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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco aseguró que las agresiones directas contra los agentes de su dependencia están relacionadas con el desempeño de su función.

Los atentados y la confrontación con sujetos armados fueron una amenaza del crimen organizado contra todas las corporaciones policiales, dijo en conferencia de prensa el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, luego de sostener una reunión con todos los integrantes del gabinete de seguridad.

“Es una circunstancia que va a ser aclarada respecto de la vinculación que tienen los hechos entre sí. Lo que podemos advertir es que son tres agresiones en un horario muy cercano, una de la otra, y en las tres a elementos de la fiscalía”, dijo.

Durante la balacera fueron abatidos dos delincuentes, se detuvo a otros tres y se aseguró a otras personas que dicen haber estado plagiadas, y se les investiga sobre su participación en actos delictivos. “Será materia de la investigación y ya determinará el Ministerio Público, si tuvieron algún grado de participación o si no lo tuvieron”, señaló.

El agente Jesús Adán Benavides, quien fue asesinado frente a su hijo, estaba comisionado al área de Delitos Contra Menores.

El otro oficial asesinado estaba adscrito al área de homicidios, y fue localizado desnudo. Junto a su cuerpo se encontró el cadáver de un sujeto a bordo de una bicicleta, quien huía tras haber participado en la agresión contra el policía ministerial. El fiscal informó que fue atropellado.

Al participar en la inauguración del South School on Internet Governance 2019, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, habló sobre el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respecto a que el gobierno creará una empresa para dar cobertura total de internet  en el país.

El comisionado dijo que México ya tiene previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Estado, a través de redes públicas mayoristas o de concesionarios, puede llevar conectividad a donde no la hay.

“Hoy Telecomunicaciones de México, que se encuentra en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene ya una concesión para dar ese tipo de servicios”, recordó Contreras.

Insistió en que el país ha avanzado en materia de conectividad en los últimos años, pues se ha triplicado el acceso a banda ancha móvil, ha crecido la banda ancha fija en cerca de 30% y los precios han bajado considerablemente a diferencia de los demás productos y servicios de la economía.

Dijo que “las brechas existen, la conectividad no es una realidad para todos, todos tenemos que hacer algo para evitarla (…) no es un problema privativo de México, todos los países del mundo tiene brecha de conectividad”.

Aseguró que en todo el mundo se han explorado diferentes alternativas para dotar de conectividad,  mismas que van desde fondos públicos, apoyos públicos-privados o empresas proveedoras. “El modelo por el que ha apostado nuestro país, es un modelo que permite que a través de la competencia, los operadores o prestadores de servicios sean los que lleven conectividad, pero hay que reconocer que no es suficiente, y se van a requerir esfuerzos de otro tipo, no esfuerzos del mercado, sino del Estado para llevar esa conectividad”.

Gabriel Contreras confirmó que la semana pasada tuvo un encuentro con el presidente, en el que se habló del estado que tiene el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión. “Fue un encuentro muy positivo, institucional, el presidente le reiteró el respeto al órgano regulador, reconociendo su autonomía, y compartimos visiones sobre el sector y sobre los retos”, remató.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, felicitó e hizo un reconocimiento al Congreso de la Unión, por aprobar la nueva Reforma Educativa, a la que se prefiere referirse como “Acuerdo Educativo Nacional”.

Recordó que dicho Acuerdo fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 12 de diciembre.

Resaltó que se da un paso importante en la construcción de la Nueva Escuela Mexicana.

El titular de la SEP reconoció también la apertura y diálogo que hubo con todos los actores del sector educativo del país y eñaló que ahora las leyes secundarias darán el piso jurídico que permita la conformación del nuevo sistema educativo mexicano.

«Con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, los legisladores demostraron su convicción de apoyar la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, poniéndolos en el primer lugar del interés nacional, ya que ningún país tiene éxito sin educación para todos”, indicó la dependencia.

Moctezuma Barragán señaló que fue fundamental que los legisladores determinaran que el Estado mantenga la rectoría de la educación y que la imparta con carácter obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Calificó como un avance importante que los legisladores establecieran que los docentes son actores primordiales del proceso de enseñanza y de la transformación social del país, además de revalorar al magisterio y de respetar todos sus derechos laborales.

