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El gobierno federal reportó este miércoles una disminución del 3.5% anual en homicidios dolosos durante la primera mitad del año, registrándose 16,937 víctimas, aunque reconoció que los feminicidios crecieron 3.3%, hasta 508 casos.

“El homicidio doloso se ha contenido, sigue conteniéndose, y de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior”, expresó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, al intervenir en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Solo en junio, se registraron 2,660 víctimas de homicidio doloso, una caída de 7.57% anual frente a junio de 2020 y un decremento mensual de 11.24% respecto a mayo, el mes más violento de lo que va de 2021 con 2,997 asesinatos.

En contraste, la titular de la SSPC notificó 508 víctimas de feminicidio, respecto a los 492 casos reportados en la primera mitad del 2020.

El gobierno alertó sobre un incremento anual de más de 32% en las violaciones sexuales, con 10,458 de estos delitos en el primer semestre del año frente a 7.885 del mismo periodo de 2020.

Asimismo, el gobierno indicó que en mayo pasado la violencia familiar alcanzó un máximo histórico con 23,907 denuncias, que en junio bajaron a 22,411.

«Falta más trabajo, no solamente de las autoridades, sino también de la propia sociedad”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria de Seguridad argumentó que solo seis estados concentran el 50.2% de los asesinatos: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Además, aseguró que 50 municipios concentran 47 % de los homicidios.

La funcionaria también admitió de un incremento global de 4.9% en los delitos del fuero federal respecto al primer semestre de 2020, pero lo atribuyó a los delitos electorales por las elecciones del 6 de junio.

“En el primer semestre de 2021 se logró una reducción de 24.6% de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo de 2019, se está manteniendo la tendencia a la baja», justificó.

Rodríguez indicó que en los primeros seis meses de 2021 hubo una disminución anual de 3% en robo total y de 29% en víctimas de secuestro.

Los crímenes de delincuencia organizada también bajaron 11.4% en dicho periodo, aunque los delitos contra la salud, relacionados con el tráfico y venta de drogas crecieron 4.6%, hasta 4,317.

Los homicidios dolosos en el país disminuyeron un 4% en el primer cuatrimestre de este año (1C21) en comparación con el mismo período de 2020, según el informe de seguridad que presentó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la funcionaria indicó que en abril ocurrieron un total de 2,857 homicidios dolosos y 77 feminicidios a nivel nacional. Destacó que durante la actual Administración se ha contenido la tendencia a la alza del homicidio doloso», aseguró la ministra.

Detalló que en el primer cuatrimestre de 2021 se registraron 11,277 asesinatos en el país, un 4% menos que en el mismo periodo de 2020. Explicó que el 50.6% de estos delitos suceden en los estados de Guanajuato (1,263), Baja California (1,063), Jalisco (882), Michoacán (861), Estado de México (852) y Chihuahua (792).

Rosa Icela señaló que el reforzamiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad instruidas por el presidente en estados como Guanajuato, Baja California han permitido contener este delito. Añadió que se tienen detectados 15 «municipios prioritarios», aunque aseveró que hay una disminución de 18% de los asesinatos principalmente en Tijuana, Ciudad Juárez y Celaya.

La titular de la SSPC admitió que no se han podido frenar los homicidios en los municipios de León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua.

En cuanto a los feminicidios, se informó que disminuyeron de 98 casos que se registraron en marzo pasado, a 77 en abril, lo cual representa una reducción mensual del 21.4%. El país sumó entre enero y abril del presente año 319 casos de feminicidio, una cifra 0.3% menor a la del mismo periodo del pasado año.

Respecto al secuestro, detalló que en los primeros cuatro meses del año este delito se redujo 34.4% respecto a 2020; tan solo en abril se registraron 60 secuestros.

En cuanto a los delitos del fueron común, señaló que el robo en transporte individual aumento 13.1% Y el robo en transporte público 12.1%. Los delitos que también aumentaron fueron el de violación, que se disparó un 21.4% y el de la violencia familiar que creció 19.2%.

El resto de los delitos del fuero común presentaron una disminución que va del 2.6% al 14.9%. Se detalló que los delitos de robo en su conjunto bajaron 10.8% en los últimos 4 meses.

Por su parte el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que durante su administración el homicidio «ha bajado muy poco» y admitió que en delitos como el secuestro y el robo «hay cifras negras».

Sin embargo, atribuyó esto a que esos delitos no se denuncian y, en el caso del secuestro, los familiares establecen comunicación con los secuestradores sin avisar a las autoridades. Pese a esta situación, resaltó que el secuestro ha disminuido 34.4% en 2021 y desde que llegó su administración ha bajado 65%.

