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Son cinco personas las detenidas hasta el momento en relación con la muerte de los 39 migrantes en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, según confirmó el gobierno federal.

“La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero (…) se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión”, detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Por el momento, compartió, fueron cumplimentadas cinco de las órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.

Por otra parte, Herrerías detalló que se solicitó por parte de la FGR la documentación que acredite el funcionamiento de estas estaciones migratorias para saber cuáles son sus obligaciones “y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles”.

Fue la fiscal especial quien señaló que estas instalaciones, denominadas estancias provisionales, están creadas para alojar “de manera provisional” a personas que no acrediten su estancia regular en el país y hasta que se les lleve a otro tipo de instalación del INM.

Dentro de la estación se encontraban varios empleados de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V, cuyos socios son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se pudo conocer una primera irregularidad en torno a la empresa: solo tenía reportados cuatro agentes de seguridad con 10 uniformes. “Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados del país”.

Por esto, continuará la investigación de la que, aseguró Rodríguez, se deslindarán responsabilidades de la empresa pero también del INM.

Sobre la procedencia de los 39 migrantes fallecidos, Rodríguez dijo que seis son hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se iniciará el proceso para lograr la reparación del daño de los familiares de las víctimas.

“Sabemos que el dolor que genera una pérdida de vida no se supera jamás, pero es nuestra obligación proteger a las familias de las víctimas”, añadió.

Recordemos que el presidente ha prometido que no habrá impunidad tras el incendio, pero evadió responder si solicitará la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien es señalado como principal responsable de esta tragedia.

También prefirió no comentar si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria está ligada al cónsul de Nicaragua.

“No va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, y hablé con el fiscal (general, Alejandro Gertz) para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo, absoluta libertad”, declaró AMLO.

El número de homicidios dolosos repuntó un 4.23% anual en el primer bimestre de 2023, al alcanzar los 4,882 asesinatos, un promedio de 83 al día, según datos dados a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Esta cifra se comparan con los 4,684 homicidios que se registraron en los primeros dos meses de 2022, dijo la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez.

Tan solo en febrero, la SSPC documentó 2,282 asesinatos, un aumento interanual de 1.06%, y un decremento mensual de más del 12% ante los 2,600 de enero pasado.

Pese al repunte, la secretaria defendió que desde el inicio de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hasta hoy, el comparativo del homicidio doloso muestra una disminución de 21.1%.

Continuando con la tendencia, la secretaria de Seguridad expuso que seis estados concentran casi la mitad de los homicidios: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, que en conjunto representaron 2,345 de los casos.

Los datos de la SSPC también exhiben un aumento interanual del 8.85% en los delitos del fuero federal en el primer bimestre, cuando se reportaron 12,397.

Pese a ello, Rodríguez volvió a comparar cifras con el inicio de la administración, lo que ayudó a que señalara que los crímenes federales han caído casi 30%.

“Aquí se ve muy claramente cómo los delitos del fuero federal han venido a la baja. Aquí están en su mayoría a la baja, salvo los delitos con armas de fuego y explosivos, que por las detenciones han ido al alza”, argumentó.

En ese sentido, la funcionaria dijo que en el primer bimestre se tiene un aumento interanual de 13.8% en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos.

Salió al paso destacando bajas del 38.1% en los crímenes de delincuencia organizada; de 21% en delitos financieros, y de 16.2% en los cometidos por servidores públicos. También expuso que en enero se reportaron 47,100 robos de todo tipo, un 0.21% menos que un año antes, además de 7,670 robos de vehículos, un mínimo histórico.

Añadió que en febrero pasado hubo 75 feminicidios, lo que significaría una reducción interanual de 3.85%. Precisó que en lo que va del año, ha habido 147 feminicidios, un 4.55% menos que los 154 del mismo periodo de 2022.

Al respecto, el presidente López Obrador sostuvo que “afortunadamente vamos bien, se va reduciendo la incidencia delictiva en el país, y esto es muy bueno”, en un intento por seguir defendiendo la estrategia de seguridad que ha implementado.

Estas cifras se reportan tras la caída anual de 7.1% en homicidios en 2022, cuando se registraron 30,968 asesinatos tras los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020, seguidos de 33,308 en 2021.

Los homicidios dolosos en el país bajaron un 7.1% anual en 2022 hasta los 30,968, lo que representa el tercer año consecutivo de disminución tras los años más violentos de la historia del país, reveló este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En 2022 hubo un promedio de 85 asesinatos diarios comparados con la media de 91 de 2021, cuando se registraron 33,350 de estos crímenes, detalló la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez.

Los datos del año pasado también implican una caída de 10.8% frente a los 34,718 homicidios de 2019, considerado el año con más asesinatos en la historia de México, y son 10.4% menos que 2020, cuando hubo 34,563, la segunda cifra más alta desde que hay registros.

Al contemplar 2022, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acumula más de 140,000 homicidios, aunque la secretaria de Seguridad señaló que esto representa una disminución de 10.8% frente al mismo periodo del sexenio anterior.

“El trabajo coordinado del gabinete de seguridad y los gobiernos estatales y municipales ha generado la baja en la incidencia delictiva, y decir que seguiremos trabajando bajo la directriz de cero impunidad y cero corrupción”, afirmó Rodríguez.

