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Un médico cubano fue asesinado a tiros en un hospital en el Estado de México, confirmaron autoridades locales.

El doctor, cuyo nombre no fue divulgado, pero que una mujer que se identificó en Facebook como la hermana del médico lo identificó como Ernesto Oliva Legra, fue asesinado el viernes junto con una enfermera y otra mujer en un hospital de Ecatepec, precisaron las autoridades esta semana.

El crimen ocurre en medio de críticas al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de traer a médicos cubanos a zonas donde no hay médicos disponibles, principalmente por ser plazas en localidades peligrosas o remotas.

El médico cubano asesinado en el municipio mexiquense al parecer llevaba tiempo en el país y no era parte del programa actual.

Sin embargo, su muerte despertó interrogantes sobre si algunas zonas de México son demasiado peligrosas para los médicos cubanos al igual que para los nacionales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo que dos hombres armados irrumpieron en el hospital en la madrugada del viernes y preguntaron en la recepción por una paciente. Al no poder ubicarla, los individuos obligaron a la recepcionista a abrir la puerta de una zona médica del segundo piso, donde abrieron fuego, matando a la enfermera y a otra mujer, e hiriendo al médico.

El médico falleció a causa de las heridas en otro hospital donde era atendido. La prensa local reportó que la otra víctima era una mujer que estaba visitando a un familiar en tratamiento. Anteriormente, miembros de pandillas han irrumpido en hospitales para matar a rivales heridos.

En julio, graduados de la Facultad de Medicina y otros residentes protestaron en todo el país luego del asesinato a tiros a mediados de mes de Erick David Andrade, un pasante de 24 años de edad que estaba atendiendo a un paciente en Durango.

Andrade estaba por terminar el “servicio social” exigido a todo estudiante de medicina antes de poner ingresar a una residencia o pasantía. Días antes, el 11 de julio, una anestesióloga fue asesinada a tiros en su vivienda en Chihuahua.

Críticos han presentado recursos judiciales contra el plan de contratar a más de 500 médicos cubanos, de los cuales más de 100 ya han llegado a México y están trabajando en los estados de Nayarit y Colima.

Una de las demandas sostiene que el gobierno no ha demostrado que los médicos cubanos tienen la capacidad o el entrenamiento para trabajar en México, y que la mayor parte del salario de los médicos terminará en las arcas del gobierno cubano.

Este miércoles se reportó el asesinato del periodista Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, quien fue asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato.

De acuerdo con las primeras versiones, el periodista se encontraba en un bar, propiedad de su familia, cuando un grupo armado llegó al lugar y abrió fuego. No fue la única persona que perdió la vida; en total se reporta la muerte de cuatro de los presentes, mientras que dos más resultaron heridos.

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas y Artículo 19 informaron sobre el asesinato, aunque señalaron que tiene conocimiento que el periodista tenía antecedentes de amenazas.

Artículo 19 pidió a FEADLE de la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso y considerar su labor informativa como móvil del crimen.

También hizo un llamado al Mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas a contactar a familiares y colega de Ernesto a fin de otorgar las medidas de protección necesarias.

“Exigimos al Estado Mexicano actuar de manera urgente para frenar este fenómeno (asesinatos de periodistas) y nos unimos al dolor de la familia, amigxs y colegas de Ernesto.

Ernesto Méndez fue colaborador del medio Zona Franca y El Correo. Su muerte sumaría 13 periodistas asesinados en lo que va del año, aunque el gobierno federal solo reconoce 10.

Apenas ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa, entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa in memoriam a 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha.

Los 13 periodistas asesinados en México, a quienes se les confirió el Gran Premio a la Libertad de Prensa son: Sheila Johana García Olivera y Yessenia Mollinedo Falconi, asesinadas en mayo en Veracruz; Luis Enrique Ramírez, muerto en Sonora en mayo; Armando Linares, fallecido en marzo en Michoacán; Juan Carlos Muñiz, asesinado en marzo en Zacatecas; Heber López Vásquez, muerto en febrero en Oaxaca; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, asesinados en Baja California en enero; José Luis Gamboa, fallecido en enero en Veracruz; Alfredo Cardoso Echeverría y Fredy López Arévalo, asesinados en octubre del 2021 en Guerrero y Chiapas respectivamente.

Además, se reconoció a Roberto Toledo y Jorge Camero, asesinados en enero y marzo de este año en Sonora y Michoacán respectivamente, aunque sus crímenes no son reconocidos por el gobierno en relación con su profesión.

