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El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara, informó que luego de una exhaustiva investigación, fue posible establecer que la joven María Angela, que desapareció en el Metro Indios Verdes y encontrada días después en Nezahualcóyotl, se ausentó de manera «voluntaria» y que no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente.

La investigación que permitió llegar a esta conclusión estuvo a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, y en ella participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI, y la Comisión Local de Búsqueda.

En dicha indagatoria se analizaron diversos materiales como videos, información de redes sociales, entrevistas, dictámenes periciales y recorridos en campo. Todo se presentó en conferencia de prensa a través de una línea de tiempo que dijo el funcionario, mostraba muestra claramente lo ocurrido desde que la menor se ausentó en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes hasta que fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Se describió que el 19 de enero, María Ángela y su madre se dirigieron a las oficinas de una institución educativa, ubicadas en Taxqueña. Durante el trayecto, la denunciante acudió a un sanitario ubicado en la terminal del Metro, donde su hija aguardó al exterior; posteriormente la escuchó hablarle, pero al salir y no verla, solicitó ayuda de policías para localizarla.

Ese mismo día por la noche, la adolescente arribó al campamento de un colectivo, ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Ahí, como lo señalaron en su entrevista, le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida.

La menor solicitó ayuda con un lugar donde dormir, por lo que recibió asilo por parte de una de las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl.

Al día siguiente, el 20 de enero, volvieron al campamento ubicado en la zona de la Alameda Central, donde la adolescente permaneció la mayor parte del día y realizó algunos desplazamientos por inmediaciones del lugar.

Posteriormente se trasladó junto a una integrante del grupo, al domicilio del Estado de México, donde había pasado la noche e incluso se le facilitó ropa para cambiarse. El material presentado por la Fiscalía mostró que el 21 de enero regresaron al campamento mencionado.

Fue en ese momento cuando las testigos se percataron que se trataba de la joven que era buscada por redes sociales, por lo que entablaron contacto con la Comisión Local de Búsqueda para dar aviso.

«Minutos después, posiblemente al darse cuenta que dichas personas ya tenían conocimiento de su identidad, la menor de edad les refirió que acudiría a la zona de fuentes de la Alameda, donde la buscaron, pero ya no la encontraron. Horas más tarde, una de las integrantes del colectivo recibió un mensaje de un teléfono celular desconocido donde la menor le informaba que se encontraba bien», relató el vocero de la Fiscalía.

De acuerdo a los testimonios recabados, se supo que durante su estancia en el campamento, María Angela refirió a una de las integrantes del campamento, que tenía la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en las inmediaciones del sitio donde fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl.

Finalmente, el funcionario destacó que a partir de revisiones médicas, psicológicas y periciales a la adolescente, se pudo establecer que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito.

«El Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas aledañas. Por ello insistimos en hacer un llamado a la ciudadanía a no prestar atención a falsas versiones o rumores sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opere en la zona con ese modus operandi», añadió el funcionario.

Recordemos que los padres de María Ángela denunciaron la desaparición el jueves 19 de enero, quien tres días después fue encontrada desnuda envuelta en bolsas negras en un lote baldío de Nezahualcóyotl.

Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que cumple una pena de prisión en Estados Unidos y ahora es colaborador de la fiscalía, aseguró este martes que Arturo Beltrán Leyva secuestró a Genaro García Luna, cuando este se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública, porque no contestaba sus llamadas.

«El Grande», testigo de la Fiscalía durante el juicio que se le sigue por narcotráfico a García Luna en Estados Unidos, que arrancó este lunes en un tribunal federal en Nueva York, aseguró que en medio de la guerra que estalló entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa en 2008, García Luna parecía beneficiar más al grupo de «El Chapo» en detrimento de los Beltrán Leyva.

Según «El Grande», los operativos contra la gente de los Beltrán Leyva eran continuos, mientras que «eran mínimos» contra el grupo del «El Chapo».

La guerra entre la facción de «El Chapo» e Ismael «El Mayo» Zambada contra el de los hermanos Beltrán Leyva comenzó después de la detención de Alfredo Beltrán, que según «El Grande» fue fruto de una traición dentro del cártel.

