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La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó a Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, con 32 mil 571 pesos por cometer calumnia en contra de su entonces rival, Claudia Sheinbaum.

Las expresiones de la ahora senadora del PAN se remiten al segundo debate, que se llevó a cano el 28 de abril de 2024, en donde la entonces candidata opositora llamó a la morenista narco candidata.

Las expresiones denunciadas, concluyó el Pleno de la Sala, imputaron sin fundamento y de manera generalizada a la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” un delito de alto impacto social que puede afectar su reputación ante la ciudadanía y distorsionar la percepción del electoral.

Los magistrados coincidieron en que dichas expresiones no están amparadas en la libertad de expresión, porque no se sustentan con elementos mínimos de veracidad.

Por estas expresiones, el Tribunal también multó al PAN, PRI y PRD con 10 mil 857 pesos cada uno, por faltar a su deber de cuidado.

La Sala Especializada también aplicó a Xóchitl Gálvez otra multa equivalente a 32 mil 571 pesos por cometer calumnia en contra de Morena al vincular a ese a partido con el crimen organizado, durante el tercer debate presidencial, que se realizó el 19 de mayo.

El Pleno de la Sala determinó que esas expresiones no están amparadas por la libertad de expresión y no se consideran válidas dentro del debate político, pues constituyen la imputación de un hecho o delito falso.

Las notas periodísticas aportadas como pruebas no evidenciaron que el citado instituto político o su dirigente fueran declarados culpables o tuvieran sentencias firmes por esas conductas.

Los tres partidos que conformaron la alianza opositora también fueron multados con 10 mil 857 pesos cada uno por faltar a su deber de cuidado.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer el proyecto de resolución de los juicios de nulidad presentados en contra de la elección presidencial, en el que perfila validar el triunfo de Claudia Sheinbaum tras desechar las impugnaciones que presentó la oposición.

De acuerdo con el proyecto de la Comisión Especial, integrada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, se propone declarar infundada la pretensión de nulidad de la elección presidencial alegada por distintos partidos políticos y por la excandidata Xóchitl Gálvez.

El proyecto señala que la violencia política denunciada, así como las intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron “hechos aislados”, que no son determinantes para que casi 20 millones de personas más decidieran votar por la candidata de Morena, PT, PVEM, Claudia Sheinbaum.

“No es posible tener por acreditada la intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo Federal porque se refieren a acontecimiento aislados que, de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana no afecta la elección. Tampoco se prueba una injerencia sistemática y reiterada de las gubernaturas y del resto de personas del servicio público, pues, en esencia, se trata de hechos aislados”, se lee en el proyecto que difundió el Tribunal.

Respecto al juicio promovido por la ex abanderada del PAN, PRI, PRD, el Tribunal dijo que “derivado del análisis jurídico de los juicios que se presentaron, el proyecto propone, en primer término, declarar improcedente el juicio promovido por la ciudadana Xóchitl Gálvez Ruiz por carecer de interés jurídico al no haber solicitado la nulidad de la elección presidencial”.

Recordemos que la coalición opositora impugnó la elección presidencial al argumentar que las constantes intervenciones del presidente López Obrador y la presión que ejerció, vulneraron la equidad de la contienda, incurrieron en uso indebido de programas sociales, intervención de servidores públicos, coacción y compra de voto, pretensión de nulidad de casillas y la presunta intervención de la consejera presidenta del INE, entre  otras faltas.

Respecto a la intervención indebida de servidores públicos que la oposición denunció, el proyecto indica que no es posible tener por acreditada dicha conducta porque se refieren acontecimientos aislados que de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana no afecta la elección.

Además indica que tampoco se prueba una injerencia sistemática y reiterada de las gobernaturas y de otras personas del servicio público.

En materia de uso indebido de programas sociales, los magistrados señalan en el documento que las pruebas presentadas no acreditan la existencia de una aplicación sesgada de los programas sociales, y, por ende tampoco se demuestra la contravención de los principios, imparcialidad y equidad en la contiene electoral.

