Tag

violencia

Browsing

La percepción de inseguridad en el país bajó a 64.4% en el tercer trimestre de 2022, desde el 67.4% registrado en junio, según la encuesta trimestral divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esto significa que 64.4% de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro, lo que representa una reducción de 3 puntos porcentuales frente al dato previo, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

«Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en junio de 2022, que fue de 67.4%. No obstante, no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a septiembre de 2021, que fue 64.5 %», matizó el INEGI.

En el tercer trimestre del año, la percepción de inseguridad fue mayor en el caso de las mujeres, con 70.5%, mientras que en hombres fue del 57.2%.

Sobre espacios físicos específicos, el 73.6% de la población manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos; 67.4% en el transporte público; 58.5% en el banco, y 57.4% en las calles que habitualmente usa.

Durante el tercer trimestre de 2022, el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas cerca de su casa  de consumo de alcohol en la vía pública fue de 61.2%; robos o asaltos, 52.4%, y vandalismo en viviendas o negocios, 42.7%.

En ese mismo periodo también se identificaron venta o consumo de drogas (38.9%); disparos frecuentes con armas (36.6%); bandas violentas o pandillerismo (25.9%); tomas irregulares de luz (14.9%) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel, el llamado huachicol (3.4%).

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Fresnillo (94.7%); Irapuato (91.3%); Naucalpan (90.8%); Zacatecas (90.7%); Ciudad Obregón (90.1%) y Colima (86.6%).

En tanto, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García (14.5%); la alcaldía Benito Juárez (20.6%); Piedras Negras (23.8%); Tampico (25%); Los Mochis (25%) y la alcaldía Cuajimalpa (25.1%).

20 personas, entre ellas un alcalde y su padre, fueron asesinadas ayer por un grupo armado en Guerrero, durante una violenta jornada para el país, pues también murió baleada una diputada local en Morelos.

Conrado Mendoza, alcalde del municipio San Miguel Totolapan, falleció junto a su padre, exalcalde de ese municipio, y otras 18 personas durante un ataque armado en esa población, según confirmó esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

Ayer la fiscal de Guerrero, Sandra Valdovinos, informó que fueron 18 personas las que perdieron la vida y que dos más había sido heridas. El saldo se actualizó.

Medios locales difundieron videos y fotografías de la fachada de la alcaldía de San Miguel Totolapan con numerosos impactos de bala. En los alrededores del municipio se registraron bloqueos de vías, lo que limitó el rápido acceso al lugar donde ocurrió el ataque, explicó la fiscal.

San Miguel Totolapan, que forma parte de la llamada «Tierra Caliente», está unos 160 kilómetros de la capital del estado y a unos 400 kilómetros de la capital del país.

En redes sociales se difundió un video de un grupo de personas encapuchadas, identificadas como «Los Tequileros», que se habría adjudicado el ataque.

En 2016, los habitantes de Totolapan, hartos de las acciones de «Los Tequileros», raptaron a la madre del líder del grupo para lograr la liberación de otras personas.

Sin embargo, de acuerdo a reportes de medios locales, «Los Tequileros» comenzaron a desmantelarse desde el 2019 luego de la muerte de su líder y algunos de los municipios controlados por el grupo pasaron a ser manejados por la Familia Michoacana, organización criminal que opera en esa región.

Por otro lado, por la tarde fue asesinada Gabriela Marín, diputada del Congreso de Morelos, en un ataque armado en la ciudad de Cuernavaca, indicaron las autoridades estatales.

Medios locales indicaron que Marín, quien formaba parte del partido Morelos Progresa, fue asesinada en una farmacia de Cuernavaca.

La diputada fue interceptada frente a la farmacia por dos hombres armados en una motocicleta que la estaban esperando, explicó a la prensa el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Al bajarse ella de una camioneta, uno de los agresores se acercó y le disparó, dejándola tendida en el suelo. Un acompañante resultó lesionado.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, condenó el asesinato de Marín y anunció vía Twitter que se desplegó un operativo de seguridad para localizar a los responsables.

Con la muerte de Mendoza y Marín ya suman 18 alcaldes y 8 diputados asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018, según registros de la firma Etellekt Consultores.

De acuerdo a la más reciente encuesta de la firma Ipsos, lo que más les preocupa a los mexicanos es el crimen y la violencia, ambos en clara referencia a la inseguridad que se vive en el país, pese al discurso del presidente López Obrador que afirma que van por buen camino en dicha área.

