El gobierno de México anunció que instaló una unidad especial para el fortalecimiento de impartición de justicia y liberar a presos políticos. Gracias a esto, en diciembre pasado fueron liberados 16 y 368 casos más están siendo analizados.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que esta unidad será permanente en el sexenio y está compuesta por dos direcciones generales, una que se encargará del fortalecimiento de los sistemas de justicia locales a través de convenios de colaboración y otra que revisará caso por caso.
En conferencia de prensa matutina, la funcionaria señaló que no puede dar los nombres de los 384 presos, pero la mayoría de los casos analizados son de fuero federal, aunque hay varios locales, los cuales podrán ser revisados a través de amparos.
“Muchos de ellos ni siquiera han tenido una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad y no han tenido sentencias ni condenatoria ni absolutoria. Muchos de estos es porque los jueces no tienen manera de condenarlos porque no tienen los elementos probatorios necesarios, ni las evidencias”, djjo Sánchez Cordero.
La funcionaria explicó que los casos -no revisados por funcionarios anteriores- son analizados por personal de los reclusorios, la Procuraduría General de la República (PGR), abogados defensores y organizaciones sociales.
Sánchez Cordero mencionó que algunos de los presos encarcelados injustamente son ambientalistas que se oponían al fracking, gente humilde que no tenía acceso a un abogado, mujeres indígenas que cargaba mariguana en mochilas y no tuvieron oportunidad de dar explicación.
“No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada”, expresó la secretaria, y añadió que también deben ser revisados los casos de personas presas por interrupción del embarazo y protestantes sobre la reforma educativa.