Sobre la coacción y compra del voto, el proyecto señala que el argumento que presentó la oposición es infundado porque se basan sólo en notas periodísticas y publicaciones en redes sociales que no fueron respaldadas con algún otro medio probatorio y que sí mismas, son referencias de hechos aislados.

Los quejosos, en este caso Xóchitl Gálvez y los partidos de oposición, pueden solicitar una audiencia de alegatos con las seis magistraturas para externar su inconformidades. Después de esto, el proyecto se deberá someter a análisis y eventual votación de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En caso de aprobarse el proyecto, se prevé que se declare la validez de la elección y se pueda entregar la constancia como presidenta electa a Claudia Sheinbaum, lo cual podría suceder a mediados de agosto.

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la tarde de ayer llamar a la magistrada Claudia Valle Aguilasocho para participar en el proceso de calificación y validez de la elección presidencial.

Por mayoría, el pleno del Tribunal Electoral consideró que la magistrada Valle Aguilasocho, quien hasta ahora se desempeñaba como presidenta de la Sala Regional Monterrey, reúne la mayor antigüedad tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto, indicó que su ahora compañera no sólo participará en la calificación de la elección presidencial, sino que se acordó tenga otras responsabilidades.

“Es decir, no participará solamente en el último momento que sería en la declaración formal de la calificación de la elección, sino que participará en la resolución de todos los medios de impugnación que tienen que ver con la elección presidencial, pero con cómputos, juicios de nulidad y con la declaración”, detalló la presidenta del TEPJF.

En ese sentido, el TEPJF confirmó que se determinó que solo se llamaría a una magistratura y no a dos como se especuló.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó tres sentencias que señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de intromisión en las elecciones pasadas a través de diversas faltas.

Las sentencias hablan de que con comentarios en sus conferencias matutinas, López Obrador difundió propaganda gubernamental durante las campañas, propiciado inequidad en la contienda electoral e hizo uso de recursos indebido.

Las tres sentencias responden a proyectos presentados por los magistrados Felipe Fuentes y Mónica Soto Fragoso.

Se refieren a lo ocurrido el pasado 21 de marzo, cuando en una mañanera, el presidente y la canciller Alicia Bárcena hablaron de programas sociales y acciones de migración, comentarios que fueron confirmados como propaganda gubernamental.

En la mañanera del 22 de marzo, se señaló que durante una visita a Veracruz, López Obrador salió en defensa de Rocío Nahle, entonces candidata a gobernadora, ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Previamente Nahle se desempeñó como secretaria de Energía. En este caso se señaló al mandatario de haber violado la imparcialidad de la contienda, de haber hecho uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido.

Finalmente en la conferencia matutina del 12 de abril, se concluyó que el presidente incurrió en las mismas faltas cuando habló del catálogo de servidores públicos sancionados por violaciones electorales, donde fue incluido, y que acusó, fue una medida desproporcionada y discriminatoria.

Y aunque la Sala Superior del TEPFJ confirmó las sentencias y con ello avaló las faltas del mandatario, no implica una sanción para él en ninguno de los tres casos, ya que por ley, el presidente no puede ser sancionado.

En una carta que Morena envió al Tribunal Electoral en relación a la calificación de la elección del pasado 2 de junio, Morena reconoció que el presidente violó la neutralidad, no hay elementos para asegurar que influyó en el voto de la ciudadanía.

En medio de la discusión de la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no desiste en sus críticas y señalamientos al Poder Judicial, especialmente en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

El mandatario retomó este miércoles el tema de la reunión que sostuvo Norma Piña con el dirigente nacional del PRI en diciembre del año pasado, en pleno proceso electoral. Indicó que la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “debería informar de qué habló con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, porque “seguramente” llegaron a acuerdos.

“Que la presidenta de la Suprema Corte va a una cena a la casa de otro ministro, una casa de lujo, en las Lomas y se entrevista con el presidente de un partido, cenan (…) seguramente llegan a acuerdos que, por cierto debería informar la señora de qué hablaron y además cómo es que aceptó ir a esa cena en pleno proceso electoral”, reclamó el mandatario.

