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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investiga a su expresidente, el exministro Arturo Zaldívar, y a otros funcionarios cercanos a él, por posible corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Según la información que se ha viralizado en redes sociales, con una filtración del expediente, la Suprema Corte, ahora encabezada ahora por Norma Piña, ordenó abrir una investigación hacia Zaldívar, quien habría “vulnerado” la autonomía e independencia de operadores del sistema judicial para “satisfacer intereses personales o de terceros”.

El ahora colaborador de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, está acusado de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia de la Corte y considerado su mano derecha.

Esto “con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, se lee en el documento que se ha dado a conocer.

En la denuncia, que se refirió es anónima, también se implica a decenas de funcionarios, entre ellos la exprocuradora general de la república Arely Gómez, quien trabajó como contralora del Poder Judicial en la gestión de Zaldívar, y quien esta semana tomó el cargo de auditora general de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

La investigación contempla sospechas de complicidades con personajes externos al Poder Judicial, como el exconsejero Jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, y despachos de abogados cercanos a él.

Tras difundirse la investigación, ha habido diversas reacciones. Miguel Meza, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, indicó a través de sus redes sociales que la investigación que se abrió, no responde a la denuncia que presentó en febrero pasado.

Sin embargo, advirtió que “parece ser que mi denuncia daría lugar a OTRA investigación”.

“La denuncia que presenté en su contra tiene pruebas contundentes. No exija que se detengan las investigaciones. Enfrente el proceso. Si tiene pruebas para defenderse, preséntelas. Pero no se atreva a pedir que las acusaciones queden impunes y sin investigar”, indicó el abogado.

En tanto, el propio Zaldívar solicitó un espacio en el programa de Radio Fórmula de Ciro Gómez Leyva, para posicionarse al respecto. En la entrevista acusó a Piña de iniciar esta investigación con tintes electorales.

También denunció que no es más que un intento de “revancha” ante las decisiones de ministros que están a favor de las reformas e ideas de López Obrador.

“Me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara de una especie de revancha contra la 4T, (tiene) una función de tratar de desprestigiar”, sostuvo el exministro.

Asimismo, indicó que le parecía “muy grave” que Piña, quien tendría que cuidar el Estado de derecho, viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones y el derecho de defensa.

Acusó que “es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos”.

Recordemos que Arturo Zaldívar, quien es cercano a López Obrador, renunció a la Suprema Corte en noviembre de 2023, aunque su periodo concluía en diciembre de 2024, para integrarse a la campaña de Sheinbaum.

La denuncia trasciende después de que en febrero pasado López Obrador causó polémica por declarar que, cuando Zaldívar era el presidente de la Suprema Corte, el Ejecutivo “respetuosamente intervenía” en casos de alto perfil.

La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que México sigue muy lejos de una justicia y una igualdad real para todas las mujeres, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La ministra presidenta indicó que desde el Poder Judicial de la Federación (PJF) no sólo se asume la responsabilidad para alcanzar esa igualdad, sino que “convocaremos a todas las autoridades para trabajar, de forma efectiva y coordinada, en la solución de los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia que impactan, especialmente, a las mujeres.

“Hoy me dirijo a ustedes: las mujeres indígenas y afromexicanas; las mujeres en el campo y las que defienden a la naturaleza; las mujeres que viven en situaciones de pobreza; las migrantes; las mujeres trans y las de la diversidad sexual; las mujeres con discapacidad; las buscadoras, las que luchan para encontrar justicia para sus hijas, víctimas de feminicidio; las niñas, las adolescentes; las que cuidan, las que luchan por los derechos de las mujeres”, dijo durante su video mensaje con motivo del 8M.

Recordó que el año pasado escuchó y dialogó con familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de desaparición de personas que aman, de mujeres víctimas de la represión de sus derechos sexuales y reproductivos y que, con base en ello, se ha desarrollado un Programa de Derechos Humanos, Justicia Penal y Género, el cual tiene por objetivo, entre otros, brindar las herramientas para probar en un juicio, el contexto en que ocurre la violencia de género.

