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El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizó y discutió once medios de impugnación presentados en contra de los “Lineamientos para la Organización de la Revocación de Mandato” y diversas decisiones administrativas emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en relación a dicho ejercicio.

Las impugnaciones fueron presentados por ciudadanas y ciudadanos, así como por los miembros de Morena y del Partido del Trabajo.

El Tribunal Electoral ordenó al INE modificar los Lineamientos emitidos a fin de que se establezca que para recabar las firmas de apoyo deberán facilitarse en todo el país formatos físicos y en dispositivos electrónicos para que la ciudadanía interesada cuente con la posibilidad de elegir el medio que más les convenga.

Es decir, el INE deberá aceptar las firmas en papel, pese a haber señalado que únicamente serían válidas las firmas que se recabaran a través de la aplicación móvil que diseñó para la captación de apoyos.

La magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña consideraron que el uso de la aplicación móvil para captar el apoyo ciudadano debe ser una herramienta exclusiva de zonas urbanas, centros de población, zonas metropolitanas y las megalópolis, mientras que en zonas rurales se deben permitir el uso de los formatos impresos y de dicha APP.

Respecto al voto de los mexicanos en el extranjero, los magistrados señalaron que no es posible implementar el voto vía postal en estos momentos, por su complejidad técnica, material y presupuestal, sobre todo dado que el presente proceso ya inició. Sin embargo, instruyó al INE a llevar a cabo los estudios técnicos y financieros necesarios para analizar las modalidades de votación que se podrían implementar desde el extranjero.

El TEPJF confirmó que el plazo de quince días que el INE estableció para que todo aquel ciudadano o ciudadana interesado en participar como promovente presentara su aviso de intención, no es violatorio de la Ley Federal de Revocación del Mandato como se estableció en las impugnaciones presentadas.

Otro de los puntos que analizó al pleno del Tribunal, es que resulta violatorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato que los Lineamientos establezcan la posibilidad de que el Presidente de la República tenga “derecho a opinar e informar acerca de la continuidad de su cargo”, toda vez que la propia Ley dispone que el INE es la única entidad facultada para emplear recursos públicos en la promoción objetiva, imparcial y con fines informativos de la participación ciudadana en dicho proceso.

Resolvieron que «el Presidente de la República, y en general todos los entes de gobierno, tienen prohibido influir en la opinión de la ciudadanía durante el proceso de la Revocación de Mandato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre el caso de su hermano Pío López Obrador, y dijo que debe ser castigado si se demuestra que es culpable de actos de corrupción.

«Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia», contestó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue a Pío López Obrador por videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, durante la campaña electoral de Chiapas en 2015.

«Lo de mi hermano ha quedado muy claro, de manifiesto, que no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación», añadió López Obrador. Recordó que en 2018 le dieron «su confianza millones de mexicanos» y prometió que no los traicionaría.

Ofreció una disculpa a quienes afecta que siga denunciando actos de corrupción, pues dijo, es el principal problema de México; sacó de su bolsillo un pañuelo blanco para declarar que «ya no se permite la corrupción». Y aunque admitió que todavía hay actos de corrupción «abajo», aseguró que «arriba ya no hay», en referencia a los altos funcionarios del gobierno.

Recordemos que el 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte del entonces funcionario del gobierno de Chiapas, David León Romero.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido (Morena) a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó el año pasado que no encontró «nada significativo» en la investigación sobre el hermano del presidente.

Sin embargo, Pío López Obrador no es único hermano de AMLO señalado de estos actos; en julio pasado se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente, recibe presuntamente 150,000 pesos en efectivo de David León Romero.

En la sesión que se extendió por más de cinco horas, otro de los temas que abordó el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue el relativo a la elección de Nuevo León.

Los magistrados y magistradas confirmaron por unanimidad de votos la resolución del Tribunal Electoral estatal, por la que se validaba la elección de la elección a la gubernatura del estado, y por ende la entrega de la constancia de mayoría a Samuel García, abanderado de Movimiento Ciudadano.

La impugnación fue  presentada por el PRD, que solicitaba la nulidad de la elección a la gubernatura, toda vez que argumentaba rebase de tope de gastos de campaña, aportaciones por ente prohibido, intervención del Ejecutivo Federal y vulneración a la veda electoral.