Reiteró que sus acusaciones de “deshonestidad” dentro del Poder Judicial, por parte de jueces y magistrados, quienes dijo, aceptan tener un sueldo más alto que el del presidente, lo cual es violatorio de la Constitución. Esto lo llevó a insistir en que es necesaria la reforma judicial que se discute en Parlamento Abierto en el Congreso.

“Es muy importante lo de la vida pública. Estamos todos aprendiendo mucho, es un proceso de enseñanza aprendizaje”, subrayó AMLO.

La cena fue organizada por la ministra presidenta, Norma Piña, en diciembre del año pasado. La convocatoria la hizo un día después de la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón.

El motivo de la reunión, fue, realizar una transición tranquila al interior del TEPJF, ante la llegada de la magistrada Mónica Soto al frente del TEPJF. En su momento transcendió que además de la invitación a Alejandro Moreno, fue convocado el entonces coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel.

Más adelante, la revista Proceso reportó que fuentes consultadas señalaron que la invitación al priista no fue hecha por la ministra presidenta, lo cual ocasionó más dudas pues alguien tuvo que haber dado los detalles a Alito de dicho encuentro.

Sobre el tema, el presidente López Obrador reveló que en la reunión que tuvo el pasado lunes con legisladores estadounidenses abordó la polémica reforma al Poder Judicial, ante la preocupación generada por el tema.

“Antier estuvieron conmigo legisladores de Estados Unidos, y fue una pregunta, también a partir de la manipulación: ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? (Les dije) ‘nada, lo que está pasando es que se busca que los jueces, magistrados, ministros sean electos por el pueblo, esa es la democracia’”, detalló el mandatario.

“Es lo que se busca, cambiar más añadidos que tienen que ver con lo mismo, el que estén ganando más cuatro veces más que el presidente los ministros y otras cosas”, acotó.

Afirmó, asimismo, que tras la explicación, los legisladores estadounidenses se fueron conformes “porque son gentes inteligentes” y aseveró que la reunión fue “muy buena” y estuvo en “muy buenos términos”.

Durante el encuentro, en el que detalló que estuvieron legisladores tanto demócratas como republicanos, AMLO dijo que les habló de tres casos de corrupción en el Poder Judicial: la liberación de Rafael Caro Quintero durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto; la liberación de ‘Don Rodo’ hermano del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera, y la liberación José Antonio Yépez, hijo del líder del Cartel de Santa Rosa de Guanajuato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)  calificó este viernes de “mentiroso y corrupto” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien resolvió ayer que vulneró los principios constitucionales de imparcialidad y la neutralidad en el proceso electoral 2023 y que pudo afectar el pasado proceso electoral federal.

“Ahora, estos magistrados mentirosos y corruptos sostienen que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa (Claudia Sheinbaum). ¿Dónde están las pruebas?”, preguntó en su conferencia matutina.

“Usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, coaccionó el voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido” a través de sus conferencias llamadas ‘mañaneras’ del 9 y el 11 de mayo de 2023, explicó el TEPJF.

Y aunque hacía referencia al proceso electoral en el que se renovaron las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, sus acciones pudieron influir en las elecciones federales del mes pasado.

Claudia Sheinbaum, candidata oficialista salió victoriosa de los comicios, donde logró 35.92 millones de votos, lo que implica un porcentaje del 59.75% de los sufragios.

De hecho, Sheinbaum también “fue responsabilizada” de vulnerar principios constitucionales al “realizar manifestaciones relacionadas con los comentarios del presidente” en una conferencia de prensa cuando todavía era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

A diferencia de López Obrador, que no puede ser castigado como presidente por cometer infracciones electorales, la futura presidenta está pendiente de que el Congreso capitalino “determine lo que en derecho corresponda” en materia de sanciones.

“Sencillamente, están mintiendo. Están falseando la realidad. No tienen pruebas”, sostuvo el mandatario.

Preguntó a los periodistas presentes en la conferencia a preguntarse “qué campaña” hizo en favor de Sheinbaum y, también, “qué hizo para ofender” a la entonces candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez. “Hagan un estudio de todas las mañaneras. ¿Cuántas veces hablé de ella?”, se indignó.