«El Grande» relató que cuando estalló el conflicto interno, Arturo Beltrán llamó a García Luna para preguntarle de qué parte estaba y este le dijo que permanecería neutral, algo que exacerbó los ánimos de Beltrán Leyva, aunque pese a ello siguió enviando sus pagos (sobornos) al entonces secretario de Seguridad Publica.

Sin embargo, cuando percibió que las operaciones de seguridad, cuyo máximo responsable era García Luna, aumentaban excesivamente, intentó llamarlo y hablar con él a través de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de seguridad federal de la Policía Federal, y supuesto enlace entre el cártel y García Luna, pero no fue posible.

Entonces, relató, secuestraron a García Luna cuando iba en una carretera de Morelos, camino de la localidad de Cocoyoc, para hablar con él y después de la conversación lo volvieron a dejar donde lo habían secuestrado.

Este es el segundo día en que «El Grande» declara como testigo de la fiscalía en el juicio contra García Luna.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que México trabaja en acciones legales para intentar recuperar al menos 700 millones de dólares del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, fruto de sobornos millonarios que el Cártel de Sinaloa le entregó.

«Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero», dijo esta mañana el presidente en su conferencia de prensa.

Recuperar lo que se podrían considerar fondos robados al Estado por funcionarios corruptos es uno de los objetivos del gobierno de López Obrador, y el dinero del que se pudo haber beneficiado García Luna por colaborar con el crimen organizado, según los fiscales estadounidenses, podría sumar sumar cifras multimillonarias.

Si bien García Luna fue el máximo responsable de la seguridad pública de 2006 a 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón, antes, durante el gobierno de Vicente Fox dirigía un cuerpo federal de policía.

Ayer, en la primera jornada del juicio, «El Grande» habló de operativos conjuntos del cártel y la policía contra grupos criminales antagónicos; de cómo el exfuncionario advertía de redadas o que un día se llevó 14 millones de dólares en cajas de cartón de una bodega repleta de cocaína que la policía había incautado al Cártel del Golfo y entregado al cártel de Sinaloa.

Según explicó López Obrador ya hay un juicio en Florida para recuperar 700 millones de dólares. Los abogados de García Luna plantearon «que no tenía México por qué ir a litigar allá». Pero el mandatario indicó que un juzgado de este estado le dio la razón al gobierno «y estamos trabajando en eso, 700 millones y otros posibles activos».

México tiene una investigación abierta contra el exsecretario de la que informó cuando fue detenido en Estados Unidos en 2019, pero no se ha hecho público ningún detalle al respecto.

López Obrador anunció además que a partir de este martes su conferencia matutina tendrá un nuevo espacio para informar sobre todo lo que salga en el juicio porque que no confía en los medios tradicionales y quiere que todos los posibles cómplices mencionados sean expuestos ante la ciudadanía.

Es «un drama judicial», una «tragicomedia», dijo. «No queremos que la gente no se entere».

Autoridades detuvieron este lunes al exfiscal general de Veracruz, acusado de los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, según confirmó la Fiscalía local a través de sus redes sociales.

Jorge Winckler estuvo a cargo de la Fiscalía estatal durante casi tres años, de 2016 a 2019, cuando fue retirado del cargo por el congreso local por no pasar los controles de confianza.

Se hizo cargo de la fiscalía veracruzana en diciembre de 2016 cuando era gobernador Miguel Ángel Yunes, y estuvo en el cargo hasta septiembre de 2019, cuando ya era gobernador el actual mandatario, Cuitláhuac García, de Morena.

Poco después de ser separado del cargo por el Congreso, en mayo de 2019, el gobierno de Veracruz presentó una denuncia en su contra por obstrucción a la justicia. En ella acusaba a Winckler de esconder más de 150 órdenes de aprehensión, entre ellas, algunas de delincuentes de alto impacto, lo que les permitió gozar de impunidad.

Tras su remoción, la bancada mayoritaria avalaron dejar como encargada de despacho a la actual Fiscal Verónica Hernández Giadáns.

De acuerdo a lo detallado, el exfuncionario fue arrestado en Puerto Escondido, Oaxaca, por fuerzas federales.

Veracruz ha sido desde hace años un estado con gran presencia del crimen organizado, que permeó y corrompió a funcionarios hasta en las mayores instancias de gobierno y de las estructuras de seguridad.

El exgobernador Javier Duarte, mandatario priísta que se desempeñó del 2010 al 2016, cumple sentencia por crimen organizado y lavado de dinero. Fue detenido en 2017 y un año después se declaró culpable para reducir su condena.