El proyecto, que estuvo a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdez, fue analizado por las magistradas y los magistrados, y se indicó que en los resultados de la auditoría realizada, se advertía que solamente fueron empleados en la campaña 43 millones 444 mil 417 pesos y 41 centavos, lo que representa 28 millones 641 mil 923 pesos y 89 centavos por debajo del límite fijado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León como tope de campaña, con lo que el agravio al respecto se dio por infundado.

Se determinó que de la totalidad de las violaciones planteada por parte del PRD sólo se tuvieron por acreditadas las referentes al principio de imparcialidad de la contienda por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el uso indebido de recursos públicos.

Sin embargo, los magistrados coincidieron en que estas acciones no se consideran suficiente para inferir que el margen de 8.8% de diferencia de votación entre Samuel García y el que obtuvo el segundo lugar se deba a lo dicho públicamente por el Presidente de la República contra la campaña del Adrián De La Garza de  la coalición PRI-PRD.

Al tomar en cuenta estas consideraciones, se resolvió confirmar la sentencia del Tribunal Electoral estatal y con ello la declaración de validez de la elección a la gubernatura, y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Samuel García.

El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la madrugada de este jueves, por unanimidad, la validez de los resultados del cómputo estatal en la elección a la gubernatura de Michoacán, y por ende la expedición de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia», Alfredo Ramírez Bedolla.

En sesión pública, que luego de varios retrasos inició la noche de ayer, se ratificó la resolución impugnada, en la que si bien se acreditaron diversas irregularidades, los magistrados señalaron que «ni en lo individual ni en su conjunto, son suficientes para declarar la nulidad de la elección de la gubernatura».

No obstante, se determinó anular la elección en cuatro municipios del estado: Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, que forman parte del Distrito Electoral 22 de la entidad, al acreditarse la injerencia del crimen organizado. Esto fue calificado como una «injerencia focalizada» y no generalizada, por lo que no era motivo para anular la elección como pedían los impugnantes.

Al presentar su proyecto de resolución, el magistrado Indalfer Infante Gonzales destacó que una anulación electoral es una determinación excepcional que sólo puede declararse cuando los hechos que se consideran irregulares están plenamente acreditados.

En la resolución del Tribunal Electoral se incluyó una instrucción al Instituto Nacional Electoral (INE) para crear una política electoral nacional en la cual, reconociendo la existencia del problema y el peligro de la incidencia de grupos criminales en procesos electorales, se establezcan acciones y protocolos concretos al respecto.

Y como entre las irregularidades se acreditó la violación a la veda electoral por parte de Morena, se determinó dar vista al Instituto Estatal Electoral de Michoacán a fin de que se inicie un procedimiento sancionador por la incidencia de estos hechos.

Tras confirmarse su triunfo, Alfredo Ramírez Bedolla publicó un mensaje en sus redes sociales en donde aseguró que había llegado el momento de  la reconciliación y de olvidar las diferencias. «Con más urgencia que nunca, Michoacán necesita de todas y todos para salir adelante».

Por su parte el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró la validez que emitió el Tribunal Electoral, y sostuvo que en Michoacán ganó la «legalidad y la voluntad popular».

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, sobre la declaración de validez de la elección a la gubernatura, con lo que se confirmó el triunfo de Evelyn Salgado, ‘La Torita’ y de Morena.

La controversia analizada por el TEPJF fue promovida por el PRI y el PRD en contra del resultado, al acusar una presunta violación a los principios de neutralidad e imparcialidad durante el desarrollo del proceso electoral tanto del presidente López Obrador como de otros funcionarios del gobierno federal.

En sesión pública, el pleno de la Sala Superior consideró infundado el supuesto agravio consistente en que las expresiones del presidente realizadas en las conferencias matutinas. Los magistrados indicaron que no constituyeron vulneraciones a los principios de neutralidad y equidad, respecto de la elección de gubernatura en el estado de Guerrero.

Se consideró que las violaciones a las normas de propaganda gubernamental que la Sala Superior identificó no implicaron irregularidades de la entidad suficiente para declarar la nulidad de la elección.

Adicionalmente, sobre la elegibilidad de ‘La Torita’ por parte de Morena, el Tribunal Electoral determinó que el PRI y el PRD no tienen interés jurídico para impugnar esa circunstancia, porque conforme al criterio reiterado de esta Sala Superior, un partido no puede alegar el incumplimiento de una norma interna de un partido político diverso.

El pleno de la Sala Superior también ratificó por unanimidad la resolución del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí que declaró la validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría a favor de Ricardo Gallardo, abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo.