Recordemos que a mediados del mes pasado, el TEPJF concluyó que López Obrador cometió violencia política de género contra Gálvez con “expresiones vertidas” en varias de sus conferencias diarias de junio y julio de 2023. Indicó que se produjo una “violencia simbólica” a partir del “carácter de mujer e indígena” de Gálvez porque se “reforzó” el estereotipo de “inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos”.

López Obrador aprovechó esta mañana para arremeter contra la prensa y, concretamente, contra la periodista Anabel Hernández, a quien tildó de “pseudoperiodista” que “inventó” los vínculos del mandatario con el narcotráfico.

“Esto, aparejado a una campaña difundida en Estados Unidos desde enero de este año, donde participaron periodistas famosos. (…) Nada más para que vean la decadencia en que están los medios de información. Mejor dicho, de manipulación”, sostuvo.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) coaccionó el voto e hizo uso indebido de programas sociales el año pasado al condicionar su vigencia a la aprobación de un paquete de reformas.

De acuerdo con la sentencia, López Obrador vulneró los principios de “imparcialidad, neutralidad y equidad” en la contienda electoral del 2023, y usó “indebidamente recursos públicos y programas sociales” en dos de sus conferencias de prensa, en las que hizo alusión a un paquete de reformas jurídicas, el famoso “Plan C”, y la necesidad de alcanzar la mayoría calificada en el Congreso.

Las referidas en cuestión tuvieron lugar el 9 y 11 de mayo del 2023, en plena campaña electoral por la gubernatura del Estado de México y Coahuila.

Con sus acciones, dijo el TEPJF, el mandatario “coaccionó el voto de la ciudadanía” y realizó “promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en período prohibido”.

Entre las declaraciones de López Obrador que el tribunal utilizó para argumentar su decisión está una que realizó el 11 de mayo del 2023, cuando planteó que “hay que votar no sólo para el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores, por los candidatos a diputados y a senadores, para que la transformación cuente con mayoría calificada”.

“¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar”, expresó el mandatario en esa oportunidad, en la que hizo referencia a la Cuarta Transformación, como ha nombrado al proyecto político que encabeza.

Según el tribunal, las afirmaciones de López Obrador “tuvieron impacto electoral, pues se trató de llamados a votar en favor de una opción política y en contra de otra, con lo cual, pretendió influir en las preferencias de la ciudadanía”.

Recordemos que en los comicios de junio del año pasado, Morena, partido fundado por López Obrador, ganó la gubernatura del Estado de México, entidad que había sido gobernada por el PRI más de 90 años. El tricolor logró tener el gobierno de Coahuila.

Es importante precisar que pese a la decisión del Tribunal Electoral, López Obrador no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral. Por lo que la falta cometida será sólo simbólica.

No es la primera vez que el TEPJF falla contra el mandatario. En junio determinó que AMLO cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, en ocho conferencias matutinas de julio y agosto de 2023, cuando todavía era precandidata.

Desde hace años, la oposición ha acusado al presidente de utilizar sus conferencias de prensa para hacer campaña a favor de los candidatos oficialistas y atacar a sus adversarios. Los señalamientos se intensificaron durante el pasado proceso electoral en el que Gálvez denunció que había una “campaña de Estado” a favor de Morena y su candidata.

Los partidos de oposición han presentado más de 230 impugnaciones en contra de los resultados de la elección presidencial, en las que ganó la candidata de Morena, PT, PVEM, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo al último reporte del Tribunal, Movimiento Ciudadano (MC) presentó 43 juicios de inconformidad contra los resultados del cómputo distrital de los votos. 188 juicios de inconformidad fueron presentados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), siendo el que mayor número de recursos planteó.

El número tan elevado es debido a que el PRD busca un recuento de votos porque solo obtuvo el 1.86% de los sufragios, por lo que perdería su registro como partido, pues la ley exige una votación mínima del 3% para mantenerlo vigente.

Por último, el TEPJF informó de dos impugnaciones del PAN, uno en un consejo distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Tamaulipas y otro en el estado de Michoacán.

“En el caso de Michoacán se presenta contra el cómputo distrital relativo a la elección presidencial”, concluyó el TEPJF en su breve nota informativa.

