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El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución emitida por la Sala Regional Especializada en la que se determinó que las expresiones realizadas por Ricardo Anaya durante el tercer debate presidencial en contra del empresario José María Riobóo fueron propaganda calumniosa.

La Sala Regional consideró en su momento que las declaraciones del entonces candidato presidencial del Frente respondían a propaganda calumniosa porque tuvieron la intención de generar la idea de que existía una relación de corrupción derivada de la colaboración profesional entre Andrés Manuel López Obrador y Riobóo Martín respecto a la construcción de obras pasadas y del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin embargo, Anaya Cortés presentó una impugnación en la que argumentó que en las expresiones que emitió no mencionó algún acto en específico, hecho o delito falso, por lo que se encontraban protegidas por la libertad de expresión.

“No se trató de expresiones aisladas o ideas asistemáticas, sino de un conjunto de expresiones en las que el actor generó intencionalmente, la idea de que un sujeto privado, era un corrupto”, indicó la Sala Superior.

Con la resolución alcanzada, se confirmó la sentencia y la multa impuesta a Ricardo Anaya, equivalente a $16,120 pesos.

 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México confirmó la multa en contra de Mikel Arriola, excandidato del PRI a la jefatura de Gobierno capitalino, por calumnia.

Arriola acusó a José Alfonso Suárez del Real durante el tercer debate por la Jefatura de Gobierno de estar vinculado con el delito de trata de personas.

La sanción impuesta a Arriola es de 4,030 pesos por acusar de dos delitos a Suárez del Real, tipificados por la legislación penal local, sin haber acreditado que éstos eran verdad, además de considerar las acusaciones dolosas.

El entonces diputado José Alfonso Suárez del Real, quien era coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum, señaló tras el debate que demandaría a Arriola por daño moral y lo hizo ante la Procuraduría capitalina.

En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado de Colima aprobó el dictamen por el que se resolvió en definitiva el Juicio de Responsabilidad Administrativa que se le seguía al ex gobernador Mario Anguiano Moreno y a varios funcionarios de su administración.

Al ex mandatario local se le impuso una inhabilitación por 14 años para ocupar cargos públicos municipales y estatales, así como una sanción económica que asciende a los 515 millones 174 mil 928 pesos.

También se determinó sancionar al ex Secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y la ex Secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos, con inhabilitación para ejercer cargos públicos estatales y municipales, de cinco y cuatro años, respectivamente.

Las sanciones a Anguiano se dan luego de que se detectara que presentó información falsa en 2015, en la que solicitó al Congreso reconocimiento de deuda por haber adquirido deuda pública para sufragar necesidades temporales, y por lo cual se le autorizaron 638 millones de pesos en financiamiento.

 

 

La tarde de ayer se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) había destituido e inhabilitado al hasta ayer colaborador de Rosario Robles, Gustavo Rodríguez González, debido a irregularidades que se detectaron cuando se desempeñó como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Y aunque en conferencia de prensa el ex funcionario confirmó las sanciones que le habían sido impuestas, no especificó los alcances de las mismas. Ahora se sabe que la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público es por 10 años.

Adicional, la sanción económica que le fue impuesta asciende a 210 millones 493 mil 829 pesos.

De acuerdo a información de la SFP, la investigación, realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedesol, a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, señala que Rodríguez González habría causado un daño patrimonial por 175 millones 411 mil 524 pesos, al liberar los pagos de servicios contratados con un sistema público de radio y televisión, sin remitir documentación y/o información que demostrara la prestación de dichos servicios.

Se enfatizó que durante la investigación, la SFP a través del OIC en la Sedesol, requirió en diversas ocasiones la remisión de los entregables correspondientes a la prestación de dicho servicio, sin que los mismos fueran oportunamente turnados a la institución.

Por su parte, Rodríguez González aseguró que mientras al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, le impusieron una sanción económica menor a 60 mil pesos, a él se le impuso una multa de 210 millones de pesos. “Ni vendiendo todos mis órganos alcanzo a pagar la multa”, dijo el ex funcionario en entrevista con Radio Fórmula.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 6 millones 245 mil 121 pesos a los partidos políticos PT, PAN, PVEM, MC, PRI y Nueva Alianza, por violar las disposiciones electorales de libre afiliación de ciudadanos.