El TEPJF modificó la resolución respecto al cómputo de la elección potosina al establecer que únicamente se comprobaron irregularidades en 16 de las 31 casillas inicialmente señaladas por el Tribunal local, como parte de la impugnación realizada por el PRI, el PAN y el PRD, lo que no fue suficiente para cambiar el resultado de la elección.

Adicional, las magistradas y los magistrados rechazaron que Gallardo haya superado los topes de campaña.

Sobre la violación al periodo de veda electoral por parte de “influencers” en favor del Partido Verde, el pleno indicó que no la acción no determinó los resultados de la elección; sin embargo, se ordenó al INE la apertura de una línea de investigación e iniciar los procedimientos administrativos sancionadores necesarios y pertinentes para averiguar el impacto real de los “influencers” en el proceso electoral local.

La coalición ‘Va por México’ que integran el PRD, PRI y PAN, llamaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a anular la elección a la gubernatura de Michoacán, alegando múltiples violaciones a la ley, alentadas por dirigentes y militantes de Morena, partido que habría ganado la gubernatura con el candidato Alfredo Ramírez Bedolla.

Acusaron que Morena evitó que el proceso sucediera en libertad y de manera democrática en la entidad.

«Nuestra denuncia es clara: la intromisión de grupos delictivos favorecieron al candidato de Morena durante el cómputo del voto en las urnas», señalaron los partidos en un comunicado conjunto, que llega a días de que el Tribunal Electoral califique la elección.

En la impugnación presentada, señalaron que el clima de violencia provocó, entre otras cosas, que varios de los candidatos renunciaran a sus respectivos registros o simplemente no hicieran campañas, particularmente en los municipios y distritos de Tierra Caliente.

Afirmaron que documentaron que días previos a la jornada electoral, la delincuencia amenazó a funcionarios de casilla, a representantes de casillas de los partidos que integran la coalición, así como a la población para que no fueran a votar o para que lo hiciera en favor del candidato de Morena; incluso dijo que se llegó al extremo de secuestrar a funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas o robar la documentación electoral para regresar más tarde con las urnas rellenas de votos a favor del candidato de Morena.

Indicaron que pesar de que la coalición PRI, PAN, PRD ganó en 8 distritos electorales federales de los 12 que tiene el estado, y en 16 distritos locales de los 24, en los municipios y distritos de la Tierra Caliente Morena le dio la vuelta a la elección.

«El triunfo que se adjudicó Morena es ilegal, y si se deja pasar constituirá un precedente sumamente peligroso para que sean los grupos criminales los que definan quienes serán los gobernantes y representantes populares (…) no permitir que el crimen organizado decida quién gana o no una elección y, por lo tanto, decida quién nos gobierna», señalaron los partidos.

Este fin de semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo públicos los proyectos de resolución con los que propone avalar los triunfo de Evelyn Salgado en Guerrero y de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí.

En el caso de la gubernatura de Guerrero, el proyecto es elaborado por el magistrado presidente Reyes Rodríguez, y confirma que la candidata de Morena sí habría ganado la elección, desechando las impugnaciones presentadas por el PRI y el PRD.

Y aunque el proyecto desestima que haya habido utilización de programas federales para favorecer a la candidata de Morena, admite que hubo una intervención indebida por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al haberse pronunciado en favor de candidatos de Morena, en específico de la abanderada en Guerrero.

Sin embargo, se señala que esto no es un elemento para declarar la invalidez de la elección estatal.

Recordemos que Evelyn Salgado Pineda, ‘La Torita’, ganó con 643 mil 814 votos; en segundo lugar quedó el candidato del PRI y PRD, Mario Moreno Arcos, con 580 mil 961 sufragios, y en tercer sitio apareció Pedro Segura Valladares, de la coalición PT-PVEM, quien obtuvo 90 mil 361 votos.

En el caso de la elección en San Luis Potosí, el proyecto que se estará presentando al Pleno del Tribunal Electoral esta semana, está a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el cual también perfila confirmar el triunfo del abanderado del Partido Verde y del PT.

El proyecto propone modificar la decisión del Tribunal Electoral estatal de anular la votación de 31 casillas y acreditar la votación en 16.

Se indica que los partidos de la coalición «Sí por San Luis», que integraron el PAN, PRI y PRD, no demostraron las irregularidades que denunciaron en la elección, como el supuesto beneficio que el candidato obtuvo de los mensajes de influencers en Instagram el día previo a la elección.