Ipsos añade que el 53% de los encuestados consideró estos puntos como los problemas más preocupantes.

El segundo dilema para los mexicanos es la inflación. El aumento en la preocupación respecto a este tema de un mes a otro fue más significativo, ya que subió 10 puntos llegando a un 43%.

Además de que la preocupación por la inflación ha aumentado por decimotercer mes consecutivo, es el problema mundial número uno en 11 países. En promedio, casi cuatro de cada diez (39%) habitantes dicen que este es un asunto importante que enfrentan día a día.

La tercera preocupación para los mexicanos resultó ser el desempleo con un 37%, tópico que se relaciona con temas económicos al igual que la inflación.

En cuanto a la dirección que están tomando los países con sus gobernantes actuales, dos de cada tres personas (65%) cree que su país va en la dirección equivocada, los argentinos son los menos optimistas al respecto con 91% de los entrevistados preocupados, le siguen Sudáfrica y Perú.

En nuestro país más de la mitad (57%) de los encuestados respondieron que el país va en dirección equivocada y un 70% consideran que la situación económica en el país es mala.

En cuanto a la pandemia de COVID-19, nueve de los 28 países encuestados que se muestran preocupados por el tema  experimentaron un aumento mensual en agosto. Los países que encabezan esta lista son Japón (50%), Corea del Sur (37%) y Australia (30%). México se ubica en el noveno lugar general con un 19% de encuestados preocupados.

Israel llamará a consultas al embajador de México después de que ayer activistas vandalizaran la embajada israelí en la Ciudad de México exigiendo la extradición de Tomás Zerón, acusado de ocultar pruebas en el caso de los 43 normalidas de Ayotzinapa.

«Fue citado para que explique la posición de su Gobierno», dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel a la agencia Efe este jueves.

Y es que ayer, un grupo de activistas y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizaron pintas y destrozos en la embajada de Israel, a cuyo gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal acusado de irregularidades en el caso.

A días del octavo aniversario de la desaparición, cientos de personas se congregaron frente a la sede diplomática. Y aunque la protesta se inició de forma pacífica, jóvenes encapuchados comenzaron a pintar las paredes y a golpear las cámaras de seguridad del recinto.

Los manifestantes acompañaron sus reclamos con gritos de «Palestina libre» y «Viva Palestina» e incluso pintaron «Palestina vive» y «Muerte al sionismo» en las paredes.

En un mensaje publicado en redes sociales, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, indicó que el futuro de la relación diplomática entre México e Israel se mantienen firme pese a los hechos ocurridos ayer.

«Compartimos el dolor de los familiares y respetamos el compromiso» del gobierno federal de conocer la verdad sobre lo ocurrido en Ayotzinapa.

Enfatizó que Israel examina la petición de extradición, aunque en todo momento debe atender sus obligaciones jurídicas internacionales.

Lamentó que ayer durante la protesta se ejerciera violencia y se expresaran mensajes que no tenían relación alguna con el caso de los normalistas.

Recordemos que México anunció en septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto acusado de ocultar pruebas y torturar a testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

Pero el proceso se complicó porque ambos países no tienen acuerdo de extradición. El diario The New York Times publicó en julio que Israel desatendió la petición como presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar abusos contra los derechos en los territorios palestinos.

Foto: S. Servin vía @Foro_TV

Al menos 10 personas fueron asesinadas, y otras más resultaron heridas, la noche de ayer en un billar ubicado en el municipio de Tarimoro, en Guanajuato, informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en un negocio ubicado en la calle Independencia, en Tarimoro, al sur de Guanajuato.

Sujetos con armas de fuego llegaron al billar y dispararon en contra de un grupo de al menos 10 personas, de las cuales 9 fallecieron en el lugar y 1 más murió en su traslado al hospital.

En el lugar fueron halladas cartulinas con las siglas del Cártel Santa Rosa de Lima, que en los últimos años ha azotado el estado y que controla el trasiego de drogas y de combustibles además de extorsiones.

Agentes de la Guardia Nacional, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Policía municipal llegaron al lugar para vigilar la zona, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

El episodio de este miércoles refleja la ola de violencia que aqueja a México, que registró 33,308 homicidios en 2021 después de los 2 años más violentos de su historia, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Al respecto, esta mañana, el presidente López Obrador indicó que «ayer fue un día difícil», uno de los días de mayor violencia, haciendo énfasis en lo sucedido en Guanajuato.