Tan solo en diciembre pasado, se registraron 2,530 homicidios dolosos, lo que representa una caída de 3.8% interanual.

“El mes de diciembre es el mes con menos homicidios en los últimos seis años”, sostuvo la secretaria de Seguridad.

La titular de la SSPC también expuso que seis estados concentraron casi la mitad de los asesinatos en 2022: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, que acumularon en conjunto 15,060 de los homicidios.

Aunque no detalló el total del año, Rodríguez expuso que en diciembre hubo 71 feminicidios, una disminución interanual de 13.41%.

Sin embargo, la secretaria de Seguridad reconoció aumentos interanuales en los delitos patrimoniales (9.3%), en los crímenes relacionados con armas de fuego (6.1%) y en robo a transportista (0.8%). En tanto, reportó diminuciones en los delitos financieros (19.5%), delitos fiscales (18%), y delitos contra la salud, es decir, relacionados con drogas (15.3%).

También reportó que hubo disminuciones en robo en transporte individual (6.1%), robo en transporte público (5.8%), robo a negocio (2.7%) y robo a casa habitación (0.02%).

Mientras que el secuestro alcanzó uno de sus niveles más bajos con solo 38 víctimas en diciembre pasado.

“Este es uno de los meses, el mes de diciembre, que tiene la más baja cifra de secuestros, de los cuales se lleva contabilidad, entonces es trabajo que se refleja del gabinete de seguridad”, remató Rodríguez.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, confirmó la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la madrugada de este jueves en Sinaloa.

Sandoval identificó al detenido como Ovidio “N”, confirmando que era parte de una de las facciones del cártel conocida como “Los menores”, nombre que se refiere a los hijos de “El Chapo”.

En conferencia de prensa, el secretario indicó que en el marco de la estrategia nacional de seguridad pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada de hoy personal del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con el diversas instancias de seguridad, detuvieron a Ovidio “N”.

en el presunto líder de la fracción los menores afín al Cartel del pacífico. Con base en la planeacion coordinación institucional y los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país

Detalló que el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres en el noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención, luego de seis meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia del grupo criminal.

Añadió que se identificó a personal armado a bordo de varias camionetas, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales, por lo que se procedió a establecer un cerco de seguridad, y se intentó a disuadir a dichas personas a que descendieran y permitieran fueran revisados.

Ante esta aproximación, precisó que los elementos de la Guardia Nacional fueron objeto de una agresión armada, por lo que se activó un plan de defensa. Después de controlar la agresión, el secretario dijo que los elementos de las fuerzas de seguridad identificaron a Ovidio “N” entre los integrantes del grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.

Luis Crescencio Sandoval reconoció que después de la detención, células integrantes del grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes puntos de Culiacán, entre ellos el aeropuerto de Culiacán y la base militar número 10. Adicional señaló que fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad.

“El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea mexicana (…) Ovidio “N” es quien lidera la fracción “Los Menores”, afín al cartel del Pacífico, generador de violencia en cuatro estados y en la región noroeste del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América”, confirmó el secretario.

Agregó que Ovidio “N” fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada en la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición del agente del ministerio público federal, quien determinará su situación jurídica.

“Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cartel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, el CNI, la Fiscalía General de la República y Secretaría de seguridad pública de Sinaloa”, sostuvo el funcionario federal.

Finalmente, el secretario indicó que continúan las agresiones por parte del grupo criminal en la entidad, específicamente en Culiacán, mientras que las autoridades de los tres niveles llevan a cabo una serie de acciones restablecer y mantener el orden público y del Estado de derecho.

Por su parte la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, indicó que el operativo fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa, contando con la coordinación entre diversas instancias y autoridades, con el fin de evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia posible.

“El gabinete de seguridad nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización (…) decirle al pueblo de México, y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa, que los instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor siempre con respeto irrestricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de su familia es nuestra labor fundamental”, sostuvo la funcionaria.

Finalizó sosteniendo que: “no venimos a venir una guerra venimos a construir la paz”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que se acabaron los tiempos en que se detenía a delincuentes, y por complicidades con jueces, salían gracias a la “puerta giratoria” que se instauró en el país.

“Antes siempre se hablaba de que se detenía a presuntos delincuentes y había como una puerta giratoria; no se sentenciaba, era mínimo el número de juicios”, dijo el mandatario al señalar que aunque ya se acabó dicha práctica, todavía se lidia con ese problema.

Indicó que su gobierno está pendiente de estas situaciones, pues acusó que “hay jueces del Poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gustan los sábados. Termina la semana y como sábado y domingo no hay actividad, de repente (llega) una orden para dejar en libertad al delincuente de altos vuelos porque ya se le terminó el periodo de castigo, o porque se integró mal la averiguación, o porque no se presentaron las pruebas”.

Indicó que esta práctica, que llamó los “sabadazos” es un plan con maña, pues no solo es dejar en libertad a los delincuentes, sino que el prestigio de México y de las autoridades queda por los suelos, pues tan pronto sucede un caso así, Estados Unidos reclama por soltar a quien es acusado en dicho país por diversos delitos.