Dicha idea va en línea con lo que ha expuesto el presidente, acerca de que se humilló y perjudicó a los maestros del país con la “mal llamada” Reforma del presidente Enrique Peña Nieto.

Al respecto…
 
Por Alejandro Aguirre Guerrero 
Cuitláhuac García se tambalea en Palacio Nacional y no encuentra la forma de recuperarse. Lleno de inseguridades y malos consejos, el Gobernador de Veracruz alejó a quienes deberían ser sus aliados por herencia y de partido. Está cada vez más solo.
En el tema llamado “Cuitláhuac”, lo que el Presidente maneja en público dista mucho de aquello que se discute en privado. Se me ha confiado que AMLO visitará cuantas veces pueda a Veracruz para intentar levantar, de alguna manera, a un gobernador que es mucho mejor amigo que colaborador.
La Guardia Nacional no es plan estatal, sino federal; la detención de “el pelón”, (presunto autor de la masacre de los 13 en Minatitlán), fue de autoría federal, no estatal; la liberación de un menor secuestrado hace días en la zona sur fue logro federal, aunque insistan en manejar las palabras “operativo conjunto”.
De acuerdo a mis fuentes, la mejora de Veracruz en materia de seguridad llegará a finales del 2019, simple y sencillamente porque no hay cooperación estatal en estrategia y operatividad. “Cuitláhuac García tiene año y medio para responderle al Presidente, si no lo hace, será retirado del Gobierno”, me confían.
“Me encantaría decirte que vemos en Veracruz un gobierno con perspectiva clara, pero no es así. Se trata de una piedra en el zapato para AMLO; la verdad es que Cuitláhuac es el Gobernador emanado de Morena con menor productividad”.
La única buena noticia que da un Gobierno plagado de malas decisiones, como el de Cuitláhuac García, proviene de la Secretaría de Finanzas: HR Ratings aumentó la calificación crediticia de Veracruz, de “HR BB” a “HR BB-“, con perspectiva estable. Esto debería reflejarse, en breve, en la llegada de inversiones al estado.
“Que te quede claro, Alejandro, el apoyo de López Obrador a Cuitláhuac es hacia afuera, no hacia adentro. El Presidente estima a su Gobernador en Veracruz, más no lo avala, hasta el momento, como un colaborador efectivo”, me dijeron.
Twitter: @aaguirre_g

ISABEL TURRENT

REFORMA

 

Desde ahí hay que empezar para explicar por qué el Presidente se equivoca día a día en sus decires matutinos y en muchas de sus políticas. Desde el ABC de la teoría política. LO parece creer genuinamente que todos los problemas que enfrenta son nada más producto de políticas «neoliberales» del pasado reciente; no ve, ni acepta, las consecuencias de los errores que ha cometido desde que tomó el poder y no tiene idea de las tareas fundamentales de un Estado eficaz.

Desde Sun Tzu, pasando por Maquiavelo, Hobbes y Max Weber, y todos los teóricos que han explicado la construcción de un Estado funcional a partir de un contrato social original, están de acuerdo en que el Estado tiene, desde el principio de la historia, tres obligaciones fundamentales: la responsabilidad de proteger a sus gobernador, la de solucionar los conflictos impartiendo justicia de la cuerdo con los mandatos de ley, y la capacidad de recolectar impuestos y redistribuir de manera eficaz los recursos para garantizar el bienestar de todos.

Sobre el tema se han escrito bibliotecas. Quien quiera viajar por todo el pensamiento político occidental puede consultar el libro enciclopédico de Alan Tyan (On Politics). Para un excelente recuento, más breve y escrito desde el (vapuleado) centro-izquierda Goof and Bad Power de otro escritor inglés, Geoff Mulgan, es inmejorable.

Mulgan agrega una cuarta tarea fundamental para un gobierno eficaz, que, paradójicamente, en lugar de perder relevancia, se ha vuelto aún más importante en esta era de la posverdad: la responsabilidad de promover la verdad y el conocimiento.

López Obrador ha fracasado en esas responsabilidades para construir y apuntalar un Estado eficaz, porque no ha asumido que encabeza un Estado débil. Tampoco, que ha debilidad del Estado mexicano no es resultado de las políticas de libre mercados de sus antecesores, sino del crecimiento y expansión a lo largo del territorio del país de una constelación de grupos bien organizados de narcotraficantes y delincuentes que roban, toman casetas, extorsionan, secuestran y asesinan con total impunidad.