«Hubieron 91 homicidios, pero saben donde hubieron más, en Guanajuato, para variar», señaló el mandatario.

Se indicó que el 42% de los homicidios ocurridos ayer miércoles 21 de septiembre, ocurrieron en tres estados: Guanajuato, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, el 22% del total se registraron en Guanajuato, es decir 20 homicidios. Esto le sirvió a AMLO para reclamar el actuar de los senadores.

«Y los senadores de Guanajuato en contra de qué la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa» en tareas de seguridad, sostuvo.

Indicó que independientemente de qué haya diferencias políticas con las autoridades locales, el gobierno federal actúa con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato. Lamentó que el gobierno local no ayude, pues mantiene al fiscal de Guanajuato, quien lleva 15 años en el cargo.

«No lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias y muchas agarraderas», criticó el presidente.

«No ayudan, porque mezclan las cosas. Podemos tener diferencias políticas, pero cómo no nos ponemos de acuerdo en esto si es la seguridad de la gente. Lo que está fallando es que no está bien la fiscalía y cuenta mucho el fiscal. Les puedo poner el ejemplo de Veracruz; había un fiscal que ahora está detenido y enfrenta un proceso. Se cambia el fiscal y baja la incidencia delictiva» del Estado, indicó.

Afirmó que si hay complicidad entre autoridades y delincuencia, es muy difícil que la violencia cese.

Insistió en que él personalmente le ha dicho al gobernador que es necesario remover al fiscal, pero no ha podido hacer nada ya que el fiscal pertenece a un grupo al interior del PAN muy fuerte.

En plena escalada de división política ante el regreso de Donald Trump al ojo público, La Casa Blanca anunció este viernes una cumbre que se celebrará el próximo mes para «contrarrestar los efectos corrosivos de la violencia alimentada por el odio» en la democracia y en la seguridad pública del país.

En un comunicado, la portavoz Karine Jean-Pierre presentó la cumbre «United We Stand», que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, con Biden como anfitrión, y con el objetivo principal de abordar «el odio y la división» que vive Estados Unidos.

El anuncio se produce luego de la polémica y división que desató el cateo del FBI a la casa del expresidente Trump en Mar-a-Lago, Florida, en busca de documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario presuntamente sacó de La Casa Blanca.

Desde entonces, Trump se ha dedicado a criticar al FBI y a las instituciones, presentándose como víctima de una persecución política; críticas que que, según ha denunciado el propio Buró Federal de Investigación, han tenido un efecto en el aumento de amenazas contra sus agentes.

La propia presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó hace una semana a Trump de «instigar los ataques contra las fuerzas del orden», como lo hizo en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El congreso «United We Stand» reunirá a «héroes de todo Estados Unidos» que están liderando «un trabajo histórico en sus comunidades para construir puentes y abordar el odio y la división», añadió La Casa Blanca.

La cumbre incluirá, entre otros participantes, a un grupo bipartidista de funcionarios federales, estatales y locales, defensores de los derechos civiles, líderes religiosos y comunitarios, líderes tecnológicos y empresariales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y ex miembros de grupos violentos que ahora trabajan para prevenir la violencia.

Autoridades federales reportaron este lunes la detención de 3,630 personas en un fin de semana, que estuvo marcado por actos violentos en diversas zonas del país, principalmente en el norte, aunque negaron que exista terrorismo como los opositores señalaron.

“Este fin de semana, por el ilícito de fuero común hubo 3.630 detenidos, cifra que se da en todo el país”, precisó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal.

No obstante, detalló que por los hechos de violencia en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato solo hubo 36 detenidos, de los que 12 ya “están ante la Fiscalía General de Justicia”, aunque reconoció que no se logró la aprehensión de líderes de organizaciones criminales de alto perfil.

Además, dijo, en Ciudad Juárez hubo 11 muertos, resultado de una disputa entre células criminales dentro del CERESO.

El funcionario detalló que en Jalisco se detuvo a 5 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en Guanajuato 11 personas fueron aprehendidas, y en Baja California y Ciudad Juárez fueron 12 los detenidos, respectivamente.

Los hechos registrados en estos estados causan preocupación porque los criminales han incendiado negocios y quemado vehículos para bloquear las calles, por lo que algunos expertos hablan de actos de «narcoterrorismo».

