Tras conocerse del contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de COVID-19, una de las principales preguntas que ha circulado es qué pasaría en nuestro país ante la ausencia del titular del Ejecutivo.
Ante dicha duda, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo esta mañana que “debe de quedar claro: se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República. Él mismo continuará pendiente de los asuntos públicos”.
Ayer, López Obrador aseguró que sus síntomas eran “leves” e, incluso, sostuvo esta mañana una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
En caso de una ausencia temporal o permanente que le impida continuar en el cargo, la Constitución establece los pasos y condiciones a seguir.
La Constitución permite al presidente solicitar una licencia de hasta 60 días naturales que deben autorizar las dos Cámaras del Congreso, Diputados y Senadores, siendo la persona que asume la titularidad provisional del Poder Ejecutivo la secretaria de Gobernación (artículo 85).
Si la ausencia del presidente es permanente, por renuncia, incapacidad o muerte, el artículo 84 de la Constitución establece dos supuestos: si sucede en los primeros dos años del sexenio, se convocaría a nuevas elecciones, sin embargo, en esta caso fue el pasado 1 de diciembre que AMLO cumplió con dicho tiempo.
Por ello, aplicaría el segundo supuesto, es decir, si ocurre en los últimos cuatro años del mandato. En este caso el Congreso tendría que formar un colegio electoral para nombrar a un presidente sustituto y, mientras ocurre la deliberación, la titular de la Segob sería la presidenta provisional.
Pero, ¿quién podría ser el presidente sustituto? Según lo que establece el artículo 82 de la Constitución, el presidente sustituto debe ser ciudadano mexicano de nacimiento, tener más de 35 años cumplidos, haber residido el año anterior en el país, no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de culto.
Además, el nuevo mandatario no puede ser miembro activo del Ejército, ser gobernador o titular de la Fiscalía General de la República (FGR) o alguna estatal, ni ser secretario o subsecretario de Estado, lo que impediría a cualquier miembro del gabinete actual asumir el cargo. Además, no podría participar en las elecciones presidenciales de 2024.
