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Luego de la toma del tramo ferroviario de Ferrosur, el gobierno federal ha venido haciendo declaratorias de causa de utilidad pública de diversos terrenos para obras como el Tren Suburbano y el Tren Maya.

El más reciente caso se dio este jueves, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que dirige Román Meyer Falcón, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva “declaratoria” de causa de utilidad pública relativa 51 inmuebles de propiedad privada en municipios de Yucatán y Quintana Roo.

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Estos terrenos, que equivalen a 242,627.34 metros cuadrados, serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Tren Maya.

En la exposición de motivos, la SEDATU recuerda que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”, explicando que la Ley de Expropiación establece como causa de utilidad pública la “construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables”.
Apunta que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se indica que el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio.
Recordemos que el Tren Maya recorrerá mil 525 kilómetros, y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
” Conforme al Dictamen Técnico elaborado por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., los inmuebles que se señalan en la presente Declaratoria son apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del Proyecto Tren Maya, por lo que resulta necesario expropiar los inmuebles de propiedad privada localizados en la superficie del Tramo 4″, se lee en el decreto publicado en el DOF.

Los terreros que se expropian se ubican de la siguiente forma:

  • En Yucatán, e el municipio Sudzal, hay cinco inmuebles; en el municipio Kantunil, dos; en el municipio Tinum, seis; en el municipio Uayma, cuatro; en el municipio Valladolid, 27 y en el municipio Chemax, dos.
  • En Quintana Roo se contemplan inmuebles en dos municipios: Lázaro Cárdenas, con tres y Puerto Morelos con dos.

De acuerdo con el diario REFORMA, por medio de diversos decretos, la 4T ha ocupado más de 2 mil hectáreas de terrenos, inmuebles o parcelas de privados para la construcción del Tren Maya.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó la tarde de ayer un nuevo decreto por el que expropia terrenos “por causa de utilidad pública” en varios municipios del Estado de México, que servirán para construir la conexión del tren suburbano con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) propuso la expropiación de una superficie de 113,838 metros cuadrados ubicados en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, todos en el Estado de México, para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea uno del tren.

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La SICT cubrirá el monto de la indemnización en términos de la ley a quienes acrediten su legítimo derecho, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.

Y es que recordemos que la SICT tiene a su cargo la elaboración del proyecto para la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano de la estación Lechería, actualmente en operación a Santa Lucía, “lo que permitirá contar con un servicio ferroviario de transporte masivo de pasajeros, eléctrico, competitivo, eficiente y seguro”.

Se argumenta que reducirá los costos y tiempo de recorrido de personas que viajen de la zona metropolitana del Valle de México al AIFA, y viceversa; disminuirá los accidentes y contaminación ambiental en la zona, por tratarse de un medio de transporte eléctrico, e impulsará el desarrollo urbano, lo que significa un mayor bienestar social a los habitantes de la región.

Los terrenos expropiados son para la construcción de 6 estaciones intermedias para el ascenso y descenso de pasajeros, cuyos andenes se ubicarán entre las dos vías de ferrocarril para pasajeros; cada estación contará con una pasarela elevada que conecte con los Centros de Transferencia Modal 1, 2, 3, 4, 5 y 6, previstos para cada estación, los cuales tienen la función de ser espacios donde coincidan varios medios de transporte público y concesionado para dar el servicio adecuado a las personas que harán uso del sistema del Tren Suburbano.

Se detalla que si los bienes a que se refiere el decreto no son destinados a la realización de las acciones que dieron causa a la expropiación, el afectado podrá solicitar la insubsistencia de la expropiación en términos de la normativa aplicable.

Esta expropiación llega luego de lo ocurrido con Ferrosur y tres tramos ferroviarios que tenía la subsidiaria de Grupo México.

Desde el 19 de mayo elementos de la Secretaría de la Marina ocuparon los tres tramos ferroviarios tras la publicación de un decreto que declaró de “utilidad pública” las instalaciones que pasaron a la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para integrarse al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que busca conectar el Golfo de México con el Pacífico.

Se trató de las líneas Z, ZA y FA que corren entre Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, que tenía en concesión Ferrosur desde 1998.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que las diferencias entre su gobierno y el grupo que dirige el empresario Germán Larrea, considerado el segundo hombre más rico de México, no han logrado superarse.