Asimismo, explicó que pese a lo aparatosos que fueron los actos violentos y el impacto social y mediático que generaron, este fin de semana fue el tercero con menos homicidios dolosos en lo que va de 2022. “Con 196 (muertos), desde hace cuatro meses no había habido fin de semana con menos de 200 homicidios”, destacó el subsecretario.

Mejía Berdeja apuntó que en esta administración se ha logrado reducir la capacidad logística y financiera de grupos delictivos.

En tanto, de acuerdo con Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa (Sedena), en el caso específico de los hechos ocurridos en Baja California se debió a que los grupos delictivos “buscan llamar la atención”.

“Se presentan estos actos vandálicos, de alguna manera, para llamar la atención. No atentaron contra la sociedad, pero sí fue un efecto para buscar que las autoridades atendieran la situación, de generar una condición donde se pudiera identificar que hay falta de seguridad”, declaró.

Y dijo que los actos violentos se presentan debido a que “hay debilitamiento en los grupos criminales”. En ese sentido, atribuyó los eventos de violencia a que la estrategia de seguridad del gobierno está «dando resultados».

Cuestionado directamente sobre si los hechos violentos de los últimos días eran un actos de terrorism tal como los detractores del gobierno han denunciado, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, fue enfático al reiterar que solo fueron actos “propagandísticos” de los grupos delincuenciales, negando así los señalamientos hechos al gobierno federal.

“No son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, no debe de verse más allá de la propaganda”, enfatizó.

Asimismo, aseveró que la estrategia de seguridad en México “está dando resultados” y apuntó que el próximo 20 de agosto se presentarán los datos que demuestran cómo la incidencia delictiva “está a la baja”.

Destacó que este tipo de actos delictivos son resultado de que “cuando se combate la violencia, no estamos exentos de que haya estas reacciones”.

El informe de las autoridades se da luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurara que sus opositores están «exagerando» respecto a los hechos de violencia, y afirmando que no hay ningún problema de ingobernabilidad.

«Están exagerando nuestros adversarios (…) Está como montado, es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia», apuntó el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que buscará la “vía legal” para que las Fuerzas Armadas se mantengan en labores de seguridad pública después de 2024, pese a su promesa de no hacerlo y que en la Constitución se establece que los militares deben volver a sus cuarteles dentro de dos años.

“Que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como la Defensa, que contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública”, respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

En 2019, el Congreso aprobó reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, que establecía un cuerpo de seguridad con mando civil, que sustituiría a la Policía Federal, además de que se incluyó un artículo transitorio que señala que los militares apoyaran en tareas públicas hasta 2024 mientras se consolidaba la corporación.

Sin embargo, ahora parece que la idea no le agrada a López Obrador y sostuvo pretende reformas para que la Guardia Nacional se traslade al Ejército y las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública pasado el tiempo estipulado.

Al reconocer que enfrenta el bloqueo de la oposición, dijo que lo ideal sería una reforma constitucional, por lo que analizan leyes secundarias que le permitan dichos cambios, tal y como sucedió con la reforma eléctrica,

“Una reforma constitucional eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscar la forma porque nos están bloqueando otra vez (en el Congreso), hay la intención de que no podamos hacer nada”, comento López Obrador al recordar la moratoria constitucional que la alianza Va por México anunció semanas atrás.

El mandatario argumentó que las leyes del país impedían a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad públicas porque estaban enfocadas en la seguridad del Estado y del territorio, por lo que cuando participaban en temas de seguridad lo hacían de “manera informal, violando la constitución”.

Sostuvo que, en la actualidad, garantizar la seguridad pública es lo más importante, ya que se agravó por la guerra que sexenios pasados declararon al narcotráfico, por lo que se tiene que evitar que la Guardia Nacional se corrompa.

“No quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que se corrompió», expresó.

Ciudad Juárez, una de las principales ciudades fronterizas con Estados Unidos, fue escenario este jueves de una serie de hechos violentos que dejaron al menos 11 muertos, 6 detenidos y comercios incendiados, informaron las autoridades.

En un primer evento, dos presos murieron y cuatro más resultaron heridos en un motín en una prisión de la ciudad, señaló en un comunicado la fiscalía del estado de Chihuahua. Medios locales atribuyeron la revuelta carcelaria y los atentados al cártel de Sinaloa. La riña se habría dado entre miembros de Los Chapos y Los Mexicles.

