En el marco de la audiencia púbica “Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México” perteneciente a las audiencias públicas de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que sus integrantes pudieron haber sido víctimas de espionaje por parte del Gobierno mexicano.
El encargado de presentar la información, fue el comisionado James Cavallaro, quien detalló que se recibió una carta del GIEI. “Nos informan que varios de los miembros del grupo, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado ‘Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de Derechos Humanos en México´, sigue y vamos a dar más detalles, vamos a comunicarle formalmente al Estado sobre esta carta”, dijo.
En dichas audiencias se encontraba presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien reafirmó que tanto la Procuraduría General de la Rrepública (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional ya atendieron las medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de espionaje. “Las medidas cautelares básicamente están orientadas; primero, a que las autoridades de las que se tiene información que adquirieron esta tecnología se abstengan de emplearlo en contra de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad; segundo, se abstengan de utilizar información que pudiese derivarse de este procedimiento”.
Ante tales afirmaciones, Mario Patrón, director del Centro ProDH, cuestionó sí las propias dependencias del gobierno mexicano serían capaces de conducir una investigación cuando es la propia PGR una de las dependencias señaladas de haber utilizado el software Pegasus. “¿El Estado tendrá voluntad para investigarse a sí mismo?”, sostuvo Patrón.
Con información de El Universal / Foto: Archivo APO