“No vamos a dejar de trabajar, nuestro compromiso es profundo, es honesto. Hoy les digo, con absoluta convicción que, en el Poder Judicial de la Federación, la igualdad de género va en serio”, enfatizó.

La ministra Piña Hernández agregó que este 8 de marzo se suma, una vez más, con convicción y respeto, a las miles de mujeres que toman las calles, ya sea saliendo a marchar o simbólicamente para conmemorar la lucha por la igualdad de género y exigir el alto total de las muchas violencias que no cesan contra las mujeres, niñas y adolescentes en México.

“Hoy, mientras nos escuchamos, mientras reflexionamos, honremos la memoria de quienes no están; reclamemos el derecho a un futuro libre, alegre, digno y seguro para las que llegarán. En este último año entendí, mejor que nunca que, a diferencia de los cascarones de género, los cambios reales para avanzar hacia la igualdad no son de un día al otro. Para realmente progresar, tenemos que construir cimientos sólidos que logren trascendernos como personas en lo individual, que se consoliden en una sana estabilidad institucional”, manifestó.

Reiteró su compromiso para seguir trabajando y lograr que el Poder Judicial de la Federación sea un espacio libre de violencia de género, y afirmó que se enfoca en la prevención y se trabaja, a marchas forzadas, para transversalizar la igualdad de género en temas esenciales como: reconocer y redistribuir las labores de cuidado.

La ministra presidenta del Suprema Corte, Norma Piña, presentó ayer su Primer Informe de Labores, donde reconoció que el Poder Judicial de la Federación ha enfrentado retos sin precedentes, donde la respuesta ha sido “la solidez y fortaleza, tanto de las instituciones que lo conforman, como de las personas que lo integran”.

Estos momentos de cambio, expresó, exigen que “saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”.

Ante representantes de los otros dos poderes de la unión, la ministra presidenta pidió no olvidar que la justicia no es un “monopolio del Poder Judicial”, sino una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad.

Piña Hernández destacó que la defensa de la independencia judicial surge no sólo de quienes la viven en el ejercicio de sus funciones, sino “de quienes, con el debilitamiento de la judicatura, con la deslegitimación de nuestra función social, ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad”.

Por ello, exhortó a promover la legitimidad del PJF, que incentive el compromiso, la responsabilidad y el actuar ético de todas las personas que lo integran.

“La independencia judicial no sólo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos (…) en la función jurisdiccional no buscamos aplausos, nuestra guía es honrar y preservar la justicia”, sostuvo.

La Ministra Presidenta informó que durante 2023 ingresaron al sistema de justicia federal 1,493,712 asuntos, que se sumaron a los 531,571 que ya estaban. De los cuales se resolvió un 70%.

Norma Piña Hernández subrayó que el PJF tiene la responsabilidad de administrar sus recursos siguiendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, sin poner en riesgo la función jurisdiccional.

Sin embargo, indicó que desde 2018, el presupuesto para el Poder Judicial Federal se ha reducido más de 23% en términos reales, aunado a que se tienen nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales en diversas materias.

En ese sentido, dijo que “la viabilidad de continuar sirviendo la sociedad, de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial está a prueba”.

Por último, dijo a las más de 53 mil personas trabajadoras del PJF que sus derechos laborales serán garantizados en términos de orden legal y constitucional que los ampara, porque son ellos, “el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige”.

Agradeció a los trabajadores que salieron a las calles a manifestarse en contra de la eliminación de los fideicomisos y a todos aquellos que han defendido públicamente la independencia judicial.

“Cada expresión de solidaridad, y también de crítica, son, en sí, valiosas. Constituyen elementos torales de la democracia y de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho”, dijo.

La Ministra Presidenta reiteró su compromiso, el cual “es y seguirá siendo, tanto la defensa de la Constitución, nuestro pacto social fundamental, como la independencia del Poder Judicial, el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”.