El proyecto señala que tampoco se acreditó que Gallardo haya rebasado el tope de gastos de campaña. Se señala que el abanderado del PVM-PT gastó 7.2 millones de pesos menos del límite establecido.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó por unanimidad de votos la sanción impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del candidato electo a la gubernatura del estado de Nuevo León, Samuel García.

Indicó que en el caso relacionado con su esposa, Mariana Rodríguez, no se tomó en cuenta la presunción de espontaneidad de las publicaciones que realizó ella a favor del político en sus redes sociales, además de que la sanción tampoco consideró a tutela de sus derechos político-electorales, ni la relevancia que en el caso tiene su vínculo matrimonial.

Así, echó atrás la sanción impuesta por el INE, quien había determinado que Samuel García recibió en su campaña aportaciones en especie por parte de su esposa, consistentes en la difusión de diversas publicaciones en la red social Instagram y por la aparición de ella en el video “Arráncate Nuevo León Rock”.

Las magistradas y los magistrados señalaron que en las publicaciones objeto de la denuncia se dieron a conocer aspectos de la vida privada de Mariana Rodríguez en ejercicio de su libertad de expresión y en apoyo a su esposo, por lo que no resultaba válido que el carácter de influencer o la cantidad de seguidores fueran elementos para limitar el ejercicio de tal derecho.

El proyecto aprobado consideró que las publicaciones realizadas por Rodríguez fueron derivadas del vínculo matrimonial que los une, lo cual debe considerarse como una relación que implica un acompañamiento constante que genera una presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo tienen un carácter auténtico, por lo que no puede considerarse como un beneficio cuantificable en materia de fiscalización.

Al emitir su voto, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, consideró que el argumento del vínculo matrimonial era “una espada de doble filo” que podría utilizarse para sostener la espontaneidad como para argumentar coordinación en la emisión de expresión propagandísticas.

Señaló que el hecho de que se haya registrado una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el nombre de Mariana Rodríguez, no desvirtúa dicha presunción, ni pone en evidencia el uso o aprovechamiento de una marca comercial.

Sin embargo, el Pleno de la Sala Superior confirmó la sanción impuesta en cuanto a la aparición de la esposa del candidato electo a la gubernatura de Nuevo León en el video “Arráncate Nuevo León Rock”, toda vez que este fue producido de manera profesional y tuvo la participación de cantantes profesionales, lo cual, señalaron los ministros, da un contexto y una connotación distinta al caso de las publicaciones en la cuenta de Instagram.

Samuel García se dijo contesto con la resolución del Tribunal Electoral, que le dio la razón a sus argumentos. «La ley está de nuestro lado».

«Se estableció que su libertad de expresión, y sobre todo el vinculo matrimonial entre ambos, tutela un umbral mucho mayor y por ende ella estaba en toda su posibilidad de entrar a lo publico y obviamente de apoyarme en esta campaña», dijo el gobernador electo a través de un video en sus redes sociales.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por mayoría de votos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y diversos funcionarios del su gobierno, adquirieron indebidamente tiempos en televisión y realizaron un uso indebido de recursos públicos.

La conducta indebida fue atribuida al mandatario, a los titulares del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) y de la Coordinación General de Comunicación Social, Erwin Sigfrid Frederick Neumaier De Hoyos, y Jesús Ramírez respectivamente, y de la Vocería del Gobierno de la República, en este caso Ana Elizabeth García Vilchis, que es quien todas las semanas presenta la sección Quién es Quién en las mentiras, además de MORENA.

Los magistrados del TEPJF concluyeron que dichos funcionarios adquirieron indebidamente tiempos en televisión y realizaron un uso indebido de recursos públicos, por la difusión de la mañanera del pasado 7 de julio, en torno al monitoreo de medios realizado por el INE y la UNAM y su cobertura específica sobre MORENA en el marco del proceso electoral 2020-2021. Es decir, utilizaron dicho ejercicio para posicionar a Morena.

«Se realizaron apreciaciones subjetivas dirigidas a exponer que los ejercicios periodísticos citados buscaron afectar a MORENA frente a las demás opciones políticas, mismas que no constituyeron mecanismos de información gubernamental, pues no se presentó información relacionada con la actual administración pública federal, ni datos necesarios para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, por lo que se acreditó la adquisición indebida de tiempo en radio y televisión en favor de dicho instituto político, atribuida al mandatario federal y a la directora adscrita a la Coordinación de Comunicación Social, así como a MORENA, este último por incumplir con el deber de deslindarse de las manifestaciones reclamadas», concluyó la Sala Especializada.