Sheinbaum obtuvo un récord de más de 35.92 millones de votos en las elecciones del 2 de junio, el 59.75% del total y más de 30 puntos por encima del 27.45% de Gálvez y el 10.32% de Álvarez Máynez, según reveló la semana pasada el conteo definitivo del INE.

Aún así, la oposición avisó que impugnaría los resultados al denunciar que hubo una “elección de Estado” en la que intervinieron el crimen organizado y el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En Broojula, Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habla sobre las impugnaciones que se han presentado en la elección.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vulneró los principios de neutralidad e imparcialidad, además de que usó indebidamente recursos públicos e incumplió una medida cautelar dictada previamente.

Lo anterior ocurrió por expresiones durante la conferencia de prensa matutina del pasado 10 de noviembre de 2023.

En dicha conferencia, el titular del Ejecutivo emitió recomendaciones sobre los aspectos que la ciudadanía debe tomar en cuenta para emitir su voto (el programa, la candidatura y el partido político) y expuso su opinión sobre la forma en que antes se elegía candidaturas.

De acuerdo con el Pleno, si bien, esas expresiones se emitieron en respuesta a una pregunta planteada por un reportero, no se trató de manifestaciones propias de un ejercicio de comunicación institucional, ni de información de interés público para la ciudadanía, sino de la opinión de un funcionario público sobre temas electorales.

Derivado de la vulneración de principios constitucionales, también se acreditó el uso indebido de recursos públicos.

En estas conductas también incurrieron el coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; la directora general de Comunicación Digital de la Presidencia, Jéssica Ramírez González; el jefe de departamento adscrito a la citada coordinación, Daniel Ramírez Pérez, y el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), Sigfrido Barjau De la Rosa.

Por ello, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine lo que en derecho corresponda.

En el caso del Presidente también se acreditó el incumplimiento de una medida cautelar, contenida en el acuerdo 148 de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en la que se le pedía no realizar manifestaciones de índole electoral en el marco del proceso electoral 2023-2024.

El Tribunal Electoral recordó que el Presidente de la República no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral. Precisó que solo se le responsabiliza, de acuerdo con criterios establecidos por la Sala Superior.

La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, acusó este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) de afectar su campaña y de no generar condiciones de “piso parejo” en la contienda electoral del próximo 2 de junio.

“El presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción de mi persona que nunca han existido”, sostuvo la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Después de reunirse con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la aspirante presidencial afirmó que López Obrador ha violado la ley electoral en el país para incidir en favor de la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum.

“El presidente incide (en la elección presidencial), se mete en la candidatura, en la elección a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, ‘esto no es piso parejo, no hay piso parejo'”, mencionó.

A tres semanas de la elección, Sheinbaum mantiene el liderazgo en las encuestas en la carrera presidencial y en promedio tiene una ventaja de 20 puntos por encima de Gálvez.

La candidata presidencial impulsada por el PAN, PRI y PRD explicó que presentó, en una reunión “interesante” con los magistrados electorales, un juicio por incumplimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de violencia en el país, tras hechos ocurridos en Michoacán y Tamaulipas.

“Se dijo claramente que el INE tenía que tomar una serie de medidas que no se han tomado. Ya le hemos entregado nuestro mapa de riesgo donde sabemos que hay posibilidades de tener situaciones violentas”, detalló.

Además, relató que puso sobre la mesa las 51 medidas cautelares que ha solicitado en contra del presidente para que se abstenga de intervenir en las elecciones de 2 de junio próximo, de las cuales, dijo, 17 están en firme.

“El presidente sigue reincidiendo, se decidió no cancelar las ‘mañaneras’, pero el presidente sigue interviniendo el proceso electoral. Ellos argumentan que emiten las medidas cautelares y obviamente todo esto es parte de la calificación final que se tendrá (al término de la elección)”, concluyó.

Magistrados electorales tendrán protección del Gobierno federal, luego del ataque contra personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dejó dos muertos en la Ciudad de México.

