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La reforma al Poder Judicial que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ahora cuenta con el aval de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha causado incertidumbre en los mercados y entre grupos de la sociedad civil, quienes advierten de un grave retroceso en caso de aprobarse en los términos que está.

Pero ¿qué implica la iniciativa que podría aprobarse en septiembre próximo? Estas son los puntos claves del proyecto.

  • Elección popular de jueces

La propuesta plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, 1,688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

  • Cambios en la Suprema Corte

La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros, que pasarían a nueve en lugar de los 11 actuales, y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.

También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno. Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

  • Tribunal Electoral

El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, se encarga de resolver las controversias relacionadas con los comicios, como las recientes impugnaciones a la elección del pasado 2 de junio. Está dividido en dos niveles: la Sala Superior y salas regionales.

Con la propuesta del Gobierno, ambas mantendrían su número actual de magistrados, 7 y 18 respectivamente, pero su mandato se reduciría de los nueve años que tienen actualmente, a seis.

  • Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial

Sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial. Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley. De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.

  • Las elecciones por estados

Tan solo en Ciudad de México se votarían 339 cargos, 114 jueces y 225 magistrados, y podría haber hasta 2,034 aspirantes pues cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podría nombrar hasta dos candidatos por plaza.

Una situación similar ocurriría en los principales estados del país. En el Estado de México habría 114 puestos con hasta 684 candidatos, Jalisco tendría 122 cargos a elegir con hasta 732 aspirantes, y en Nuevo León un total de 72 plazas con hasta 432 pretendientes.

El presidente López Obrador, quien deja el cargo el próximo 1 de octubre, ha dicho que quiere acelerar la aprobación de la reforma una vez que se instale la próxima legislatura, en la que se proyecta que Morena y aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les permitiría modificar la Constitución sin negociar con la oposición.

La posición del presidente contrasta con la de Sheinbaum, quien a inicios de semana aseguró que acordó con el mandatario hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma, en la que dijo, se incluiría a las barras de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este miércoles al Poder Judicial de ser una “oligarquía corrupta”, al recordar que un juez otorgó libertad condicional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, principal acusado en la red de sobornos de la brasileña Odebrecht.

“El Poder Judicial está ahora dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados, ellos no representan al pueblo de México”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO se refirió a la decisión de un juez que le permitió a Lozoya abandonar la noche de ayer el reclusorio norte, donde estuvo recluido por poco más de dos años.

Lozoya, quien dirigió la petrolera durante la administración de Peña Nieto, buscaba su libertad condicional con un cambio de medidas cautelares, pero la decisión se había postergado en varias ocasiones.

López Obrador dijo que la libertad de Lozoya tiene que ver con los jueces “con el Poder Judicial, que deja libres a todos”, entre ellos, presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.

“Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de forma abierta y descarada y en contra nuestra, todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los seudoambientalistas, seudodefensores de los derechos humanos”, sostuvo el mandatario.

Adelantó que probablemente la Fiscalía General de la República (FGR) apele “si es que lo puede hacer”, aunque dijo que “es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial y, la verdad, el Poder Judicial está podrido”.

Lozoya, arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la justicia, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, de Altos Hornos de México; y un segundo por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht. Este último es lo que lo mantenía en prisión.

Lozoya era el exfuncionario en prisión de mayor perfil de la presidencia de Peña Nieto, lo que se enmarcaba dentro de la lucha anticorrupción de López Obrador. La FGR ha pedido una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.

Miles de empleados y ciudadanos que apoyan la independencia del Poder Judicial, marcharon este domingo en varias ciudades del país, en contra del proyecto que se discute en el Senado y que busca eliminar 13 fideicomisos que aseguran, se destina a prestaciones laborales.

La protesta, que se da en medio de un paro de labores, se agudizó luego que la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, aprobara la semana pasada la eliminación de los fideicomisos.

La Suprema Corte de Justicia asegura que el proyecto legislativo suprimirá fondos con los que el Poder Judicial atiende obligaciones laborales y de seguridad social.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostiene que el objetivo es eliminar un régimen de privilegios que, según él, solo beneficia a magistrados y otros altos funcionarios, y ha asegurado en reiteradas ocasiones, en que no se afectará a los trabajadores.