Recordemos que México ha registrado los dos años más violentos de su historia con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

El gobierno federal, a través de la Estrategia de Protección en el Contexto Electoral, ha atendido 234 casos de candidatos que recibieron algún tipo de agresión, amenaza u hostigamiento entre el 4 de marzo y el 30 de abril.

«La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) y otras estamos trabajando en conjunto con los gobiernos locales en su favor. Para atajar los embates del crimen tienen que ayudarnos poniendo la denuncia correspondiente porque el crimen organizado y el de cuello blanco no doblegarán la democracia de ninguna manera», expuso la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

Según informó la titular, de los 234 casos, 133 corresponden a hombres y 101 mujeres. Además, en 92 de los casos se abrieron carpetas de investigación. De los casos estudiados, 12 candidatos políticos fueron asesinados.

«De los 234 casos en atención, 12 son lamentables decesos, 113 se han valorado para posibles acciones de protección y de manera preventiva, 109 se da atención por probables acciones de amenazas o de violencia», enfatizó la titular de la SSPC.

La Estrategia de Protección decidió otorgar medidas de protección a 65 de los candidatos que solicitaron seguimiento de sus casos, de los cuales 40 cuentan con cuidado por parte de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8 de otras autoridades.

La funcionaria expuso que 48% de los casos se concentraron en seis estados: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. 82% de quienes han solicitado apoyo son candidatos y candidatas a presidencias municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, mientas que el 18% restante buscan una gubernatura o diputación federal.

Rosa Icela Rodríguez recordó que la protección de candidatos es un «retro grande» pues el próximo 6 de junio tendrán lugar los comicios más grandes de la historia de México, cuando casi 93.5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.

Con esto, hay más de 150,000 candidatos para más de 21,000 cargos de elección popular y la violencia en el país se encuentra en una ola de casos a pesar del ligero descenso de las cifras, dijo la funcionaria.

México vivió este domingo el día con más asesinatos en lo que va del año, además de que marzo se consolidó como el mes más violento para las mujeres desde que hay registro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció este lunes en su informe diario que el 25 de abril hubo 115 «víctimas reportadas por delito de homicidio», el tercer día más violento del sexenio solo por debajo de las 117 que se registraron el 7 de junio de 2020 y las 127 del 1 de diciembre de 2019.

Las regiones con más asesinatos fueron el Estado de México y Guanajuato, con 11 cada uno, seguidos por Jalisco con 10, y Michoacán con 9. Le siguen Baja California y Chihuahua, así como Ciudad de México, con 7 víctimas cada uno.

Hasta ahora, la SSPC registra 1,959 asesinatos en lo que va de abril, un promedio diario de 78.4 víctimas diarias, por debajo de la media diaria de 83.1 del mismo mes de 2020, pero por encima de las 74.2 de abril de 2019.

Estas cifras se registran pese a que el gobierno federal informó la semana pasada que los homicidios dolosos cayeron un 4.6% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2020, al pasar de 8,811 casos a 8,399.

En marzo de 2021 se registraron 2,944 asesinatos, un 3.4% menor a los 3,043 de marzo de 2020, que fue el mes con más homicidios de lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No solo se divulgó el dato general de homicidios dolosos, sino que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 267 mujeres como presuntas víctimas de homicidio doloso, número récord, además de otras 95 supuestas víctimas de feminicidio, siendo así marzo el mes pasado fue el más violento para las mujeres desde que el se inició el registro por género en 2015.

En el primer trimestre del año, dos alcaldías de la Ciudad de México encabezan los presuntos delitos de feminicidio: Gustavo A. Madero con cinco y Miguel Hidalgo con cuatro, que empata con Culiacán, Sinaloa.

Recordemos que México ha registrado los dos años más violentos de su historia con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Sin embargo, López Obrador insistió en que su gobierno avanza en el combate a la inseguridad al argumentar que es un fenómeno concentrado en algunas regiones. «Hay una baja, nos ha costado mucho la disminución en homicidios, y es mucho homicidio al llamado crimen organizado, y es, vamos a decir, regional», sostuvo en su conferencia matutina.

El gobierno federal presentó esta mañana el informe sobre seguridad pública en el país, en el que indicó que los homicidios dolosos registraron una disminución del 4.6% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2020, al pasar de 8,811 casos a 8,399.

