Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Comunicación Social, o como se le conoce en las redes sociales #LeyChayote, cuyo objetivo aseguran es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Ley que se aprobó no resuelve el problema del gasto arbitrario y opaco que el Gobierno realiza en materia de
Los legisladores argumentaron que con dicha aprobación se dio cumplimiento a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Congreso de la Unión expidiera una legislación, antes del 30 de abril, que regulara el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social.
Al presentar el dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Aarón Pozos Lanz, afirmó que el dictamen contaba con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social.
El texto del dictamen que aprobó la Asamblea, señala que el ordenamiento será aplicable a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; y definió a la Secretaría de Gobernación y a la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios, como encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social.
ONG’s indicaron que la #LeyChayote no protege la libertad de expresión de los medios y no garantiza el derecho a la información de los ciudadanos. Además de que la Ley no asegura la transparencia en el uso de los recursos asignados a este rubro.
Según lo expuesto por los legisladores, la nueva Ley General de Comunicación Social establece la obligación de los entes públicos que cuenten con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para gasto en comunicación social, de elaborar un Programa Anual en este tema, concordante con los recursos asignados en el ejercicio fiscal que corresponda.
Adicional dispone que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de propaganda deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, el cual estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, misma que será pública y accesible vía electrónica.
También señala que la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en la materia se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Contempla que los entes públicos no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social; tampoco podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales, a través de los medios de comunicación.
En cuanto a los tiempos oficiales, se incluye que éstos serán utilizados para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social. En casos de emergencia derivados de situaciones de salud, desastres naturales o de protección civil, se podrán difundir campañas de comunicación para mantener informada a la población.
Tras la aprobación, voces de la sociedad civil indicaron que el cumplimiento que hizo el Senado de la sentencia dentro del plazo señalado no satisface cabalmente lo establecido por la SCJN. “Esta #LeyChayote no cumple con criterios idóneos, por el contrario, legaliza las malas prácticas”.