Señaló que para evitar esta práctica, hay funcionarios de su administración que cuando llega una orden de un juez están pendientes de buscar si hay otras órdenes de aprehensión para evitar que salga, y curiosamente, siempre se encuentran.

Aprovechó el tema para agradecer a Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad pública, por el trabajo que realizam pues dijo, ayuda a que no haya impunidad y corrupción.

“Es de los mejores servidores públicos en esta materia. Nos ha ayudado muchísimo, es un gran apoyo, es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa: garantizar la paz y la seguridad, que no hay impunidad”, dijo el mandatario.

Recordemos que Mejía Berdeja ha sido señalado como la apuesta de Morena para buscar la gubernatura de Coahuila en el proceso electoral del próximo año.

Incluso el funcionario ha hecho pública su intención de ser el abanderado de Morena en la elección, luego de que en el Estado de México sea mujer quien buscará la gubernatura, lo que permite que sea un hombre quien compita en Coahuila.

Los homicidios dolosos cayeron un 8.1% anual en los primeros tres trimestres del año, hasta los 23,351 casos desde los 25,406 del mismo periodo de 2021, dijo este jueves la titular de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al intervenir en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Esto implica que de enero a septiembre pasados hubo 86 víctimas diarias de homicidio en promedio frente a la media de 93 de 2021, detalló Rosa Icela Rodríguez.

Tan solo en septiembre se registraron 2,644 homicidios, lo que significa una reducción anual de 4.69% ante los 2,774 del mismo mes del año anterior, aunque implica un aumento mensual de casi 1% frente a los 2,618 asesinatos de agosto pasado.

Sin embargo, Rodríguez Velázquez dijo que el homicidio doloso disminuyó 13.9% en comparación con el máximo histórico de julio de 2018, además de que era el septiembre más bajo desde hace cinco años.

El país registró 33,308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Pero la secretaria de Seguridad sostuvo que los homicidios han decrecido un 10.3%, a un total de 112,150, en lo que va de la administración de López Obrador, en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Además, argumentó que “seis estados siguen concentrando el 48.9% de la ocurrencia de homicidios dolosos, estos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua”.

La titular de la SSPC también reconoció que en septiembre hubo 78 víctimas de feminicidio, un aumento anual de 11.43% frente a las 70 víctimas del mismo mes de 2021, y un incremento de 9.68% ante las 71 víctimas de agosto pasado.

Aún así, Rodríguez defendió que “hay una baja visible en la incidencia delictiva en el país en la mayoría de los delitos”.

En los primeros tres trimestres del año, se reportaron decrementos interanuales en crímenes del fuero federal, como delitos fiscales (22.2%), crímenes fiscales (13.7%) y delitos contra la salud, aquellos relacionados con drogas (15.9%). Y por el contrario, hubo aumentos en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos (5.7%) y delitos patrimoniales (10.1%).

En los delitos del fuero común, para el mismo periodo, se registraron disminuciones interanuales en robo en transporte público (5.3%), robo en transporte individual (3.8%), robo a negocio (2%) y robo a casa habitación (0.7%).

La secretaria se detuvo a presentar la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que muestra que “en el primer trimestre de 2018 se tenía una percepción de la inseguridad de 76.8% de la población que se sentía insegura, y durante esta administración esta percepción se redujo a 64.4%”.

“¿Esto qué significa? 12.4 puntos porcentuales menos, y hay que decir también que es la cifra más baja desde que se registra esta percepción de inseguridad. Ha habido una disminución importante sobre este tema y son cifras del INEGI”, resaltó.

Como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, ayer compareció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez ante el Pleno del Senado, donde aseguró que la actual administración ha logrado la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos seis mil 43 de organizaciones criminales, de los cuales dos mil 216 eran objetivos prioritarios.

En línea con el discurso del presidente, la funcionaria destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha permitido la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, ya que, al comparar las cifras de diciembre de 2018 con las de agosto de 2022, se muestra una baja de 23.3%.

Rosa Icela Rodríguez estuvo acompañada por los integrantes del Gabinete de Seguridad: Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, titular de Marina; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quienes pese a haber estado citados a comparecer en un inicio, los senadores los “blindaron” de responder a los cuestionamientos de los legisladores.

La titular de la SSPC dio a conocer que los delitos fiscales disminuyeron 60%; los financieros, 65%; y el robo de hidrocarburos, el llamado ‘huachicol’ descendió 92%, lo que generado un ahorro de 226 mil 84 millones de pesos.

Además, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 36 mil cuentas bancarias, con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.

En cuanto a aseguramientos, se informó que se logró la incautación de 32 mil 746 armas de fuego; 17 millones 352 mil cartuchos y dos mil 300 granadas; 5.2 toneladas de fentanilo, casi mil por ciento más que en los últimos cuatro años de la administración anterior, lo que representó una afectación a las finanzas de la delincuencia organizada por más de 41 mil 325 millones de pesos.

También se confiscaron 94 mil 551 kilogramos de cocaína; 154.1 toneladas de metanfetaminas; 618 mil 930 kilos de mariguana; mil 116 kilogramos de goma de opio, y mil 429 kilos de heroína. Se erradicaron 46 mil 304 hectáreas sembradas con amapola; se destruyeron mil 57 laboratorios de narcóticos.

