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A partir de la entrada en vigor del decreto que crea la Guardia Nacional, una vez que el dictamen sea avalado en al menos 17 congresos locales, los gobernadores de los estados estarán obligados a entregar un diagnóstico y un programa para fortalecer los cuerpos policíacos estatales y municipales en un plazo máximo de seis meses.

De acuerdo con el Artículo Séptimo Transitorio del documento aprobado, deberán presentar el diagnóstico y el programa ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que está presidido por el Ejecutivo federal e integrado por los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina; el fiscal General de la República; los propios gobernadores; el comisionado Nacional de Seguridad, y el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Se señala que para la ejecución del programa que buscará el fortalecimiento de las policías, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad, a partir del ejercicio fiscal de 2020.

Un año después de haberse emitido el programa, los gobernadores enviarán anualmente a las Legislaturas de sus estados y al CNSP la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años.

Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.

Recodemos que el pasado jueves 28 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, con 463 votos a favor y uno en contra, el proyecto de decreto que crea la Guardia Nacional.

 

Los titulares de las secretarías de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rafael Ojeda Durán y Alfonso Durazo Montaño, negaron que la Guardia Nacional signifique la militarización de la estructura del Estado, al precisar que será un cuerpo regido por una doctrina policial fundada en el pleno respeto de los derechos humanos.

Los funcionarios explicaron a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma para crear a esta institución. En el encuentro, el presidente del Senado, Martí Batres, consideró fundamental retomar “la gran preocupación que tiene la ciudadanía sobre el tema de la seguridad pública”.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, afirmó que la Guardia Nacional “no significa la militarización de la estructura del Estado”. Indicó que por el contrario, es una oportunidad para que las Fuerzas Armadas dejen, de manera gradual, de realizar tareas de apoyo a la seguridad pública y para que regresen a sus funciones de defensa y seguridad nacional.

Ojeda Durán explicó que el proyecto para la creación de la Guardia Nacional definirá los tiempos, espacios y condiciones para la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Además, delimitará el adecuado uso de la fuerza y el pleno respeto de los derechos humanos.

Por su parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, coincidió en que la crisis de inseguridad y de violencia en diversas regiones del país se ha convertido en una emergencia nacional que tiene que ser atendida en el menor tiempo posible.

Refirió que hay cuerpos de seguridad estatales y municipales marcados por una lamentable debilidad institucional, unos más que otros, “pero todos muy lejos de estándares profesionales imprescindibles para ser exitosos en la atención del problema”.

Por ello, aseveró, la creación de la Guardia Nacional es una de las decisiones más trascendentes del gobierno del presidente López Obrador.

Reconoció que Ejército y Marina han tenido un desgaste desde que inició “la ahora ya famosa guerra contra el narcotráfico”. No obstante, subrayó, siguen siendo dos de las instituciones más sólidas del país.

Aclaró que se propone a la Guardia Nacional como una institución de carácter mixto o intermedio. Es decir, tendrá un mando civil y sus integrantes contarán con entrenamiento, jerarquía y estructura militar, lo que permitirá contar con una institución disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia.

 

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov denunció esta mañana que Estados Unidos y sus aliados más próximos buscan abiertamente el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El funcionario ruso indicó que dicha idea es demostrada en las últimas “sanciones ilegales” contra la petrolera del país latinoamericano.

“Nos alarma que Estados Unidos y sus aliados más próximos en relación a Venezuela, en violación de todas la normas internacionales, de hecho busquen abiertamente el derrocamiento del Gobierno legítimo de ese país latinoamericano”, dijo en rueda de prensa el jefe de la diplomacia rusa.

Agregó que esta circunstancia “no elimina la necesidad de defender el derecho internacional con todos los medios existentes” y subrayó que Rusia junto con otros miembros responsables de la comunidad internacional “hará todo” por respaldar al Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.

Por su parte el canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo este martes que el Jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, “se sumó” abiertamente al golpe de Estado del que Nicolás Maduro ha advertido se ejecuta desde Estados Unidos.

“Listo. Ya @sanchezcastejon se ha sumado abiertamente al Golpe de Estado de Trump en Venezuela. Mucho había tardado. La mejor parte es cuando desde su capitalismo corporativo europeo, pretende dar lecciones de igualdad y socialismo”, escribió Arreaza en Twitter.