Durante su informe, destacó resoluciones que han enfrentado al Poder Judicial con el titular del Ejecutivo, tales como la inconstitucionalidad de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la invalidez del llamado Plan B electoral; del decreto por el que AMLO declaró que las obras del gobierno se catalogaran como cuestiones de seguridad nacional; el transparentar los contratos de compra de vacunas COVID-19; la luz verde que se le dio al INAI para sesionar con cuatro integrantes ante la falta de nombramientos, entre otras.

El informe de labores de Norma Piña se realizó, por primera vez en el sexenio, sin que el titular del Ejecutivo asistiera, lo que se consideró un claro desaire a la ministra presidente, y evidencia de las diferencias que hay entre ambos poderes.

Fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien acudió en representación de López Obrador.

Tal como lo instruyó el presidente Andrés Manel López Obrador (AMLO), la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estableció un canal de diálogo con el Poder Judicial, donde reconoció la sensibilidad y disposición de la presidenta de la Corte, Norma Piña, de trabajar de manera conjunta al adherirse a la propuesta del presidente para destinar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a la atención de los damnificados por el huracán Otis.

La secretaria indicó que el canal se estableció con el propósito de instalar una comisión conformada por los tres Poderes de la Unión, que permita administrar los recursos de los fideicomisos a través de un fondo de ayuda.

Y es que recordemos que el martes pasado, el presidente López Obrador lanzó la propuesta para que los cerca de 15 mil millones de pesos de los13 fideicomisos se destinaran a ayudar a los afectados por el huracán Otis.

Rápidamente, la ministra Norma Piña indicó que dicha propuesta era una “alternativa real” para canalizar los recursos de los fideicomisos que según había dicho, eran necesarios para cumplir con los derechos labores de los trabajadores del Poder Judicial.

En su carta, se dijo a la espera de conocer los canales institucionales que se manejarían para concretar la canalización de dichos recursos.

Fue el pasado 18 de octubre, cuando el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen que reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de extinguir 13 fideicomisos y fondos equivalentes a 15 mil millones de pesos no contemplados en dicho ordenamiento.

Una semana después, el 24 de octubre, el Senado aprobó la minuta y un tres días después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que su desaparición entró en vigor. Sin embargo, esta semana un juez concedió un amparo para evitar que los recursos fueran transferidos a la Tesorería.

Luisa María Alcalde informó además que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados respaldaron el planteamiento del presidente para que el dinero de los fideicomisos se asigne a un fondo para apoyar a las personas damnificadas de Guerrero.

Explicó que, dado que es la Cámara de Diputados la que está a cargo del presupuesto, los representantes del Poder Legislativo serán quienes integrarán el comité de seguimiento y vigilancia que el presidente propuso para el traslado de los recursos.

Un juez federal suspendió, de manera provisional, la reforma aprobada la semana pasada por el Senado, mediante la cual se extinguían 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

A pocos días de la entrada en vigor de la reforma, que elimina 13 de los 14 fideicomisos con cerca de 15 mil millones de pesos, el juzgado doceavo de distrito en el estado de Chihuahua, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Tesorería de la Federación.

La medida cautelar se emitió tras el amparo presentado por la magistrada María del Carmen Cordero Martínez contra el recorte de los fondos, y en medio de protestas por parte de los trabajadores y jubilados al considerar que la medida atenta contra sus derechos laborales.

Recordemos que la reforma fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que en los últimos meses ha endurecido sus críticas contra el Poder Judicial al cual acusa de corrupción y privilegios para sus altos mando, es decir, los ministros y magistrados.

Aunque la confrontación de López Obrador con el Poder Judicial no es nueva, las tensiones aumentaron en los últimos meses luego que la Suprema Corte de Justicia invalidó las reformas energética y electoral, y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, propuestas había impulsado el mandatario.

La suspensión temporal de la reforma estará vigente al menos hasta el 9 de noviembre, cuando se celebrará la audiencia inicial en la cual se decidirá si se frena de manera definitiva la eliminación de los fideicomisos.