Miles de empleados judiciales se reunieron en el Monumento a la Revolución, desde donde marcharon hasta el Zócalo capitalino. A lo largo del recorrido, se escucharon consignas como “¡No son privilegios, son nuestros derechos!” o “¡Somos los garantes de la Constitución!”.

Así como tuvo lugar en la Ciudad de México, trabajadores, simpatizantes y políticos salieron a las calles en más de 20 ciudades.

Los manifestantes, incluyendo jueces o exministros como José Ramón Cossío, marcharon en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Puebla, y Tijuana, además de Aguascalientes, Celaya, Colima, Chihuahua, Cuernavaca, León, Mexicali, Querétaro, Saltillo, Tampico, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz y Xalapa.

Este es solo el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que en los últimos meses se ha profundizado a medida que la Suprema Corte ha bloqueado iniciativas clave de López Obrador.

El mandatario acusa al tribunal de estar al servicio de la oposición conservadora y de defender la corrupción, en un contexto de alta impunidad.

Según López Obrador, los fideicomisos que podrían desaparecer si la iniciativa es avalado en el Senado, administran cerca de 15,000 millones de pesos que, según ha dicho, planea destinar a programas sociales como becas a estudiantes.

Ya que el Senado aún debe aprobar la desaparición de los fideicomisos, los trabajadores han dicho que seguirán manifestándose en los próximos días, además de que analizan sus siguientes pasos, ya que mañana acaba el paro de labores que se acordó la semana pasada.

Foto: Twitter @MiguelCarbonell

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quita el dedo del renglón y se vuelve a lanzar en contra del Poder Judicial que, asegura,  “está tomado por la delincuencia organizada”.

“Se molestan porque queremos que se elijan a magistrados, a ministros (jueces), cómo no vamos a querer si el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco”, cuestionó el mandatario en su conferencia de prensa.

Los comentarios de AMLO llegan al poner como ejemplo el caso de Héctor ‘El Güero’ Palma, que dijo, se dio la orden de dejar en libertad al narcotraficantes , co-fundador del Cártel de Sinaloa.

“¿Saben que pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en tres horas dejara libre a ‘El Güero’ Palma. Ese es el Poder Judicial”, acusó López Obrador.

Añadió que gracias a la actuación de las autoridades y de la Fiscalía General de la República (FGR), se logró que el narcotraficante no quedara en libertad.

“De inmediato, porque tenemos que estar pendientes, se avisó la Fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos, pero tres horas. ¿Eso es correcto?”, volvió a preguntar, para después adelantar que se informará sobre la identidad del juez que decretó su liberación.

Esto llegará después de que en la sección CERO Impunidad se hayan revelado nombres de jueces que han “liberado a delincuentes”.

En ese sentido, López Obrador ha defendido la necesidad de llevar a cabo una consulta popular sobre la posibilidad de poder elegir a los jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial, tal como lo está impulsando Morena.

“Es una consulta para que se debata el tema, que todos aprendamos más, todos los días uno aprende escuchando a los demás y que la política sea asunto de todos, no solo de los políticos, las eminencias, los expertos, especialistas, entonces sí es importante la consulta”, enfatizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el Poder Judicial determina que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional, enviará una propuesta de reforma constitucional al Congreso, pues dijo, no se puede ser cómplice de robos y atracos que afecten a los que menos tienen.

“Estoy seguro que no es anticonstitucional la reforma, pero si lo determina el juez, el ministro de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular”, señaló.

La diferencia entre la propuesta que hizo, que se aprobó y que ha dado paso a los amparos, y la que adelantó hoy que podría presentar, es que la nueva se trataría de un cambio a la Constitución, lo que implicaría que Morena y aliados mantengan la mayoría en el Congreso.

“Entonces que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones porque por eso ellos (quienes apoyan los amparos) están apostando a que no tengamos mayoría, para seguir manteniendo privilegios”, refirió López Obrador.

Recordemos que dos jueces han concedido cerca de 30 amparos o suspensiones provisionales contra la reforma que AMLO impulsó a la Ley de la Industria Eléctrica.

En un intento de matizar sus declaraciones, el mandatario indicó que su gobierno respetará las decisiones que tomé el Poder Judicial, pues hay autonomía e independencia de los poderes. Enfatizó que “estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de derecho”.