Dijo que las conversaciones con el Grupo México se interrumpieron luego que la empresa exigió una indemnización de 9,500 millones de pesos; sin embargo, se mostró dispuesto a alcanzar un acuerdo.

López Obrador afirmó que la ocupación se ejecutó apegada a la constitución y las leyes, y descartó que la medida pueda asumirse como una expropiación.

“Esta concesión o este tramo de concesión, sí, tiene que restituirse, es lo único, y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público”, afirmó al rechazar los cuestionamientos que realizaron empresarios y analistas contra la medida.

López Obrador negó que la decisión responda a una confrontación con Larrea, quien se perfila para adquirir Banamex, la filial mexicana de la corporación estadounidense Citigroup.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con José Yuste, periodista de finanzas, sobre las acciones del gobierno federal en relación a Ferrosur.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó la tarde de ayer el decreto por el que se expropian 109 hectáreas para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, ubicadas en tres municipios del Estado de México.

Se trata de una superficie total de 109-66-87.671 hectáreas de terrenos de propiedad privada ((ciento nueve hectáreas, sesenta y seis áreas, ochenta y siete centiáreas, seiscientos setenta y uno miliáreas)), a favor de la Federación.

En los considerados, se menciona el artículo 1o. fracciones I y VI de la Ley de Expropiación, donde se prevén como causas de utilidad pública, para la expropiación de terrenos, el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público y los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública; que en la especie comprende la construcción del Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles”, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Municipio de Zumpango, Estado de México.

Se precisa que la Sedena llevó a cabo los trabajos técnicos e informativos y proyectos conforme a los cuales se determinó que los bienes inmuebles que fueron objeto del Decreto, tienen la naturaleza jurídica de propiedad privada, resultando ser los adecuados e idóneos para las obras e instalaciones necesarias para la construcción del Aeropuerto Internacional, ya que por su ubicación estratégica reúnen las características específicas que se requieren para este tipo de infraestructura.

Las expropiaciones ocurrirán en el Ejido de Santiago Atocan, ubicado en el municipio de Nextlalpan; en el Ejido de San Lucas Xoloc, ubicado en el municipio de Zumpango y en el Ejido de Xaltocan, ubicado en los municipios de Nextlalpan y Tecámac.

Se detalla que la Secretaría de la Defensa Nacional procederá de inmediato a tomar posesión definitiva de los bienes materia de la expropiación, además de que con cargo a su presupuesto, cubrirá el monto de la indemnización que en los términos de Ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

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Arqueólogos encontraron restos óseos de unos 60 mamuts en los predios donde se construye el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el Estado de México, lo que, aseguran, marca un hito científico en el país.

Las osamentas de estos gigantes mamíferos, que habrían vivido hace más de 14,000 años, fueron halladas en la base militar de Santa Lucía, donde se levanta una de las obras insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se trata del “hallazgo más grande de este tipo” en el país, declaró Pedro Sánchez, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Nos permitirá tener una muestra muy importante para llevar a cabo muchos estudios en el mundo sobre estos mamíferos”, añadió.

El acompañamiento que el INAH realiza desde abril de 2019 dejó en octubre pasado un primer hallazgo de huesos de unos 14 mamuts, que datan del pleistoceno.

“No suponíamos que era un número tan alto de osamentas (…), se están haciendo excavaciones pertinentes, muy cuidadas para poder recuperar estos vestigios”, añadió el experto.

Detalló que casi todos los esqueletos son de la variedad columbi o mamut colombino. En la zona trabajan 31 arqueólogos y tres restauradores, quienes también han encontrado osamentas humanas, vasijas, obsidiana y otro tipo de fauna como bisontes y camellos.

“Estamos haciendo el trabajo (…) de ir armando la osamenta. Seguramente cuando acabemos el conteo tendremos más” mamuts, precisó; y adelantó que el INAH planea exponer los vestigios en una galería.

Restos de un mamut ya habían sido encontrados en la década de 1970 mientras se construía el metro de Ciudad de México.

Estos herbívoros que necesitaban gran cantidad de alimento encontraron en el entorno de los lagos de la cuenca de México un espacio idóneo para vivir, según los especialistas.

Con este nuevo hallazgo, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, no deja de estar marcada por la polémica y la crítica.

Los diputados del PRI solicitaron al gobierno federal informar sobre el proceso de compra de los terrenos requeridos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y a dónde serán reubicados los propietarios de dichas tierras.