Destacó los avances del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, que dijo, permitió mejorar los controles en entradas marítimas, aéreas y ferroviarias para la detección de precursores químicos, flujo de dinero y productos falsificados.

En cuanto a delitos del fuero común, apuntó que al comparar las cifras de 2018 con la incidencia de agosto de 2022, el secuestro disminuyó 74.1%, y dos mil 57 víctimas fueron liberadas, además de que se detuvieron a cuatro mil 557 secuestradores y se desarticularon 518 bandas. El robo total decreció 18.1%; el de vehículos bajó 40.4%; el robo en transporte público disminuyó 35.4%; a casa habitación descendió 20.7%; a transportistas 39%; a negocio 28%, y a transeúnte 14.4%. 

Tal como lo ha señalado el presidente López Obrador, la titular de SPCC precisó que en 2019 y 2020 se contuvo el alza del homicidio doloso, y en 2021 inició su baja constante, por lo que, para agosto de 2022, se presentó una disminución de 14.6%, respecto al máximo histórico registrado en 2018.

Durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad, los senadores de todas las bancadas hicieron cuestionamientos sobre  la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el crimen organizado “estaría desbordado”. Recordó que el problema de la inseguridad tiene décadas en México, mientras que esta administración sólo tiene cuatro años en el ejercicio de la administración pública.

Ricardo Monreal señaló que quienes insultan y culpan al Ejército de la aprobación de las últimas reformas en materias de seguridad a cambio de dinero, sólo quieren ganar el debate por fanatismo y con mentiras, pues este proyecto se avaló por mayoría calificada.

En tanto, la senadora del PAN, Lilly Téllez, dijo que, por acción u omisión, el Gabinete de Seguridad es responsable de la explosión de la violencia de este sexenio. Acusó que los ahí presentes no podían explicar los más de 130 mil muertos que se han registrado en esta administración.  

Claudia Anaya, senadora del PRI, consideró que el problema no son las Fuerzas Armadas, sino la falta de estrategia de seguridad del gobierno federal, por lo que en lugar de un beneficio, se terminará lastimando a los elementos del Ejército y la Marina.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal ha fracasado, además de que no hay evidencia de que la presencia de las Fuerzas Armadas reduzca la inseguridad y la crisis de violencia en la que vive México.

Finalmente, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, consideró que exigir rendición de cuentas no es una falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas, pues está en juego nuestra democracia, por el peligroso y acelerado proceso de militarización. Esto ante la petición por parte de la oposición de que los titulares de Sedena y Semar comparecieron ante el Congreso y a lo que se han negado.

Siendo la única que comparecía, la secretaria de Seguridad rechazó que se lleve a cabo un proceso de militarización como se acusa, pues señaló que ese concepto implica que los militares gobiernen. “En el caso de México hay un gobierno civil”, destacó.

Ayer, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, por el delito de delincuencia organizada.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que pertenece el INM, indicó que la alerta derivó de una petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitó su intervención al existir una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada.

El propósito de la alerta es registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida del panista, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y septiembre de 2022, a través de los puntos de tránsito internacional.

Recordemos que desde 2020, trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener grabaciones por parte de la DEA que lo señalaban de diversos delitos, además de que también figura en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.

Tras darse a conocer la activación de la alerta migratoria, el gobernador emitió un breve mensaje en sus redes sociales, en el que dijo que se “enteró” de la supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en su contra.

“No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, dijo el exgobernador.

Al respecto, esta mañana, durante la conferencia matutina del presidente, el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que las investigaciones en contra del exgobernador, de las que se deriva la orden de aprehensión, son de 2018, previo al inicio de la actual administración.

“Son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una primera denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex gobernador, por el delito de lavado de dinero por la simulación de compraventa de un departamento y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión”, relató el funcionario.

Dijo que en respuesta a dicha orden de aprensión, Cabeza de Vaca promovió  una demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas y en paralelo el congreso de Tamaulipas promovió dos controversias constitucionales que llegaron a la Suprema Corte de Justicia.

Apuntó que el 17 de agosto, la Corte resolvió que era inválida la orden de aprehensión toda vez que el entonces gobernador contaba con fuero constitucional.

Sin embargo, Mejía Berdeja dijo que luego de concluido su mandato como gobernador, el pasado 4 de octubre se giró una nueva orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, ahora por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Como es un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja, alerta migratoria, para evitar la fuga o la sustracción de la justicia” de Cabeza de Vaca, añadiendo que está pendiente de ejecutarse la orden de aprehensión.

Finalmente, el Sistema PAN, integrado por la dirigencia nacional y los coordinadores de diputados federales, senadores y diputados locales, condenaron la persecución política que realiza el gobierno de Morena en contra del exgobernador de Tamaulipas.

“El PAN demanda que se respete el principio de presunción de inocencia y debido proceso en este y todos los demás casos, por lo que las imputaciones deben ser serias y no de simples señalamientos que no contengan una sustancia probatoria real, que no se utilice con tintes políticos y mucho menos como venganza política”, dijo.

Acción Nacional aseguró que es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida.

20 personas, entre ellas un alcalde y su padre, fueron asesinadas ayer por un grupo armado en Guerrero, durante una violenta jornada para el país, pues también murió baleada una diputada local en Morelos.