En marzo de 2021 se registraron 2,944 asesinatos, un 3.4% por abajo de los 3,043 casos de marzo de 2020, que fue el mes con más homicidios en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«En el primer trimestre de 2021 se presentaron 4.6% menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior y aunque se ha logrado contener este delito, desde hace meses el homicidio dolosos se concentra en algunas entidades (estados)», dijo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Explicó que el 50.7% de estos delitos se concentran seis estados: Guanajuato con 926 casos, Baja California con 806, Jalisco con 668, Estado de México con 655, Michoacán con 621 y Chihuahua con 586. También señaló que el gobierno tiene detectados 15 «municipios prioritarios» donde prevalecen los homicidios, encabezados por Tijuana (428), Ciudad Juárez (287) y León (159).

La funcionario destacó que en los primeros tres meses del año se ha logrado contener la incidencia del feminicidio, delito que bajó un 2.4% respecto al primer trimestre del año anterior. En el primer trimestre de 2020 hubo 245 feminicidios, mientras que entre enero y marzo de 2021 fueron 239.

Dijo que en materia de secuestro se están presentando «buenas cuentas», pues la incidencia se mantiene en las más bajas de los últimos años; destacó que en el primer trimestre se logró una reducción del 36.8% respecto al 2020.

La secretaria recordó a las autoridades estatales y municipales que la seguridad es «una responsabilidad compartida» y que la construcción de paz involucra a todos. «Seguiremos con la estrategia de reforzar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad para impulsar la coordinación y las labores de inteligencia», expresó.

Rosa Icela Rodríguez también informó sobre el comportamiento de los delitos del fuero federal. La violencia familiar subió 9.5% en dicho periodo al registrar 59 mil 313 casos; la trata de personas aumentó 21.3% con 171; y las violaciones aumentaron 8.3%, con 4 mil 808 casos.

En cuanto al robo a negocio se registró una disminución del 18.2%; en robo a  transporte público colectivo un 16.6%;  robo a transeúnte un 13.1% menos; robo a transportistas un 8.8%; robo de vehículo automotor un 22.9%; robo de ganado un 20.9% y en robo a casa habitación una disminución del 20%.

Mientras a inicios de mes, la titular De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, recibió al empresario en las instalaciones de la dependencia, este martes se informó que el Tribunal de Bucarest aprobó la petición de la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) para emitir una orden de arresto preventivo contra Florian Tudor, alias “El Tiburón”.

El empresario es acusado por autoridades estadounidenses y la FGR de encabezar una mafia que clona tarjetas bancarias que opera principalmente en nuestro país en la zona de la Riviera Maya.

El viernes pasado, seis de sus colaboradores fueron condenados a prisión por intento de asesinato, chantaje y constitución de un grupo criminal. El Tribunal ordenó penas de prisión de entre tres y diez años, por establecer una operación de clonación de tarjetas bancarias a gran escala en México.

Bajo el supuesto liderazgo de Tudor, el grupo criminal modificó hasta 100 cajeros automáticos a lo largo de la Riviera Maya, específicamente en Cancún, además de Sayulita , Puerto Vallarta y Tijuana, para robar los datos de tarjetas bancarias de turistas y retirar así dinero de sus cuentas.

Los seis criminales fueron declarados culpables de intento de asesinato, extorsión, creación de un grupo delictivo organizado, posesión ilegal de un arma y conducir sin licencia.

Y aunque Tudor también fue acusado, él permanece en nuestro país con amparos que lo protegen de ir a prisión, por lo que los fiscales de su país deben presentar una orden judicial en ausencia. Por ello, el Tribunal de Bucarest, a través de un secretario, confió lo siguiente: «con respecto al señor Tudor Florian, se ordenó la prisión preventiva por un período de 30 días a partir de la fecha de ejecución de la orden», según informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

Lo anterior significa que contarán los 30 días a partir del día en que esté bajo la custodia de la policía rumana.

Recordemos que el año pasado, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Quinto Elemento Lab, MCCI y Rise Project publicaron una investigación que reveló detalles de las acusaciones de la fiscalía contra Tudor y su grupo.

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) inició una investigación financiera, rastreando las propiedades y transacciones de la pandilla. La UIF, en colaboración con la Fiscalía General de México, descubrió transacciones entre al menos ocho empresas con sede en México y una en Rumania.

A principios de febrero de este año la UIF congeló las cuentas de 79 personas y empresas que se cree están vinculadas al grupo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que presentara un informe completo sobre la Banda de la Riviera, luego de que se congelaran las cuentas.

Y aunque la UIF le dio fecha de audiencia, el empresario no se presentó a la cita.

Semanas después, la titular de la SSPC recibió en sus oficinas a Tudor, y a través de un tarjeta informativa dijo que en el encuentro privado, la funcionaria «atendió la solicitud del ciudadano de origen rumano, de ser escuchado por las autoridades del gobierno» federal.

