Son cinco personas las detenidas hasta el momento en relación con la muerte de los 39 migrantes en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, según confirmó el gobierno federal.
“La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero (…) se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión”, detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Junto con la fiscal @FGRMexico Sara Irene Herrerías, informamos sobre lo ocurrido en una estación migratoria en Cd. Juárez. El @GobiernoMX busca la verdad, justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familias. #CeroImpunidad pic.twitter.com/84YqRXvgIa
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) March 30, 2023
Detalló que son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Por el momento, compartió, fueron cumplimentadas cinco de las órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.
Por otra parte, Herrerías detalló que se solicitó por parte de la FGR la documentación que acredite el funcionamiento de estas estaciones migratorias para saber cuáles son sus obligaciones “y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles”.
Fue la fiscal especial quien señaló que estas instalaciones, denominadas estancias provisionales, están creadas para alojar “de manera provisional” a personas que no acrediten su estancia regular en el país y hasta que se les lleve a otro tipo de instalación del INM.
Dentro de la estación se encontraban varios empleados de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V, cuyos socios son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se pudo conocer una primera irregularidad en torno a la empresa: solo tenía reportados cuatro agentes de seguridad con 10 uniformes. “Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados del país”.
Por esto, continuará la investigación de la que, aseguró Rodríguez, se deslindarán responsabilidades de la empresa pero también del INM.
Sobre la procedencia de los 39 migrantes fallecidos, Rodríguez dijo que seis son hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.
La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se iniciará el proceso para lograr la reparación del daño de los familiares de las víctimas.
“Sabemos que el dolor que genera una pérdida de vida no se supera jamás, pero es nuestra obligación proteger a las familias de las víctimas”, añadió.
Recordemos que el presidente ha prometido que no habrá impunidad tras el incendio, pero evadió responder si solicitará la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien es señalado como principal responsable de esta tragedia.
También prefirió no comentar si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria está ligada al cónsul de Nicaragua.
“No va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, y hablé con el fiscal (general, Alejandro Gertz) para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo, absoluta libertad”, declaró AMLO.
