Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute el proyecto de resolución que pretende invalidar la segunda parte del decreto del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena.
Según lo resuelto con el primer paquete, el ‘Plan B’ presentó violaciones desde un inicio al proceso legislativo, por lo que se declaró su invalidación. Se prevé que la segunda parte que se discute hoy, siga el mismo camino.
Al respecto, la Consejería Jurídica (CJ) de la Presidencia señaló que el ministro Javier Laynez, a cago del proyecto que se discute hoy, pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “cambie criterios para favorecer a la oposición e invalidar Plan B electoral”.
En un comunicado, la CJ señaló que en su proyecto de sentencia, el ministro pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el ‘Plan B’ electoral, lo cual, dijo, “vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”.
El martes pasado, el presidente López Obrador acusó a los ministros de la SCJN de estar “alineados” con los conservadores por proponer invalidar la segunda parte de su reforma electoral.
El mandatario se pronunció después de que un día antes se difundiera un proyecto de sentencia del ministro Laynez Potisek.
En su pronunciamiento, la Consejería Jurídica de la Presidencia señaló que el ministro Laynez Potisek “propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”.
También dijo que el ministro instructor refiere en su proyecto que hubo “una confusión” que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. “La confusión que atribuye el ministro a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas”.
“Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa” y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel, “no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, dijo la Consejería Jurídica.
También señaló que en caso de aprobarse el proyecto del ministro instructor, “la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias”.
