Congresistas de Texas criticaron los intentos del gobierno de México para limitar la competencia en el sector de la energía eléctrica.
En una carta al embajador estadounidense, Ken Salzar, 20 congresistas y senadores de Texas criticaron los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para la participación de mercado de los generadores de energía privados y favorecer a la empresa estatal de servicios.
La carta, distribuida por el representante republicano August Pfluger, señaló que las nuevas normas “discriminarían a los productores de energía estadounidenses”.
La queja se produjo ayer, el mismo día en que el gobierno de nuestro país afirmó que encabeza una transición hacia fuentes de energía renovables, aunque López Obrador impulsa restricciones a proyectos de generación eléctrica de plantas eólicas y solares privadas.
Y es que López Obrador envió este mes al Congreso una iniciativa que cancelaría los contratos con los que 34 plantas privadas venden electricidad a la red nacional. El plan declara ilegales otras 239 plantas privadas que venden directamente electricidad a clientes empresariales en México. Casi todas estas plantas generan electricidad con fuentes renovables o gas natural.
La iniciativa también cancelaría muchos contratos de abastecimiento de electricidad de largo plazo y los esquemas de compra preferencial de electricidad a plantas de energía limpia, lo que afectaría principalmente a empresas extranjeras. La iniciativa coloca las termoeléctricas de gas natural casi al final de la fila en los derechos a vender electricidad en la red, a pesar del hecho de que generan electricidad un 24% más barata. Las plantas de CFE que queman combustóleo tendrán preferencia sobre las plantas privadas eólicas y solares.
La iniciativa garantiza a la CFE una cuota de mercado de “al menos” el 54% aunque el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) prohíbe favorecer a empresas locales o gubernamentales.
La carta de los legisladores de Texas señaló que “las reformas constitucionales propuestas por el gobierno mexicano incrementarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada. Estos pasos, entre otros, dañan nuestra vital asociación comercial con México y violan potencialmente los principios clave del T-MEC”.
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