Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda aprobaron la noche de ayer la nueva minuta por la que se amplía, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El texto fue aprobado en comisiones con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Los votos en contra fueron del PAN, PRI, MC y Grupo Plural; la abstención fue por parte del PRD.
Ahora se plantea establecer mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Propone que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El Ejecutivo presentará al Congreso un informe semestral, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades.
Para el análisis y dictamen de los informes, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. Dicha comisión se reunirá cada que la convoque su directiva y si así lo requiere, citará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Defensa Nacional y de Marina.
Las nuevas modificaciones establecen que evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas para la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de dichos elementos en esas labores.
La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, quien deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.
También se establece que las y los gobernadores de las entidades remitirán anualmente a las legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, sobre el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.
El proyecto aprobado plantea que, a partir del ejercicio fiscal 2024, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
En sus posicionamientos, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, expresó que la nueva propuesta que se presenta, contiene mejoras respecto del dictamen original, pero “no satisface los mínimos que nosotros habíamos planteado, porque plantean ampliar el plazo vigente, sin vincularlo a un diagnóstico o a un análisis consecuente”.
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que las modificaciones representan una simulación, debido a que no atienden el fondo del problema de la inseguridad y no reconoce el fracaso de la política del gobierno federal.
Afirmó que los controles parlamentarios que sugieren son insuficientes y se ignoran las necesidades de las instituciones de seguridad pública locales.
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, dijo que aunque hay voluntad de diálogo, la propuesta se quedó corta; explicó que aunque tiene mayor control parlamentario, pero el hecho de que la acepten los militares, “es anticonstitucional, yo no soy tropa, soy senador de la República, quiero un poder civil, no un poder militar”.
Por Acción Nacional, el senador Julen Rementería, señaló que la propuesta no tiene forma de transitar, porque “no sirve, no vale y no hay más que analizar sobre este proyecto”, pues lo que se tiene que hacer es devolverla y trabajar en una estrategia de seguridad que permita resolver el problema de los mexicanos; “no podemos permitir estas simulaciones con tal de sacar una votación favorable”.
