El Gobierno de México y las fuerzas armadas “no deben de hacerla de empresario” al ceder el control de diversas obras de infraestructura, reclamó el presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex), José Medina Mora.
La postura del líder empresarial llega en medio de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ceder el control de aeropuertos, puertos, aduanas y su plan de recuperar la actividad de los trenes de pasajeros en el país a las Fuerzas Armadas.
“Es muy claro que el Gobierno debe de poner las normas, las leyes, pero no debe de hacerla de empresario porque las empresas que maneja el Gobierno generalmente no son rentables”, afirmó Medina Mora.
En cinco años de gobierno, López Obrador delegó la construcción y control de casi una tercera parte de los aeropuertos en el país a las Fuerzas Armadas, entre ellos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra prioritaria, además de la totalidad de las aduanas y puertos en México.
A estos esfuerzos se suma el decreto por el cual las empresas con concesiones de vía férrea deben plantear propuestas para ofrecer servicio de trenes para pasajeros, mientras que el Gobierno alista al Ejército para ofrecer una alternativa pública, de no llegar a seleccionar los proyectos privados.
“La Constitución (de México) es muy clara, el Ejército debe estar a cargo de la seguridad nacional”, cuestionó el presidente de la Coparmex.
Medina Mora señaló que hasta ahora las Fuerzas Armadas en el país se mantienen de forma excepcional en las calles y auxiliando en tareas de seguridad pública hasta 2028, fecha límite aprobada para regresar a los cuarteles.
Sin embargo, el líder del sector patronal insistió que ni el Ejército ni la Marina tienen facultades constitucionales para “administrar” aeropuertos, aduanas, ni para construir sucursales bancarias o trenes, así como tampoco para manejar aerolíneas.
En otros temas, Medina Mora señaló que “no es momento para aumentar los costos de producción de las empresas, sobre todo de las más pequeñas”, esto al cerrar filas para insistir en que no es momento para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Explicó que tan solo en este año, la iniciativa privada ya ha acompañado tres políticas que generar incremento de los costos de las empresas: la reforma a pensiones, los cambios legales para aumentar las vacaciones y el más reciente aumento del 20% al salario mínimo.
“No es el momento (de reducir la jornada laboral en México), le quitaríamos un atractivo a las inversiones, ahorita que están llegando (al país) las empresas, vamos a motivarlas”, expresó por su parte Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El empresario señaló que lo que requieren los trabajadores mexicanos son mejores salarios, por lo que recordó el más reciente acuerdo de incrementar un 20 % el salario mínimo general para el 2024.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega, defendió que estos cambios son inminentes, dado que forman parte de los acuerdos suscritos por México en el T-MEC.
“No nos negamos los industriales a esta reducción (de la jornada laboral), sabemos que es parte de los acuerdos del T-MEC, como fueron el tema de sindicatos, de (ampliar) las vacaciones, de (aumento a los) salarios”, sostuvo.
Sin embargo, consideró que la implementación de esta reforma afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), debido al costo que tendrán que absorber.
Con ella coincidió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, quien subrayó que esta modificación legal podría desestabilizar el crecimiento del país y el auge del ‘nearshoring’.