La verdad lo tiene sin cuidado. Ha inventado, como lo han hecho muchos populistas liberales que han transitado por el siglo XX y el siglo XXI, a enemigos anónimos, imposibles de identificar y de llevar a la justicia. El perfecto chivo expiatorio. Los «conservadores» de López Obrador -que parecen reflejo de los «peligrosos inmigrantes» con los que Trump ha azuzado el supremacismo blanco en Estados Unidos- no existen.

El presidente López Obrador comparte, de menos con su antecesor inmediato, una imaginación política deficiente, que le ha impedido diseñar una estrategia inteligente y de altos vuelos para cimentar el desarrollo económico (del cual depende el fortalecimiento del Estado benefactor) y para resolver la violencia de narcos y delincuentes con el uso de la violencia legítima.

Es un político de muy cortos plazos. (Por eso no le interesa tampoco el conocimiento ni el futuro de los estudiantes que ha dejado en manos de la CNTE, ni de los que no tendrán oportunidad de estudiar en el extranjero, porque desmanteló Conacyt).

Pero ha olvidado que la seguridad y la protección de sus gobernados no puede ser cortoplacista. El anhelo de paz no es monopolio de un grupo de ciudadanos «conservadores», como dice el Presidente. Es el cimiento del contrato social entre un Estado y la sociedad que gobierna desde el principio de los tiempos: la garantía de seguridad, orden, paz y prosperidad, a cambio de obediencia a las leyes, lealtad al Estado y pago de impuestos.

Como lo hemos comprobado los mexicanos, es difícil exagerar la importancia de un gobierno fuerte, estable y protector para el bienestar de sus ciudadanos. Por eso, para todos los teóricos políticos, es el cimiento de la legitimidad de un Estado. Eso y no su política clientelar bebería ser la primera prioridad del gobierno. Encontrar una estrategia eficaz para garantizar la paz.

Si falla, correrá el riesgo de que su legitimidad quede prendida con alfileres de una retórica matutina hecha de ocurrencias.

LIÉBANO SÁENZ

MILENIO

 

Una de las mayores virtudes de Andrés Manuel López Obrador es la persistencia. Este es, sin duda, un atributo que hace que muchos mexicanos le dispensen confianza. Una persona que no se achica, que resiste ante la incertidumbre o la adversidad, se hace singular, y más si su historia tiene que contarse, como en el caso de un personaje público, un político o un gobernante. El Presidente ganó a partir de una oferta disruptiva, en la que lo central era acabar con la corrupción, en su narrativa, el origen de todos los males. En su visión, el neoliberalismo era malo porque conducía a la corrupción, o había inseguridad o pobreza por corrupción. Acabar con la corrupción era la madre de todas las batallas.

Esta tesis fue votada y, por lo que se advierte de los primeros meses, ha sido ratificada y respaldada incluso por una proporción significativa de quienes no le votaron. Muchas de las decisiones críticas o cuestionables han sido blindadas con el argumento de la lucha contra este flagelo. La mayoría lo ha aceptado. El Presidente continúa en su directriz y hasta hoy la opinión mayoritaria le favorece. Sin embargo, en este mismo empeño es necesario dar espacio a un aspecto fundamental: la legalidad.

La debilidad mayor de los mexicanos de hoy día es el déficit de ciudadanía. El elemento central de esta condición es el sentido del deber respecto a las obligaciones y el ejercicio responsable de los derechos. Esto tiene como referencia la ley y, también, la ética. Para el gobernante es más relevante lo primero. Incluso se ha dicho que la ética del servidor público es la ley. Para el ciudadano la ley es referencia de obligaciones, pero también tiene el espacio amplio de las libertades y un sentido del deber que va más allá de la ley. Abatir la corrupción requiere de invocar ciudadanía. No es cuestión de retórica, sino de hacer valer la ley, lo que significa que las autoridades cumplan rigurosamente lo que la norma determina y que los ciudadanos ejerciten sus derechos y cumplan con sus obligaciones. Además, combatir la corrupción requiere, obligadamente, abatir la impunidad. En otras palabras, ganarle la batalla a la venalidad es un tema de estricta legalidad y de ciudadanía.