Tanto el exgobernador Yunes como Winckler presumieron haber contribuido a la captura de Duarte aunque fue ejecutada por fuerzas federales.

A principios de 2018 se inició un proceso contra varios exjefes de la policía de Veracruz acusados de crear unidades que, entre 2013 y 2014, con Duarte como gobernador, emplearon tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosos de ser informantes de los cárteles del narcotráfico.

Se espera que el exfuncionario sea presentado en las próximas horas ante un Juez de Control, quien decidirá su situación jurídica.

Un total de 22 migrantes extranjeros y 16 mexicanos, quienes fueron secuestrados en las primeras horas de este martes, fueron localizados por agentes de la policía, informó la Fiscalía General de San Luis Potosí.

En un comunicado, el fiscal Federico Arturo Garza confirmó que los 22 extranjeros, entre ellos haitianos, cubanos y venezolanos, habían sido privados de su libertad durante la madrugada de ayer mientras se encontraban en un motel en el municipio de Matehuala.

Garza informó que, tras conocer esta información, se logró el hallazgo de 16 mexicanos, quienes también fueron plagiados en el mismo hotel, pero fueron liberados primero.

«Una llamada anónima señaló que afuera de un local (tienda) se encontraba un grupo de 16 personas pidiendo auxilio, entonces la policía de investigación se trasladó al lugar y encontró a 16 personas mexicanas que señalaron que un grupo armado los había privado de la libertad», explicó el fiscal.

Relataron que los sacaron del motel y posteriormente los liberaron, pero también indicaron que entre las personas plagiadas que sacaron de los diferentes cuartos del motel «había aproximadamente 20 personas de origen extranjero».

Garza dijo que los migrantes extranjeros fueron rescatados en un lugar despoblado, en un camino de Matehuala rumbo al estado de Nuevo León.

Precisó que dentro de ese grupo había tres menores de edad y una mujer embarazada que fue atendida de manera preventiva por la Cruz Roja, mientras que el resto eran adultos.

El fiscal informó de la localización de los extranjeros al Instituto Nacional de Migración (INM) para conocer su estatus migratorio y revisar su nacionalidad ya que lo único que sabían era que en el grupo había haitianos, cubanos y venezolanos.

Además dijo que la Fiscalía establecería contacto con los familiares de las personas agraviadas para evitar que sean víctimas de algún otro delito que afecte su patrimonio como puede ser una extorsión.

Autoridades federales reportaron este lunes 2,963 homicidios en mayo pasado, convirtiéndose así en el mes más violento en lo que va de 2021; cifra más alta desde julio de 2020, y uno de los 10 más sangrientos del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al encabezar el informe mensual sobre seguridad pública, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, indicó que la cifra presenta un incremento mensual de 3.57% frente a los 2,861 asesinatos reportados en abril y un aumento anual de 1.26% ante los 2,926 registrados en mayo del año pasado.

A estas cifras se suman 98 víctimas de feminicidio, solo una por debajo de las 99 que se registraron en marzo; la mayor cifra en lo que va del año, pues representa 20 víctimas más que las 78 que se reportaron en abril pasado.

Aun así, la titular de la SSPC presumió de una reducción anual de 2.9% en el número de homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año. «Se sigue conteniendo la tendencia al alza del homicidio doloso durante la presente Administración», sostuvo Rodriguez al intervenir en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Recordemos que nuestro país ha registrado los 2 años más violentos de su historia en los primeros dos años del gobierno de López Obrador con 34,682 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Se indicó que seis estados concentran 50.4% de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. También indicó que los 15 municipios de atención prioritaria, que acumulan 27% de los asesinatos nacionales, han mostrado una caída de 6.1% en lo que va del año. Las excepciones, reconoció, son: León, Cajeme, Acapulco, Guadalajara, Chihuahua y Morelia.

En contraste, Rosa Icela Rodríguez admitió aumentos en lo que va de 2021 del 30% para el delito de violación; 47% para el delito de trata de personas; del 7% en feminicidios; del 8% en delitos contra la salud (relacionados con las drogas); del 8.1% en crímenes cometidos por servidores públicos y de 137.7% en delitos electorales, por ser año electoral.