El presidente también se lanzó en contra de dos mineras canadienses, que dijo, operan en el país de forma ilegal. Incluso advirtió con retirarles las concesiones si no corrigen su funcionamiento.

“Ojalá nos ayude el Gobierno de Canadá, de lo contrario vamos a actuar legalmente”, expresó el mandatario al señalar a la mina de Cosalá (Sonora), operada por la canadiense Americas Gold And Silver, donde los trabajadores escogieron a un sindicato “pero como no es del agrado de la empresa, esta no quiere iniciar actividades”; la otra mina señalada es la de Tayolitita (Durango), de la canadiense First Majestic, que dijo AMLO, “no quiere pagar impuestos” y está buscando instancias internacionales para evitarlo.

“No se vaya a entender como una amenaza o advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión y no van a faltar empresas que quieran, de acuerdo la ley, llevar a cabo los trabajos en la mina”, dijo López Obrador.

Así, el mandatario hizo un llamado a las autoridades canadienses para que ayuden con dichas empresas y hagan lo mismo que en Canadá, que paguen impuestos, que traten bien a los trabajadores y que protejan el medioambiente.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de responder a intereses particulares respecto a la Ley de la Industria Eléctrica, concedió tres suspensiones más contra la reforma que impulsó el mandatario.

En el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones se concedieron las suspensiones a empresas Eólica de Oaxaca y Tamaulipas.

En el caso del amparo concedido a Eólica de Oaxaca, el juzgador instruyó a la Comisión Reguladora de Energía(CRE) levantar la suspensión que decretó el pasado 18 de enero derivado de la contingencia sanitaria por la COVID-19, al señalar que la industria eléctrica está considerada como actividad esencial.

“La Comisión Reguladora de Energía no podrá negarse a atender los trámites que guarden relación con alguna de las actividades reguladas en materia de energía eléctrica, que han sido consideradas como esenciales durante la contingencia sanitaria que se vive en el país”, señaló el juez.

Adicional se informó sobre otra suspensión a la reforma eléctrica, que será notificada en los estrados judiciales mañana miércoles, con lo que habrían sido tres suspensiones más las que habría otorgado el juez.

De igual forma, se informó que el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del juzgado Primero en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó otras suspensiones provisionales en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.

Así, suman dos jueces que coinciden en que la reforma podría dañar la competencia y la libre concurrencia. Las suspensiones que concedió, también tienen efectos generales por lo que protegen a toda la industria de dicho sector y no solo a las compañías que promovieron el amparo.

Según una revisión que ha realizado El Universal, suman 16 suspensiones contra la reforma eléctrica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que pedirá investigar a los jueces que han otorgado amparos para suspender la reforma eléctrica, pues los acusa de estar “al servicio” de las empresas y responder a intereses particulares.

“Vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, dijo AMLO.

Las declaraciones de López Obrador ocurren un día después de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendió los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras amparos otorgados a las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

El presidente cuestionó que la suspensión ocurra apenas días después de promulgarse su reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares, extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo”, cuestionó AMLO.

Aunque el mandatario había dicho en un inicio que las empresas “estaban en todo su derecho” de impugnar la ley, ahora criticó los recursos legales que ya se han presentado, y que son los primeros de una oleada de amparos que se prevé sean interpuestos.

El mandatario insistió en que es necesario revisar los contratos que los productores independientes de energía realizaron con el gobierno; dijo que os dueños de las empresas extranjeras y algunos mexicanos están muy molestos con la reforma eléctrica, pues estaban acostumbrados a abusar vendiendo cara la energía eléctrica y recibiendo subsidio.

Tras las suspensiones provisionales, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver.

El presidente remató asegurando que no busca revertir la reforma que abrió el sector energético a la iniciativa privada en 2013. “No estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas”, manifestó.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que cree que las elecciones de 2020 terminarán en la Corte Suprema, y que por eso es importante tener nueve jueces en ese tribunal.

Trump, hablando en La Casa Blanca, dijo que el senador Lindsey Graham, que preside el Comité Judicial del Senado, ni siquiera tendrá que celebrar una audiencia para el candidato a la Corte Suprema y que el proceso marchará rápidamente.

“Creo que esto terminará en la Corte Suprema y creo que es muy importante que tengamos nueve jueces”, dijo Trump cuando se le preguntó si se necesitaba una dotación completa de magistrados para manejar cualquier impugnación a las elecciones del 3 de noviembre entre él y el demócrata Joe Biden.