Como tal, no comparto la tesis que viene de autoridades en las que se invoca la ética a costa de la legalidad. El ámbito de responsabilidad de las autoridades es la ley. No puede ser la ética porque no hay un código universal sobre su contenido y sentido, por más que haya coincidencia en algunos principios. La ética es subjetiva y además opinable. La ley no. En todo caso hay procedimientos para hacerla valer y en caso de controversia están las instancias judiciales para definir el sentido de la norma al caso concreto. La lucha contra la corrupción solo puede cobrar fuerza y trascender si se inscribe en la legalidad y abandona el territorio discursivo de lo moral, de lo bueno y lo malo.

El tema es oportuno por la protesta del magisterio durante este gobierno. Sucedieron durante muchas semanas en la toma de vías de ferrocarril en Michoacán por parte del gremio magisterial con una afectación severa a los derechos de terceros. En el afán de conducir la protesta, sobró paciencia del gobierno local y federal a costa de muchos otros, no solo de la empresa operadora del ferrocarril, sino de los usuarios de ese medio de transporte y de ciudadanos en general. Se condujo el conflicto en el sentido de que no hubo uso de la fuerza pública, pero se afectaron derechos de particulares que nada tenían que ver con la controversia. Ahora, nuevamente, la misma corriente magisterial, pero de Oaxaca, utiliza medios de presión ilegal a manera de hacer valer su postura en el marco de la discusión de la reforma educativa en el Congreso y por lo visto, el expediente les ha dado resultado, ya que el dictamen a discusión habrá de hacerse a su medida y exigencias, por cierto, el de un magisterio en los territorios con la más baja calidad educativa.

Hay una confusión en el dicho de las autoridades federales respecto a que represión es igual al uso de la fuerza pública. La cuestión es que el Estado tiene que hacer valer la ley y, en consecuencia, hacer uso de los medios para garantizar los derechos de las personas frente al daño que pudieran ocasionarle terceros que incurren en acciones abiertamente ilegales. La complacencia hacia ese tipo de conductas es un incentivo hacia la ilegalidad y, por lo mismo, en perspectiva, eleva los costos cuando se tenga que recurrir a la fuerza pública, además de que entraña una afectación a los derechos humanos de terceros afectados.

Es razonable dar espacio a la negociación y al diálogo, pero nunca a costa de la ley. La protesta social es un medio de lucha garantizado por la ley, pero entraña límites; entre éstos, que se haga de manera pacífica, con apego a la norma y sin afectar los derechos de terceros. El Presidente tiene autoridad y en el afán de conducir el conflicto no debe desentenderse de la responsabilidad que obliga a todo gobernante: cumplir y hacer cumplir la ley.

@liebano

A partir de la entrada en vigor del decreto que crea la Guardia Nacional, una vez que el dictamen sea avalado en al menos 17 congresos locales, los gobernadores de los estados estarán obligados a entregar un diagnóstico y un programa para fortalecer los cuerpos policíacos estatales y municipales en un plazo máximo de seis meses.

De acuerdo con el Artículo Séptimo Transitorio del documento aprobado, deberán presentar el diagnóstico y el programa ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que está presidido por el Ejecutivo federal e integrado por los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina; el fiscal General de la República; los propios gobernadores; el comisionado Nacional de Seguridad, y el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Se señala que para la ejecución del programa que buscará el fortalecimiento de las policías, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad, a partir del ejercicio fiscal de 2020.

Un año después de haberse emitido el programa, los gobernadores enviarán anualmente a las Legislaturas de sus estados y al CNSP la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años.

Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.

Recodemos que el pasado jueves 28 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, con 463 votos a favor y uno en contra, el proyecto de decreto que crea la Guardia Nacional.

 

Los titulares de las secretarías de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rafael Ojeda Durán y Alfonso Durazo Montaño, negaron que la Guardia Nacional signifique la militarización de la estructura del Estado, al precisar que será un cuerpo regido por una doctrina policial fundada en el pleno respeto de los derechos humanos.