El TEPJF ordenó dar vista al presidente de la República y al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia, para que, en términos de la Ley Electoral, se proceda a aplicar la sanción que corresponda; se fijó al Órgano Interno de Control un plazo de 30 días hábiles para la imposición de la sanción correspondiente.

En el caso de MORENA, por su actitud pasiva para deslindarse de las manifestaciones que le beneficiaron puso de manifiesto su intención de hacerse acreedor a la adquisición de los tiempos correspondientes, por lo que se le impuso una multa económica de 17 mil 924 pesos.

De igual manera, se vinculó a la Coordinación de Comunicación Social para que se elimine de las cuentas oficiales de Facebook y Twitter, de los medios digitales de difusión como YouTube y Spotify, así como el sitio de internet oficial, todos del Gobierno de México, las expresiones de la mañanera en cuestión.

Finalmente, en el asunto se sancionó a diversas concesionarias por el incumplimiento al deber de transmitir la pauta ordenada por el INE.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llevó a cabo esta mañana una sesión privada para elegir al nuevo presidente el Tribunal, en el que de forma unánime se eligió al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

La convocatoria para la elección del nuevo presidente del Tribunal fue realizada la noche de ayer, tal como se había acordado el pasado 10 de agosto.

Reyes  Rodríguez logró el respaldo unánime de sus pares, luego de que el magistrado José Luis Vargas indicara que respetaría y respaldaría la decisión de la mayoría, y de que el magistrado Indalfer Infante Gonzáles, quien tenía interés de presidir el Tribunal, cerrara filas con Reyes Rodríguez Mondragón.

El nuevo presidente del TEPJF rindió protesta al cargo, cuyo periodo concluirá a finales de octubre de 2024.

Y aunque se logró un acuerdo para la elección del nuevo presidente, la polémica y desencuentros no se hicieron esperar. Desde la noche de ayer, el magistrado José Luis Vargas insistió en que la votación se debía realizar en una sesión pública. Incluso dijo que desde la noche de ayer propuso que el carácter de la sesión se cambiara.

Ayer 1 de septiembre, concluyó la presidencia interina del magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien fue nombrado el pasado 10 de agosto tras el llamado “golpe de Estado” al interior del Tribunal.

Y es que la Sala Superior se vio envuelta en una polémica el pasado 4 de agosto, ya que, ante las diferencias y los cuestionamientos a la presidencia de José Luis Vargas, aprovechando un receso decretado, sus compañeros Felipe de la Mata; Indalfer Infante; Janine Otálora y Felipe Fuentes Barrera decidieron removerlo del cargo y nombrar a Reyes Rodríguez como nuevo presidente.

Debido a las inconformidades, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se reunió con todos los involucrados, y llamó a Vargas Valdez a hacerse a un lado por el bien del Tribunal, pues reconoció que su presidencia ya no era viable.

Finalmente, José Luis Vargas y Reyes Rodríguez presentaron su renuncia a la presidencia, que derivó en la elección de Fuentes Barrera para dar continuidad a los trabajos relacionados con las impugnaciones del proceso electoral.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir la Ley Reglamentaria en Materia de Revocación de Mandato, por lo que lo vinculó a que, en un plazo de 30 días naturales a partir del 1 de septiembre, emita la legislación respectiva.

Recordaron que el 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, vinculadas con la consulta popular y revocación de mandato. Dicha reforma entró en vigor el 21 de diciembre de 2019 y estableció en sus transitorios la obligación del Congreso de la Unión de emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato dentro de los 180 días siguientes a su publicación.

Y es que Morena, la asociación civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico y un ciudadano impugnaron la omisión del Congreso de la Unión de emitir la ley reglamentaria, ya que a la fecha en que presentaron sus demandas no había ni siquiera alguna iniciativa vinculada con aquella.

Entre las razones para impugnar la ausencia de la legislación, mencionaron que se violaba el derecho legítimo a participar en el procedimiento de revocación de mandato; dejaba sin efecto un mecanismo de democracia participativa directa reconocido a favor de la ciudadanía, y generaba incertidumbre sobre la posibilidad de iniciar este procedimiento en noviembre.

Así, la Sala Superior coincidió en que el ciudadano podía impugnar la omisión legislativa, por estar relacionada con mecanismos de participación ciudadana directamente vinculados con el ejercicio de sus derechos.