Tras la entrada en vigor de la reforma, luego de que fue aprobada en el Senado el pasado 24 de octubre, y previamente en Diputados, varios centenares de trabajadores judiciales presentaron esta semana un amparo para detener su aplicación.

El amparo concedido llega luego de que López Obrador planteara ayer que los fondos de los 13 fideicomisos en cuestión se destinara a ayudar a los afectados por Otis en Guerrero. La propuesta fue respaldada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, quien calificó la propuesta del presidente como una “alternativa real” y dijo que estaba dispuesta a dialogar para concretar el movimiento de recursos.

La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), Norma Piña Hernández, dio a conocer esta tarde el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el cual templa un aumento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023.

La también ministra presidenta de la Suprema Corte, indicó que el presupuesto se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez, además de que considera los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia.

La presentación del proyecto se dio en sesión pública conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Piña Hernández destacó que en el proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó la ministra.

Fue enfática en señalar que el aumento del 4% va en línea con las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda para el cierre de este año. Apuntó que los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El aumento en puntos porcentuales equivale a 3 mil 101 millones 779 mil 645 pesos, para un total de 80 mil 646 millones 270 mil 771 pesos.

También destacó que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y considera ahorros derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.

La ministra Norma Piña destacó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación

en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos, pues en el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto han disminuido 15.4% en términos reales.

En lo que respecta al papel del TEPJF, mencionó que el proceso electoral del próximo año implicará una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver.

La ministra Piña Hernández reiteró el compromiso del PJF con México “no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”.

Luego del revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera al traslado operativo de la Guardia Nacional a la Sedena, Integrantes del Frente Nacional Obradorista (FNO) exigen la renuncia de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.

El FNO instaló un plantón a las fueras de la Corte, donde se colocaron carpas en la entrada principal del inmueble, mientras que autoridades colocaron un operativo con vallas metálicas para resguardar las instalaciones, y en el que participan Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y elementos de la Guardia Nacional (GN).

Los inconformes, seguidores de la 4T, buscan recabar 150 mil firmas, que apoyen sus exigencias sobre la renuncia de la ministra Piña Hernández. Además, los integrantes del FNO han anunciado una nueva marcha, aunque todavía no definen la fecha.

“Estamos luchando para quitar a esta clase de servidora pública que es la ministra Norma Piña… en vez de ayudar al pueblo está ayudando a los narcotraficantes, como Francisco García Cabeza de Vaca (que) ya le quitó la orden de aprehensión, ya liberó a Rosario Robles por esa demanda de 5 mil millones de pesos que desaparecieron en Sedesol. Liberó cuentas de Genaro García Luna… luchamos por los mexicanos, ayudando a nuestro mandatario. El pueblo debe de quitar a los jueces y poner otros, estamos buscando firmas para sacar a la narcoministra, es tiempo que México despierte”, dijo uno de los manifestantes que se encuentran en el plantón, según reportó El Universal.

Este es solo el más reciente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, una tensa relación que se avivó cuando Arturo Zaldívar dejó la presidencia y Norma Piña asumió el cargo.

El presidente López Obrador se ha lanzado en repetidas ocasiones en contra de las decisiones de algunos ministros. En el 2021 criticó a Norma Piña por oponerse a la llamada Ley Zaldívar, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que buscaba ampliar por dos años más el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte. 

En marzo de este año, el presidente criticó a los ministros de la Corte por suspender su polémica reforma electoral, mejor conocida como Plan B, lo que le sirvió para acusar a los jueces de ser parte de la “mafia del poder”.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Juan Jesús Garza Onofre, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la relación entre el Poder Judicial  y el Ejecutivo.

Foto: Twitter @bereaguilarv

Luego de que ayer condenara la quema de una piñata con la imagen de la ministra presidenta Norma Piña por parte de un grupo de sus seguidores, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó reunirse con ella para abordar el tema.