En sesión extraordinaria, el Consejo General resolvió 201 quejas de afiliaciones indebidas de ciudadanos, de las cuales 154 resultaron fundadas.

Las sanciones totales impuestas esta tarde a los partidos políticos por indebida afiliación fueron las siguientes:

PARTIDO POLÍTICO MULTA No. CIUDADANOS
NA $41,575.89 1
PVEM $140,674.62 3
PT $3,220,536.2 80
PAN $1,399,784.66 38
MC $51,745.20 1
PRI $1,390,804.62 31
TOTAL $6,245,121.19 154

 

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, explicó que hasta el momento el INE ha recibido 20 mil 792 quejas de ciudadanas y ciudadanos por ser afiliados indebidamente, de las cuales se han resuelto mil 969 y se han impuesto sanciones por 19 millones de pesos a casi todos los partidos políticos.

“Les hago un recordatorio a los partidos políticos para que verifiquen sus procesos de afiliación y tengan un registro muy exacto de las personas que se han afiliado y cuántas se han desafiliado al partido, porque lamentablemente hay muchos casos”, precisó la consejera Favela.

 

El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de exonerar a Morena por el manejo del Fideicomiso “Por los demás”, y por el cual el INE les había impuesto una multa de 197 millones de pesos.

“No pudo la calumnia afectar, salimos ilesos”, dijo López Obrador, y aseguró que los Consejeros del INE “actuaron de muy mala fe”, al haber acusado a Morena de malos manejos, de haber utilizado el Fideicomiso con fines político-electorales y de que no se conocía el origen de los recursos. Una “acusación infame”.

Dijo que tras la investigación que el INE realizó, se congeló la cuenta que se aperturó para recibir los donativos, misma que adelantó, tan pronto se libere se van a entregar los apoyos pendientes.

Explicó que el compromiso original era entregar la mitad de gasto de campaña de la candidatura presidencial, lo que equivalía a 103 millones de pesos, por lo que dijo, al Fideicomiso le falta reunir cerca de 18 millones para cumplir con el compromiso hecho.

Pidió a todos los militantes y simpatizantes de Morena que la próxima semana se comience a donar de nueva cuenta para que el monto prometido se obtenga, y a su vez se entregue antes de que se cumpla un año de los sismos de septiembre pasado que dejó miles de damnificados.

Dijo que se debe estar tranquilos de conciencia de saber que se ayuda a quien lo necesita.

 

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la cual se impuso una multa de $197,046,415.92 a Morena por la existencia de un vínculo entre el fideicomiso “Por los demás” y el partido.

El INE señaló que al existir una relación entre el fideicomiso y el partido, los recursos ingresados al fideicomiso debían considerarse como aportaciones al partido y, con ello, acreditarse la recepción de financiamiento de fuentes prohibidas o desconocidas, además de no haberse informado oportunamente a la autoridad electoral la constitución del fideicomiso ni los recursos recibidos.

El acuerdo alcanzado por el INE fue impugnado por Morena, quien argumentó que el INE carecía de competencia para fiscalizar un fideicomiso de naturaleza privada. Alegó la falta de exhaustividad en la investigación e indebida fundamentación y motivación de la resolución. Adicional, los ciudadanos integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso señalaron que el INE vulneró su garantía de audiencia y que dicha autoridad carecía de competencia para ordenar el cese de las operaciones.

La Sala Superior determinó que el INE sí está facultado para fiscalizar los recursos públicos y privados que recibe un partido político, sin embargo consideró que la investigación realizada por el INE no fue exhaustiva, porque no se agotó la línea de investigación.

Las magistradas y magistrados consideraron que la resolución carecía de congruencia interna, ya que no acredita la utilización de recursos públicos, pero, al mismo tiempo, ordena dar seguimiento a los procedimientos de fiscalización del partido Morena, lo que lo convierte en una pesquisa generalizada.

Asimismo, indicaron que el elemento esencial que la autoridad tomó para concluir la supuesta utilización de los recursos públicos fueron las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que el partido que entonces dirigía iba a aportar recursos al fideicomiso “Por los demás”, lo que no ha sido acreditado en el curso de la investigación.

