Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga están detenidos desde enero pasado, ya que las relaciones entre ambos países se han tensado y han congelado los intentos de combatir a los capos del narcotráfico, según altos funcionarios de ambas administraciones, reveló la agencia Reuters.
Y es que hasta hace poco, las autoridades de Estados Unidos y México compartían de manera rutinaria, aunque con cautela, inteligencia sobre casos importantes. Sin embargo para diciembre, luego de que en México se promulgara la Ley de Seguridad Nacional, que requiere que las autoridades estadounidenses informen sobre sus contactos policiales en el país al gobierno federal, que los investigadores estadounidenses consideran ampliamente como corruptos.
La nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, con el temor de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos o, peor aún, la posibilidad de conseguir informantes.
Las operaciones sobre el terreno, incluidas redadas en laboratorios de drogas, han cesado en gran medida y las autoridades estadounidenses ahora luchan por rastrear los movimientos de cocaína con destino a Estados Unidos desde Venezuela y Colombia a través de Centroamérica y hacia México, según dos fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por la agencia.
Algunos agentes antidrogas estadounidenses que trabajaban en México informaron que habían sido seguidos por la policía local, lo que generó alarmas sobre su seguridad. Y decenas de agentes del orden de Estados Unidos no pueden obtener visas para trabajar en México.
“La mayoría de nuestros casos más importantes están paralizados”, dijo a Reuters un alto funcionario policial de Estados Unidos. “Si tenemos que informar nuestras fuentes a su ministerio (secretaría) de Relaciones Exteriores, se ponen en peligro nuestras fuentes y métodos. El sistema está configurado intencionalmente ahora para que la policía mexicana no pueda ayudarnos”.
En tanto, un alto funcionario militar de México dijo que no ha realizado prácticamente ningún esfuerzo antidrogas con Estados Unidos desde que se aprobó la nueva ley.
“Sin el apoyo de Estados Unidos, en tecnología e inteligencia, será más difícil contener el crimen”, reconoció el funcionario.
Se describió la ruptura como más administrativa y temporal que sustantiva. “No es que la cooperación esté ahora paralizada”, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato. El funcionario predijo que las cosas volverán a la normalidad cuando quede claro qué funcionarios mexicanos tendrán acceso a información sensible.
Y es que México impulsó la nueva ley poco después de que Estados Unidos arrestara al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado de ayudar a los cárteles a contrabandear miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetamina.
“No sabes en quién puedes confiar”, dijo Mark Morgan, quien dirigió la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos hasta enero. “No sabes quién es corrupto. Y eso es un desafío”. Si los investigadores estadounidenses se ven obligados a revelar las fuentes al gobierno mexicano, dijo, “existe una gran probabilidad de que esas fuentes terminen muertas”.
Dos altos funcionarios estadounidenses dijeron que la DEA no es la única agencia afectada y que el problema no se limita a los casos de drogas. Explicaron que la nueva ley ha interrumpido los casos transnacionales manejados por la Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos e Investigaciones de Seguridad Nacional, el brazo de investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