“No tiene sentido, yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería de repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan ‘zopiloteando’”, dijo el mandatario.

Cuestionado sobre si una reunión podría sumar al mensaje que se ha mandado de rechazo a ese tipo de actos, el presidente digo que el mensaje “ya lo estoy mandando desde aquí”.

“Que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, insistió.

Utilizó el tema para llamar a los dirigentes de los partidos del bloque conservador y a la mayoría de los periodistas famosos que los apoyan, a que dejen de lado las campañas negras en contra del movimiento que encabeza.

“Programas de radio, los noticieros de radio, la televisión, los periódicos. Puro amarillismo. Están actuando como pasquines, como boletines del bloque conservador. Ya deberían de cambiar, ¿no? Porque además, son muy tendenciosos”, reclamó el mandatario.

Insistió en lo que expuso ayer, acerca de que en la marcha que hicieron los conservadores quemaron una piñata con su imagen, y “nadie dijo nada, nadie dijo nada, y ahora un escándalo. Ya basta de hipocresía”.

De acuerdo a la más reciente encuesta de El Financiero los mexicano confían más en la Suprema Corte de Justicia que en el presidente López Obrador.

Al preguntar a los mexicanos, cuánta confianza tienen en la Corte, 61% contestó que mucha o algo, mientras que solo el 54% respondieron en el mismo sentido en referencia al presidente.

La poca o nada de confianza en la Corte se ubicó en 39%, mientras que en el Presidente el 44% tiene poca o nada confianza.

A pesar de la confianza a la Corte, y en medio de la polémica entre ambos, el 48% de los consultados creen que el presidente ha sido respetuoso con la ministra Norma Piña. Un 37% considera que AMLO se ha excedido en sus críticas.

Sin embargo, el 51% de los mexicanos creen que las críticas del Presidente hacia algún personaje público genera violencia en su contra. Solo 39% piensa lo contrario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó esta mañana la quema de una piñata alusiva a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, durante la concentración del sábado pasado en el Zócalo caPitalino.

“No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, eso es lo que yo opino. Condeno estos actos, no hace falta”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que durante la concentración del sábado pasado, un grupo de asistentes quemaron una piñata que tenía la cara de la ministra.

En fotos y videos que circulan en redes sociales, se vio primero la piñata a lo alto, misma que después fue prendida con fuego. “Fuego, fuego”, “¡Fuera Piña, fuera Piña!” y “Es un honor estar con Obrador”, se escuchaba gritar mientras la piñata era consumida por las llamas.

López Obrador dijo que “tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”, en referencia a que en el pasado se ha hecho lo mismo con otros personajes de la vida política del país.

También resaltó que “nosotros no somos iguales a los conservadores. Ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que ser respetuosos”, pidió.

AMLO sostuvo que el movimiento que encabeza ha sido, es y seguirá siendo pacífico. “No odiar, hay que hacer valer en todo el amor al prójimo”, añadió.

Sin embargo, López Obrador trató de minimizar lo sucedido asegurando que lo sucedido era parte de las expresiones “muy minoritarias” del movimiento de la 4T. Dijo que la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica.

Llamó a no darle motivos a los conservadores con este tipo de acciones, pues insistió, “son muy hipócritas”. Recordó que en la marcha del mes pasado, cuando se salió a defender al INE, también se quemaron figuras con el rostros de otros político, como fue su caso.

“Yo no estoy seguro, pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco, también quemaron unas figuras (…) una mía, no me di cuenta, pero no debe de pasar esto en ningún caso. Pero cuando quemaron mi figura, ¿no salió en la prensa verdad? Nadie se quejó”, reclamó.

Finalizó asegurando que pese a todo, reprueba lo sucedido con la figura de la ministra, que dijo, no tenía conocimiento que dicho acto se había presentado.

Foto: Twitter

La ministra Norma Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), ofreció un mensaje en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que refrendó su compromiso de escuchar y trabajar de forma prioritaria con las mujeres.