Finalmente, el Pleno señaló que no existe nexo causal entre el sujeto responsable por los hechos, Morena, y la determinación de un beneficio que este hubiese obtenido de la actividad ilícita.

“Era necesario demostrar un beneficio político-electoral al instituto político. Las magistradas y magistrados consideraron que, ante la ausencia de hechos irregulares probados y conexión entre ellos y el partido, la autoridad debió respetar la presunción de inocencia a favor de Morena”, indicó el Tribunal.

En consecuencia, al no haberse acreditado su responsabilidad directa o indirecta por la creación y operación del fideicomiso, la Sala Superior revocó la resolución impugnada y, con ello, la sanción impuesta por el INE al partido Morena.

 

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que los spots del PRI denunciados por Morena sí eran calumniosos en contra de la entonces candidata a Senadora, Nestora Salgado.

Durante las campañas electorales, el PRI pautó un spot en el que se iniciaba con la expresión “que no gobiernen los delincuentes” y contenía manifestaciones realizadas en un debate presidencial por el entonces candidato José Antonio Meade, en las que atribuyó a Nestora Salgado la realización de conductas de privación de la libertad de una persona a cambio de dinero, además de que la llamó “secuestradora”.

Morena y Nestora Salgado García presentaron las quejas correspondientes sobre las que la Sala Especializada decretó el sobreseimiento respecto de José Antonio Meade, pero consideró existente la infracción de calumnia por parte del PRI y le impuso una multa de $120,900.00 pesos.

Como consecuencia del otorgamiento de las medidas cautelares dictadas en ese primer procedimiento, el PRI sustituyó el primer promocional con un segundo spot que tenía las mismas características, en el que únicamente se suprimió la parte que contenía la expresión “es una secuestradora”.

Respecto al segundo promocional, Morena presentó una nueva queja, sobre la cual la Sala Especializada decretó el sobreseimiento respecto de José Antonio Meade, pero volvió a considerar existente la infracción de calumnia por parte del PRI y le impuso una multa de $322,400.00 pesos.

Sin embargo, las dos resoluciones de la Sala Regional fueron impugnadas por el PRI, quien argumentó que ninguno de los promocionales constituía calumnia y que se realizó una indebida calificación de la falta e individualización de la sanción.

La Sala Superior consideró que el actuar de la Sala Regional fue adecuado y apegado a Derecho.

Al respecto, la ahora Senadora electa cuestionó a través de sus redes sociales la multa impuesta “¿443 mil pesos? ‘La calumnia deja en peor situación al calumniador; nunca al calumniado’”, dijo Nestora.

 

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) impuso una multa de 418 millones 309 mil pesos a la división Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) por incumplir uno de los compromisos que asumió ante dicha autoridad para restaurar la competencia en el mercado de comercialización y distribución de diésel marino especial y otros petrolíferos.

La Comisión indicó que dicho compromiso lo asumió Pemex TRI cuando solicitó el cierre anticipado del expediente que se le seguía, respecto a una investigación por una posible práctica anticompetitiva.

En 2015, Pemex TRI fue denunciada ante la Comisión por la posible realización de prácticas monopólicas relativas, específicamente por discriminación de trato. Es decir, por no brindar las mismas condiciones de suministro y venta de primera mano de diésel marino especial a distribuidores de este combustible que se encontraban en igualdad de circunstancias.

Detalló que antes de que la Autoridad Investigadora emitiera el Dictamen de Probable Responsabilidad, la empresa solicitó en septiembre de 2016, el cierre anticipado del expediente. A cambio se comprometió a ejecutar acciones para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia.

Dentro de los compromisos establecidos se estipulaba la presentación anual de un informe realizado por un auditor externo sobre los beneficios que Pemex TRI otorga respecto de la venta de primera mano y comercialización de todos sus petrolíferos, con el objetivo de verificar que la empresa da el mismo trato en la venta de primera mano a todos los competidores que participan en estos mercados.

Sin embargo señaló que el primer informe se entregó de manera extemporánea, con prácticamente un año de retraso, por lo que se desatendió “un elemento necesario y fundamental para que la COFECE pudiera verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas”.

 

El Instituto Nacional Electoral aprobó aplicar sanciones a los 9 partidos políticos nacionales por un monto de 872.6 millones de pesos por faltas en el financiamiento de campañas federales y locales durante el proceso electoral.