Posteriormente, en un ataque contra una tienda de artículos comestibles fueron asesinadas dos mujeres y otra persona resultó herida. La tienda y otros dos locales más fueron además incendiados.

Por la noche, sicarios asesinaron a cuatro personas, entre ellas un locutor de una radiodifusora local, que realizaban actividades promocionales frente a una pizzería.

Empleados del medio que acudieron al lugar identificaron al presentador, a un directivo y dos empleados de la emisora.

«Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas en este evento tan atroz contra Ciudad Juárez», señaló en Twitter la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, indicando que autoridades federales y estatales desplegaron un operativo para restablecer el orden.

Los atentados en Ciudad Juárez ocurrieron dos días después de una escalada violenta en los estados de Jalisco y Guanajuato, atribuida por el gobierno al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos del país.

Esos hechos dejaron un presunto delincuente muerto, 16 detenidos, así como 25 comercios quemados y varios vehículos también reducidos a cenizas.

Algunos de los ataques ocurrieron en la periferia de Guadalajara, segunda ciudad en importancia de México.

La violencia se desató luego de que militares irrumpieron en una reunión entre presuntos líderes del CJNG, según el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien la oposición atribuye una actitud pasiva frente a las bandas del crimen organizado.

Tras los hechos de violencia, varios sectores de Ciudad Juárez lucían desiertos este viernes, algunas universidades suspendieron las clases y el gremio empresarial de Chihuahua exigió al gobierno actuar con contundencia contra el crimen organizado.

En su conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que lo sucedido era «algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil e inocente como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente».

La violencia en la ciudad, fronteriza con El Paso, Texas, comenzó a las 13.27 horas (19.27 GMT) con un motín en la cárcel del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, donde el grupo criminal «Los Mexicles» atacó al bando rival de «Los Chapos», expuso

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dijo que el motín en el Cereso 3 dejó 20 internos lesionados, cuatro por proyectil de arma de fuego, y dos muertos.

«Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta actuación, este grupo delictivo ‘Los Mexicles’ empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil de Ciudad Juárez», añadió.

Las agresiones a la ciudadanía resultaron en «nueve personas fallecidas, que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario», detalló.

Foto: Twitter @teresacastellmx

En medio de las críticas a la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de «abrazos, no balazos», y a que ha desmentido que haya una ola generalizada de violencia en el país, siete personas, familiares entre sí, fueron asesinadas este fin de semana en Veracruz.

Según la Fiscalía estatal, tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, fueron baleados en su domicilio del municipio de Boca del Río. Los cuerpos fueron encontrados el domingo.

Las víctimas «son integrantes de una sola familia que se dedicaba al negocio de las carnicerías por medio de una cadena de establecimientos», dijo a la agencia AFP una fuente de la Guardia Nacional.

Las autoridades encontraron los cuerpos luego de que la Policía recibiera un reporte telefónico sobre un herido de bala en la vivienda donde se cometieron los crímenes. El hombre falleció cuando era trasladado a un hospital.

México es golpeado por una fuerte crisis de violencia. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y mayo pasado fueron asesinadas 12,737 personas.

La mayoría de los asesinatos son atribuidas a choques entre bandas del crimen organizado, involucradas en delitos como narcotráfico, robo de combustible, secuestro y extorsión, entre otros.

El pasado sábado, un oficial del Ejército murió durante un operativo en el que fueron capturados tres presuntos narcotraficantes en la ciudad de Caborca, Sonora, informó esta mañana durante su conferencia el presidente López Obrador.

Los cuestionamientos a la estrategia de seguridad se intensificaron después de que el pasado 27 de junio dos sacerdotes jesuitas fueran asesinados dentro de una iglesia en una comunidad del estado de Chihuahua.

«Estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia», reiteró AMLO al defender su estrategia de seguridad.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa de reforma constitucional para eliminar del artículo 10 el derecho de la ciudadanía a poseer armas en su domicilio y lo relativo a la autorización para portarlas.

Pese a lo que propuso la semana pasada el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, la bancada naranja informó que la propuesta también busca establecer, en el artículo 21, que el Estado tenga competencia exclusiva sobre la producción, comercio, tenencia y uso de armas.

