El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó la tarde de ayer un nuevo decreto por el que expropia terrenos “por causa de utilidad pública” en varios municipios del Estado de México, que servirán para construir la conexión del tren suburbano con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) propuso la expropiación de una superficie de 113,838 metros cuadrados ubicados en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, todos en el Estado de México, para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea uno del tren.

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La SICT cubrirá el monto de la indemnización en términos de la ley a quienes acrediten su legítimo derecho, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.

Y es que recordemos que la SICT tiene a su cargo la elaboración del proyecto para la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano de la estación Lechería, actualmente en operación a Santa Lucía, “lo que permitirá contar con un servicio ferroviario de transporte masivo de pasajeros, eléctrico, competitivo, eficiente y seguro”.

Se argumenta que reducirá los costos y tiempo de recorrido de personas que viajen de la zona metropolitana del Valle de México al AIFA, y viceversa; disminuirá los accidentes y contaminación ambiental en la zona, por tratarse de un medio de transporte eléctrico, e impulsará el desarrollo urbano, lo que significa un mayor bienestar social a los habitantes de la región.

Los terrenos expropiados son para la construcción de 6 estaciones intermedias para el ascenso y descenso de pasajeros, cuyos andenes se ubicarán entre las dos vías de ferrocarril para pasajeros; cada estación contará con una pasarela elevada que conecte con los Centros de Transferencia Modal 1, 2, 3, 4, 5 y 6, previstos para cada estación, los cuales tienen la función de ser espacios donde coincidan varios medios de transporte público y concesionado para dar el servicio adecuado a las personas que harán uso del sistema del Tren Suburbano.

Se detalla que si los bienes a que se refiere el decreto no son destinados a la realización de las acciones que dieron causa a la expropiación, el afectado podrá solicitar la insubsistencia de la expropiación en términos de la normativa aplicable.

Esta expropiación llega luego de lo ocurrido con Ferrosur y tres tramos ferroviarios que tenía la subsidiaria de Grupo México.

Desde el 19 de mayo elementos de la Secretaría de la Marina ocuparon los tres tramos ferroviarios tras la publicación de un decreto que declaró de “utilidad pública” las instalaciones que pasaron a la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para integrarse al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que busca conectar el Golfo de México con el Pacífico.

Se trató de las líneas Z, ZA y FA que corren entre Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, que tenía en concesión Ferrosur desde 1998.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que las diferencias entre su gobierno y el grupo que dirige el empresario Germán Larrea, considerado el segundo hombre más rico de México, no han logrado superarse.

Dijo que las conversaciones con el Grupo México se interrumpieron luego que la empresa exigió una indemnización de 9,500 millones de pesos; sin embargo, se mostró dispuesto a alcanzar un acuerdo.

López Obrador afirmó que la ocupación se ejecutó apegada a la constitución y las leyes, y descartó que la medida pueda asumirse como una expropiación.

“Esta concesión o este tramo de concesión, sí, tiene que restituirse, es lo único, y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público”, afirmó al rechazar los cuestionamientos que realizaron empresarios y analistas contra la medida.

López Obrador negó que la decisión responda a una confrontación con Larrea, quien se perfila para adquirir Banamex, la filial mexicana de la corporación estadounidense Citigroup.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con José Yuste, periodista de finanzas, sobre las acciones del gobierno federal en relación a Ferrosur.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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