Daniel Chávez Morán, a quien el presidente López Obrador califica como un amigo de largo tiempo al que aprecia y admira, ha recibido en la actual administración federal la ampliación de concesiones y autorizaciones para diversos atractivos que ofrece Vidanta.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ya había revelado que Vidanta había recibido en 2019 y 2020 la ampliación de tres concesiones de playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero. Dos concesiones se prorrogaron por 15 años y una más por 7 años.
Sin embargo, en una nueva entrega de su investigación revela que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó en 2019 y 2020 el cambio de uso de suelo de un trozo de selva mediana y de una zona forestal para que Grupo Vidanta pudiera terminar de construir un proyecto turístico en Quintana Roo.
Además, se han entregado permisos para echar a navegar un crucero; ampliar a seis kilómetros un teleférico que estaba autorizado para sólo uno y explotar un acuífero ubicado en un campo de golf, entre otros beneficios
La relación entre el empresario de Vidanta y el presidente López Obrador se ha hecho extensiva a los hijos de ambos. Un hijo de Chávez empleó en Houston a José Ramón, el hijo mayor de AMLO, y ha comercializado el chocolate Rocío de los hermanos López Beltrán.
Pese a todo lo que se ha documentado, el pasado 6 de mayo la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que el empresario Daniel Chávez Morán no incurrió en “conflicto de interés, cohecho o soborno” por el hecho de que sus hijos hayan contratado en Houston al hijo mayor del presidente de México, a través de la empresa Kei Partners, a la par de que su consorcio turístico Vidanta recibía permisos y concesiones del actual gobierno federal.
“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”, dijo la SFP al informar el cierre del expediente de investigación que había iniciado el pasado 16 de febrero.
La dependencia indicó que se acreditó que Daniel Chávez Morán, nombrado como “supervisor honorario” en el proyecto del Tren Maya, no recibió ni recibe ningún sueldo, pago o retribución por parte de la administración pública federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
“No se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno federal”, concluyó el reporte de la SFP.
Investigación completa en MCCI