“El uso de las armas debe ser excepcional, supeditado a la protección del derecho humano a la seguridad, a la vida, a la integridad física y al acceso a la justicia, de acuerdo a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación», expuso la bancada.

«La iniciativa busca atender la proliferación de armas que violenta los derechos humanos. De acuerdo con diversos estudios, en regiones donde prolifera la disponibilidad de armas hay un riesgo y un aumento de homicidios, es decir, mayor disponibilidad contribuye a la violencia, no a la paz», agregó MC, que lidera el diputado Jorge Álvarez Máynez.

Movimiento Ciudadano exhortó al gobierno federal a replantear seriamente las alternativas de pacificación frente a la crisis de inseguridad, pues acusó que a tres años de la creación de la Guardia Nacional, la principal apuesta de este gobierno en materia de seguridad, persiste la violencia y el miedo en todo el país.

«Corresponde al Estado y a todas las autoridades brindarnos protección y seguridad», remarcó la bancada, quien dijo que estar convencida de que para atender la crisis de inseguridad se requieren estrategias integrales y no ocurrencias.

«Ninguna propuesta para atender esta preocupación fundada debe exponer la integridad de las personas”, enfatizaron los legisladores de MC.

“En Movimiento Ciudadano sabemos que abonar a la guerra nunca tendrá como resultado la paz y sabemos que las personas queremos vivir en paz. Trabajaremos por recuperar la tranquilidad que nos arrebataron y garantizar los derechos humanos”, remataron.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el gobierno federal debe reconocer que debido a su fallida estrategia, México enfrenta la peor ola de violencia en la historia, por lo que debe corregirla para detener la creciente inseguridad que se vive en el país.

“Señor Presidente no le mienta al pueblo, en materia de seguridad estamos peor que nunca, el baño de sangre, dolor y miedo de las familias mexicanas nos lastima a todos, evidentemente menos a usted”, afirmó

Mencionó casos como el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua; comunidades enteras despojadas de sus viviendas en Zacatecas; elementos del Ejército humillados por bandas criminales en Michoacán; retenes de civiles fuertemente armados controlando regiones enteras; 91 ejecuciones en un solo día la semana pasada, y la ola creciente de feminicidios en Nuevo León y Veracruz.

Todo esto dijo, es muestra de que la violencia está completamente desbordada en México, debido a la complacencia del gobierno y la política de los abrazos, de tender la mano a criminales, cuidándolos cuando lo que tendrían que hacer es detenerlos, para proteger y brindar seguridad a las y los miles de mexicanos de bien.

Marko Cortés señaló que el presidente López Obrador, desde que asumió el poder hizo a un lado la principal obligación del Estado: garantizar la seguridad, el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad de tránsito y de trabajo.

Expresó que, desde el principio, el gobierno se rindió, se puso de rodillas, ante los cárteles del narcotráfico, lo cual multiplicó la impunidad de los criminales y elevó su crueldad, cinismo y poder, poniendo en riesgo nuestra libertad, la vida y la de nuestras familias

Como consecuencia de la política oficial de “abrazos, no balazos”, México vive la peor ola de violencia, casi el doble de la registrada el sexenio pasado y casi el triple de la ocurrida en el sexenio antepasado, para periodos iguales, puntualizó el Presidente Nacional del PAN.

Puntualizó que con sus «abrazos», el presidente López Obrador exhibe una tolerancia explícita y reiterada a los cárteles del narcotráfico. Además, acusó que de acuerdo a sus propias declaraciones, AMLO apuesta a que en cada estado se imponga un solo cartel cuyo poder sea tal que inhiba la presencia de otros, con aparente objetivo de disminuir el número de muertos y alcanzar la paz entre los grupos delictivos.

En tanto, la dirigencia nacional del PRI señaló que el aumento de la violencia en México es consecuencia de la reducción brutal del presupuesto destinado a seguridad, sumado a la nula estrategia para combatir el crimen.

Señalaron que, mientras en el último gobierno federal del PRI se invirtieron 22 mil millones de pesos en el tema de seguridad, Morena solamente ha destinado 8 mil millones y actualmente ocho de las 10 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México.

«Con Morena la inseguridad cada día está peor. Su estrategia de abrazos y no balazos es un fracaso. México no vive en paz”, dijo Alejandro Moreno. «Morena no ha hecho nada para combatir a la delincuencia organizada, por el contrario, han señalado públicamente que le protegen», añadió.