La Secretaría indicó que en la reunión se le dio fecha de la garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público”, añadió.

Foto: Twitter

El gobierno federal informó esta mañana que los homicidios dolosos cayeron un 5.3% en febrero de este año respecto al mismo mes de 2020, al registrar 2,626 casos, la menor cifra desde el inicio de la administración del presidente  Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

«Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la Administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior», expuso Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La funcionaria explicó que los homicidios se concentraron sobre todo en seis estados: Guanajuato (591), Baja California (525), Jalisco (454), Estado de México (409), Michoacán (405) y Chihuahua (377). Los dos municipios del país que concentran más asesinatos también han registrado reducciones, pues en Tijuana bajaron los asesinatos de 293 en febrero de 2020 a 281 en febrero de este año, mientras en Ciudad Juárez pasaron de 199 a 182.

La secretaria añadió que «los delitos de alto impacto que afectan a las mujeres también se han contenido»; y es que en febrero de este año se contabilizaron 71 feminicidios, una reducción del 14.9% respecto a los 93 de febrero del mismo mes del año pasado. En comparación con los 72 de enero pasado, la reducción es del 1.4%.

Por su parte Eduardo Redondo Arámburo, subsecretario de Marina, informó que hay más de 320,178 efectivos desplegados del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, de los cuales 215,391 son fuerza operativa.

López Obrador resaltó que las cifras y disminuciones que se registran se deben a la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales. «Ahora todos los días hay comunicación, hay coordinación. La Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad. Todos los días y esto se replica en los estados y da buenos resultados el que se tengan estas mesas. Vamos a seguir avanzando, informando cada mes».

Adicional, Rosa Icela Rodríguez detalló que en febrero pasado se redujeron 19.9% los delitos del fuero federal. respecto al mismo mes del año pasado.

“Cuando iniciamos este gobierno, en diciembre de 2018, se cometían 9 mil 62 delitos federales. El mes de febrero de este año, tuvimos 5 mil 817, es decir, 35.8 por ciento menos”, subrayó la encargada de seguridad en el país.

Sobre el delito de robo detalló que al inicio de la administración se cometía hasta 64 mil 839 robos y al corte de este año se registran 30.1 menos robos y la tendencia de muestra a la baja. En cuanto al robo de vehículo, la secretaria dijo que hay una contundente disminución. Pasó de 14 mil 405 a 8 mil 220 eventos de diciembre de 2018 a febrero de 2021; la reducción es del 42.9%.

El robo en transporte colectivo bajó 24.1% en los dos primeros meses de 2021 respecto al mismo periodo de 2020. El robo a casa habitación cayó en 25.3%; 21.2% menos robos a negocio; 16.2% menos robos a transeúntes; 29.4% en el robo de ganado; el robo a transportistas disminuyó 6.8%, mientras que el robo a transporte individual 6.1%.

En materia de secuestro, en febrero la reducción de la incidencia fue del 60%. El delito de extorsión se redujo en 11.2% y las lesiones dolosas en 9.7%. En cuanto al robo de hidrocarburos, la disminución fue de 4 mil 600 barriles diarios en promedio durante enero a 3 mil al 15 de marzo.

El gobierno federal negó que un tercio del país esté controlado por el narcotráfico, tal como lo aseguró el gobierno de Estados Unidos, y tras la emboscada que dejó 13 policías muertos en el Estado de México tras una emboscada.

Cuestionada sobre el control territorial de los grupos delictivos, la secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo: «De ninguna manera, esa afirmación no es real. Tajantemente la negamos».

Al intervenir en la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció que en algunas regiones del país hay «presencia» de grupos delictivos que se «combaten diariamente con todo el aparato del Estado».

Las declaraciones se dan a horas de que una emboscada del crimen organizado dejó al menos 13 policías muertos que patrullaban en el municipio de Coatepec Harinas en el Estado de México. Ocho miembros de la Secretaría de Seguridad y cinco de la Fiscalía General de Justicia estatal perdieron la vida.

Rodríguez aseguró que hay una «colaboración» en el seguimiento y la investigación del caso por parte de «todas las autoridades federales», aunque señaló que es la fiscalía estatal quien se encuentra encabezando el caso, a petición de la propia institución.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atribuyó el suceso, y la violencia en general, a un problema «arraigado» desde hace décadas por el abandono de gobiernos anteriores al pueblo mexicano. «Se fue creando un ambiente propicio para la delincuencia», subrayó.

