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A través de un comunicado, La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que la suspensión obtenida por más de 4 mil elementos de la Policía Federal, que promovieron un amparo colectivo en defensa de sus derechos, “no entorpece las negociaciones” que se realizan con los agentes que hoy cumplen ocho días de protesta por su transición a la Guardia Nacional.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue notificada de la admisión del juicio de amparo y suspensión provisional otorgada. Sin embargo, esta notificación no entorpece las negociaciones con los integrantes de Policía Federal”

La jueza Séptimo de Amparo en Materia Administrativa dela Ciudad de México otorgó una suspensión para el efecto de que no se le suspenda el pago de su salario ni prestaciones a los policías inconformes.

La dependencia que encabeza Alfonso Durazo “ratificó su compromiso con la legalidad y transparencia, en cumplimiento de la vocación democrática de este gobierno”.

Por otro lado, el subsecretario Ricardo Mejía Bermejo informó, mediante sus redes sociales, el término de la negociación de ayer con el grupo de policías que encabeza Juan Carlos Vázquez.

El subsecretario informó que, hasta este jueves al menos seis mil elementos han iniciado sus trámites para su transferencia a una de las 10 opciones que se les han propuesto, entre ellas el Servicio de Protección Federal o el Instituto Nacional de Migración.

Alejandro Hope

EL UNIVERSAL

1. El movimiento de protesta en la Policía Federal (PF) no sorprende: desde que se anunció la decisión de subsumir a la corporación en la Guardia Nacional (GN), era evidente que la transición iba a ser difícil, que ubicar a policías en una institución dominada de cabo a rabo por el Ejército iba a generar malestar.

El descontento ha sido visible desde hace mucho tiempo: a inicios de mayo, por ejemplo, policías federales empezaron a circular fotos y videos sobre las (pobres) condiciones en las que se realizaban los cursos de inducción a la GN. Hace 10 días se hicieron públicas las quejas  sobre alimentación, alojamiento y equipo de los policías federales enviados a hacer tareas de control migratorio. Y esas son apenas las manifestaciones más visibles del enojo que se ha apoderado de la PF desde hace meses.

2. En el conflicto hay un problema de formas: nadie en posición de mando, ya sea en la Secretaría de Seguridad y  Protección Ciudadana (SSPC) o en la propia PF, se tomó la molestia de explicar con claridad a los policías el proceso de transición a la GN, incluyendo las implicaciones en términos de adscripción, antigüedad, remuneraciones, prestaciones y rangos. Si la PF se volvió un hervidero de rumores, es por el fracaso rotundo de la SSPC para comunicar con claridad en el interior de la institución lo que se venía.

3. Existe asimismo un problema de fondo: en el diseño mismo de la GN, los policías federales son tratados como elementos de segunda. En términos de la ley orgánica, ser coordinador territorial o estatal de la GN requiere 30 y 20 años de antigüedad, respectivamente, en el cuerpo de origen. Eso excluye de arranque a prácticamente todos los que provengan de la PF, una institución fundada en 1999. Añádase a lo anterior que los elementos militares tienen un virtual pase automático mientras que los policías federales están siendo sometidos a una batería de pruebas físicas, médicas y sicológicas. Ante esas evidencias de trato desigual, era sólo cuestión de tiempo para que explotara el descontento.

4. Todavía más de fondo, hay una incompatibilidad de culturas organizacionales entre las Fuerzas Armadas (particularmente el Ejército) y la PF. En los institutos armados se precia la disciplina sobre todas las cosas. En la PF, hay más espacio para la iniciativa y la acción individual. Combinar en una sola corporación instituciones tan disímbolas en sus principios básicos es receta infalible para generar fricción y conflicto; peor aún, cuando esa combinación se da en pie de desigualdad para una las partes.

5. El actual conflicto en la PF es apenas la primera probada de las enormes dificultades administrativas y organizacionales que enfrentará la GN en los meses y años por venir. Viene el problema de homologar los muy dispares niveles de sueldo y prestaciones que tendrán de arranque los integrantes de la GN. Dice el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, que esa homologación se dará “gradualmente”. Esa es palabra en clave para decir que esa fuente de conflicto persistirá por años. Más en lo inmediato, la nueva corporación va a tener que lidiar con
una avalancha de amparos y litigios laborales que ya han interpuesto o interpondrán policías federales y militares adscritos a la GN. Y está la dificultad no menor de crear decenas de miles de plazas en la SSPC y transferir entre dependencias un sinfín de equipos e instalaciones. Si les va bien, van a estar concluyendo esos procesos hacia el final del sexenio.

6. Es muy feo decir que se les dijo, pero se les dijo, de todas las formas posibles, que esto iba a suceder. En el gobierno, no quisieron escuchar: aquí está el resultado.

alejandrohope@outlook.com
@ahope71

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este domingo que realizó un operativo en tres puntos del estado de Chihuahua, en el que recuperó cerca de 800,000 litros de combustible.

En un comunicado, la dependencia señaló que la acción estuvo encabezada por la División de Investigación de la PF, quienes detectaron un predio y dos estaciones de carga donde se presume que se llevaba a cabo la venta de huachicol, por lo que con el apoyo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR se obtuvieron las respectivas órdenes de cateo.

La acción policial terminó con la incautación de 349 mil 434 litros de lo que se presume es gasolina; 348 mil 141 litros de diésel y unos 100 mil litros de gasóleo. Asimismo, se aseguraron 33 pipas (la mayoría cargadas con el combustible), tres tráileres sin caja, 5 millones 286 mil 900 pesos en efectivo, 2 mil 800 dólares estadounidenses, un arma de fuego corta calibre 357 y equipo de cómputo. Sin embargo, ninguna persona fue detenida en el lugar.

“Tanto las dos gasolineras como el predio de más de 34 mil metros cuadrados, el cual operaba como centro de despacho del combustible extraído en forma ilegal, quedaron bajo custodia de la autoridad ministerial y forman parte del seguimiento a la investigación contra esta red ilegal”, señaló la SSPC en un comunicado.

Datos de la Policía Federal apuntan a que este aseguramiento sería el de mayor cantidad de hidrocarburos en los últimos seis años, superando los 200 mil litros de gas LP incautados la semana pasada en la carretera entre Tlaxcala y Puebla