Además, señaló que el decreto constitucional: impuso un mandato al poder legislativo (emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato dentro de los 180 días siguientes a su publicación), y reconoció una nueva forma de participación política a través de la cual la ciudadanía puede expresar libremente su voluntad sobre la conclusión de un servidor público en el cargo.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que, la descomposición por la que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es consecuencia de la relación de “complicidades, corrupción y pago de favores” que existe entre los magistrados y los partidos de la mafia de la corrupción, esto luego de que la Sala Superior resolviera retirarle tres diputaciones a Morena, y entregarlas a la oposición.

«La descomposición que vive el Tribunal es producto de este regalo que el PRI y el PAN les dieron a los magistrados electorales para tenerlos como incondicionales. Y como pago, los magistrados en diferentes ocasiones han beneficiado a los partidos del viejo régimen, a sus jefes. Ejemplo de ello, es la determinación del TEPJF de arrebatarle a la coalición Juntos Hacemos Historia el triunfo en tres distritos federales y con ello, entregarle tres curules a la alianza de la corrupción (PAN-PRI-PRD)».

Y es que el pasado viernes, los magistrados y magistradas de la Sala Superior resolvió retirar tres diputaciones federales a Morena, pertenecientes a los distritos 3 de la Ciudad de México, 1 de Baja California Sur y 3 de Nuevo León.

En el caso del Distrito 3 de la Ciudad de México, correspondiente a la alcaldía Azcapotzalco, se anularon cuatro casillas, esto por diversas irregularidades en la conformación de funcionarios de las casillas; sin dichos votos, la candidata del PAN, Wendy González, obtuvo 88 mil 039 sufragios, 170 más que su contrincante de Morena, Gabriela Jiménez, quien se adjudicó 87 mil 869.

En el caso de Baja California Sur, las causales de nulidad fueron la acreditación de presión o violencia en casillas, la indebida integración de una casilla, así como errores en el cómputo de resultados. Por ello se revocó la declaración de validez de la elección a favor de Mercedes Maciel de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’, y se ordenó extender la constancia de mayoría a favor de Marco Antonio Almendariz de la coalición ‘Va por México’.

En el Distrito 3 de Nuevo León, el Tribunal avaló la anulación de 15 casillas, al acreditarse que ciudadanos que no pertenecían a esas secciones electorales integraron las mesas directivas. El triunfo de José Luis García Duque de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ pasó a Wendy Cordero, del PAN.

Adicional, Mario Delgado alertó que no se descarta que desde el Tribunal Electoral traten de quitarles, por lo menos, un par de las gubernaturas que ganó Morena en las pasadas elecciones.

El líder morenista afirmó que la autoridad electoral no está a la altura del pueblo de México ni del momento democrático que estamos viviendo; por eso, reiteró, es necesario renovar por completo al Tribunal Electoral, «que se vayan todos”.

“La única manera de que sigamos avanzando en nuestra democracia es que se lleve a cabo una reforma electoral, que renueve las instituciones, termine con las cuotas partidistas y los amiguísimos, pero sobre todo que traiga consigo Magistrados y Consejeros honestos e imparciales que estén dispuestos a trabajar por lograr una auténtica democracia” agregó.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, lamentó el fallo del Tribunal Electoral, acusando que dicha decisión representa un «atentado a la democracia”. 

“Lo dije en su momento y lo repito: el Tribunal actúa por consigna. Le está arrebatando a Morena en la mesa lo que legalmente ganó en las urnas durante la pasada elección”, manifestó.

Mier Velazco afirmó que los magistrados demuestran tener un criterio “miope y una fobia hacia el Movimiento de Regeneración Nacional”.

El diputado coincidió con el dirigente del partido, y con el presidente López Obrador, al reiterar que es urge una reforma político-electoral, para permitir que estos temas se resuelvan con base en la legalidad y no en caprichos o fobias hacia uno y otro partido.

“Vamos por la reforma político-electoral de manera urgente; una vez que comience la próxima Legislatura buscaremos darle celeridad al tema, voy a plantearle a mi grupo parlamentario que sea una de las iniciativas prioritarias del primer año en nuestra agenda. Asimismo, buscaré el acompañamiento de los partidos que conforman la Coalición Juntos Hacemos Historia”, adelantó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este martes en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe tener una renovación completa, esto pese a las recientes renuncias de los magistrados Reyes Rodríguez y Vargas Valdez, y tras optar por una presidencia interina.

Cuestionado sobre si el nombramiento como presidente interino del magistrado Felipe Fuentes Barrera era suficiente para superar la crisis que desde hace tiempo se vivía en el Tribunal Electoral, el mandatario dijo que no.

