La reforma al Poder Judicial que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ahora cuenta con el aval de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha causado incertidumbre en los mercados y entre grupos de la sociedad civil, quienes advierten de un grave retroceso en caso de aprobarse en los términos que está.
Pero ¿qué implica la iniciativa que podría aprobarse en septiembre próximo? Estas son los puntos claves del proyecto.
- Elección popular de jueces
La propuesta plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.
En total, 1,688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.
- Cambios en la Suprema Corte
La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros, que pasarían a nueve en lugar de los 11 actuales, y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.
También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno. Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.
No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.
- Tribunal Electoral
El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, se encarga de resolver las controversias relacionadas con los comicios, como las recientes impugnaciones a la elección del pasado 2 de junio. Está dividido en dos niveles: la Sala Superior y salas regionales.
Con la propuesta del Gobierno, ambas mantendrían su número actual de magistrados, 7 y 18 respectivamente, pero su mandato se reduciría de los nueve años que tienen actualmente, a seis.
- Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial
Sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial. Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley. De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.
- Las elecciones por estados
Tan solo en Ciudad de México se votarían 339 cargos, 114 jueces y 225 magistrados, y podría haber hasta 2,034 aspirantes pues cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podría nombrar hasta dos candidatos por plaza.
Una situación similar ocurriría en los principales estados del país. En el Estado de México habría 114 puestos con hasta 684 candidatos, Jalisco tendría 122 cargos a elegir con hasta 732 aspirantes, y en Nuevo León un total de 72 plazas con hasta 432 pretendientes.
El presidente López Obrador, quien deja el cargo el próximo 1 de octubre, ha dicho que quiere acelerar la aprobación de la reforma una vez que se instale la próxima legislatura, en la que se proyecta que Morena y aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les permitiría modificar la Constitución sin negociar con la oposición.
La posición del presidente contrasta con la de Sheinbaum, quien a inicios de semana aseguró que acordó con el mandatario hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma, en la que dijo, se incluiría a las barras de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.