La otra muerte que no fue reconocida por SIP pero que sucedió este año es la de Antonio de la Cruz, quien fue asesinado a finales de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Shinzo Abe, primer ministro japonés que más tiempo permaneció en funciones, y tras dejar el cargo mantuvo una gran influencia y poder político, fue asesinado este viernes mientras pronunciaba un discurso de campaña.

Amado por los conservadores, odiado por muchos progresistas, ninguna de sus políticas provocó mayores divisiones que su sueño, finalmente infructuoso, de reformar la constitución, por la cual Japón renuncia a la guerra.

El disparo que le arrebató la vida se dio minutos después de que Abe empezó a hablar en el acto político en Nara y horas después lo declararon muerto en un hospital.

La policía arrestó al sospechoso de efectuar el disparo en el lugar de los hechos, situación que conmocionó a todo Japón, uno de los países más seguros y con las leyes de control de armamentos más estrictas del mundo.

Cerca del sospechoso se halló un artefacto de doble caño que parecía ser un arma de fabricación casera.

Abe, un político de raza al que educaron para que siguiera los pasos de su abuelo, el ex primer ministro Nobusuke Kishi, fue quizás la personalidad más polémica y compleja de la historia reciente de Japón. Provocó la furia tanto de los progresistas en el país como de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial con su campaña belicosa para reformar las fuerzas armadas y su posición revisionista de que el veredicto de la historia por el pasado brutal de Japón fue injusto con el país.

Al mismo tiempo, revitalizó la economía japonesa, encabezó los esfuerzos para que cumpliera un papel más destacado en Asia y fue uno de los pocos faros de estabilidad política hasta su renuncia hace dos años por razones de salud.

“Es la figura política más imponente de las últimas décadas”, aseguró Dave Leheny, politólogo en la Universidad Waseda. “Quería que Japón recibiera en el escenario global el respeto que, según él, merecía. Además, quería que Japón dejara de tener que pedir perdón por la Segunda Guerra Mundial”.

La televisión pública NHK trasmitió un dramático video de Abe cuando pronunciaba un discurso en una estación ferroviaria en la ciudad occidental de Nara. Estaba de pie, con traje azul marino y alzaba el puño cuando resonaron los disparos.

Se vio a los guardias de seguridad derribar a un hombre de camisa gris y someterlo contra el pavimento. Al caer, Abe se llevó las manos al pecho, con la camisa manchada de sangre.

La policía de la prefectura de Nara confirmó el arresto del sospechoso, al que identificó como Tetsuya Yamagami, de 41 años. NHK informó que fue marinero de la Armada japonesa durante tres años a principios del 2000.

Abe renunció a la jefatura de gobierno en 2020 porque dijo que la colitis ulcerosa que padecía desde la adolescencia había resurgido. Dijo a la prensa en ese momento que le resultaba “desgarrador” no haber alcanzado muchos de sus objetivos, como la reforma constitucional, la normalización de las relaciones con Corea del Norte, la solución de disputas por islas con sus vecinos y la firma de un tratado de paz con Rusia para poner formalmente fin a las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial.

Al renunciar, era el primer ministro de mayor permanencia contando los días consecutivos en funciones. Superó el récord de su tío abuelo Eisaku Sato, que cumplió 2.798 días en el cargo de 1964 a 1972.

Tras el asesinato, las fuerzas políticas de Japón informaron que seguirán adelante con las elecciones del domingo a la Cámara de Consejeros de Japón, la cámara alta de la Dieta o el Congreso japonés.

El primero en confirmarlo fue el secretario general del partido Liberal Democrático (PLD) al que pertenecía Abe, quien ha ratificado que la formación proseguirá con los actos de campaña previstos para el sábado “para demostrar que el país no va a sucumbir al miedo”.

A continuación, el primer ministro de Japón y presidente del PLD, Fumio Kishida, ha insistido en que las elecciones se desarrollarán según lo previsto. “Las elecciones son el pilar de la democracia y la democracia hay que defenderla”, ha declarado Kishida.

“No podemos rendirnos ante la violencia y por esta razón seguiremos luchando en la campaña electoral hasta el final. Espero que el pueblo de Japón piense en ello y trabaje duro para proteger a nuestra democracia”, apuntó.

Twitter y Facebook anunciaron que ambas plataformas de redes sociales eliminarán cualquier video del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe que infrinja sus reglas sobre contenido dañino.