Denunció que en México cada día más personas desaparecen, ante la indiferencia de Morena, que prefiere distraer a la población que enfrentar los problemas de frente.

La dirigencia del tricolor dijo que en el gobierno de Morena han aumentado 41% los homicidios dolosos, se han incrementado 13% los feminicidios, han crecido 58% las desapariciones y se han extendido en un 60% los asesinatos con armas de fuego.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo coincidir con el mensaje que compartió el Papa Francisco en relación al asesinato de dos sacerdotes y un civil en Chihuahua, en especial en lo referente a que no es posible enfrentar la violencia con más violencia.

Pidió esperar las conclusiones de las investigaciones que se llevan a cabo sobre los asesinatos pues dijo, es «inaceptable y además muy sospechoso» que una persona como José Noriel Portillo, alias «El Chueco» llevara una vida tan normal ya que de acuerdo al informe de la fiscalía de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol local pese a contar con antecedentes criminales, además de que era conocido en toda la región.

«Hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, con quiénes. Entonces, sí vamos ir a fondo, que se conozca toda la verdad», dijo el mandatario.

El tema sirvió para que el presidente fuera cuestionado sobre si ante la creciente violencia y los homicidios que han repuntado en las últimas semanas era necesario replantear la estrategia de seguridad que se adoptó desde el inicio de su administración, «abrazos, no balazos».

«No; al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón», respondió tajantemente el presidente,

Afirmó que la inseguridad que se vive en el país es un mal que no se puede arrancar de raíz de la noche a la mañana, sino que es un problema que lleva años corregir, pues durante muchos años se alentó desde los niveles más altos de los gobiernos. Como ejemplo dijo, está el secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón que está acusado de ser protector de un grupo de la delincuencia.

Sostuvo que a diferencia de la política de antes, donde la instrucción era aplicar toda la fuerza, al grado que se les decían a los jefes militares que hicieran su trabajo sin ninguna consideración, porque el gobierno se hacía cargo de los derechos humanos, ahora la estrategia es distinta.

Señaló que ahora se atienden las causas que originan la violencia, algo que las autoridades del pasado nunca hicieron, en especial la atención a los jóvenes, pues acusó, anteriormente se desprecia a los pobres, al pueblo; pues dijo, los gobiernos eran clasistas y racistas.

El otro eje de la estrategia de seguridad dijo, es no permitir la corrupción y la impunidad, pues eso era lo que imperaba.

«No vamos a cambiar la estrategia. Que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada. Porque sólo si el pueblo en un proceso electoral decide que hay que cambiar, y llegan gobiernos como los de antes, entonces sí.

Fue en ese punto donde reconoció que en lo que va de su gobierno hay más asesinatos que en el sexenio de Felipe Calderón, aunque aseguró que no es lo mismo, pues él recibió un país con homicidios hasta “la punta”.

«Dicen que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país. Él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más (a los homicidios dolosos)», remató López Obrador,

El Papa Francisco lamentó este miércoles la cantidad de asesinatos que se registran en México después de que se conociera la muerte de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en una iglesia de la comunidad Cerocahui, en Chihuahua.

El Papa expresó su tristeza y consternación por los asesinatos de estos dos religiosos a los que llamó «hermanos».

«Hay tantos asesinatos en México. Estoy cerca, en afecto y oración, de la comunidad católica afectada por esta tragedia», dijo.

Los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar fueron asesinados a tiros el lunes mientras intentaban defender a un hombre que buscaba refugio, un guía de turistas que habría sido su blanco inicial y que es el tercer fallecido en este hecho.

Los atacantes se llevaron los tres cuerpos en la parte trasera de una camioneta, los cubrieron con plástico y se los llevaron, según el padre Luis Gerardo Moro Madrid, jefe de la Compañía de Jesús en México.

«Denunciamos el homicidio de nuestros hermanos (…) Exigimos justicia y la recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por personas armadas», detalló en un comunicado la orden religiosa.

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que el presunto agresor de los religiosos ya había sido identificado. «Se continúa con la investigación para dar con su paradero y no permitir la impunidad», señala el texto.

La oficina en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU también condenó el crimen de los religiosos, quienes, señala, realizaban «un importante trabajo social y pastoral» entre los indígenas de la etnia tarahumara.