Conrado Mendoza, alcalde del municipio San Miguel Totolapan, falleció junto a su padre, exalcalde de ese municipio, y otras 18 personas durante un ataque armado en esa población, según confirmó esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

Ayer la fiscal de Guerrero, Sandra Valdovinos, informó que fueron 18 personas las que perdieron la vida y que dos más había sido heridas. El saldo se actualizó.

Medios locales difundieron videos y fotografías de la fachada de la alcaldía de San Miguel Totolapan con numerosos impactos de bala. En los alrededores del municipio se registraron bloqueos de vías, lo que limitó el rápido acceso al lugar donde ocurrió el ataque, explicó la fiscal.

San Miguel Totolapan, que forma parte de la llamada “Tierra Caliente”, está unos 160 kilómetros de la capital del estado y a unos 400 kilómetros de la capital del país.

En redes sociales se difundió un video de un grupo de personas encapuchadas, identificadas como “Los Tequileros”, que se habría adjudicado el ataque.

En 2016, los habitantes de Totolapan, hartos de las acciones de “Los Tequileros”, raptaron a la madre del líder del grupo para lograr la liberación de otras personas.

Sin embargo, de acuerdo a reportes de medios locales, “Los Tequileros” comenzaron a desmantelarse desde el 2019 luego de la muerte de su líder y algunos de los municipios controlados por el grupo pasaron a ser manejados por la Familia Michoacana, organización criminal que opera en esa región.

Por otro lado, por la tarde fue asesinada Gabriela Marín, diputada del Congreso de Morelos, en un ataque armado en la ciudad de Cuernavaca, indicaron las autoridades estatales.

Medios locales indicaron que Marín, quien formaba parte del partido Morelos Progresa, fue asesinada en una farmacia de Cuernavaca.

La diputada fue interceptada frente a la farmacia por dos hombres armados en una motocicleta que la estaban esperando, explicó a la prensa el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Al bajarse ella de una camioneta, uno de los agresores se acercó y le disparó, dejándola tendida en el suelo. Un acompañante resultó lesionado.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, condenó el asesinato de Marín y anunció vía Twitter que se desplegó un operativo de seguridad para localizar a los responsables.

Con la muerte de Mendoza y Marín ya suman 18 alcaldes y 8 diputados asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018, según registros de la firma Etellekt Consultores.

Tal como lo adelantaba esta semana el presidente, este jueves la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe en el que detalló que el gobierno federal ha liberado a 2,685 reos en lo que va de la administración, derivado de la Ley de Amnistía que impulsó el morenista, así como por irregularidades en sus procesos.

“Se tienen que enfrentar muchos obstáculos, son muchos los trámites, hay resistencia, pero se está avanzando y existe la voluntad de liberar a todos los que no deben estar en las cárceles, existe esa inquebrantable voluntad”, dijo el presidente López Obrador.

La titular de la SSPC indicó que 2,549 fueron preliberaciones, con base en el decreto que se promulgó en septiembre de 2021 para excarcelar a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura.

De estas personas, 123 eran mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónicas, 51 indígenas, 15 extranjeros y 2,032 personas que cumplieron con requisitos de ley para preliberación, como tener 10 años sin sentencia o comprobar que fueron víctimas tortura.

“Es un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con la violencia, gente humilde, que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades”, expuso Rosa Icela Rodríguez.

La otra vía ha sido la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 para liberar a personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.

Por este camino, detalló la secretaria, el gobierno ha liberado a 136 personas, de las que 66 fueron por pobreza, 42 eran mujeres, 21 indígenas, dos personas con discapacidad, cuatro víctimas de intimidación y una víctima de discriminación.

Recordemos que el presidente López Obrador había prometido concretar la excarcelación masiva hace un año, el 15 de septiembre de 2021, cuanto reportó más de 4,000 casos en análisis. En tanto, la Ley de Amnistía tenía el objetivo de liberar a cerca de 6,000 personas.

Hay que considerar que las prisiones tienen una sobrepoblación reconocida de más de 9,000 reos y 130 penales presentan un exceso de detenidos; a nivel nacional hay un total de casi 226,000 personas en las cárceles, según el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad.

De las personas detenidas cerca del 40 % solo están procesadas, pero aún no reciben sentencia.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presenta el informe semanal Cero Impunidad, aunque en esta ocasión se dedicó a hablar de la importancia de mantener la la prisión preventiva oficiosa, de cara a la discusión que hará sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que eliminar la medida podría repercutir en que aumenta la impunidad en el país.

Inicio señalando que entre el 25 de agosto y ayer 1 de septiembre, entre todas las corporaciones policiales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, se logró la detención de 9 mil 341 personas, de las cuales 9 mil 039 fueron presentados ante el Ministerio Público al prefigurarse un posible delito.

Explicó que la prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, pues busca evitar que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga.

Además, dijo que se evita que los presuntos criminales amenacen y atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal, evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad.

Explicó que entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa o automática, según el artículo 19 de Constitución, están: abuso o violencia sexual contra menores; delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio; violación; secuestro; trata de personas; robo a casa habitación; la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana; la corrupción como enriquecimiento ilícito; el robo al autotransporte de carga; todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol; el robo de hidrocarburos; los delitos violentos cometidos con armas de fuego; la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la nación.