En las redes sociales circulaban varios videos del ataque que mostraban a un hombre armado disparando dos veces un arma en contra de Abe. Algunos solo mostraban los momentos antes y después del ataque, mientras que otros mostraron ambos disparos.

Meta dijo que estaba eliminando los videos que mostraban el momento del ataque y que había desactivado las cuentas de Facebook e Instagram del sospechoso; en tanto Twitter dijo que sus equipos de aplicación de las normas estaban trabajando para “abordar el contenido dañino” relacionado con el ataque y “eliminar de manera proactiva” el material que viola sus reglas, que incluyen restricciones en contenido delicado, como la violencia explícita.

Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden afirmó que el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe era una “tragedia para Japón y todos los que lo conocieron”.

Biden, que se dijo “atónito, conmocionado y profundamente entristecido” por la noticia. Rindió homenaje en un comunicado a un hombre que había “dedicado su vida” a servir al pueblo japonés.

También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó sus condolencias a amigos y familiares del ex primer ministro, así como al pueblo de Japón, por el asesinato del político, que calificó como “muy lamentable”.

El 7 de julio de 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moïse, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.

Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los responsables y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose.

El 7 de julio del año pasado, los atacantes parecen haber ingresado con facilidad a la residencia del presidente, sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para neutralizarlos.

Unas horas más tarde, la policía haitiana mostró una velocidad excepcional al arrestar a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos.

Desde la muerte de Moïse, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor. Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.

No es todo. La justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.

Además, el parlamento no funciona desde hace dos años. Desde su llegada al poder en 2017, Moïse no había convocado elección alguna.  Hoy Haití tampoco tiene presidente, y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces.

La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial. Designado apenas dos días antes del magnicidio, Henry es sospechado de haber mantenido conversaciones telefónicas con uno de los principales acusados pocas horas después del atentado.

Invitado por el fiscal a dar explicaciones, el jefe de gobierno no se presentó y luego destituyó al magistrado, designando a un nuevo ministro de Justicia.

Ello llevó a la viuda del presidente, Martine Moïse, gravemente herida durante el atentado, a rechazar tajantemente asistir a las ceremonias de homenaje a su difunto marido, oficiadas por un jefe de gobierno sobre el que pesan “serias presunciones de que pudo haber asesinado al presidente de la República”, según dijo.

Una breve ceremonia tuvo lugar esta mañana en el jardín del Museo del Panteón Nacional, en la capital. “A pesar de su debilidad, la justicia debe seguir haciendo todo lo posible para localizar a los culpables, llevarlos ante los jueces e imponerles sentencias ejemplares y disuasorias”, dijo Ariel Henry ante funcionarios y diplomáticos extranjeros.

En medio de las críticas a la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de “abrazos, no balazos”, y a que ha desmentido que haya una ola generalizada de violencia en el país, siete personas, familiares entre sí, fueron asesinadas este fin de semana en Veracruz.

Según la Fiscalía estatal, tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, fueron baleados en su domicilio del municipio de Boca del Río. Los cuerpos fueron encontrados el domingo.

Las víctimas “son integrantes de una sola familia que se dedicaba al negocio de las carnicerías por medio de una cadena de establecimientos”, dijo a la agencia AFP una fuente de la Guardia Nacional.

Las autoridades encontraron los cuerpos luego de que la Policía recibiera un reporte telefónico sobre un herido de bala en la vivienda donde se cometieron los crímenes. El hombre falleció cuando era trasladado a un hospital.

México es golpeado por una fuerte crisis de violencia. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y mayo pasado fueron asesinadas 12,737 personas.

La mayoría de los asesinatos son atribuidas a choques entre bandas del crimen organizado, involucradas en delitos como narcotráfico, robo de combustible, secuestro y extorsión, entre otros.

El pasado sábado, un oficial del Ejército murió durante un operativo en el que fueron capturados tres presuntos narcotraficantes en la ciudad de Caborca, Sonora, informó esta mañana durante su conferencia el presidente López Obrador.

Los cuestionamientos a la estrategia de seguridad se intensificaron después de que el pasado 27 de junio dos sacerdotes jesuitas fueran asesinados dentro de una iglesia en una comunidad del estado de Chihuahua.

“Estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, reiteró AMLO al defender su estrategia de seguridad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este jueves en que hay una campaña en contra de su administración desde hace algún tiempo, en donde sus detractores son capaces de inventar cualquier cosa, apoyados por los medios.