 

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, hizo un llamado urgente al gobierno federal, a hacer valer el Estado de Derecho y actuar para poner fin a los bloqueos en las vías férreas en Michoacán.

El dirigente patronal indicó que sin importar filiaciones políticas, y salvaguardando los derechos humanos, hagan cumplir la ley y sea restablecido de inmediato el servicio ferroviario en Michoacán.

“Que no imperen los cálculos políticos, sino el cumplimiento de la ley”, exigió el dirigente empresarial.

Señaló que los bloqueos perpetrados por integrantes de la CNTE son claras violaciones a la Ley de Vías de Comunicación, que además afectan al tránsito de personas y el traslado de mercancías.

La Coparmex advirtió sobre el riesgo de una parálisis del sector industrial pues suman 15 días de bloqueos, lo que ha provocado que permanezcan varados más de 200 trenes de carga, que no han podido mover miles de toneladas de suministros y mercancías, con una afectación estimada en más de mil millones de pesos.

Remató indicando que los sectores más afectados son el agropecuario; el automotriz; la industria siderúrgica, mineral y hierro, así como la producción de gasolina en plantas de Pemex.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que Armando Carrillo presentó su renuncia a la dirección del Sistema Público de Radio y Televisión, un sistema constituido legalmente y que afirmó tiene como propósito armonizar y coordinar todos los medios del Estado, tanto radio como televisión.

Al respecto informó que propondrá ante el Senado de la República, de acuerdo a sus facultades, al periodista Jenaro Villamil, para que coordine el nuevo proyecto que echará a andar en el Sistema Público de Radio y de Televisión.

Explicó que aunque el Estado tiene distintas estaciones de radio y canales de televisión, además de una agencia de noticias (Notimex), no había una política de Estado en lo relacionado con la comunicación social, por lo que se va a crear un nuevo proyecto que coordine a todos los medios bajo una nueva orientación editorial que tenga como ejes el informar con objetividad, profesionalismo y con independencia.

López Obrador aclaró que aunque sean estaciones de radio y canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita. “Van a tener estos medios absoluta autonomía, el propósito es informar profesionalmente”.

De igual manera señaló que de ninguna manera, estos medios llegarán a contrarrestar, afectar o competir con el sistema de concesiones establecido para estaciones de radio y canales de televisión.

“Es ordenar lo que ya se tiene para mejorar la información al público, a los ciudadanos; que no se vaya a ver esto como una acción en contra de los medios particulares o que tienen concesiones, de ninguna manera”.

Entre las propuestas a cargos que anunció están para el Canal 22,  Armando Casas; para Radio Educación, Gabriel Sosa Plata; para el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Aleida Calleja. La Dirección General de Televisión Educativa quedaría a cargo de Lidia Camacho; uno de los nombramientos que más polémica han causado es el de Notimex, donde confirmó que propuso a Sanjuana Martínez.

Con ello sería la primera vez que la agencia de noticias del Estado esté dirigido por una mujer.

Para la RTC anunció a Rodolfo González; para el Canal 11 señaló a José Antonio Álvarez Lima, quien actualmente funge como Senador. Al frente del Canal 14 estará Fernando Coca.

 

Tras el reportaje que presentó este martes El Sol de México, en el que aseguraba que Beatriz Gutiérrez Müller realizó una campaña el año pasado para acercar a su esposo, el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la cúpula de la Iglesia católica, el ahora mandatario negó dicha información.

“Mi esposa me apoya en todo, desde luego tiene sus actividades, se dedica a la investigación, es escritora y sigue en esa labor. No es intromisión o violación al Estado laico”, contestó AMLO ante los cuestionamientos.

Reconoció que Gutiérrez Müller publicó un artículo en una revista de la Iglesia católica, sin embargo lo contrastó con que el mismo día en que salió su texto acudió a un acto donde se inició un centro documental de la comunidad judía.

“Ella ha estudiado todas las religiones y es respetuosa del Estado laico”, añadió el presidente; sin embargo prefirió no comentar más al respecto, pues dijo, “es un asunto que le corresponde (a ella)”.

En su trabajo especial, el diario relata que en cada punto que visitó López Obrador como parte de su gira de campaña, su esposa buscó acercamientos con los obispos locales. Incluso retoma las declaraciones del Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien aseguró que en la Iglesia Católica ven a Gutiérrez Müller como un vínculo con la Presidencia.

 

Luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitiera una resolución el pasado 31 de julio, respecto de la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista por la detención arbitraria a la que fue sometida en 2005.

