la Presidencia de la República (1,800 mdp) representan un costo menor para las finanzas del país.

 

 

El presupuesto autorizado por el INE para la elección del 2018 es casi la mitad de lo que en 2017 solicitó el propio instituto, pues la propuesta de presupuesto operativo que hizo en 2016 para ejercer en 2017 ascendió a a 11 mil 232 millones 449 mil 787 pesos, además de un monto de prerrogativas para los partidos políticos de 4 mil 138 millones 727 mil 87 pesos.

 

La pregunta ahora es si lo aprobado por los consejeros del INE va en concordancia con las medidas de austeridad a las que se ha apegado gran parte del gobierno en el 2017.

 

 

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