La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó la existencia de diversas infracciones atribuidas al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la contienda electoral.
Las infracciones, tales como promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, se derivaron del evento denominado “5º aniversario del triunfo democrático del pueblo de México”.
El 1 de julio de 2023, simpatizantes de López Obrador respondieron a la convocatoria del mandatario para reunirse en el Zócalo capitalino para la conmemoración. El Gobierno habló de poco más de 250 mil personas.
Acudieron diversas autoridades como el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres; los 21 gobernadores de Morena; funcionarios federales y diferentes dirigentes partidistas.
La Sala Superior determinó que los elementos de las infracciones se encuentran debidamente acreditados, ya que el presidente de la República fue quien emitió el mensaje, además de la figura central en el evento denunciado, lo que resolvieron, “afectó la equidad en la competencia electoral del proceso concurrente 2023-2024 al hacer uso de su cargo para generar un rechazo a otros partidos políticos”.
El pleno consideró que el discurso se emitió con fines propagandísticos, cuyo objetivo o finalidad fue la adhesión o aceptación de la ciudadanía respecto de la administración pública federal que encabeza, por lo que no puede ampararse en un ejercicio de libertad de expresión.
En el proyecto, a cargo de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, para la organización y difusión del evento denunciado se emplearon más de 8 millones de pesos de recursos públicos.
“Para la organización y difusión del evento denunciado, se emplearon recursos humanos, financieros y materiales (…) se emplearon $8,291,100.60 pesos mexicanos (ocho millones doscientos noventa y un mil cien 60/100 moneda nacional) para la consecución del evento”, señala el texto aprobado.
Como parte del proyecto aprobado, el Pleno ordenó que se cree un catálogo de sujetos sancionados, incluido el Presidente de la República, en el cual se ordenen y sistematicen aquellas resoluciones firmes que declaren la existencia de alguna infracción.
El instrumento deberá ser público y podrá consultarse por la ciudadanía y participantes políticos interesados, y servirá además para perfilar criterios en la calificación del proceso electoral, incluida la presidencial.
