La tensión entre Reino Unido y China aumentó este lunes luego de que el gobierno de Boris Johnson decidiera suspender su tratado de extradición con Hong Kong, en protesta por la controvertida nueva ley de seguridad aplicada por Pekín en el territorio.
El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, anunció la suspensión “inmediata y por una duración indeterminada” del tratado de extradición con Hong Kong, en reacción a la imposición por China de esta ley en la excolonia británica.
En un anuncio muy esperado ante el Parlamento, el ministro justificó esta decisión en el hecho de que la ley de seguridad impuesta en Hong Kong ha “modificado considerablemente” la manera en que funciona su sistema judicial.
China puede ahora reclamar “la jurisdicción en ciertos asuntos”, que entonces pasarían “ante los tribunales chinos”, argumentó el jefe de la diplomacia británica.
Raab también anunció ante el Parlamento que el Reino Unido decidió además extender a Hong Kong el embargo de armas “potencialmente letales” que aplica a China desde 1989.
“La extensión de este embargo significa que no habrá más exportaciones de armas potencialmente letales, sus componentes o municiones”, explicó el ministro, añadiendo que esto también se refiere a “todo equipo que no esté ya prohibido (en China) pero que podría ser utilizado para la represión interna”.
Y es que con la promulgación de la ley de seguridad nacional, la cual castiga, entre otras cosas, las actividades separatistas, “terroristas”, la subversión o las injerencias extranjeras en el territorio autónomo de China, para el gobierno de Reino Unido, se incurrió en una “violación clara y seria” del tratado sino-británico que había organizado en 1997 la retrocesión de Hong Kong a Pekín.
Gracias a dicho texto, a Hong Kong se le garantizaban hasta 2047 libertades desconocidas en el resto de China, según el principio “un país, dos sistemas”.
A las tensiones se han sumado las críticas británicas sobre el trato de China al grupo étnico minoritario uigur, musulmanes a los cuales, de acuerdo con denuncias de grupois humanitarios, se traslada a centros de reeducación y se somete a esterilizaciones forzadas.
Wang Wenbin, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, había advertido a Gran Bretaña sobre eventuales represalias por inmiscuirse en sus asuntos internos, y calificó de “calumnias” las críticas a la política de Pekín respecto a los uigures.
La suspensión del tratado de extradición por parte de de Reino Unido tiene lugar después de que Estados Unidos, Canadá y Australia tomaran medidas similares.