Trump ha puesto en duda la integridad de la elección, diciendo sin pruebas que el uso del voto por correo durante el coronavirus provocaría un fraude.

“Esta estafa que los demócratas están llevando a cabo, es una estafa, la estafa se verá en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y creo que tener una situación de 4 a 4 no es una buena situación”, dijo.

Sólo una elección presidencial anterior en Estados Unidos, la contienda del 2000 entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, tuvo un resultado determinado por la Corte Suprema.

Trump quiere proponer a un sucesor de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, que murió el viernes, y sus compañeros republicanos en el Senado dicen que podrían celebrar una votación antes de la elección. Eso dejaría a la corte con una mayoría conservadora de 6-3.

Trump ya ha nombrado a dos conservadores para puestos vitalicios en la corte, Neil Gorsuch en 2017 y Brett Kavanaugh en 2018.

Los nombramientos para la Corte Suprema requieren la confirmación del Senado, y los compañeros republicanos de Trump tienen 53 de los 100 escaños de la Cámara alta. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que tiene la intención de tramitar cualquier propuesta que haga Trump.

Luego de que un juez decidiera no vincular a proceso a Óscar Andrés “N” alias “El Lunares”, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó al Poder Judicial a que analice la decisión de otorgar libertad a detenidos relacionados con la delincuencia organizada.

Aunque se ordenó la libertad del presunto líder de La Unión Tepito, la tarde de este sábado fue recapturado afuera del Penal del Altiplano por el delito de secuestro exprés y fue trasladado al Reclusorio Norte.

Ante la decisión de liberar a ese personaje por supuestas inconsistencias en el informe policial homologado luego de su captura en Hidalgo el 31 de enero, Sheinbaum Pardo reiteró que, para tomar estas determinaciones, los jueces deberían revisar las circunstancias y condiciones que rodean una detención, más allá de sólo tomar en cuenta errores en la captura.

“Lo he hablado con el presidente de la Superema Corte, con el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, nos parece que los jueces deberían de ver la circunstancia, las condiciones, todo lo que rodea una detención más que un detalle, como están sustentando en este caso”, declaró.

En entrevista luego de la entrega de nueve edificios de la Unidad Habitacional Tlalpan, afirmó que trabajarán para que ese grupo delincuencial, como otros que radican en la capital, desaparezcan y, sobre todo, disminuyan su nivel de violencia.

Sheinbaum sostuvo que los jueces federales también deberían considerar que se trata de delincuentes de otro nivel, que tienen recursos económicos y deben estar en penales de alta seguridad para evitar fugas como la del 29 de enero, cuando tres internos, presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa, escaparon del Reclusorio Sur.

En ese contexto, la Jefa de Gobierno afirmó que se trabaja en una estrategia de seguridad para reforzar la seguridad al interior de los penales, en coordinación con el Gobierno Federal.

Ante las denuncias que se han hecho por parte de la CONAGO en contra del Poder Judicial respecto a supuestos actos de corrupción de jueces federales, fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien fijó postura.

“Los hechos que se denunciaron en la CONAGO, particularmente en el Estado de Jalisco, resultó que era un juez local, no un juez federal, entonces, ese hecho que se denunció no está dentro de la competencia del Poder Judicial”, señaló el ministro en un breve encuentro con los medios de comunicación.

Reiteró que desde su llegada a la presidencia de la Corte hace cuatro meses, anunció que iniciaría una política de cero tolerancia contra actos de corrupción, la cual se ha cumplido al pie de la letra, y como ejemplo dijo, se ha destituido a varios jueces y magistrados.

Insistió en que se han iniciado diversas investigaciones de procesos de disciplina particularmente en el estado de Jalisco, pues reconoció que es uno de los Circuitos donde se tienen mayores reportes de “problemas de diversa índole”.

Subrayó que se inició una renovación del Circuito, “pues consideraron importante hacer cambios en las adscripciones para tener “sangre nueva en el Circuito”; afirmó que también se han iniciado investigaciones y procesos disciplinarios con algunos magistrados y juzgadores de dicho Circuito.

Señaló que la revisión se está llevando a cabo en todo el país, y cuando se tienen indicios, información de que pudiera haber actos de corrupción o actos indebidos, se procede de inmediato.