Por otro lado, titular de la SSPC destacó una caída de 5.8% en lo que va del año de robos en general, indicador que ha decrecido 22.7% en la presente administración. Asimismo, expuso una reducción de 28.8% en los secuestros en este 2021.

«Los delitos (en general) han disminuido 27.2% en enero a mayo de 2021, respecto al mismo periodo de 2019, lo que representa una tendencia a la baja desde el inicio de la administración», aseveró.

Por su parte el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, resaltó que que la corporación tiene casi 100,000 elementos, de las que cerca de 85,000 ya están desplegadas. En tanto, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, detalló el despliegue de más de 142,000 soldados y marinas.

Un grupo armado secuestró a Marilú Martínez Núñez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, y a su familia, según informó el partido.

«Fueron secuestrados por un grupo armado. Exigimos una reacción inmediata de las autoridades y del gobernador Héctor Astudillo para localizarlos con vida», denunció Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC.

Aunque ni la dirigencia del partido ni las autoridades han detallado la hora y el lugar del suceso, Martínez Núñez publicó en sus redes sociales por última vez durante la tarde de ayer.

Esta mañana, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo indicó que desde el momento en que se recibió la noticia de la desaparición de la candidata, los integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz tomaron acciones para su localización. No ofreció mayores detalles.

El secuestro de la candidata es parte de las 782 agresiones o delitos globales contra políticos, con un saldo de 89 políticos asesinados, 35 de ellos aspirantes, según la consultora Etellekt.

Candidatos de MC han sido víctimas de alto perfil, como Alma Rosa Barragán, aspirante a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, y Abel Murrieta, quien buscaba ser alcalde de Cajeme, Sonora. Ambos fueron asesinados a plena luz del día en actos proselitistas.

La información del secuestro de Marilú Martínez se da luego de que se conociera que Porfirio Lima Olivares, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Acajete, Puebla, quien había sido reportado como desaparecido, fue hallado sano y salvo en Querétaro.

Fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien había informado que el político había sido secuestrado; sin embargo, ayer se difundió un video en el que el 29 de mayo pasado, el candidato se hospeda por su propia voluntad, en un hotel de Querétaro. Se registró con un nombre falso y permaneció ahí hasta ayer 1 de junio.

«El candidato fue trasladado a Puebla y serán las autoridades de aquella entidad, quienes continúen con las investigaciones por el delito de falsedad de declaraciones y/o secuestro simulado», dijo la Fiscalía de Querétaro.

El número de víctimas de secuestros en México presentó un incremento del 4.5% durante mayo, respecto al mes anterior, pese a la baja en las carpetas de investigación abiertas por este delito, informó la organización Alto al Secuestro.

«En el corte estadístico de secuestros al mes de mayo de 2020 hay una disminución en el número de carpetas de investigación pero un incremento en el número de víctimas de este delito», indicó la organización.

Explicó que el número de víctimas que sufrieron este delito se incrementó de 111 en abril a 116 en mayo. Mientras que el número de carpetas de investigación abiertas por las autoridades por secuestro se redujo en un 21.2% pues en el mes de mayo hubo 78 carpetas, en comparación con las 99 de abril.

Sobre el número de detenido, se informó que hubo 88 personas puestas a disposición de la autoridad.

La ONG señaló que los estados con mayor incidencia de este delito fueron Estado de México, con 14; Veracruz con 13; Michoacán y Morelos con 5, y Chihuahua y Ciudad de México con 4.

Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Yucatán no reportaron secuestros durante mayo.

Alto al Secuestro indicó que en el periodo de enero de 2018 a abril de 2020 se tiene un registro de 4,277 víctimas de secuestro, de las cuales 828 son mujeres, lo que equivale al 19.3% del total. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2020 secuestraron a menos mujeres que en el mismo periodo de 2019.

La ONG explicó que en los meses de enero a abril de 2020 han secuestrado a 88 mujeres, y en el mismo periodo del año pasado 151 sufrieron este delito.

En una comparación de los primeros 18 meses de las administraciones, el gobierno del presidente López Obrador registra una disminución del 33.1%, con 2,587 secuestros, comparados con los 3,868 que ocurrieron en el mismo lapso del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sobre las declaraciones que hiciera el presidente López Obrador acerca de que en México «no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene», Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización, dijo que no es cierta dicha afirmación.