El acto fue encabezado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que “nunca más, en Gobernación, la censura tendrá cabida”. Añadió que en esta nueva etapa en la vida del país, el poder político y el poder público no estarán subordinados al poder económico.

Sánchez Cordero ofreció la protección del gobierno federal a quienes con su pluma o con su voz, denuncien cuando la dignidad humana esté en peligro o cuándo el silencio sea cómplice de la injusticia.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López (AMLO) insistió en que desde lo que en algún momento fue un espacio de censura, ahora, desde la Secretaría de Gobernación “defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada”.

Por su parte el subsecretario Alejandro Encinas fue el encargo de pronunciar el mensaje central, al decir que “asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de trece años. El país ha cambiado. El gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de los derechos humanos que encara el país, para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de este país, el ejercicio libre de sus derechos”.

La periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, aseguró que cada gobierno se convierte en garante de la legalidad, lo que significa que asume responsabilidad. Confió en que el nuevo gobierno logre dar paso a un verdadero Estado de Derecho.

 

El Presidente Nacional del PRD Ángel Ávila Romero, aseguró que una vez que asumió el nuevo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García de Morena, llegó la impunidad al estado.

El dirigente perredista señaló que es inadmisible que se haya dejado en libertad al ex secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez, pese a los múltiples delitos por los que se le acusaba, incluido el de desaparición forzada.

Dijo que dicha liberación pareció ser un pago de favores entre MORENA, el mandatario estatal y el equipo de saqueadores del ex gobernador Javier Duarte.

“Es inadmisible esta situación, da muestra que con la llegada del nuevo gobierno en Veracruz se han relajado los controles políticos en el estado. El Poder Judicial en Veracruz también debe ofrecer una explicación a la ciudadanía por tomar este tipo de decisiones que generan irritación y malestar público y que fomentan la cultura de la impunidad y la corrupción”, resaltó.

Ávila Romero exigió que la ola de impunidad en el estado pare inmediatamente, ya que hasta ahora son tres los miembros del equipo de Duarte que en días recientes han obtenido su liberación para poder enfrentar desde sus casas los procesos en su contra.

“La señal que se manda es que la corrupción y la impunidad se instalan con la llegada de este nuevo gobierno en Veracruz “, remató Ávila.

 

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para, para entre otras acciones, crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la iniciativa se contempla también la sustitución del nombre y atribuciones de la actual Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para dar lugar al surgimiento de la Secretaría de Bienestar, tal como lo ha anunciado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La propuesta establece también la creación de las nuevas unidades administrativas denominadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, o lo que ha sido anunciado por el equipo de López Obrador como los “súper delegados”, las cuales tendrán como función la coordinación de acciones entre autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal.

Busca reestructurar la Secretaría de Gobernación, para lo cual se plantean “cambios y adecuaciones necesarias tanto de las facultades de la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) como a la de la (Secretaría de la) Función Pública”, entre otras modificaciones a diversas dependencias del Ejecutivo federal.

Además se proponen adecuaciones y cambios a diversas secretarías, como la de Agricultura y Desarrollo Rural, que adoptará ese nuevo nombre, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Economía, y de Energía.

“Se proponen ajustes y cambios con el propósito común de alinear sus facultades, tareas e instrumentos a los propósitos de crecimiento económico, equidad social y estímulo a las actividades agrícolas, forestales, pesqueras, ganaderas, industriales, comerciales y de servicios”, indica la propuesta.

En cuanto a la Secretaría del Trabajo, se propone darle la atribución de promover la democracia sindical, expresada en la elección de sus dirigencias mediante el voto individual y libre de sus agremiados, sin que el nuevo gobierno interfiera o se inmiscuya en la vida interna de los sindicatos.

Delgado Carrillo precisó que, a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se transferirá la totalidad de las facultades que estaban confiadas a la Secretaría de Gobernación en esa materia.

Enfatizó que “se propone confiar también (a la nueva Secretaría) las (funciones) relativas a la seguridad nacional y la protección civil de la población en casos de desastres naturales, siempre con el invaluable apoyo de las Fuerzas Armadas, a través de los panes de auxilio que todos conocemos y apreciamos”.

Otras de las secretarias que tendrían adecuaciones, son las de Salud, Educación y Cultura, “para las cuales se proponen cambios y adecuaciones en el mismo propósito de alinear sus atribuciones y propósitos al objetivo común que es elevar el bienestar de toda la población, especialmente el de los más pobres”.

