Me imagino a la hoy ex presidenta de Corea del Sur, Park Geun-Hye, lamentando que fue víctima del bullying. Que por eso surgió la Revolución de las Velas que terminó sacándola del poder a ella y que puso a los directivos de Samsung, la empresa más grande e importante de ese país, en prisión.
Fue solo por bullying. Bullying ante una pobre presidenta que tenía una amiga, Choi Soon-sil, que manejaba a la tituar del ejecutivo a su antojo y, mediante esa cercanía logró que su hija Chung Yoo-ra, dedicada a la equitación, fuera admitida a una de las mejores universidades de Corea y que Samsung le regalara un caballo sumamente elegante y competitivo.
Esas fueron las dos gotas que derramaron el vaso de la corrupción en Corea del Sur. Un país que estaba acostumbrado a las trampas y los cochupos, allá los llaman chaebols, y que decidió hace poco más de un año, el 28 de septiembre del 2016, ponerle punto final a estas prácticas mediante el Acta Kim Young-ran.
Esta política regula las prácticas que antes se consideraban tradición en las relaciones entre servidores públicos y empresarios. Prohíbe invitar a los políticos o periodistas a comidas que impliquen un gasto mayor a $25 dólares; dar regalos más caros de $45 dólares y otorgar más de $100 dólares en efectivo como regalos de boda o funerales. Para los maestros de escuela la cifra máxima permitida en cualquiera de estos rubros es de CERO wons (moneda de Corea del Sur).
Esta Acta anticorrupción afectó de arranque a 4 millones de servidores públicos (que por cierto, en Corea no pueden pertenecer a ningún partido salvo los Secretarios de Estado). Pero como tiene prohibiciones para las familias de los servidores, el Acta Him Young-ran ha afectado prácticamente a todos los ciudadanos.
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