Según lo reportado, detrás de la matanza estaría el cártel de La Familia Michoacana, que habría actuado en represalia por un operativo de seguridad días antes en un municipio cercano a Coatepec de Harinas.

El gobierno federal presentará un nuevo plan de seguridad a Estados Unidos, al considerar que la cooperación hasta ahora «no ha funcionado», según informó el canciller Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló que planteó la idea durante la reunión virtual que tuvo el viernes pasado con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

«El tráfico (de drogas) no se ha logrado reducir, entonces tiene que partir de una visión crítica de lo que se ha hecho para hacerlo mejor, eso México lo está preparando y Blinken me dijo: ‘bueno, vamos a hacer la reunión en cuanto nosotros estemos listos'», manifestó Ebrard.

Las declaraciones ocurren un día después de publicarse un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que reafirma a México como «la mayor amenaza» del narcotráfico para el territorio estadounidense.

En particular, el informe de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020 alerta de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación,, Los Zetas, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Rojos y la organización Beltrán Leyva.

Durante la inauguración de una oficina de pasaportes en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, el canciller negó que este tema haya generado «ruido» en la relación bilateral, y apuntó que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) preparar la propuesta.

«Lo único que se dijo en la reunión del viernes, que tuve yo con el secretario Blinken, es que en seguridad no ha funcionado lo que se ha hecho en ambos países porque el consumo sigue subiendo, las armas y los homicidios siguen subiendo», reiteró el secretario.

Recordemos que la cooperación de seguridad entre ambos países se tensó tras la detención de Salvador Cienfuegos, arrestado en Los Ángeles en octubre pasado, quien fue liberado por las autoridades estadounidenses y devuelto a México sin cargos tras el reclamo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

AMLO y la Fiscalía General de la República (FGR) acusaron a la DEA de «fabricar los delitos» a Cienfuegos, quien iba a enfrentar cargos por narcotráfico. Como resultado de dicha situación, el Congreso aprobó en diciembre una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para restringir las labores y eliminar la inmunidad de los agentes extranjeros de seguridad en el país, entre los que está el personal de la DEA.

Pese a estas acciones, Marcelo Ebrard insistió en que la cooperación de materia de seguridad no fue un tema en la primera reunión bilateral virtual que López Obrador y Joe Biden sostuvieron este lunes. «No hemos hablado todavía, el tema de seguridad quedó pendiente, porque ellos están organizando su esquema y México está preparando lo que va a ser su propuesta», reiteró el canciller.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este martes que Rosa Icela Rodriguez aceptó la propuesta que le hizo para sustituir a Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Recordemos que Alfonso Durazo presentó su renuncia el pasado viernes, debido a su intención de buscar la gubernatura de su estado natal, Sonora.

López Obrador indicó que Rosa Icela se está recuperando de COVID-19, por lo que en el periodo en que no asuma la posición, será el subsecretario Ricardo Mejía quien se encargará de labores de la dependencia y de la coordinación del gabinete de seguridad.

«Sí (aceptó), nada más que está en recuperación y decidí desde el sábado por la mañana que quedara como encargado del despacho Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, para no quedarnos sin la coordinación del gabinete de seguridad», explicó el mandatario.

Rodríguez, exsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México y hasta ahora coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será la primera mujer en dirigir las tareas de seguridad en el país.

Durante la gestión de López Obrador como jefe de Gobierno del de la Ciudad de México en el 2000, Rodríguez fue directora General de Participación Ciudadana, y Directora General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana en la Secretaría de Gobierno.

Sobre la aceptación de la propuesta, la funcionaria utilizó sus redes sociales para agradecer al presidente, y aseguró que su trabajo se centrará en trabajar por la gente.

Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), aseguró que la designación de Rosa Icela Rodríguez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal es errónea.

“Se encomienda a un perfil respetable, pero sin formación ni experiencia en la materia, el combate a la inseguridad. El Presidente López Obrador de se equivoca en perjuicio de México», señaló el dirigente patronal.

Afirmó que la seguridad ha empeorado en México a partir del inicio del gobierno de López Obrador, además de que, bajo el encargo de Icela Rodríguez, la Dirección de Puertos y Marina Mercante, evidenció la incapacidad para controlar el fenómeno delictivo asociado a la actividad portuaria. Razón de dicha incapacidad, fue que se transfirieron funciones a la Secretaría de Marina.

Recordó que en los primeros 22 meses de la administración actual se acumulan 65 mil 580 asesinatos, que se conforman por 63,792 homicidios dolosos y 1,788 feminicidios.