«No, no sólo secuestran a las personas con mayor capacidad económica. En México, se secuestra a los estudiantes, asalariados, comerciantes informales y gente de escasos recursos. No nos confundamos, esta es la realidad».

Explicó que aunque hace algunos años el secuestro estaba orientado hacia la clase alta y grandes empresarios, hoy lo sufre primordialmente la clase media y baja. Detalló que trabajadores, asalariados, estudiantes y comerciantes informales son los más afectados, debido a que los delincuentes obtienen una menor cantidad de dinero pero en un tiempo mucho más corto.

Ejemplificó el secuestro de un general del Ejército mexicano en Puebla, que fue liberado esta semana y el cual, dijo la ONG, «es una muestra más que los delincuentes no distinguen ninguna condición».

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, ofreció esta mañana un informe sobre la seguridad en el país, en el que si bien reconoció que el mes pasado hubo un ligero incremento en la tendencia de homicidio doloso, dijo que la percepción ciudadana de la inseguridad a nivel nacional está “ligeramente” a la baja.

Durazo resaltó que la tendencia de homicidio doloso se mantiene a la baja, respecto a las cifras que entregó la administración anterior. Indicó que las entidades que presentan menos homicidios dolosos son Yucatán, Baja California Sur y Campeche, mientras que los estados que presentan mayor cantidad de este delito son Guanajuato, Estado de México y Michoacán.

En cuanto al robo de vehículos, Durazo reportó un descenso importante del delito, pues dijo que mientras en diciembre de 2018 hubo más de 14 mil registros, en marzo de este año se presentaron únicamente 10 mil 739.

Los estados donde se presenta mayor número de robo de vehículos son el Estado de México (9,296), Jalisco (3,004) y Baja California (2,985); mientras que los estados que registran menor número robos son Yucatán (11), Campeche (30) y Nayarit (69).

Durazo resaltó las cifras relacionadas a delito de secuestro. Dijo que se ha presentado una disminución considerable, pues de 186 secuestros registrados en diciembre de 2018, en marzo de este año apenas se presentaron 92.

Los estados que presentan más secuestros son el Estado de México (55), Veracruz (51), Morelos (27), Ciudad de México (21)y Tabasco (15); mientras que hay estados que registran cero casos como Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Durango y Nayarit.

El secretario de Seguridad reportó que el delito, en sus distintas modalidades, también ha presentado una disminución: robo de vehículo -16.55%; robo a transeúnte -15.9%; robo en transporte público -36.8% y el robo a casa habitación -7.9%

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este miércoles la presentación del informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabezada Santiago Nieto Castillo.

“La transparencia es regla de oro de la democracia. Vamos a informar lo que no afecte el debido proceso; que se sepa qué estamos haciendo con el propósito de desterrar la corrupción. Cero corrupción y cero impunidad”, dijo el mandatario.

López Obrador acusó que por la corrupción hay una gran desigualdad económica y social en el país, además de que provocó que se perdieran valores y se desató la inseguridad y la violencia.

Por su parte Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en lo que va de la administración, se han presentado 177 denuncias; 160 en 2019 y 17 en 2020. El total de los casos comprenden depósitos de más de 321 mil millones de pesos y retiros superiores a 289 mil millones de pesos.

“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó. Se ha transformado la normatividad”, sostuvo Nieto Castillo.

Adicional, señaló que se han congelado un total de 5 mil 554 millones 723 mil 319.35 pesos; aunque aclaró que las suspensiones que ha concedido el Poder Judicial con base en la ley, hacen que dicha cantidad no sea fija.

También detalló que se han bloqueado 12 mil 191 cuentas relacionadas con más de 52 millones de dólares por los ilícitos de robo de hidrocarburo, corrupción política, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada, factureras, aduanas, secuestro y tráfico de armas.

Explicó que en el tema de la protección de mujeres y niñas, se desarticuló una red de trata; un pastor y seis personas relacionadas a un grupo religioso por pornografía infantil y explotación sexual, así como un sujeto que comercializaba con imágenes de menores en Facebook.

Precisó que a la Iglesia La Luz del Mundo, liderada por Nassón Joaquín García, se le han bloqueado las cuentas bancarias de seis personas que suman 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.

En materia de corrupción, informó que se ejercieron acciones contra un exfuncionario, un exservidor público y el jefe de la oficina de un gobierno, en todos los casos se trató de locales, además de un fraude en el Infonavit por 5 mil millones de pesos.