Expuso que a prisión preventiva ha sido una figura establecida en la Constitución desde el Constituyente originario de 1917, cuando se contempló para los delitos que merecieran pena privativa de la libertad a los casos con condenas mayores a los cinco años.

“En subsecuentes reformas se mantuvo esta figura estableciendo, por ejemplo, que aplicaría para delitos con una pena cuyo término medio aritmético fuera mayor de cinco años de prisión. En el 85 se incluyó esta figura en diferentes modalidades relativa a diversos delitos. En el 93 se establece que esta figura atendería más que a la duración de la pena por la gravedad del delito, prohibiendo expresamente el beneficio de la libertad bajo caución a quienes fueran presuntos responsables de esos delitos. En la reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar”, repasó Mejía Berdeja.

En ese sentido, dijo que hubo reformas posteriores en 2011 y 2019, pero con la finalidad de incrementar los delitos que ameritaran la medida.

Recordó que la reforma se aprobó en el 2008 con 482 votos a favor en la Cámara de Diputados, y con 73 votos a favor en la Cámara de Senadores, y fue ahí cuando dijo que “legisladores de la época” apoyaron la reforma, muchos de ellos quienes hoy la condenan y la rechazan.

Entre los políticos que mencionó están: la hoy gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; Héctor Larios Córdova, dirigente del PAN; el ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur; el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; Beatriz Pagés; el dirigente sindical, Ricardo Aldana, y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz.

En la Cámara de Senadores mencionó al hoy dirigente nacional del PAN, Marko Cortés; Santiago Creel Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Gustavo Madero, ex dirigente nacional; y el exgobernador Guillermo Padrés. En el caso del PRI mencionó a Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell; el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa; Jesús Murillo Karam, exprocurador; y el actual dirigente del tricolor, Alejandro Moreno.

Ricardo Mejía dijo que la prisión preventiva pretende evitar la llamada ‘puerta giratoria’, donde el presunto criminal sale en libertad supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una sensación de impunidad.

“Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad”, enfarizó el subsecretario.

Finalmente, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, hizo un repaso sobre como los medios de comunicación han abordado el tema en los últimos días, y como lo han hecho a lo largo de los años con otros gobiernos.

“Ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República. Y esa postura y la política de seguridad del actual gobierno”, recriminó el vocero.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó este jueves que será el 1 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presente al Congreso una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y de Seguridad Pública.

El funcionario explicó que se propondrá reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército Mexicano, y a la Ley de Ascensos del Ejército, por lo que la apuesta es una iniciativa legal y no constitucional, es decir, no se contempla reformar la Constitución.

Esta ruta implica que al ser una reforma legal, no se requiere mayoría calificada para aprobar el cambio, sino se necesita mayoría simple, lo cual Morena y sus aliados tienen, con lo que se espera puedan aprobarla sin obstáculos.

“Es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difíciles que enfrentamos, sea capaz de garantizar la seguridad de las personas y bienes de todos los ciudadanos”, dijo el titular de Segob al participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena.

El exgobernador de Tabasco reconoció que el debate que se genere en torno a la iniciativa no será fácil pues la oposición se ha empeñado en decir que el gobierno federal busca la militarización del país.

“Nada tan alejado de ello, no es eso el objeto de la iniciativa del Presidente de la República, si ese fuese el objeto, pues en la pasada legislatura se pudo haber propuesto y se hubiera obtenido (…) el Ejército ya no es el de la oscura noche de Tlatelolco ni el de la guerra sucia”, sostuvo.

Y aunque por el momento la iniciativa busca lograr el cambio por la vía legal, Adán Augusto López confirmó que en un futuro sí vendrá una reforma constitucional en la materia, con el fin de terminar de consolidar a la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer esta mañana que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), saltándose así, gracias a las facultades que tiene, el camino legislativo que dicha adscripción requiere.

“Por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad, que tiene que ver con la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Sedena, pero voy a emitir un acuerdo para que, ya por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma”, dijo López Obrador.

Rápidamente el presidente fue cuestionado sobre si dicho acuerdo no sería “brincarse al Legislativo” en un proceso que él mismo había planteado, que era enviar la iniciativa al Congreso.

Sí”, respondió el mandatario, aunque dijo que la iniciativa para la Reforma Constitucional si se presentaría, aunque lo que se busca era la forma de que se pudiera hacer en lo administrativo, pues si la reforma no pasa, por el rechazo de la oposición, se garantizaría que de todas maneras el cambio quede.

“Por si no pasa, de todas maneras, va a quedar así. Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”, explicó”, subrayó López Obrador. Defendió que el gobierno federal utilizará todos los recursos legales a fin de garantizar la operatividad de la Guardia Nacional en las acciones de seguridad y pacificación del país a largo plazo.

Añadió que su administración se enfoca en dar resultados positivos a la población en materia de seguridad, a pesar de los obstáculos de la oposición en el Congreso de la Unión. 

“Si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar. (…) Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada, (…) todo lo que beneficia al pueblo, lo rechazan”, apuntó. 