La COPARMEX consideró que la estrategia de seguridad del actual gobierno no está funcionando, lo que impide avanzar en la consolidación de instituciones estatales y municipales de carácter civil.

Sobre la renuncia de Durazo, quien buscará la gubernatura de Sonora, la Confederación señaló que deja varios pendientes, entre los que se encuentra la consolidación de la Guardia Nacional y la grave y creciente inseguridad que golpea a todos los rincones del país

“Si bien desde COPARMEX observamos que la próxima titular no cuenta con la formación profesional y la experiencia en el ámbito de la seguridad pública, esperamos que estará rodeada de personas con experiencia en el campo de Seguridad Pública, con capacidad, probidad y prestigio, para salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos”.

Entre los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano también surgieron las reacciones ante la propuesta del presidente de que sea Rosa Icela Rodríguez quien coordine el gabinete de seguridad como nueva titular de la SSPC.

“Necesito revisar el perfil con profundidad, pero de una primera revisión, mi impresión es que es una política, no una experta en temas de seguridad (…) pero, como la Secretaría de Seguridad ha estado de adorno, y la Guardia Nacional, que es la principal herramienta de esa institución para combatir la inseguridad pública, está en manos del Ejército, es irrelevante quién llega si la tienen de adorno a la Secretaría”, dijo Damián Zepeda, senador de Acción Nacional.

Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que la funcionaria carece de la experiencia que se necesita para dirigir las tarreas de seguridad. “No le encuentro que ella tenga algún tipo de experiencia en materia de seguridad; creo que su experiencia más bien está en otras ramas: desarrollo social, de equidad”.

Sobre la propuesta del presidente para que Rosa Icela Rodríguez encabece la SSPC, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, aseguró que su ex colaboradora hará un gran papel, ya que es una mujer honesta, íntegra y con mucha experiencia. “Tiene experiencia en gobierno, seguridad, desarrollo social, comunicación”, dijo la mandataria.

El canciller Marcelo Ebrard también comentó sobre el tema. Recordó que Rosa Icela Rodriguez cuenta con la experiencia necesaria, pues de 2006 a 2009 fue coordinadora del gabinete de seguridad en la capital del país. «Eficaz y conocedora del tema, dio siempre excelentes resultados. Así será de nuevo!!!».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó esta mañana que Alfonso Durazo se despidió del gabinete de seguridad durante la reunión de hoy en Palacio Nacional, pues presentó su renuncia al cargo para buscar la gubernatura de Sonora.

López Obrador dijo que durante la reunión se le hizo un reconocimiento a Durazo por su trabajo como coordinador del gabinete de seguridad. Aseguró que ayudó mucho a las tareas de seguridad en el país, y calificó a su todavía colaborador como un servidor público ejemplar.

AMLO confirmó que mañana será el último día de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sobre el tema, recordó que debe elegir a quien ocupe su puesto, por lo que adelantó que será una mujer quien ocupará la posición.

«Ni ella lo sabe, va a ser una mujer, va a ser, si lo acepta, porque incluso está en recuperación, va a ser Rosa Icela Rodriguez». Aclaró que todavía no sabe si vaya a aceptar la funcionaria, pues no se le había comunicado la propuesta y se iba a enterar por la conferencia.

El presidente explicó que aún no se lo había comunicado directamente, pues Rodriguez se encuentra en recuperación ya que fue afectada por el Covid-19.

Recordó que la funcionaria lo ha acompañado en diversas posiciones, tanto cuando él estaba al frente de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, como ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Recientemente, dijo, la invitó que les ayudará en los puertos marítimos del país.

Recordó que Rosa Icela Rodríguez ayudó a levantar un diagnóstico de cómo estaba la situación de los puertos, el cual le ayudó para presentar la iniciativa para que la Marina tomará el control de los mismos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este martes que gracias a diversas acciones prevenir la toma de casetas en el país, se ha logrado  evitar pérdidas de más de 7 mil 720 millones de pesos.

“Es un programa de recuperación paulatina e ininterrumpida de las casetas de peaje, muchas de las cuales tenían muchos años en poder de grupos que usufructuaban indebida e ilegalmente recursos públicos. Esto viene de años atrás del inicio de este gobierno y vamos a seguir en este proceso de recuperación de las casetas”, sostuvo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien está al frente del programa.

La dependencia señaló que las acciones se dan en respuesta a la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien pidió poner fin a este tipo de extorsión.

Para llevar a cabo las acciones, se ha trabajado en detectar las principales casetas en las que grupos civiles exigen cuotas obligatorias a los usuarios de dichas vías de comunicación.

