Un juez federal suspendió, de manera provisional, la reforma aprobada la semana pasada por el Senado, mediante la cual se extinguían 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
A pocos días de la entrada en vigor de la reforma, que elimina 13 de los 14 fideicomisos con cerca de 15 mil millones de pesos, el juzgado doceavo de distrito en el estado de Chihuahua, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Tesorería de la Federación.
La medida cautelar se emitió tras el amparo presentado por la magistrada María del Carmen Cordero Martínez contra el recorte de los fondos, y en medio de protestas por parte de los trabajadores y jubilados al considerar que la medida atenta contra sus derechos laborales.
Recordemos que la reforma fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que en los últimos meses ha endurecido sus críticas contra el Poder Judicial al cual acusa de corrupción y privilegios para sus altos mando, es decir, los ministros y magistrados.
Aunque la confrontación de López Obrador con el Poder Judicial no es nueva, las tensiones aumentaron en los últimos meses luego que la Suprema Corte de Justicia invalidó las reformas energética y electoral, y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, propuestas había impulsado el mandatario.
La suspensión temporal de la reforma estará vigente al menos hasta el 9 de noviembre, cuando se celebrará la audiencia inicial en la cual se decidirá si se frena de manera definitiva la eliminación de los fideicomisos.
Tras la entrada en vigor de la reforma, luego de que fue aprobada en el Senado el pasado 24 de octubre, y previamente en Diputados, varios centenares de trabajadores judiciales presentaron esta semana un amparo para detener su aplicación.
El amparo concedido llega luego de que López Obrador planteara ayer que los fondos de los 13 fideicomisos en cuestión se destinara a ayudar a los afectados por Otis en Guerrero. La propuesta fue respaldada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, quien calificó la propuesta del presidente como una “alternativa real” y dijo que estaba dispuesta a dialogar para concretar el movimiento de recursos.