Recordó que la Guardia Nacional tiene más de 110 mil efectivos en campo, “todos formados, capacitados, distribuidos en el territorio”, e incluso señaló que hay estados de la República en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando al pueblo que los policías estatales y municipales.

Adicional, con el objetivo de acelerar los procesos de liberación, el jefe del Ejecutivo propuso reestructurar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender a la brevedad este asunto de justicia. Instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, revisar los casos de personas inocentes que están en prisión de forma injustificada.

La titular de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, encabezó este miércoles la presentación del Informe de Seguridad a junio de 2022, donde se informó que los homicidios dolosos se redujeron un 9.1% interanual en el primer semestre de 2022, para ubicarse en 15,400 casos.

La funcionaria señaló que sólo ese mes se registraron 2,662 homicidios, una incidencia menor frente a los 2,826 episodios de mayo, el mes más violento de lo que va del año, lo que representa una disminución del 13.4% respecto al mes previo.

“Es el junio más bajo desde hace cinco años. Seguimos trabajando con mucha coordinación”, comentó la funcionaria.

Detalló que son seis entidades las que concentraron el 49% de los homicidios dolosos: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Chihuahua.

En tanto, los 50 municipios de atención prioritaria por este ilícito registran una disminución del 14.5%; 34 ayuntamientos reportaron una reducción de 24% en promedio y 16 muestran un incremento del 19% en promedio, señalaron las autoridades..

La titular de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, en junio de este año, los delitos de fuero federal registraron una reducción de 25.1 por ciento. De acuerdo con los datos oficiales, los delitos contra la salud se redujeron un 21% en el primer semestre del año, mientras que los fiscales bajaron un 19.9% y los financieros un 12.8% contra el mismo lapso del año pasado.

De igual forma, los delitos del fuero común disminuyeron. El robo de vehículo reportó un descenso de 47.3% en respecto a enero de 2018.

Se precisó que el delito de secuestro es 73% menor en relación con enero de 2019 al pasar de 185 a 50 hechos. Se informó que hay 4 mil 401 personas detenidas, 503 bandas desarticuladas y dos mil 13 víctimas liberadas.

Sin embargo, el punto que generó diversas críticas fue el correspondiente al feminicidio, que las autoridades resaltaron que bajó 20.5% respecto al máximo histórico de agosto de 2021.

Pero este delito aumentó en junio. Se registraron 89 casos durante junio de 2022, cifra superior a los 84 registrados en mayo.

“Seguimos trabajando de manera preventiva y también en las sanciones de los feminicidas hay que decir recordar que este delito se tiene tipificado completamente los 32 estados a partir del 2020 antes no había la tipificación de este delito por eso es bien difícil hacer los comparativos con años anteriores”, defendió Rosa Icela Rodríguez.

Añadió que a partir de que se empezó a tipificar el delito de feminicidio hubo un incremento, aunque sostuvo que ha venido a la baja.

Y mientras las autoridades justifican el delito del feminicidio, El Universal reporta que en tan solo tres días, del 19 al 21 de julio, se han viralizado tres historias de mujeres que han sido agredidas, desde quemadas, violadas y torturadas, en distintos puntos del país.

Luz Raquel Padilla fue quemada viva el 17 de mayo, para fallecer días después debido a las lesiones. Liliana Torres compartió en redes sociales que había sido abusada sexualmente por tres personas y que le prendieron fuego. El tercer caso que ha acaparado la atención en redes sociales fue el de Verónica Razo, quien fue detenida por policías federales quienes abusaron sexualmente de ella y la torturaron.

El subsecretario de Secretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que pese a lo que la prensa reporta, sobre 12 periodistas asesinados en lo que va del año, solo son 10 los casos que han ocurrido.

Explicó que ni los testimonios de las familias ni ningún elemento de prueba, han permitido establecer una actividad de carácter periodístico en los casos de Roberto Toledo y Jorge Camero.

Explicó que Roberto Toledo, asesinado en febrero pasado en Zitácuaro, Michoacán. Dijo que él era auxiliar de un despacho jurídico, y la relación que se indicó en su momento, es porque en calidad de abogado hacía comentarios en un programa de radio.

En tanto, dijo que Jorge Camero, asesinado en febrero en Empalme, Sonora, se dedicaba a actividades políticas había sido secretario particular del alcalde municipal. Precisó que hablando con la Fiscalía local, y de acuerdo a las pesquisas e indagatorias, no se estableció actividad periodística alguna.

El funcionario insistió en que a pesar de no ser catalogados como crímenes contra la libertad de expresión, las investigaciones de ambos crímenes siguen en marcha y se continúan las indagatorias.

Explicó que de los 10 casos registrados, hay 26 detenidos o buscados, de los cuales, 19 han sido vinculados. Detalló caso por caso como avanzan las investigaciones.