“Los magistrados le solicitaron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que se investigara este asunto y también si pueden ser ellos considerados para contar con protección”, indicó el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sus declaraciones se producen después de un tiroteo ayer en Xochimilco, donde sujetos desconocidos atacaron un auto oficial del TEPJF y murieron dos personas, según confirmó la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Los hechos causaron temor entre los funcionarios del TEPJF ante el incremento de asesinatos con motivos políticos rumbo a las elecciones del 2 de junio.

El presidente aclaró que aún se desconocen las causas, aunque adelantó que ya se está haciendo la investigación.

“No se sabe todavía porque también en las redes manejaron que eran más personas y funcionarios de los ayudantes de los magistrados y al parecer es un compañero trabajador (quien murió), servidor público del tribunal, pero se tiene que investigar en cualquier caso”, comentó.

También negó conocer si los magistrados han recibido amenazas, pero aseveró que su Gobierno protegerá a quien lo pida.

“No creo (que estén amenazados), pero no lo han expresado. Sí (habrá protección), y además nosotros tomamos la decisión de brindar protección a todo el que lo solicite”, señaló.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal reconoció la semana pasada el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral. Sin embargo, la organización Laboratorio Electoral reporta que la cifra podría ser de 50 víctimas al considerar también a familiares, políticos o funcionarios públicos, según su ‘Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024’.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó una solicitud con la que la oposición buscaba prohibir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promocionar su más reciente libro “Gracias”, bajo el señalamiento de que con ello interfiere en la campaña presidencial.

El recurso había sido presentada por la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, quien considera que la difusión de partes del texto por parte del presidente constituye una violación de la ley electoral, que impide a los funcionarios participar en campañas.

Gálvez pretendía que el caso volviera al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se prohibiera la difusión y eventualmente se impusieran sanciones, pero el árbitro de la contienda ya había desestimado el reclamo.

Restringir la promoción de la obra “sería un atentado a la libertad de imprenta (…). Sería un muy mal precedente en donde sin indicios censuremos de manera previa algo que no conocemos”, dijo la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, durante la audiencia en la que se desechó el recurso con tres votos a favor y dos en contra.

“Gracias” fue lanzado tres semanas antes del inicio de la campaña presidencial, que arrancó el 1 de marzo. Soto recordó que, cuando se planteó la demanda, la publicación no había salido a la venta, por lo que esta se basaba en citas de medios.

Y es que recordemos que López Obrador viene leyendo fragmentos del texto en sus conferencias de prensa matutina.

La magistrada Janine Otálora, favorable al recurso, hizo énfasis en que este no es el trabajo de un ciudadano del común, sino de un presidente que publica un libro en medio de un proceso electoral.

“¿Vamos a quemar bibliotecas como en la Alemania nazi?”, cuestionó a la vez su colega Felipe de la Mata.

López Obrador, que concluirá su mandato de seis años el próximo 1 de octubre, retoma en el texto momentos clave de su administración y sus lecturas en público se centran principalmente en episodios de la historia de México, pero la oposición también acusa que le ha permitido hablar y apuntalar a Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena.

López Obrador aplaudió la decisión a través de un video publicado en la red social X: “El tribunal electoral no prohibió el último libro de mi quehacer político (…). Perdió la censura; ganó la libertad”, dijo.

Esta mañana, el presidente abrió su conferencia matutina celebrando que el Tribunal Electoral resolvió que se que no se prohibió el libro: “triunfo la libertad, perdió la censura, eso es lo que puedo comentarles”.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó la existencia de diversas infracciones atribuidas al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la contienda electoral.

Las infracciones, tales como promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, se derivaron del evento denominado “5º aniversario del triunfo democrático del pueblo de México”.

El 1 de julio de 2023, simpatizantes de López Obrador respondieron a la convocatoria del mandatario para reunirse en el Zócalo capitalino para la conmemoración. El Gobierno habló de poco más de 250 mil personas.

Acudieron diversas autoridades como el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres; los 21 gobernadores de Morena; funcionarios federales y diferentes dirigentes partidistas.

La Sala Superior determinó que los elementos de las infracciones se encuentran debidamente acreditados, ya que el presidente de la República fue quien emitió el mensaje, además de la figura central en el evento denunciado, lo que resolvieron, “afectó la equidad en la competencia electoral del proceso concurrente 2023-2024 al hacer uso de su cargo para generar un rechazo a otros partidos políticos”.

