Ante la posible revocación de las suspensiones definitivas otorgadas para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el colectivo #NoMásDerroches informó que más de 1,000 ciudadanos presentaron ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México una petición exigiendo la “imparcialidad y aplicación irrestricta del Estado de Derecho”.
El colectivo indicó que a raíz de las suspensiones que se concedieron a los amparos presentados, el gobierno federal decretó como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (29 de agosto) y solicitó en juicio (3 de septiembre) la revocación de las suspensiones definitivas por considerar que el Proyecto de Aeropuerto Comercial es también una Instalación Estratégica.
Además dijo, se argumentó el peligro en que se pondría la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional e impedir la aplicación del Plan DN-III-E.
Al respecto, dijo que este viernes, el Juez Quinto de Distrito, deberá tomar la decisión sobre la confirmación o suspensión de la revocación.
“Ante una decisión de tal trascendencia #NoMásDerroches reitera (…) no debe autorizarse la construcción de un aeropuerto internacional que no cuenta con los permisos y estudios suficientes en materia de seguridad aérea, viabilidad aeronáutica, financiera, cultural y ambiental. No hay evidencia alguna de que la suspensión de Santa Lucía entorpezca las actividades militares en la Base Aérea ni mucho menos la aplicación del Plan DN-III-E”, señaló el colectivo.
Sostuvo que la revocación de la suspensión definitiva de los amparos “lesionaría gravemente” el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.
Adicional afirmó que la suspensión generaría un precedente sumamente grave para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la “seguridad nacional” con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos.
Algunos de los firmantes de la petición exigiendo imparcialidad en el caso de Santa Lucía son: Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda Gutman, Denise Dresser, Luis de la Calle, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Soto Morales. A título personal firman José Mario de la Garza (presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana) y Ángel Junquera (presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados).