Indicó que el caso más claro es el de los sacerdotes jesuitas asesinados, que si bien calificó como lamentables, sirvieron para que de inmediato se lanzara la campaña en contra del gobierno.

“Otros, incluso ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir: ‘Esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona y, aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores tenía protección o actuaba con tolerancia’. Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes, y no generalizo”, reclamó AMLO.

Criticó que los propios sacerdotes, compañeros de los que perdieron la vida, salieran con expresiones como “ya no nos alcanzan los abrazos”, cuestionando directamente la estrategia de seguridad del gobierno federal.

“¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Qué resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra?”, contestó el presidente

Preguntó por qué no actuaron o cuestionaron de esa manera durante el sexenio de Felipe Calderón.

“¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’, cuando se decía a los altos mandos del Ejército: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad”, añadió el mandatario.

En ese sentido, pidió tener cuidado con mezclar asuntos de otra naturaleza con la “politiquería”. Dijo que una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra mentir o levantar falsos testimonios.

López Obrador aprovechó para señalar que el Papa Francisco, un hombre con convicciones, un verdadero cristiano, y uno de los mejores Papas que ha habido en la historia de la Iglesia católica, es el único que ha actuado con prudencia en torno a este caso.

“Francisco, excepcional. Y es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México, porque en la Independencia el Papa no estaba de acuerdo. Bueno, aunque existe la polémica, se excomulgo a Hidalgo y a Morelos, a los padres de nuestra patria (…) muy distinto a lo del Papa Francisco, un gran dirigente político, religioso, humano”, remató.

El periodista Antonio de la Cruz fue asesinado este miércoles en las inmediaciones de su domicilio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los primeros reportes señalan que De la Cruz fue atacado en el fraccionamiento Puerta de Tamatán, resultado heridas también su esposa y su hija.

El grupo editorial Expreso-La Razón, de donde Antonio de la Cruz era colaborador, exigió a las autoridades hacer justicia, y que el crimen no sea otro más que quede impune.

Por su parte el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas, afirmó en un breve encuentro con los medios que los principales sospechosos del asesinato “son los del gobierno del estado”.

“Es un lamentable que estos cabrones del gobierno hayan asesinado a un hombre de bien (…) comprobado lo tengo”, dijo al exigir al Fiscal del Estado que se haga justicia.

Indicó que Antonio denunciaba los actos de corrupción del gobierno estatal actual, aunque negó que haya recibido amenazas de muerte previamente.

Con la muerte de Antonio de la Cruz, suman 12 los periodistas asesinados en lo que va del año. Se contabiliza la muerte de otros comunicadores en lo que va de 2022:

  • José Luis Gamboa Arenas, de Veracruz.
  • Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldonado, de Baja California.
  • Roberto Toledo y Armando Linares, de Michoacán.
  • Heber López, de Oaxaca.
  • Jorge Luis Camero Zazueta, en Sonora
  • Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas
  • Luis Enrique Ramírez Ramos, Sinaloa
  • Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, de Veracruz.

Sin embargo, para el gobierno federal, la cifra de comunicadores asesinados en relación a su labor se reduce a nueve.

La Compañía de Jesús en México pidió este jueves al gobierno federal garantizar la seguridad para la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, donde la tarde del lunes fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico dentro de una iglesia en el municipio de Urique.

“Pedimos garantizar la seguridad para la comunidad de Cerocahui y diseñar un programa integral de rescate para regiones lastimadas por la violencia como la Sierra Tarahumara”, señaló en un comunicado la orden religiosa.

Confirmaron que los cuerpos encontrados la tarde de ayer por las autoridades sí corresponden a Javier Campos y Joaquín César Mora, asesinados cuando intentaban proteger a Fernando Palma, el guía turístico que era perseguido por un sicario.

Asimismo, luego de hacerse público que en los hechos podría haber otras víctimas de desaparición, hicieron un llamado a que la búsqueda de estas personas continúe, especialmente porque, recordaron, en México hay más de 100,000 personas desaparecidas.

“El hallazgo de nuestros hermanos a 72 horas de desaparición tras una búsqueda coordinada por los tres niveles de Gobierno refleja una atención intensa; al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que esta acción es poco accesible a la inmensa mayoría de familias cuyos casos no concitan atención pública”, precisaron.

Los religiosos afirmaron que seguirán sus labores como jesuitas de la sierra Tarahumara y acudirán a Cerocahui a refrendar su compromiso con la comunidad.