El Partido Revolucionario Institucional fue el partido más castigado con una sanción total de 186 millones 70 mil 896 pesos, seguido de Morena con 139 millones, 557 mil 60 pesos, el Partido Verde Ecologista de México fue castigado con 107 millones 39 mil 293 pesos.

Mientras que el Partido del Trabajo fue sancionado con 100 millones 242 mil 434 pesos y el Partido Acción Nacional con 89 millones 8 mil 200 pesos.

El sexto partido más multado fue el Partido Encuentro Social con 74 millones 437 mil 995 pesos, el séptimo fue el Partido de la Revolución Democrática con 66 millones 927 mil 524 pesos, Movimiento Ciudadano con 36 millones 776 mil 621 pesos, mientras que Nueva Alianza deberá pagar 28 millones 400 mil 196 pesos.

El resto del dinero de las multas, es decir 44 millones 199 mil 858 pesos, corresponde a sanciones a partidos locales.

El lunes, en sesión extraordinaria del Consejo General que comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana y terminó antes de medianoche, el INE resolvió 435 quejas en materia de fiscalización.

Estas sanciones fueron resultado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de presidente de la República Mexicana, senadores y diputados federales y a los diversos cargos de elección popular del proceso electoral 2017-2018.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé echar para atrás la multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena por el INE tras detectar supuestas irregularidades en la operación del fideicomiso “Por los demás”, cuyo fin es apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre.

Sin embargo, el Tribunal Electoral determinó que el organismo electoral no fue exhaustivo en sus indagatorias y no verificó el destino final de los recursos que salieron de ese instrumento financiero, detalla el proyecto de sentencia que plantea el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Se prevé que este viernes se vote el proyecto de resolución que revoca dicha multa que generó polémica entre el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y las autoridades electorales.

A las 10:00 de la mañana de este viernes comenzará la sesión.

 

 

Con información de El Universal

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió este jueves por la tarde el recurso de apelación que el Movimiento de Regeneración Nacional interpuso contra la multa de 197 millones de pesos que le impuso el INE, por la operación del fideicomiso para apoyar a los damnificados de septiembre pasado.

De acuerdo con los estrados electrónicos del TEPJF, el asunto quedó identificado con el número SUP-RAP-209/2018 y el proyecto de sentencia quedó en manos de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Cabe recordar que fue el domingo pasado que los representantes electorales de Morena formalizaron el recurso de apelación ante el TEPJF.

Mientras que los integrantes del fideicomiso aseguran que éste se constituyó como un ente privado y que todos los recursos recaudados corresponden a operaciones lícitas, el INE consideró su formación como un esquema paralelo de financiamiento y cuestionó los “depósitos hormiga” realizados por varios sujetos a la cuenta de Banco Afirme.

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, aseguró que el INE no acreditó que Morena utilizara el fideicomiso para los damnificados de los sismos de septiembre con fines electorales. Sin embargo, dijo, sí fue una forma irregular de financiación.

En conferencia de prensa, Córdova señaló que no está en duda el resultado de la elección, el cual “es incuestionable y ha merecido el reconocimiento de todos los contendientes y actores políticos”, pero agregó que como parte de sus funciones, el INE ha atendido diversos casos por irregularidades en ingresos y gastos de los partidos, incluyendo el fideicomiso ‘Por los demás’, por el cual se multó a Morena con 179 millones de pesos.

El consejero presidente del INE aseguró que “no se constató un uso electoral de los recursos involucrados”, como lo sostiene Morena, por lo que “no existe ningún elemento derivado de este caso que cuestione los resultados de la elección”.

Asimismo, rechazó las acusaciones del ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al INE de planear un golpe sensacionalista y espectacular en su contra, debido a que, afirmó, la clase conservadora no ha asimilado su triunfo. Al respecto, Córdova dijo que el INE se apegó en la investigación a “los principios de legalidad, imparcialidad e independencia”, pues el instituto se ha caracterizado por una “actuación invariablemente sin filias ni fobias, es decir sin sesgos políticos”.

Asimismo, Córdova señaló que en este caso, será el Tribunal Electoral quien tendrá la última palabra.