La SSPC informó que la Guardia Nacional liberó el pasado 27 de septiembre las casetas federales del estado de Nayarit conocidas como Ruiz, Acaponeta, Trapichillo, Matanchén, Santa María del Oro, La Cantera, Compostela y Amado Nervo, las cuales fueron tomadas durante varios meses por grupos de inconformes que exigían cuotas obligatorias a los usuarios.

De igual forma desde el 28 de junio de 2019 se realizan acciones para liberar las casetas como el caso de Tlalpan y Tepotzotlán lo que ha permitido evitar pérdidas superiores a  los 4 mil 908 millones de pesos.

En casetas de Baja California y Palmillas, los elementos federales iniciaron el pasado 6 de septiembre de 2019 los trabajos de disuasión con lo que han evitado pérdidas de 2 mil 410 millones de pesos.

El 16 de Enero de 2020 en el estado de Sonora,  se aplicó el operativo Caseta Segura que contempló los municipios de Hermosillo, Guaymas, y Nogales con lo que se evitó un monto en pérdidas de más de 82 millones.

En ese sentido, la presencia de la Guardia Nacional en las Casetas de San Marcos y Chalco ha permitido la prevención de pérdidas de alrededor de 320 millones de pesos.

Recordemos que según Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Vial, la toma de casetas en todo el país se ha duplicado en lo que va de la pandemia, al pasar de un promedio de 10 diarias a 20. Ante este crecimiento, también han aumentado las pérdidas económicas: mientras en 2019 la cifra alcanzó los 3 mil millones de pesos,  en los nueve primeros meses del año se han registrado pérdidas por 3 mil 100 millones de pesos.

Y es que se ha reportado que la toma de casetas afecta a por lo menos 10 entidades: Ciudad de México, Morelos, Puebla, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California y Sonora, según información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de concesionarios privados.

El gobierno federal anunció este lunes el cierre definitivo del penal de Puente Grande, ubicado en Jalisco, famoso por ser el escenario de la primera fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) notificó la clausura del Centro Federal de Readaptación Social número 2 «Occidente» del Sistema Penitenciario Federal en el Diario Oficial de la Federación.

La dependencia indicó que las personas que se encuentran recluidas en el penal, «serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos».

Puente Grande es una de las cárceles más conocidas en México por ser la prisión de la que «El Chapo», ahora condenado y preso en Estados Unidos, se fugó en enero de 2001 al sobornar a los custodios tras estar detenido ahí desde 1995, después de su primera captura en 1993.

Años después, en 2015, «El Chapo» se fugó de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel, en su segunda huida de un penal mexicano.

Puente Grande también es conocido por los motines de sus reclusos de alta peligrosidad, como reflejó una riña reciente que en mayo pasado dejó siete muertos y nueve heridos.

En julio, las autoridades federales trasladaron a más de 300 detenidos a otras prisiones con el argumento que eran medidas por la pandemia de COVID-19.

Asimismo, la prisión era famosa por las «narcofiestas» que realizaban los reclusos, como mostraron imágenes difundidas en abril pasado en las que presuntos reos y guardias bebían alcohol y se bañaban en una piscina dentro del lugar.

«Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales», señala el acuerdo publicado este lunes.

El anuncio ocurre justo un año después de la clausura de la vieja prisión de Topo Chico, inaugurada en 1943 y representativa de la violencia en las cárceles del país, y que se ubica en Monterrey.

En el acuerdo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no precisó el plazo para cerrar el penal al señalar que los pasos pendientes «continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente».

También estableció que la Secretaría «determinará en su momento el destino final del bien inmueble».

Foto: Twitter @porkestendencia

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazó, sí acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su gira por Guanajuato, luego de haber anunciado que se ausentaría esta semana de sus actividades oficiales.

Mucho se especuló cómo el encargado de la seguridad en el país podía ausentarse de una gira que incluiría uno de los estados con mayores niveles de violencia y homicidios del país, Guanajuato.

Algunas versiones señalaban que se trataba de una medida de protección, luego de las amenazas que existían por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de personajes relevantes del gobierno. Y es que además de Omar García Harfuch, quien sufrió un ataque el pasado 26 de junio, Durazo aparecía en la lista de posibles blancos.

Además de la alerta por las amenazas del CJNG, visitar Guanajuato también implicaba entrar en territorio controlado por el Cártel Santa Rosa de Lima, que lidera José Antonio Yépez, mejor conocido como «El Marro», y quien luego de la detención de su madre y otros familiares, prometió ser una piedra en el zapato para el gobierno federal.

Sobre su presencia en Guanajuato, Durazo fue cuestionado esta mañana por la prensa. Indicó que logró solucionar sus asuntos personales en dos días.