El pleno consideró que el discurso se emitió con fines propagandísticos, cuyo objetivo o finalidad fue la adhesión o aceptación de la ciudadanía respecto de la administración pública federal que encabeza, por lo que no puede ampararse en un ejercicio de libertad de expresión.

En el proyecto, a cargo de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, para la organización y difusión del evento denunciado se emplearon más de 8 millones de pesos de recursos públicos.

“Para la organización y difusión del evento denunciado, se emplearon recursos humanos, financieros y materiales (…) se emplearon $8,291,100.60 pesos mexicanos (ocho millones doscientos noventa y un mil cien 60/100 moneda nacional) para la consecución del evento”, señala el texto aprobado.

Como parte del proyecto aprobado, el Pleno ordenó que se cree un catálogo de sujetos sancionados, incluido el Presidente de la República, en el cual se ordenen y sistematicen aquellas resoluciones firmes que declaren la existencia de alguna infracción.

El instrumento deberá ser público y podrá consultarse por la ciudadanía y participantes políticos interesados, y servirá además para perfilar criterios en la calificación del proceso electoral, incluida la presidencial.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, expresó este miércoles que hay temas de inseguridad que deben atenderse rumbo a los comicios del 2 de junio, aunque dijo que no puede asegurarse que habrá una “narco-elección”, como lo asegurara el Tribunal Electoral.

“Yo no tengo datos para afirmar que pueda haber una narco-elección”, dijo Castillo en una conferencia de prensa cuestionado por las declaraciones del magistrado Felipe de la Mata del Tribunal Electoral, quien señaló el peligro de que el crimen organizado intervenga en el proceso.

“Inseguridad hay en todo el país, sin duda alguna, hay que atenderlo, todas las autoridades involucradas, pero yo personalmente no tengo datos para afirmar que existe una ‘narco-elección’, hay temas de inseguridad que hay que atender, sin duda alguna”, añadió el consejero electoral.

A inicios de semana, el magistrado Felipe de la Mata expresó que tenía temor de pensar en elecciones dominadas por el narcotráfico.

“Lo que me da miedo es pensar que puede haber un país donde las elecciones son dominadas por el narco, eso sí me da miedo, se los digo muy en serio, no está pasando ahorita, no está pasando en todo el país, pero empiezan a vislumbrarse elementos”, advirtió De la Mata en una conferencia.

La polémica tomó fuerza luego de la investigación de ProPublica, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, que señala que el Cártel de Sinaloa presuntamente aportó 2 millones de dólares a la campaña electoral del ahora presidente López Obrador en 2006.

El presidente calificó este miércoles como una “calumnia” el artículo y pidió que la DEA aclare si tiene pruebas de dichos señalamientos.

Por si parte la candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, llamó a López Obrador a denunciar en Estados Unidos el reportaje sobre el presunto dinero del narcotráfico que recibió, pues dijo, “es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano”.

Además, Gálvez afirmó que “la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente”.

En cuanto al tema de la inseguridad, el consejero del INE precisó que en el organismo autónomo están preocupados por el crimen, que podría incidir en las elecciones del 2 de junio, las más grandes en la historia del país.

“Estamos haciendo una coordinación más intensa con las autoridades de seguridad, pero no podemos hacer más allá en materia de seguridad porque no es competencia nuestra y el hecho de que el INE se involucrara en materia de seguridad pondría en riesgo la misma organización de la elección”, consideró.

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le diera luz verde para llevar a cabo distintos nombramientos al interior del Instituto, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, realizó cuatro designaciones en direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

La Consejera Presidenta del INE subrayó que las y los encargados cuentan con las cartas credenciales, experiencia, capacidad profesional y manejo de los temas en los ámbitos de sus competencias, para realizar con éxito sus funciones, además de que dan cohesión a la Junta General Ejecutiva del Instituto.