Sobre las prácticas ilícitas en la adquisición de medicamentos, dio a conocer que Inteligencia Financiera verificó tres empresas por las que ya se presentaron denuncias y responsabilidades administrativas. La empresa Intercontinental de Medicamentos, además de haber ganado por adjudicaciones directas 9 mil 120 millones de pesos, manifiesta pérdidas por 410 millones de pesos, lo que se explica como defraudación fiscal u operaciones simuladas a partir de la facturación falsa.

Gladys Giovana «N» y Mario Alberto «N», presuntos homicidas de la niña Fátima, fueron aprehendidos este medio día  por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México, una vez que la Fiscalía mexiquense resolvió su situación jurídica.

Ambos se encontraban a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, luego de que fueran detenidos por el delito de cohecho por intentar sobornar a los policías que los arrestaron para que los dejaran ir.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de estas personas se dio sin uso de la fuerza ni afectación a terceros, con pleno respeto a sus derechos humanos.

Lo anterior, con la finalidad de ser puestos a disposición de un juez de control en la Ciudad de México que ordenó el internamiento del hombre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y de la mujer en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La Fiscalía capitalina reconoció a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México su colaboración y reiteró el agradecimiento a la ciudadanía por su valiosa participación.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó esta mañana que ya se tienen identificadas a dos personas que participaron en el rapto y posterior asesinato de Fátima, la menor de siete años que desapareció el pasado 11 de febrero.

Indicó que gracias a las investigaciones y colaboración de la ciudadanía, se han obtenido avances para el esclarecimiento del asesinato de la menor.

Informó que la noche de ayer, personal de diversas corporaciones catearon un domicilio ubicado en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Xochimilco, en cuyo interior se obtuvieron identificaciones, fotografías, ropa y objetos personales que permitieron la identificación de las personas.

Lara López señaló que fue posible conocer la identidad de la mujer que sustrajo a Fátima de su escuela, así como de un hombre que pudo colaborar en el rapto y asesinato. Responderían a los nombres de Gladys Giovana Criz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera.

El vocero de la FGJ CDMX dijo que a las personas identificadas se les acusará del delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño. Confirmó que las próximas horas solicitará ordenes de aprehensión en contra de ambas personas.

Recordó que de acuerdo a lo que establece la ley, dicho delito podría alcanzar una pena de entre 80 y 140 años de prisión.

Señaló que tienen información que apunta a que dichas personas se encuentran en territorio nacional, por lo que descartó se emita una alerta migratoria. Detalló que el operativo de búsqueda se extenderá a entidades como el Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que el pasado 8 de agosto fueron enviados los formatos modificados para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas, correspondientes al periodo enero-julio de 2019, en los que se reporta la cifra de secuestros exprés registrados en la capital.

Indicó que dicha información también fue dada a conocer por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la información recabada por la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJCDMX, se registraron un total de 79 secuestros exprés, que se desglosa de la siguiente manera: enero con 19 casos; febrero con 8; marzo con 8; abril con 11; mayo con 7; junio con 4 y julio con 22.

A partir de la información proporcionada, se observa como a mediados de año, el delito repuntó en la capital, llegando a niveles no vistos desde el inicio de la admnistración.

La cifra brindada por la Procuraduría contrasta con lo informado por el Observatorio Nacional Ciudadano, quien al presentar su reporte de incidencia delictiva correspondiente al primer semestre del año, indicó que en los primeros seis meses del año no se habían reportado casos de secuestros exprés.

«No hay ningún caso de secuestro exprés reportado y esto nos preocupa porque sabemos que es la forma más común de secuestro que vivimos, sabemos que el secuestro exprés está catalogado como secuestro y uno de los acuerdos que se tienen dentro de la nota técnica y lo que se ha acordado en el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública es la obligación de reportar el secuestro exprés por las procuradurías y fiscalías, dentro del agregado de secuestro», dijo el director del Observatorio, Francisco Rivas.

El pasado 3 de agosto, Aarón Méndez, de la Casa del Migrante AMAR, fue secuestrado hace una semana por negarse a entregar a migrantes cubanos a hombres armados, denunció su colaborador Erbin Ortiz.

Luego del secuestro, que se presume fue perpetrado por el crimen organizado, el personal del albergue avisó a las autoridades federales, aunque todavía «no han tenido noticias» del caso.