“En ese contexto, estaremos informando sobre las exequias de nuestros hermanos, sabedores y agradecidos porque muchos y muchas querrán acompañar ese momento para expresar así su rechazo a la violencia que lastima al país”, puntualizaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que el gobierno federal realiza una investigación a fondo sobre el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil en el municipio de Urique, Chihuahua, que ocurrió al interior de una iglesia.

Señaló que aunque se trata de un asunto del fuero común, instruyó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asistir a la zona.

“Hay elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; actuó de inmediato. Hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida y vamos a seguir con las investigaciones. (…) Se está haciendo el trabajo que nos corresponde con elementos suficientes del gobierno federal y vamos a tener resultados”, añadió AMLO.

El mandatario dijo que el caso lo lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, aunque reiteró que habrá apoyo de la federación, pues lo que “importa” es encontrar los cuerpos y detener a los responsables.

En ese sentido señaló que el presunto responsable de los asesinatos está acusado y cuenta con una orden de aprehensión desde 2018 por asesinar a un turista estadounidense.

“Se está pidiendo que si se tienen los elementos en la Fiscalía de Chihuahua o la Fiscalía General puedan sacar una ficha para la búsqueda de los responsables, que ayude en este asunto”, apuntó.

Además, confirmó que hay dos personas desaparecidas, entre ellas, la esposa de una de las víctimas, del guía de turistas que fue asesinado, por lo que integrantes de la Sedena continúan las operaciones de búsqueda.

Sin embargo, como se ha vuelto costumbre, el presidente recurrió a señalar al pasado para tratar de justificar lo ocurrido.

“Esto de la sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este acaba de empezar su carrera delictiva? No, y seguramente fue tolerado”, acusó el mandatario.

Incluso dijo que esta situación que imperaba, es algo que saben la comunidad jesuitas así como los pobladores de Urique, donde ocurrieron lo hechos. También señaló que estas conductas delictivas son sabidas por otras comunidades como Chinipas y Creel. “Saben perfectamente en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades”, remató.

Añadió que la zona de la sierra tarahumara ha estado desde hace tiempo muy dominada por la delincuencia organizada. Puso como ejemplo lo sucedido en la Estación Creel, en 2008, cuando un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas.

Dos jesuitas fueron asesinados en un templo de Chihuahua, y sus cuerpos fueron sustraídos por personas armadas, informó el martes el gobierno.

Durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó los homicidios de los dos religiosos e indicó que las muertes ocurrieron durante una persecución dentro de una iglesia del municipio Urique, en Chihuahua, quienes tras asesinar a un hombre atacaron a los religiosos.

 López Obrador precisó que las autoridades ya tienen información sobre los posibles responsables de los asesinatos y agregó que la zona donde ocurrieron los hechos tiene “bastante presencia de la delincuencia organizada”.

La Compañía de Jesús dijo en un comunicado que los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar fueron asesinados el lunes en el templo de la comunidad de Cerocahui del municipio Urique, sin ofrecer más detalles de cómo ocurrieron los hechos.

Al condenar los homicidios la congregación religiosa informó que los cuerpos de Campos Morales y Mora Salazar fueron sustraídos por personas armadas y exigió justicia y la recuperación de los cadáveres.

La Compañía de Jesús demandó a las autoridades que de manera inmediata adopten medidas de protección para asegurar la vida de los religiosos de la comunidad de Cerocahui que, aseguraron, enfrenta “condiciones de violencia y olvido” de parte del Estado.

En tanto, el gobierno de Chihuahua condenó los asesinatos de los religioso, mientras se activaron los mecanismos de coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para brindar seguridad a los pobladores del lugar.

Chihuahua es uno de los seis estados que concentra la mitad de los homicidios del país junto con Michoacán, Guanajuato, Baja California, México y Jalisco, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Autoridades de Puebla acusaron este martes a la expareja de la activista mexicoespañola Cecilia Monzón, asesinada el pasado 21 de mayo, de ordenarle a su sobrino matar a la abogada con la ayuda de otra persona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la detención de Javier “N”, expareja de Monzón y excandidato a gobernador del estado en 2010, además de su sobrino Jair “N” y de Silvestre “N”, estos dos últimos por ser los presuntos tripulantes de la motocicleta que persiguió a la activista.

El informe de la Fiscalía también expuso que Silvestre fue quien accionó una pistola, marca Pietro Beretta modelo 92 A1 de calibre 9 milímetros, con matrícula J78072Z, en seis ocasiones contra el cuerpo de la víctima, lo que le causó las lesiones que terminaron con su vida.