Los priístas llamaron a poner toda la atención a esta situación, ya que las poblaciones aledañas a la obra cuentan con altos niveles de marginación y las tierras de los ejidatarios son, muchas de las veces, su única fuente de empleo, ingreso y sustento familiar con la que cuentan.

Pidieron al gobierno federal pagar de manera justa por los terrenos y, sobre todo, se garanticen sus derechos fundamentales.

“Para nadie es sencillo abandonar su tierra y comenzar una nueva vida, por lo que es indispensable que las negociaciones para la compra de terrenos se realicen teniendo en cuenta el impacto social, laboral y económico que tendrá para los propietarios”, subrayó la bancada en un comunicado.

La bancada informó que con este objetivo, presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, ya que, señalaron, el gobierno federal no ha dado respuestas al llamado.

En ese sentido, los diputados priistas reiteraron la importancia de que las autoridades informen si existen planes de reubicación para los pobladores y sus familias que ocupan actualmente los terrenos en cuestión, los lugares a donde serán ubicados y si se han negociado con los propietarios.

Remataron indicando que es necesario contar con información sobre el proceso de compra de los terrenos que pertenecen a las poblaciones aledañas que inicialmente contemplaba la adquisición de mil 286 hectáreas de terrenos, abarcando los municipios de Zumpango, Santa Ana Nextlalpan y Tecámac, en el Estado de México.

Voceros de la coalición “Por México al Frente” acusaron que los señalamientos en contra de su abanderado presidencial se trata de un montaje del PRI para tratar de descalificarlo debido a la posición que ocupa en la preferencia electoral.

 

“No hay absolutamente nada que vincule a Ricardo Anaya con un delito de lavado de dinero”, argumentaron los voceros, quienes presentaron algunas fotografías y documentos que comprueban que uno de los denunciantes de Anaya tiene relación con la estructura del PRI en Querétaro.

 

 

 

En conferencia de prensa, Fernando Belaunzarán y Jorge Álvarez Máynez, acreditaron que Daniel “N”, como fue presentado por el abogado Joaquín Xamán, responde al nombre de Daniel Rodríguez Velasco, y es la misma persona que estuvo presente en la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los hechos.

 

“Fue Secretario Técnico del Instituto Político Empresarial de Querétaro, organización reconocida por el PRI como una de sus organizaciones adherentes”, revelaron los Frentistas, por lo que indicaron, no se trata más que de una telenovela barata del PRI.

 

“Hay que dejar claro también que Ricardo Anaya no ha sido acusado por ningún delito, ni ha sido citado a declarar en ningún momento por la PGR. En su desesperación porque van en tercer lugar, los priistas han pretendido crear una telenovela barata para descalificar a Ricardo Anaya en época electoral. No hay absolutamente nada que vincule a Ricardo Anaya con un delito de lavado de dinero”, dijeron los voceros.

 

En un intento por llevar la atención pública a un nuevo blanco, revelaron que el priista queretano Mario Calzada, quien es presidente municipal de El Marqués en Querétaro, y primo hermano del exgobernador priista y hoy miembro del gabinete del presidente Peña Nieto, José Calzada, es quien sí ha tenido relación comercial con Barreiro, al venderle unos terrenos propiedad del municipio de El Marqués.

 

“Exigimos a la PGR que investigue a fondo este caso, que involucra a gente muy cercana al actual presidente de la República” puntualizaron.

 

Desde la semana pasada, el diario El Universal, ha estado revelando información financiera sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del actual presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya y de su familia política, y aunque este a desmentido la información, ahora el diario revela nuevos detalles sobre esta práctica ahora en cuanto a o relacionado con compra y venta de terrenos expropiados por el gobierno estatal.

 

De acuerdo a lo revelado por el diario, las expropiaciones de terrenos de las cuales sacó ventaja el blanquiazul, al permitirles comprar las tierras a costos bajos y después revenderlas en grandes cantidades, se hicieron cuando Francisco Garrido patrón se encontraba al frente del gobierno estatal (2003-2009), periodo en que Anaya fungía como Secretario Particular del Gobernador.