Los funcionarios explicaron a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma para crear a esta institución. En el encuentro, el presidente del Senado, Martí Batres, consideró fundamental retomar “la gran preocupación que tiene la ciudadanía sobre el tema de la seguridad pública”.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, afirmó que la Guardia Nacional “no significa la militarización de la estructura del Estado”. Indicó que por el contrario, es una oportunidad para que las Fuerzas Armadas dejen, de manera gradual, de realizar tareas de apoyo a la seguridad pública y para que regresen a sus funciones de defensa y seguridad nacional.

Ojeda Durán explicó que el proyecto para la creación de la Guardia Nacional definirá los tiempos, espacios y condiciones para la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Además, delimitará el adecuado uso de la fuerza y el pleno respeto de los derechos humanos.

Por su parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, coincidió en que la crisis de inseguridad y de violencia en diversas regiones del país se ha convertido en una emergencia nacional que tiene que ser atendida en el menor tiempo posible.

Refirió que hay cuerpos de seguridad estatales y municipales marcados por una lamentable debilidad institucional, unos más que otros, “pero todos muy lejos de estándares profesionales imprescindibles para ser exitosos en la atención del problema”.

Por ello, aseveró, la creación de la Guardia Nacional es una de las decisiones más trascendentes del gobierno del presidente López Obrador.

Reconoció que Ejército y Marina han tenido un desgaste desde que inició “la ahora ya famosa guerra contra el narcotráfico”. No obstante, subrayó, siguen siendo dos de las instituciones más sólidas del país.

Aclaró que se propone a la Guardia Nacional como una institución de carácter mixto o intermedio. Es decir, tendrá un mando civil y sus integrantes contarán con entrenamiento, jerarquía y estructura militar, lo que permitirá contar con una institución disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia.

 

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov denunció esta mañana que Estados Unidos y sus aliados más próximos buscan abiertamente el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El funcionario ruso indicó que dicha idea es demostrada en las últimas «sanciones ilegales» contra la petrolera del país latinoamericano.

«Nos alarma que Estados Unidos y sus aliados más próximos en relación a Venezuela, en violación de todas la normas internacionales, de hecho busquen abiertamente el derrocamiento del Gobierno legítimo de ese país latinoamericano», dijo en rueda de prensa el jefe de la diplomacia rusa.

Agregó que esta circunstancia «no elimina la necesidad de defender el derecho internacional con todos los medios existentes» y subrayó que Rusia junto con otros miembros responsables de la comunidad internacional «hará todo» por respaldar al Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.

Por su parte el canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo este martes que el Jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, «se sumó» abiertamente al golpe de Estado del que Nicolás Maduro ha advertido se ejecuta desde Estados Unidos.

«Listo. Ya @sanchezcastejon se ha sumado abiertamente al Golpe de Estado de Trump en Venezuela. Mucho había tardado. La mejor parte es cuando desde su capitalismo corporativo europeo, pretende dar lecciones de igualdad y socialismo», escribió Arreaza en Twitter.

 

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, hizo un llamado urgente al gobierno federal, a hacer valer el Estado de Derecho y actuar para poner fin a los bloqueos en las vías férreas en Michoacán.

El dirigente patronal indicó que sin importar filiaciones políticas, y salvaguardando los derechos humanos, hagan cumplir la ley y sea restablecido de inmediato el servicio ferroviario en Michoacán.

“Que no imperen los cálculos políticos, sino el cumplimiento de la ley”, exigió el dirigente empresarial.

Señaló que los bloqueos perpetrados por integrantes de la CNTE son claras violaciones a la Ley de Vías de Comunicación, que además afectan al tránsito de personas y el traslado de mercancías.

La Coparmex advirtió sobre el riesgo de una parálisis del sector industrial pues suman 15 días de bloqueos, lo que ha provocado que permanezcan varados más de 200 trenes de carga, que no han podido mover miles de toneladas de suministros y mercancías, con una afectación estimada en más de mil millones de pesos.

Remató indicando que los sectores más afectados son el agropecuario; el automotriz; la industria siderúrgica, mineral y hierro, así como la producción de gasolina en plantas de Pemex.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que Armando Carrillo presentó su renuncia a la dirección del Sistema Público de Radio y Televisión, un sistema constituido legalmente y que afirmó tiene como propósito armonizar y coordinar todos los medios del Estado, tanto radio como televisión.