Los criminales aparecieron en el albergue, ubicado en Nuevo Laredo , el sábado pasado con la intención de llevarse a algunos migrantes cubanos a fin de pedir un rescate por ellos a las familias.

Sin embargo, se toparon con Méndez, quien fue privado de su libertad tras negarse a entregar a los cubanos.

Según Ortiz, se piensa que «los cubanos son los migrantes más rentables de secuestrar para el crimen organizado» por la rapidez con la que sus familiares pagan los rescates.

Al acudir a la audiencia inicial contra dos de los cuatro detenidos por el secuestro y asesinato de su hijo, el padre de Norberto Ronquillo confirmó que fue una compañera de la univeridad quien planeó su plagio.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Ronquillo padre indicó que según lo que se le ha informado, siete personas habrían participado en el plagio su dijo, mismas que fueron contratadas por una de las compañeras de la universidad, a quien se le identifica como «Yuri”.

De acuerdo a los avances de la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia capitalina, «Yurí»habría argumentado que Norberto le debía 700 mil pesos, por lo que planeó el secuestro.

«Yurí» habría conocido a los secuestradores, a quienes ofreció hacer el trabajo, asegurándoles que podían pedir entre 5 o 6 millones de pesos por su rescate. Ella quería recuperar sus 700 mil pesos, por lo que la banda se secuestradores podrían quedarse con el resto del rescate.

“Esa joven sabía que los tíos de Norberto tenían dinero, que tenían negocios en la Central de Abastos y por eso les ofreció el trabajo a los delincuentes”, declaró el padre de Norberto.

Al ser una deuda falsa, Ronquillo padre afirmó que “el plan no era matarlo, pero se les salió de las manos”.

Finalmente reveló que hay otra mujer involucrada en el secuestro, y quien es la dueña de la casa donde tuvieron a Norberto. Detalló que que se dedica a leer cartas» y es apodada ‘La Bruja’.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México informó esta tarde que un juez de control vinculó a proceso a un individuo relacionado con el asesinato del joven estudiante Norberto Ronquillo.

La TSJ señaló que el presunto responsable responde a las iniciales DBC, y es acusado del delito de secuestro agravado, en contra del estudiante, quien fue raptado el pasado 4 de junio, sobre la calle el arenal, en la colonia Del  Bosque en la alcaldía Tlalpan.

Señaló que el juez definió la situación jurídica del indiciado, a quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en reclusorio preventivo varonil oriente.

De acuerdo al ministerio público, el sujeto con iniciales DBC, privó de la libertad a Ronquillo cuando salía del plantel de la Universidad del Pedregal, al sur de la ciudad, cuyo cuerpo fue encontraron sin vida el 9 de junio en la calle Prolongación y avenida Del Campo, en el barrio de Las Cruces, en la alcaldía Xochimilco.

El juez de control estableció como plazo cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.

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La Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de México y la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro de Guerrero informaron sobre la detención de cuatro personas, presuntamente integrantes de una banda de secuestradores.

Sin embargo, llamó la atención que de los cuatro detenidos, tres pertenecen a la recién creada Guardia Nacional.

Las autoridades detallaron que, en un operativo conjunto en el municipio de Huehuetoca, elementos de ambas corporaciones liberaron a un menor de 14 años.

Ernesto Pérez Arellano, nombre de la víctima, habría sido privado de su libertad el 18 de junio en la comunidad de la Molonga, en el municipio de Petatlán, Guerrero, por parte de los detenidos.

De acuerdo con los reportes, los presuntos plagiarios fueron identificados como:

  • Diana Paola “M” (23 años). Soldado de la Policía Militar en activo, perteneciente al 20/o Batallón de la Guardia Nacional, ubicado en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México.
  • Jorge Luis “B” (25 años). Cabo motociclista, en activo, perteneciente al 19/o. Batallón de Guardia Nacional, San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México.
  • Everardo “S” (28 años). Cabo activo del 20/o Batallón de la Guardia Nacional, ubicado en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México.
  • Atilano “M” (26 años).

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.

De acuerdo a lo que han declarado las autoridades, tales como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, se cuidaría el perfil de los elementos que pasarían a formar parte de la nueva corporación para evitar nexos con el crimen organizado y las malas prácticas.