«No, porque no está bien el Tribunal. No han demostrado actuar con rectitud y a mí me decepcionaron y tengo pruebas», dijo López Obrador.

Recordó que el Tribunal apoyó la cancelación de las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero; y acusó que los magistrados actuando «bajo consigna» y «no como jueces»; incluso dijo que ahí hubo «mano negra».

«Ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación porque la democracia debe de estar en manos de gente incorruptible», reiteró el presidente.

López Obrador dijo que en su reciente reunión con el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, este le explicó que el Tribunal Electoral es hoy «completamente independiente» del Poder Judicial, pese a depender orgánicamente de él.

Por ello, acusó que el TEPJF es independiente del pueblo, más no de la mafia del poder. Consideró que en este organismo electoral hay mucha «hipocresía»; reiteró que se necesitan «ciudadanos honestos e íntegros» en todo el Poder Judicial.

El cuestionamiento al mandatario llegó luego de que esta mañana, Zaldívar considerara a través de su cuenta de Twitter que las dos renuncias en el Tribunal Electoral llevarán al «diálogo» en la institución, asegurando que la «crisis» en este órgano había sido superada.

«No coincido con él. Eso tiene que renovarse. No hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral», concluyó el mandatario, que insistió en que presentará una iniciativa de reforma constitucional al respecto.

Recordemos que la crisis se desató el pasado miércoles cuando la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral se revelaron en plena sesión contra Vargas Valdez, quien en ese momento ostentaba la presidencia, y quien acusó un «golpe de Estado» tras ser depuesto y sustituido por el magistrado Reyes Rodríguez.

Vargas es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por gastos equivalentes a 36.7 millones de pesos de 2013 a la fecha, pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones. También ha sido señalado por estar sesgado a favor del partido en el poder y tener un comportamiento errático al frente de la institución.

Luego de la renuncia voluntaria de los magistrados José Luis Vargas y Reyes Rodríguez, a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la noche de ayer, los magistrados de la Sala Superior entraron en reunión privada, para definir quién ocuparía dicha posición, y así poder poner fin a la crisis interna.

En la reunión privada, que se prolongó hasta la madrugada de este martes, los magistrados y magistradas acordaron nombrar a Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente, por ministerio de ley, de la Sala Superior del TEPJF, hasta el 1 de septiembre.

Dicho nombramiento tiene como fin garantizar la continuidad a los trabajos jurisdiccionales relacionados con las impugnaciones derivadas del proceso electoral 2020-2021.

Sin embargo, el 1 de septiembre se procederá a emitir una convocatoria para designar una nueva titularidad en la Presidencia de la Sala Superior del TEPJF.

La noche de ayer, el magistrado José Luis Vargas emitió un posicionamiento, en el que hizo pública su decisión de renunciar a la presidencia del TEPJF, que volvió a insistir, seguía ostentando él.

En su carta, dijo que asumió la presidencia del Tribunal en un momento inédito, en referencia a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que señaló, impidió que su presidencia desempeñará sus tareas en el entorno de normalidad que todos conocían.

Además, denunció que actores del entorno político buscaron intervenir indebidamente en la vida interna del Tribunal Electoral, y con ello deslegitimar la importante labor que realiza. «Lamento que estas intromisiones hayan obstaculizado la adecuada gestión de la presidencia a mi cargo; repruebo además cualquier ataque la autonomía e independencia del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y de cualquiera de sus miembros».

Reconoció que su presidencia no logró generar los consensos necesarios al interior del Pleno, por lo que en concordancia con sus principios y convicciones, decidió «ceder el paso para que asuma la presidencia quien, entre sus pares, cuente con las cualidades para impulsar los acuerdos y la unión que actualmente requiere la institución.

Aseguró que a quien resultara designada o designado, tendrá su respaldo y disposición para contribuir a favor de la institución.

Previo, el magistrado Reyes Rodríguez también anunció su renuncia a la presidencia, luego de que el pasado miércoles fuera elegido por cuatro de sus compañeros para presidir el Tribunal Electoral, tras ser removido de su puesto el magistrado José Luis Vargas.

Rodriguez Mondragón dijo que declinó a la presidencia del organismo, con el fin de contribuir a la reconciliación y la concordia interna que se necesita en el organismo.

«Voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante. Declinaré presidir este tribunal constitucional para que, en un proceso claro y transparente, entre todos y todas las integrantes de este órgano, podamos elegir a quien lo presida. Ello forma parte sustantiva de nuestra independencia judicial. Ello espero, deseo, que sirva para fortalecer a esta», dijo el magistrado en su carta pública.

Señaló que a pesar de que agradeció la distinción, y coincidió en la necesidad de fortalecer la independencia judicial, enfatizando la importancia de la colegialidad del Tribunal, la decisión de designarlo como presidente fue tomada en ausencia de dos magistraturas que integran el pleno del Tribunal, en referencia al magistrado Vargas Valdez y a la magistrada Mónica Soto.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien el pasado miércoles fue elegido por cuatro de sus compañeros para presidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que José Luis Vargas fuera removido de su puesto, anunció esta tarde que declinará a la presidencia del organismo, con el fin de contribuir a la la reconciliación y la concordia interna.

«Voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante. Declinaré presidir este tribunal constitucional para que, en un proceso claro y transparente, entre todos y todas las integrantes de este órgano, podamos elegir a quien lo presida. Ello forma parte sustantiva de nuestra independencia judicial. Ello espero, deseo, que sirva para fortalecer a esta», dijo el magistrado en una carta pública.

Indicó que a pesar de que agradeció la distinción, y coincidió en la necesidad de fortalecer la independencia judicial, enfatizando la importancia de la colegialidad del Tribunal, la decisión de designarlo como presidente fue tomada en ausencia de dos magistraturas que integran el pleno del Tribunal, en referencia al magistrado Vargas Valdez y a la magistrada Mónica Soto.

Señaló que un órgano jurisdiccional colegiado debe cuidar siempre que en sus decisión participen todos sus integrantes, por lo que era indispensable una elección de un nuevo presidente o presidenta del Tribunal Electoral.

Aseguró que la presidencia del TEPJF tiene que nacer del amplio consenso de quienes integran al tribunal, y de un proceso que incluya las voces de todas las y los magistrados que integran el pleno.

«La crisis en la sala superior del TEPJF es el resultado de una cadena de acontecimientos que han puesto a prueba la independencia e imparcialidad de este tribunal. Cuando en el debate entre jueces y juezas existe la menor sospecha de que existen injerencias de intereses externos, ese diálogo entre juzgadores para la construcción de mayorías y consensos se vuelve casi imposible», resaltó Reyes Rodríguez.

Hizo un llamado a sus compañeros para que trabajen de la mano por fortalecer el organismo; dijo que es la hora de reconciliarse a través del derecho y la impartición de justicia.

Invitó a abrir un debate para que el TEPJF pueda contar con un mejor andamiaje regulatorio para su toma de decisiones, pues dijo, parte de los conflictos internos que hoy tiene el Tribunal están asociados a la falta de reglas claras en la administración y toma de decisiones.

Así, propuso la creación de una comisión de reconstrucción institucional que tenga como objetivo una revisión de los procesos y, la emisión de reglas claras, respecto del gobierno interno del Tribunal, que fortalezca las reglas de colegialidad y que contribuya a fortalecer la independencia judicial, alineando los objetivos a la reciente reforma judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que no admitió a trámite la controversia que presentó José Luis Vargas, en relación a su destitución como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

«Se requiere a la Sala Superior del TEPJF para que informe quién es la magistrada o el magistrado electoral que actualmente ejerce el cargo de presidenta o presidente de ese Tribunal. Se reserva el acuerdo de diversas solicitudes del magistrado promovente, hasta en tanto se cumpla con lo requerido», señala el acuerdo firmado por el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

La información se conoce luego de la reunión entre Arturo Zaldívar y Vargas Valdez, esta mañana en la sede de la Suprema Corte.

El ministro presidente indicó a través de sus redes sociales que recibió al magistrado del TEPJF, a quien reconoció su disposición para lograr una «salida» a la situación que está viviendo el organismo. «Estoy seguro de que en breve estará superada esta crisis institucional», agregó.

Recordemos que el viernes pasado, en el marco de un mensaje a medios en relación a la reforma judicial, el ministro expresó que el mandato de José Luis Vargas al frente del Tribunal Electoral ya no era «viable», por lo que le pidió hacerse a un lado para resolver la crisis interna.

Horas después, Vargas Valdez emitió un mensaje, también en sus redes sociales, en el que indicó que tras la reunión con Zaldívar, propuso a sus pares reunirse esta tarde de forma urgente para definir una salida jurídica y política a la crisis que enfrenta el Tribunal.