  • José Luis Gamboa (enero – Veracruz), hay un detenido que ya fue vinculado a proceso.
  • Margarito Martínez (enero – Baja California), hay 10 detenidos que ya fueron vinculados a proceso.
  • Lourdes Maldonado (enero – Baja California), hay 3 detenidos que ya fueron vinculados a proceso.
  • Heber López Vásquez (febrero – Oaxaca), hay 2 detenidos que ya fueron vinculados a proceso.
  • Juan Carlos Muñiz (marzo – Zacatecas), hay 1 detenido que ya fue vinculado a proceso.
  • Armando Linares (marzo – Michoacán), hay dos personas que son buscadas por su presunta participación.
  • Luis Enrique Ramos (mayo – Sinaloa), hay dos personas que son buscadas por su presunta participación.
  • Yessenia Mollinedo y Sheila García (mayo – Veracruz), hay 5 detenidos o buscados, entre ellos el autor intelectual y dos están vinculados a proceso.
  • Antonio de la Cruz (junio – Tamaulipas)

Sin embargo, cabe resaltar que de los 10 crímenes, y teniendo a las 19 personas vinculadas a proceso, no hay ningún sentenciado hasta ahora.

Sobre el asesinato de Antonio de la Cruz, informó que el evento se registró a las 09:15 hrs a las afueras de su domicilio.

Indicó que dos personas que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra el periodista; en total fueron 5 impactos de bala los que recibió.

Se informó que su hija resultó herida, e inluso se encuentra hospitalizada en estado de salud delicado, pero no perdió la vida como inicialmente se reportó. También se descartó que la esposa de Antonio de la Cruz hubiera estado en el lugar de los hechos.

Se dijo que no se tienen reportes de que Antonio de la Cruz haya sido amenazado por su labor periodística con anterioridad, por lo que tampoco estaba incorporado al mecanismo de protección a periodistas, aunque ya se le brinda apoyo a la familia.

Ricardo Mejía Berdeja señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó atraer el caso, y que sea ella quien lleve el caso.

Al respecto, el presidente López Obrador insistió en que el gobierno está trabajando en garantizar la seguridad en Tamaulipas, pese a las diferencias con el gobierno estatal.

“Se tomó la decisión de atraer el asunto, porque en efecto el periodista hablaba de cuestiones agropecuarias, forestales pero también hay testimonios de cuestionamientos (…) a autoridades locales”, dijo AMLO.

Sostuvo que en caso de que se determine que hay alguna autoridad estatal relacionada con este homicidio, no habrá impunidad.

“No hay impunidad, trátese de quien se trate (…)  no se protege a nadie, así como no se fabrican delitos, también no hay impunidad, no tenemos compromisos con grupos de intereses creados”, remató el presidente.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó el informe mensual de seguridad, en el que destacó que durante mayo, el robo de vehículo se redujo 45.8%, en comparación con el máximo histórico registrado en enero de 2018, mientras que el secuestro disminuyó 58.3%, con relación a enero de 2019.

“Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia y acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales. Estamos en el camino correcto, el que considera cero impunidad y cero corrupción”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Apuntó que en el caso del feminicidio, en mayo se registraron 77 casos, con lo que el delito bajó 31.2% respecto al máximo histórico de agosto de 2021, y se continúa trabajando de forma coordinada con las entidades.

Sin embargo, sumado a las 2 mil 833 víctimas de homicidio doloso, el quinto mes del año se convirtió en el mes más violento del 2022 y el más violento desde mayo de 2021; además de que en lo que va del mandato del presidente López Obrador, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suman 121 mil 642 asesinatos, con lo que se superan los 120 mil 463 acumulados en el sexenio de Felipe Calderón.

Destacó que en delitos del fuero federal, al inicio de esta administración se cometían 9 mil 062; en el mes de mayo pasado se registró un 26.6% menos de incidencia, con lo que se tiene un registro en los niveles más bajos desde hace cuatro años.

De enero a mayo de 2022, respecto del mismo periodo de 2021, disminuyeron los delitos contra la salud 25.6%; fiscales 19.9%; financieros 11.1%; y contra la integridad corporal 2.2%. Sin embargo, se apuntó que los delitos relacionados con armas de fuego aumentaron 2.6% y los patrimoniales subieron 8.1%.

La titular de la SSPC expuso que el número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios, de enero a mayo de 2022, disminuyó 16.3% respecto de enero a mayo de 2021. Dijo que actualmente, 33 municipios registran una disminución de 28% en promedio; 16 tuvieron un incremento de 20.7% y 1, Cuernavaca, Morelos, permaneció sin cambios.

Hasta mayo, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California Jalisco y Sonora concentraban 48% de los delitos de homicidio doloso.

La funcionaria presentó además los resultados de las acciones conjuntas entre la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) del 16 de julio de 2019 al 31 de mayo de 2022: 4 mil 323 detenidos, 495 bandas desarticuladas, mil 979 víctimas liberadas.

En cuanto al robo de combustible, el llamado huachicol, señaló que de 72 mil barriles que se robaban por día a principios de diciembre de 2018, se ha bajado a 6.6 mil barriles, es decir 90.8% menos, por lo que el ahorro del 1 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2022 es de 211 mil 56 millones 577 mil 740 pesos.

En prevención de toma de casetas, algo con lo que se ha lidiado desde el inicio del gobierno, recordó que se puso en marcha el Plan Caseta Segura, con el objetivo de evitar daños patrimoniales al Estado y proteger a la población que hace uso de las carreteras del país, con el cual en lo que va del 2022 se evitó la pérdida de 7 mil 845 millones de pesos. De 2020 al 9 de junio de 2022, se evitó la pérdida de 31 mil 554 millones de pesos.