 

La investigación revela que en 1997, el gobierno de Querétaro expropió el predio La Machorra, con el objetivo de construir una carretera, pero al no concretarse el proyecto se le tuvo que dar a las tierras un uso de agostadero; sin embargo fue a finales de junio de 2007, cuando el gobierno emitió un decreto para poder llevar a cabo la enajenación del terreno.

 

En el terreno se construyó un Parque Industrial que constaba de 110 lotes, del cual la empresa Juniserra S de RL de CV, propiedad de los suegros de Ricardo Anaya, Donino Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco; su esposa, Carolina Martínez Franco; su cuñada, Natalia Martínez Franco y el propio dirigente del PAN (con 42% de participación), adquiró un lote en el cual construyó una nave industrial y dos años después, el 25 de agosto de 2016, vendieron esta propiedad en 53 millones 765 mil 31 pesos, a Manhattan Master Plan Development S de RL, lo que les habría representado una ganancia de más de 43 millones de pesos.

 

Al respecto el líder nacional fijó postura al respecto y acusó al Gobierno Federal de estar detrás de ello. “Otra vez el Gobierno Federal, a través de El Universal, miente para desprestigiarme. Ahora dicen que me beneficié de una expropiación que ocurrió en 1997. En esas fechas yo tenía 17 años, iba en tercero de preparatoria, no militaba en ningún partido ni mucho menos trabajaba en el gobierno”, indicó el dirigente nacional.

Anaya reconoció haber comprado el terreno industrial en cuestión durante 2014, y afirmó que lo hizo a un precio de  “66 dólares por metro cuadrado (precio de mercado) y no se lo compré al gobierno. Se lo compré a una empresa de accionistas extranjeros (estadounidenses) llamada Park Developemet”.

El posible aspirante a la candidatura panista a la presidencia de la República, sostuvo que “hoy demostraré que es el Gobierno Federal quien está detrás de esta campaña de desprestigio y el miércoles presento la demanda contra El Universal por las mentiras de la semana pasada. Estoy seguro de que un juez federal me dará la razón”.

Remató al reafirmar que “aunque me sigan difamando, no cederemos en el tema del Fiscal General que pretenden imponer para garantizarse impunidad”.

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archvio APO

La Asociación de Vida Silvestre de Texas (TWA), dio a conocer su postura respecto a la construcción del muro fronterizo que propone Donald Trump; la TWA rechazó la construcción del muro por suponer una ola de expropiación de terrenos y el deterioro medioambiental y silvestre de la zona.

 

La TWA agrupa a un grupo de aproximadamente 10 mil propietarios de tierras, mismos que poseen cerca de 16 millones de hectáreas en la zona de la frontera, por lo que sostienen que la construcción equivaldría a una condena sustancial de la propiedad privada por dominio eminente.

 

En el comunicado que emitió, la asociación señala que la construcción de un muro “interrumpiría el acceso de los propietarios de tierras, del ganado y la fauna al agua del río Rio Grande y a los corredores para algunas especies como osos negros, leones de montaña, ciervos cola blanca, venado bura y borrego silvestre del desierto, entre otros”

 

El grupo de propietarios indicó que la construcción de barreras físicas se justifica solo “en lugares estratégicos como las áreas metropolitanas”, pero no en las zonas rurales.

 

 

 

 

 

Con información de Excélsior / Foto: Archivo APO

De acuerdo a un reportaje presentado por el diario Texas Observer, informa que habitantes de Texas han comenzado a recibir notificaciones por parte del gobierno federal de Estados Unidos con ofertas de compra de sus terrenos y a algunos, avisos para que les sean expropiados.

 

Se presenta el caso de una familia, a la que una semana antes de que Donald Trump tomara posesión como presidente de Estados Unidos, recibió un aviso legal del Departamento de Seguridad Nacional, en el que informaba su intención de construir un muro fronterizo en su terreno familiar, cerca de Los Ébanos.

 

La carta que recibió esta familia se titulaba “Declaración de Toma”, y estaba dirigido a María Flores,madre de familia y  propietaria del terreno. A cambio de su terreno, se le ofrecía 2 mil 900 dólares por cada 1.2 acres, aunque especificaba que en caso de no aceptar la oferta, la tierra podía ser confiscada a través de la figura de dominio eminente.

 

“Es aterrador cuando lo lees. Sientes que tienes que firmar”, relató Salinas al Texas Observer.

 

 

 

 

 

Con información de La Silla Rota / Foto: Archivo APO