La ministra aseguró que solo escuchando a las mujeres podrán atender los principales problemas que enfrentan para acceder efectivamente a la justicia en el país.

La ministra presidenta sostuvo que el Poder Judicial escucha, reconoce y asume su responsabilidad en relación con los problemas que persisten en el acceso efectivo de las mujeres a la justicia.

“En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes”, dijo en el videomensaje que se difundió.

La ministra aseguró que este 8 de marzo es un día de marcha, donde las mujeres salen a las calles para reclamar, legítimamente, un alto a las violencias que impiden a millones de niñas, adolescentes y adultas mayores, vivir en paz.

“Hoy, nos vemos a los ojos, nos fortalecemos. Nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes, de que nos tenemos. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir: ¡Ni una más!”.

La presidenta de la Corte afirmó que, desde su trinchera al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF), acompañará a todas las mujeres, asegurando que como cada año, “hoy también marcho con ustedes, pero en silencio” para exigir en lo que creen, “que es posible e impostergable detener, de una vez ؅ por todas, la discriminación y las violencias por razón de género”.

Y es que recordemos que la ministra ha sido blanco de críticas y descalificaciones desde Palacio Nacional, y por parte de diversos seguidores del gobierno morenista.

Como ya se ha hecho costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó este viernes las amenazas contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), Norma Piña, y descalificó el llamado de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces y de la Barra de bogados.

“Fíjense, sale un mensaje en las redes, que se la va a hacer daño a la ministra Piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces, de magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa, todos ellos me echan la culpa”, reclamó el mandatario al ser consultado sobre el tema.

El presidente descalificó el posicionamiento del jueves de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, que pidió investigar una amenaza que circula en redes sociales con la imagen de Piña con la leyenda “el problema” acompañada de una bala con la frase “la solución”.

Y es que ayer, los juristas consideraron que la amenaza es “consecuencia de un discurso de odio hacia las funciones que constitucionalmente le competen al Poder Judicial de la Federación”, que se emiten principalmente desde la tribuna de Palacio Nacional.

La amenaza surgió después de que López Obrador manifestara el miércoles que “apenas llegó la nueva presidenta (de la Corte) y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

Pero el mandatario respondió que “esos que pusieron el mensaje, en una de esas hasta fueron ellos mismos (los jueces), porque son capaces de eso y de más”.

“Así son los conservadores, tiran la piedra y esconden la mano, muy chuecos”, añadió.

La confrontación del Ejecutivo con la Suprema Corte ha crecido desde la elección en enero pasado de Piña como la primera mujer presidenta de la SCJN, pues López Obrador ha reconocido diferencias con ella porque “siempre ha votado en contra de las iniciativas” promovidas por su gobierno.

Pese a las críticas de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces y de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) por los ataques al Poder Judicial, López Obrador defendió que “el 99% de los mexicanos no saben quiénes son los 11 ministros” de la Suprema Corte. y los magistrados del Tribunal Electora.

“No se conocían y siguen sin conocerse, era un poder a la sombra, oculto. ¿Y por qué no transparentar todo y hacer la vida pública cada vez más pública?”, expresó.

Y pese a los llamados a dejar de atacar al Poder Judicial, el presidente avisó que persistirá con sus críticas.

“Yo le digo a la gente que nos está viendo: ¿(entonces) no tocamos los temas estos? No. Hay que ventilar todo, esto es lo que nos va a llevar a la purificación de la vida pública de México. La crisis de México se originó por la corrupción”, remató.

Ignorando la decisión que los ministros de la Suprema Corte tomaron a inicios de año, y la trayectoria que avala su nombramiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que gracias a él, la ministra Norma Piña se convirtió en la presidenta de la Corte

“Sí, porque antes, antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo entre risas el presidente.

“¿Quién nombraba al presidente de la Corte? El presidente. ¿Quién nombraba a los diputados federales? El presidente. ¿Quién nombraba a los senadores? El presidente. ¿Quién nombraba a los gobernadores? El presidente”, recordó.