Al respecto informó que propondrá ante el Senado de la República, de acuerdo a sus facultades, al periodista Jenaro Villamil, para que coordine el nuevo proyecto que echará a andar en el Sistema Público de Radio y de Televisión.

Explicó que aunque el Estado tiene distintas estaciones de radio y canales de televisión, además de una agencia de noticias (Notimex), no había una política de Estado en lo relacionado con la comunicación social, por lo que se va a crear un nuevo proyecto que coordine a todos los medios bajo una nueva orientación editorial que tenga como ejes el informar con objetividad, profesionalismo y con independencia.

López Obrador aclaró que aunque sean estaciones de radio y canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita. “Van a tener estos medios absoluta autonomía, el propósito es informar profesionalmente”.

De igual manera señaló que de ninguna manera, estos medios llegarán a contrarrestar, afectar o competir con el sistema de concesiones establecido para estaciones de radio y canales de televisión.

“Es ordenar lo que ya se tiene para mejorar la información al público, a los ciudadanos; que no se vaya a ver esto como una acción en contra de los medios particulares o que tienen concesiones, de ninguna manera”.

Entre las propuestas a cargos que anunció están para el Canal 22,  Armando Casas; para Radio Educación, Gabriel Sosa Plata; para el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Aleida Calleja. La Dirección General de Televisión Educativa quedaría a cargo de Lidia Camacho; uno de los nombramientos que más polémica han causado es el de Notimex, donde confirmó que propuso a Sanjuana Martínez.

Con ello sería la primera vez que la agencia de noticias del Estado esté dirigido por una mujer.

Para la RTC anunció a Rodolfo González; para el Canal 11 señaló a José Antonio Álvarez Lima, quien actualmente funge como Senador. Al frente del Canal 14 estará Fernando Coca.

 

Tras el reportaje que presentó este martes El Sol de México, en el que aseguraba que Beatriz Gutiérrez Müller realizó una campaña el año pasado para acercar a su esposo, el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la cúpula de la Iglesia católica, el ahora mandatario negó dicha información.

“Mi esposa me apoya en todo, desde luego tiene sus actividades, se dedica a la investigación, es escritora y sigue en esa labor. No es intromisión o violación al Estado laico”, contestó AMLO ante los cuestionamientos.

Reconoció que Gutiérrez Müller publicó un artículo en una revista de la Iglesia católica, sin embargo lo contrastó con que el mismo día en que salió su texto acudió a un acto donde se inició un centro documental de la comunidad judía.

“Ella ha estudiado todas las religiones y es respetuosa del Estado laico”, añadió el presidente; sin embargo prefirió no comentar más al respecto, pues dijo, “es un asunto que le corresponde (a ella)”.

En su trabajo especial, el diario relata que en cada punto que visitó López Obrador como parte de su gira de campaña, su esposa buscó acercamientos con los obispos locales. Incluso retoma las declaraciones del Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien aseguró que en la Iglesia Católica ven a Gutiérrez Müller como un vínculo con la Presidencia.

 

Luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitiera una resolución el pasado 31 de julio, respecto de la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista por la detención arbitraria a la que fue sometida en 2005.

El acto fue encabezado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que “nunca más, en Gobernación, la censura tendrá cabida”. Añadió que en esta nueva etapa en la vida del país, el poder político y el poder público no estarán subordinados al poder económico.

Sánchez Cordero ofreció la protección del gobierno federal a quienes con su pluma o con su voz, denuncien cuando la dignidad humana esté en peligro o cuándo el silencio sea cómplice de la injusticia.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López (AMLO) insistió en que desde lo que en algún momento fue un espacio de censura, ahora, desde la Secretaría de Gobernación «defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada».

Por su parte el subsecretario Alejandro Encinas fue el encargo de pronunciar el mensaje central, al decir que “asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de trece años. El país ha cambiado. El gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de los derechos humanos que encara el país, para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de este país, el ejercicio libre de sus derechos”.

La periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, aseguró que cada gobierno se convierte en garante de la legalidad, lo que significa que asume responsabilidad. Confió en que el nuevo gobierno logre dar paso a un verdadero Estado de Derecho.