«El asesinato de estos dos reconocidos sacerdotes nos recuerda la situación de violencia extrema y vulnerabilidad que enfrentan las comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua», señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a este crimen. «Estamos ahora atendiendo este asunto», dijo el mandatario al reconocer que varios municipios de la sierra de Chihuahua padecen «bastante presencia de la delincuencia organizada».

Unas horas antes en la misma comunidad se reportó que dos hombres, una mujer y una menor de edad habían sido secuestrados, aunque las autoridades no han detallado si los dos sucesos estarían relacionados.

La Conferencia del Episcopado mexicano también condenó la «tragedia» y exigió «una pronta investigación», además de seguridad para los sacerdotes del país.

Unos 30 curas han sido asesinados en la última década en México, según la ONG Centro Católico Multimedial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la jornada de violencia que se vivió ayer en el país, principalmente en Estado de México y Chiapas fueron casos aislados,  por lo que ha rechazó que se trate de un problema generalizado en el país.

Afirmó que contrario a lo que afirma el gobierno estadounidense, sobre que el 35% del territorio esté controlado por el crimen organizado, se puede probar que hay estados donde no se reportan homicidios.

«No es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios. La mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios», añadió.

En ese sentido, ha detallado que «son ocho o diez estados», como Michoacán, Baja California, Sonora, Jalisco, o Estado de México, entre otros, donde se concentra «el 50 por ciento de los homicidios». Así, ha puesto en valor el cambio de política de Estado en relación a la lucha contra el crimen organizado y ha criticado que los «derechosos» continúan defendiendo la lógica de «enfrentar al mal con el mal».

«Se estaba en plena descomposición. Insisto en que si se quiere enfrentar una decadencia no hay más que una transformación. Si hubiese continuado con lo mismo, corrupción, saqueo, abandono del pueblo, de los jóvenes, del país, estaría ingobernable. Es muy difícil vivir en el país en esas situaciones. Claro que no se puede de la noche a la mañana lograr mejores resultados», ha justificado.

Y es que ayer se vivieron dos episodios de violencia en Texcaltitlán, en el Estado de México, donde las fuerzas de seguridad se enfrentaron con hombres armados cuando llevaban a cabo un operativo contra La Familia Michoacana. 11 integrantes del cártel murieron y diez más fueron detenidos.

«En el caso de Estado de México se trata de un enfrentamiento, que iban a ejecutar una orden de aprehensión, fueron agredidos y perdieron la vida tanto personas, como este grupo de la delincuencia, como de la Policía», dijo López Obrador.

Por otro lado, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, grupos armados tomaron las calles en medio de una disputa por el control de un mercado. «Así están las cosas y ya se está actuando», añadió López Obrador, quien lamentó la muerte de una persona durante la jornada. «Es lamentable que existan estos grupos de choque muy cercanos al crimen organizado», ha señalado.

Diez presuntos delincuentes muertos y siete detenidos dejó este martes un operativo contra una banda en Texcaltitlán, Estado de México.

El hecho se produjo cuando «un grupo fuertemente armado atacó a elementos» de la fiscalía, los cuales respondieron «con el legítimo uso de la fuerza», señaló la Fiscalía del Estado de México en su cuenta de Twitter.

La autoridad reportó también que tres de sus agentes resultaron lesionados, pero «no de gravedad», mientras que cuatro de los capturados fueron heridos durante el enfrentamiento.

«Reconocemos y nos enorgullecemos de las acciones realizadas, sin tregua, por nuestros compañeros en contra de los grupos delincuenciales en todo el Estado de México», añadió la fiscalía en sus redes sociales.

La autoridad no precisó si las personas muertas y detenidas pertenecen a alguno de los cárteles del narcotráfico que operan en la entidad.

Tras el operativo, los agentes decomisaron 20 armas largas tipo R-15, armas cortas, cartuchos, cinco vehículos, chalecos antibalas, uniformes de tipo militar, además de equipos de comunicación.

La acción contó además con apoyo de miembros del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la policía del Estado de México.

Además de los cárteles de la droga, en la entidad operan bandas dedicadas al robo de combustible, el llamado huachicol, entre otros delitos.

Expertos y defensores de los derechos humanos sostienen que la prolongada militarización del combate a las mafias ha exacerbado la violencia, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende que durante su gobierno, iniciado en 2018, ha bajado la letalidad de las operaciones de las fuerzas armadas.

Foto: Twitter @davosv2004