López Obrador indicó que hasta hace poco había una “regla de oro” en la política, que era el presidente quien nombraba a todos los funcionarios federales, a los gobernadores, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, magistrados electorales y hasta al titular de la Corte.

Aprovechó el tema para relatar que cuando fue Jefe de Gobierno del  entonces Distrito Federal, los magistrados del Tribunal del Poder Judicial local lo buscaron pues iban a nombrar al presidente del Tribunal.

“Me vienen a ver para que yo diera ‘la línea’, como era, y le digo: No, elíjanlo ustedes, así está. Pero hasta raros se sentían (…) ellos eligieron y nombraron”, relató el presidente asegurando que no continuó con las costumbres de que fuera el ejecutivo quien decidiera esos asuntos.

Añadió que cuando terminó su administración, Bernardo Bátiz, entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, le solicitó un encuentro.

Ante la insistencia de Bátiz, AMLO terminó aceptando un desayuno, donde afirmó que el funcionario lo sorprendió al decirle:

“Lo primero que quiero es agradecerle porque por usted estoy aquí’. Le digo: No, por mí no, si a usted le nombraron o le eligieron cuando yo ya no estaba de jefe de Gobierno. ‘Ah, pero usted dejó el antecedente y por eso estoy aquí’”, sostuvo López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que “no confía” en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes apenas el pasado 2 de enero eligieron como su primera mujer presidenta a Norma Piña.

“No (confío), quizás en alguno, uno, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo del Poder Judicial”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

El mandatario hizo estas declaraciones al ser cuestionado sobre si confía o no en la Corte después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunciara que impugnará el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó su gobierno, al señalar que “dinamita” la democracia y afectará la organización de las elecciones.

El presidente López Obrador insistió, como lo ha venido haciendo, que la Corte “tiene que limpiar de corrupción el Poder Judicial”.

“Ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo”, dijo en torno de burla y reclamo.

López Obrador recordó la “campaña” en contra de Yasmín Esquivel, ministra que él propuso en 2019 y que está acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, tema que se destapó en momentos en que buscaba ser presidenta de la Suprema Corte.

AMLO ha reconocido “diferencias” con la ministra Piña, a quien ha señalado de votar “en contra de las iniciativas” que ha impulsado su gobierno.

En este sentido, admitió que no se ha reunido con ella porque no hay “ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar”.

Esto llamó la atención pues eran conocidos sus encuentros con el expresidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, cuyo mandato al frente de la Corte finalizó el 31 de diciembre, mismo que el presidente intento prolongar.

López Obrador ha criticado los votos de la Corte en contra de sus iniciativas, como la reforma eléctrica, y que los jueces liberen a delincuentes con el argumento del debido proceso.

“Hay comunicación (del gobierno con Piña) porque independientemente de las diferencias que podamos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento, que vamos a seguir señalando, hay trabajo conjunto porque es del interés general, del interés del pueblo”, remató AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está garantizada, esto tras la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Hay autonomía. Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar (los opositores), que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido” expresó el mandatario.

López Obrador destacó el hecho de que por primera vez una mujer encabece la SCJN, esto después de casi dos siglos de su constitución.

El presidente aprovechar para señalar que “nadie puede decir que hay subordinación, como era antes”; recordó que, por décadas, el Congreso y la Corte eran apéndices del Ejecutivo, porque “desde la Presidencia, se daban órdenes” de toda índole.

Sus declaraciones se producen después de que el pleno de la Corte eligió el lunes pasado a Piña como la nueva y primera presidenta de la SCJN, luego de haber finalizado el periodo del ministro Arturo Zaldívar.

Piña, que reunió, luego de tres rondas de votación, el apoyo de seis de sus pares, fue nombrada en 2015 como ministra de la SCJN por el expresidente Enrique Peña Nieto, y electa entonces por mayoría en el Congreso.