«Lo que pasa es que cuando uno no descansa, no se da cuenta lo que puede hacer en un par de días de descanso, y fue lo que sucedió. En lugar de requerir una semana, atendí los asuntos personas en un par de días, y ya aquí estoy», declaró a la prensa.

Desde Guanajuato, Durazo Montaño afirmó que uno de los factores que propician la inseguridad en el estado, son las disputas que sostienen los grupos delincuenciales, aunque dijo que “no obstante los niveles de violencia, hay un debilitamiento evidente de los grupos criminales”.

Incluso dijo, sin referirse a él por su nombre, que «El Marro» «ya no está en su casa con alberca, ya está en una casa a medio construir, batallando para cubrir la nómina» del cártel, por lo que afirmó que hay un debilitamiento del grupo delictivo.

«El debilitamiento mayor es el del cártel de Santa Rosa, porque ha sido el cártel dominante. También hay que recordar que el Santa Rosa es una escisión del Cártel Jalisco (Nueva Generación) y luego viene una escisión del Santa Rosa y uno de los escindidos regresa a sus viejas alianzas con el cártel Jalisco», explicó Durazo.

Fue en ese sentido donde afirmó que parte de la problemática en el país respecto a los grupos delincuenciales, es la fragilidad de las alianzas de las organizaciones criminales, «ya no hay honor entre ladrones”, señaló.

Esta mañana, desde Morelia, Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que el gobierno federal sí tenía conocimiento de un posible atentado que preparaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien se presume está detrás del ataque perpetrado esta mañana en contra de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

«Estamos dando seguimiento a los grupos del crimen organizado (…) y es frecuente que existan este tipo de amenazas; efectivamente se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública», respondió Durazo al ser cuestionado sobre el tema.

Indicó que la investigación permitirá verificar y consolidar, si el ataque registrado esta mañana, se encuentra relacionado con dicha amenaza.

Y es que el pasado 11 de junio, según portó el periodista Raúl Rodríguez Cortés en su columna de El Universal, en una reunión del gabinete de Seguridad Nacional, se presentó la grabación de una llamada telefónica entre presuntos integrantes del CJNG, que fue interceptada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que fue validada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

«En la grabación, los presuntos sicarios hablan, sin mencionar nombres, de la preparación de un atentado de alto nivel», relató el periodista en su columna.

Tras realizar un análisis de la amenaza, el gabinete de seguridad definió a cuatro posibles blancos: el canciller Marcelo Ebrard, por haber firmado la extradición a Estados Unidos de «El Menchito»; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por la lucha en contra las finanzas del cártel; el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, por el combate a las estructuras de narcomenudeo en la capital, y el propio Alfonso Durazo.

En dicha reunión, se definió reforzar la seguridad de los cuatro funcionarios, así como incrementar la protección del presidente López Obrador, quien esa semana se encontraba de gira por Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

El titular de la SSPC añadió esta mañana en una conferencia de prensa que encabezó, que efectivamente el ataque de esta mañana, quedó clara la participación de un organización criminal consolidado debido a las armas usadas y el poder de fuego mostrado.

Sobre lo que ha trascendido, de que había un segundo convoy criminal en las inmediaciones de Zona Rosa, para atacar al secretario García Harfuch, Durazo dijo que efectivamente se aseguró un vehículo que contenía chalecos verdes, similares a los utilizados por los atacantes en Lomas de Chapultepec.

Precisó que hasta ahora no se tienen indicios de que el CJNG esté infiltrado en la corporación policíaca capitalina, luego de que los atacantes tuvieran información sobre la ruta que seguiría el funcionario y el domicilio desde el que saldría.

Sobre si tras el ataque se reforzará la seguridad de distintos funcionarios del gobierno federal, incluido él, aseguró que todos cuentan con la protección necesaria, aunque reveló que sí se reforzó la seguridad de un funcionario del que no reveló el nombre, y afirmó que se analizan los riesgos de cada uno para poderlos dotar de más elementos si resulta necesario.

En ese sentido dijo que se ha puesto especial atención a la seguridad del presidente, reforzando el acompañamiento de las giras que realiza.

Finalmente, informó que personal militar se encuentra proporcionando seguridad periférica al hospital en el que está siendo atendido Omar García Harfuch.

«Continuaremos combatiendo al crimen organizado, nada detendrá este compromiso; lo haremos con firmeza, pero sin estridencia. La eficacia de esta lucha continuará basada más en la inteligencia que en la fuerza, y por supuesto con pleno respeto a los derechos humanos», remató Durazo.