El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ha señalado este martes ante la Audiencia Nacional que se opone a ser extraditado porque considera que México “es un país que no tiene leyes” y en el que “no hay justicia”.
Su defensa ha argumentado motivaciones políticas detrás de la orden de captura y extradición de su cliente.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional llevó a cabo la audiencia de extradición que solicita el gobierno mexicano desde que fuera detenido en Palma de Mallorca en mayo de 2019. Se le acusa de un presunto delito de lavado de dinero en una serie de transferencias que habría realizado a una sociedad vinculada con el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien también está recluido en prisión a la espera de que se resuelva también su extradición.
Ancira ha respondido a preguntas de la Fiscalía acerca de que las acusaciones que pesan sobre él “casi llevan a la bancarrota” a su empresa dado que debido a que se le imputan delitos de lavado de dinero les han cerrado líneas de crédito y hay riesgo de que se produzca la pérdida de miles de empleos.
Sobre el hecho de que haya mantenido empresas en el país al que acusa ahora de no tener leyes, Ancira ha apuntado que le ha ocurrido “como con el Coronavirus, que hasta que no le pega, usted no le reclama, no le presta atención”.
Tras responder al Ministerio Fiscal, Ancira ha incidido a preguntas de su defensa que no quiere ser extraditado porque es “un daño colateral” de la batalla del actual presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, “contra la administración anterior” de Enrique Peña Nieto.
“El señor (presidente) es un mitómano del tamaño de Hitler, no está cuerdo”, declaró Ancira.
El fiscal Carlos Bautista expuso que Pemex “va camino de parecerse a PDVSA” (la petrolera de Venezuela), y ha defendido que se extradite a Ancira más allá de si los delitos por los que se le requieren han prescrito o no.
Esto lo señaló después de escuchar la declaración de una perito experta en derecho quien, presentada por la defensa, ha apuntado que los delitos que se le imputan a Ancira habrían prescrito de acuerdo al artículo 107 del Código Penal de nuestro país.
En cuanto a la posibilidad de que se trate de una persecución política por la confrontación del actual presidente mexicano hacia personas cercanas al anterior gobierno, el fiscal ha señalado que pudiera ser también que el abandono del poder de Enrique Peña Nieto en 2018 haya actuado como “botella de cava” que al abrirse posibilita que afloren y se conozcan delitos que el elemento político impedía.
Añadió a esto que la argumentación sobre la politización del proceso de extradición “se debe demostrar con hechos y no con palabras”.
La defensa señaló que solicitan la denegación de la extradición porque hay una “finalidad desviada” y no hay causa jurídica que sustente esa comisión de un delito. “La petición de extradición es por un delito común, pero se encubre una persecución autentica indirecta contra Ancira, por lo que se viola el núcleo duro de los derechos fundamentales”, han añadido.
Recordemos que Ancira pagó en julio de 2019 la fianza de un millón de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para poder salir de prisión con medidas cautelares mientras se tramitaba la petición de extradición.
Permanecía en prisión desde finales de mayo después de que fuera detenido en el aeropuerto de Palma por la orden de detención de México.