La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Seguridad Pública.

 

Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), anunció que los casi dos millones de trabajadores al servicio del Estado recibirán en la primera quincena de noviembre un bono sexenal.

El bono que se les otorgará será por la cantidad de tres mil pesos. Adicional se les asignará un estímulo económico especial en vales de despensa por el monto de 12 mil 100 pesos.

Ayala confirmó las operaciones durante la reunión nacional de dirigentes de esta central, al asegurar que en todo momento busca apoyar a los trabajadores de menores ingresos. Al respecto dijo que en el mismo periodo se hará la entrega del 50% del aguinaldo.

Remató indicó que la segunda parte del aguinaldo se entregaría en las primeras semanas de diciembre, aunque se analiza que la prestación económica sea entregado en una sola emisión.

El Pleno del Senado aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece que para el análisis del VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, comparecerán diversos secretarios de Estado.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comparecerán el 25 de septiembre y el 11 de octubre, respectivamente; a las 12:00 horas. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el 9 de octubre a las 12:00 horas; y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el 16 de octubre a las 12:00 horas.

Adicional, el Acuerdo establece que habrá cuatro reuniones de trabajo con diversos servidores públicos, ante comisiones del Senado. Para analizar la política social, asistirá el titular de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña y la titular de la Sedatu, Rosario Robles. En materia de política interior, ante las comisiones de Gobernación y Justicia, asistirá el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán; y ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

La dinámica que se seguirá para las comparecencias, será una intervención inicial de los servidores públicos asistentes, hasta por 10 minutos; seguido de una primera ronda de preguntas de los Grupos Parlamentarios hasta por 5 minutos; en una sola exposición se dará respuesta a cada una de las preguntas elaboradas por los Grupos Parlamentarios; al terminar la intervención de respuesta del servidor público, se realizará una segunda ronda de preguntas en el orden establecido.

Se dará un mensaje final de los funcionarios y un mensaje del Presidente de la Junta de Coordinación Política, al concluir la intervención de los secretarios.

 

El gobernador electo de Morelos, Cuautémoc Blanco, presentó a José Antonio Ortiz Guarneros, como futuro titular de la Secretaría de Seguridad del estado.

El ex futbolista indicó que la promesa más importante que hizo con los morelenses durante la campaña fue el regresar la paz y tranquilidad a la entidad, lo que dijo se logrará con personas calificadas, así como un trabajo duro, y voluntad. 

“Él es un hombre preparado con gran sentido de responsabilidad y humanidad cuenta con toda una vida dedicada al servicio de los demás; estamos seguros que ponemos al estado en las mejores manos”, indicó Blanco en conferencia de prensa.

Señaló que el Vicealmirante Ortiz cuenta con una larga trayectoria, entre la que mencionó que se ha desempeñado como Profesor Militar, Comandante y Subcomandante de Buque, Secretario Particular del Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Director General Adjunto de Armamento Naval, entre otros cargos.

Enfatizó que confía en que la seguridad de los morelenses está en las mejores manos y sostuvo que Morelos iniciará una nueva etapa en la que todos los ciudadanos del estado podrán salir a las calles sin sentir miedo.

Blanco se comprometió a trabajar para que las familias recuperen la paz y tranquilidad.

Por su parte Ortiz Guarneros mencionó que entre sus prioridades estarán reducir al máximo los índices de inseguridad; dignificar la tarea del policía y analizar la estrategia de seguridad que impulse el Gobierno Federal para que se trabaje de forma coordinada.

El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a reiterar que ningún funcionario público gozará de seguros médicos mayores durante su administración.

“No van a haber seguros médicos ni atención médica privada para altos funcionarios públicos, así de claro, eso lo dijimos en la campaña”, indicó en conferencia de prensa desde su casa de transición.

Indicó que dicha decisión es porque tal como lo ha venido anunciando, la idea es que se ahorre lo más posible; confió en que los otros poderes hagan lo mismo.

Señaló que el plan de austeridad que ha ideado, está proyectado en que sea un plan de austeridad de estado y no se limite solo al gobierno; que incluya a los tres poderes y a entidades autónomas.

Sostuvo que todo está orientado a ahorrar y liberar fondos para el desarrollo del país. Adelantó que llegado el momento enviará una iniciativa de Ley sobre el plan de austeridad que está detallando.