Norma Piña se graduó como jurista de la UNAM en 1984. Cuatro años después, concluyó el doctorado y ese año inició su carrera en el Poder Judicial, sumando así 35 años de trayectoria en el área. A la ministra se le identifica por ser progresista; ha votado a favor del uso recreativo de la marihuana, de la despenalización del aborto, de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y del matrimonio igualitario.

Pero, ¿qué hay detrás de la elección de la ministra Norma Piña para encabezar la Corte? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Javier Martín, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las implicaciones que tiene la llegada de Piña a la presidencia de la Corte y cómo se vislumbra la relación que habrá con el gobierno federal.

Arranca bien el año al prevalecer la independencia del Poder Judicial sobre la preferencia del titular del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente López Obrador. Ya decíamos la entrega anterior que hay poca comprensión sobre la división de poderes. Al haber sido electa la Ministra Norma Lucía Piña como la nueva presidenta de la Corte, López Obrador volvió a demostrar que la división de poderes le desagrada profundamente.

Declaró: “Si de los 11 ministros, se cuenta con cuatro se asegura que no declaren inconstitucional una ley […] ¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda.”

Así el presidente demostró que cuando manda ternas al Senado para integrar la Corte, lo hace asumiendo que quien resulte electo debe de avalar cualquier iniciativa de su gobierno. No entiende que sus nombramientos los debe hacer pensando en enriquecer la procuración de justicia en el país para todos, no la sumisión a sus designios.

Un gobierno empeñado en acaparar todo se vio acotado. No todo está perdido. Y por ello arrancamos bien el penúltimo año de esta presidencia.

Más allá de que la llegada de la Ministra Norma Lucía Piña significa el triunfo de la primera mujer para presidir la corte, la importancia viene de que ella ha sido una Ministra profesional e independiente. Es un triunfo de género, pero es mucho más un triunfo para el Poder Judicial.

Pocos días antes de la elección por la presidencia de la Corte un grupo de amistades especulábamos sobre las probabilidades que tenía la Ministra Yasmín Esquivel de ganar la presidencia de la Suprema Corte.

En prácticamente cualquier régimen desarrollado la acusación, pruebas y respuesta de la Ministra Esquivel habría merecido una aclaración expedita, incluso previo a la elección por la presidencia de la Corte. Y a partir de la resolución, acciones.

Si la investigación resolvía que la Ministra plagió, el castigo no sería simplemente no ganar la presidencia de la Corte. Significaría la revocación de su título y por ende su expulsión de la Corte. Ni más, ni menos.

Si, por el contrario, la investigación resultara en que todo fue una campaña para tumbar su candidatura a la presidencia, el castigo debiera ser igual de contundente para quienes orquestaron esta campaña en contra de una Ministra que, en ese sentido, sería exonerada como intachable.

Pero con un gobierno que ha buscado arrasar con los contrapesos democráticos, existía la duda sobre si la Ministra Esquivel iba a ganar la presidencia de la Corte a pesar de los señalamientos y sus pruebas.

Hasta ahora, la UNAM ha dicho que hay una coincidencia del 90 por ciento entre ambas tesis. La primera en publicarse un año antes fue la de Édgar Ulises Báez. Aun cuando ya no ganó la presidencia de la Corte la Ministra Yasmín Esquivel, el asunto debe esclarecerse. Si plagió, no puede seguir siendo Ministra.

Un gobernante que ha repetido una y otra vez que en su gobierno no se miente; no se roba y no se traiciona ha decidido por anticipado defender a la acusada de plagio y atacar a quien la señaló, de ser un alcahuete. Así se ha referido el presidente sobre el académico Guillermo Sheridan quien ayer dio una elegante respuesta en estas páginas a este señalamiento presidencial.

Felicidades a la Suprema Corte de Justicia por la elección de Norma Lucía Piña, una Ministra que ha probado su profesionalismo e independencia. Ahora toca cerrar el círculo llegando hasta las últimas consecuencias respecto al posible plagio de la Ministra Esquivel. Si plagió, no puede seguir en la Corte.

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