Finalizó enfatizando que, así como se actúa en casos de posibles actos de corrupción, también se ha procedido a defender a aquellos jueces y magistrados que están actuando conforme a derechos, que están actuando aplicando la Constitución, que están protegiendo los derechos humanos.

Incluso dijo, hay zonas del país en donde los jueces y magistrados están en situaciones de peligro grave, están arriesgando su vida y su integridad física. No obstante, afirmó, “están realizando su trabajo con valentía, defendiendo la Constitución y los derechos humanos de todos”.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desmintió la nota periodística publicada por el diario Reforma, en donde aseguraron que se le exigió a los jueces no criticar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclarando que se trata de una nota falsa, pues cada juzgador cuenta con la autonomía de emitir sus sentencias.

Lo anterior, luego de que el medio asegurara que la magistrada Claudia Mavel Curiel López comunicó a sus homólogos que, por instrucciones de la presidencia de la Corte, los jueces debían evitar críticas y comentarios públicos contra el mandatario federal, pues de lo contrario serían sujetos a procedimientos administrativos de responsabilidad.

A través de un comunicado, el CJF indicó que no ha emitido señalamiento alguno en ese sentido ni cuenta con las facultades para hacerlo. Agregó que Reforma no buscó que emitiera una postura al respecto, además de que su función es encargarse de que los jueces federales cuenten con las herramientas necesarias para emitir sentencias con plena autonomía que estas sean acatadas.

Asimismo, destacó que la postura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar que a su vez preside el CJF, es pública: “El poder judicial de la Federación es un contrapeso constitucional que se hace efectivo a través de las resoluciones de sus juzgadores. Su función no está en la arena política partidista, sino en la actividad jurisdiccional; es decir dictando sentencias con apego a la Constitución”.

La Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reconoció que será difícil aplicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos entre miembros del Poder Judicial, toda vez que los jueces pueden presentar recursos contra ella.

En declaraciones a medios de comunicación tras la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, la funcionaria señaló que el tema es “un poco complicado porque tenemos una norma constitucional que protege a ministros y jueces. No es fácil”.

La también ex ministra de la Suprema Corte recalcó que el Artículo 94 constitucional “protege las remuneraciones de jueces, magistrados y ministros, mientras estén en el desempeño de su cargo”.

Esto, pese a que el Artículo 127 de la carta magna establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Los miembros del Poder Judicial, dijo Sánchez Cordero, cuentan con “un fundamento constitucional” para proteger sus intereses, por lo que hay que establecer un diálogo con ellos para encontrar una solución.

El grupo parlamentario de Morena en el Senado buscará que los magistrados en el Poder Judicial esten sujetos a la aprobación de evaluaciones de control de confianza, como el detector de mentiras.

Por lo que Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó en tribuna un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa parte de la base de que México vive una crisis de violencia y criminalidad, la cual no se podrá detener hasta erradicar la corrupción y la impunidad que la alimentan y fortalecen, por lo que Morena indica que es necesario establecer evaluaciones de control de confianza a quienes participen en los procesos de ingreso, permanencia y promoción en el Poder Judicial.

“La falta de controles de confianza efectivos sobre servidores públicos que se encargan de la prevención del delito y de la procuración e impartición de justicia, han contribuido de manera importante a condenar al fracaso los esfuerzos para construir un país más seguro y en paz. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad”, manifestó Monreal.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que, en el proceso electoral de este año, las instituciones de justicia electoral tendrán la misión de garantizar los derechos político-electorales de  los ciudadanos, sin embargo serán estos quienes elegirán al próximo presidente de la República.

 

“Recordemos que las elecciones se deciden en las urnas, no en los tribunales, la deciden los ciudadanos, lo único que hace el juez electoral es resolver las controversias en torno a las elecciones, no decidir quién gobernará”, reiteró Otálora Malassis.

 

La magistrada presidenta del TEPJF subrayó que las autoridades electorales se mantendrán “imparciales y neutrales y estarán por encima de las disputas políticas, actuando siempre con apego a la ley”.

 

La funcionaria electoral reconoció que el panorama que se avecina en este proceso electoral de 2018 “estará lleno de grandes desafíos, que pondrán a prueba a las instituciones electorales de la República”.