Claudia Edith Suárez Ojeda fue designada como encargada de la Secretaría Ejecutiva, mientras que Amaranta Arroyo Ortíz estará al frente de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Suárez Ojeda es Maestra en Derecho Constitucional y Amparo, y ha desempeñado en el INE como encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración y como Subdirectora de Adquisiciones y Coordinadora de Planeación Técnica. Arroyo Ortíz es Doctora en Ciencias Administrativas y ha trabajado en el INE como asesora de la Presidencia del Consejo General.

Taddei Zavala también designó a Guadalupe Yessica Alarcón Góngora como encargada de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos  Políticos; a María del Carmen Urías Palma como encargada de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.

Por otro lado, Félix Manuel De Brasdefer Coronel fue nombrado encargado de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Roberto Carlos Félix López, encargado de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

“Se trata de seis perfiles de los cuales, cuatro son mujeres y dos son hombres. Sin duda, son los mejores perfiles para estas posiciones y estoy segura que sus capacidades profesionales nos van a dar garantía de su trabajo imparcial, independiente y objetivo, rumbo a este proceso electoral que ya está en marcha”, afirmó Guadalupe Taddei.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, aseguró que el Tribunal tiene absoluta autonomía e independencia, esto de cara a la jornada electoral de 2 de junio.

Recordó que la ciudadanía habrá de renovar con su voto a más de 20 mil cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, ocho gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de más de 19 mil cargos locales.

“Este ejercicio democrático no es menor y el papel que juega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como última instancia en esta pirámide electoral, es vital, y aquí quiero refrendarles que el Tribunal tiene absoluta autonomía e independencia”

Mónica Soto sostuvo que el Tribunal siempre ha cumplido con su trabajo, lo cual seguirá haciendo este año y en esta elección, basados en lo que mandata la Constitución: “apegados a los principios generales de la misma y los principios especializados que rigen la función electoral”.

Las declaraciones de la magistrada presidenta llegan después de un transcendido que apuntaba a supuestas presiones de Morena al Tribunal Electoral, para no discutir y resolver una multa que el INE impuso a Morena por las irregularidades detectadas en el financiamiento del proceso interno que llevó a cabo para elegir a su corcholata presidencial.

Y es que recordemos que el Consejo General del INE confirmó cuatro multas al partido fundado por el presidente López Obrador, tras la revisión que hizo a los informes de ingresos y gastos del proceso interno en el que participó Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Las multas impuestas ascienden a poco más de 61 millones de pesos. De este monto, 20 millones corresponden a gastos que Morena omitió reportar a la autoridad por concepto de eventos y propaganda localizada en las visitas de verificación. 37 millones más son por la omisión gastos por concepto de propaganda colocada en vía pública, los espectaculares que inundaron todo el país. Un millón de pesos más por la omisión de reportar gastos realizados por concepto de transporte. Y tres millones más por no presentar la documentación o evidencia que justifique el gasto realizado por concepto de bitácoras de gastos menores.

El transcendido, publicado por Reforma en su columna Templo Mayor, apuntaba a que Morena habría pedido al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, retirar del orden del día dicho proyecto, pues no resultaba conveniente que el asunto se discutiera previo al cierre de precampaña de la morenista, que se llevó la tarde de ayer en el Monumento a la Revolución.

El asunto estaba listado para para su análisis y discusión el pasado miércoles; sin embargo, de manera sorpresiva, fue retirado por el magistrado ponente. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón cuestionó lo sucedido y alertó que de ser cierto, los temas del Tribunal se podrían estar administrando con intervenciones externas, lo cual dijo, podría cuestionar la imparcialidad de la autoridad electoral.

En respuesta, la magistrada presidenta del Tribunal, Mónica Soto, a quien se le ha señalado de ser cercana al presidente y Morena, defendió la acción y dijo que el retiro de proyectos es algo que ha sucedido siempre y que es normal. Dijo que todos los magistrados lo han hecho.

En su oportunidad, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, responsable del proyecto, indicó que su decisión se debió a una solicitud que recibió de parte de Morena para una audiencia, recurso que no había agotado, misma que aceptó y programó para el próximo lunes, razón por la cual, retiró el asunto del orden del día.

Y aunque insistió en que no hubo las presiones que el diario aseguró, sí se lanzó contra el medio, que dijo, no es la primera vez que obtiene filtraciones relativas al Tribunal.