Monzón murió el 21 de mayo cuando su automóvil fue baleado por dos sujetos que la abordaron en una motocicleta mientras circulaba por San Pedro Cholula, localidad del estado de Puebla.

El asesinato de Monzón, conocida defensora de derechos humanos y abogada de mujeres, ha despertado protestas de grupos feministas en México y la condena del Gobierno español, el Consejo de la Abogacía Catalana, la Unión Europea (UE) y de las Naciones Unidas.

La polémica creció al revelarse que, días antes de su asesinato, la abogada fue a la Fiscalía a demandar la pensión alimenticia al padre de su hijo, López Zavala, exsecretario de Gobernación del estado con el exgobernador Mario Marín, acusado de operar una red de pederastia y torturar a la periodista que lo reveló, Lydia Cacho.

Tras la investigación, la Fiscalía informó ahora que se detectó que los sicarios se trasladaron a un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, donde escondieron la motocicleta, la ropa y cascos que portaban en el momento de los hechos. López Zavala presuntamente proporcionó el vehículo y el arma de fuego.

Después del presunto feminicidio, los sospechosos abordaron una camioneta, propiedad de Santiago “N”, exsecretario particular de López Zavala, para reunirse con el político.

La FGE decomisó objetos utilizados para el crimen, como la motocicleta, el arma de fuego y el casco de Jair, además de la placa de circulación de la motocicleta, un teléfono celular y diversa documentación personal a nombre de él. Las autoridades creen que Jair recibió la pistola y la motocicleta de las propias manos de su tío.

Tras las declaraciones de los involucrados, las autoridades determinaron que desde abril estaban organizando este hecho, por lo que comenzaron a estudiar los movimientos que tenía la activista.

Al menos dos sicarios asesinaron a tiros este sábado a la activista y abogada Cecilia Monzón, mientras circulaba en su vehículo por las calles de San Pedro Cholula, Puebla.

La también feminista fue alcanzada por un par de sicarios que viajaban en una motocicleta quienes le dispararon en al menos tres ocasiones, agresión que le provocó la muerte.

Cecilia Monzón era conocida en el ámbito público por su actividad política. Fue simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el partido Verde Ecologista (PVEM).

La exfuncionaria dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso, como agresiones físicas o demandas por pensiones alimenticias; además, evidenció las omisiones del sistema penal y fallas en la justicia que se cometen en contra de aquellas que forman parte de la esfera política en Puebla.

Monzón fue víctima de las trabas que existen en el sistema judicial mexicano para resolver temas con enfoque de género, pues quedó pendiente una denuncia por pensión alimenticia en contra del priista Javier López Zavala, padre de su hijo.

El pasado 20 de mayo, la víctima denunció a la Fiscalía General del Estado que el proceso legal no avanzaba, pese a cumplir con todos los elementos de prueba.

Sin embargo, según medios y activistas locales, aseguran que el principal sospechoso del asesinato de Cecilia Monzón, es el diputado del PRI, Jorge Estefan Chidiac, a quien denunció penalmente en recientes días por falsificación de firma.

A raíz de su asesinato, cientos de mujeres se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por el asesinato.

Colectivos, ciudadanas y activistas pidieron celeridad en el proceso de investigación para evitar que se le dé carpetazo y se pueda dar con los responsables de este hecho que daña y lastima a la sociedad poblana.

Durante su protesta, los colectivos feministas aprovecharon para pasar lista de las mujeres que han sido asesinadas o víctimas de feminicidio durante lo que va de 2022, para recordar que no han tenido justicia y que no son olvidadas.

Al mismo tiempo, la familia y amigos más cercanos de Monzón velaron a la activista y ofrecieron una misa de cuerpo presente

Cabe destacar que las autoridades locales no han dado una postura oficial de la investigación que se realiza al respecto, aunque el gobierno estatal, en un comunicado, condenó el crimen y se comprometió a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

En el país, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de 1,000 feminicidios.

Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo esta mañana que era un tema muy doloroso y envió un abrazo a sus familiares; señaló que desde que el gobierno federal tuvo conocimiento de los hechos, ha actuado y se encuentra trabajando en coordinación con el gobierno de Puebla.

“Fue un ajusticiamiento, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, fueron sobre ella”, dijo AMLO.

Por su parte el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, dijo que el gobierno federal entró en contacto con el gobernador de Puebla y el fiscal estatal. Adelantó que hay material importante para la identificación de los agresores, y señaló que ya se realizan entrevistas para tener más detalles y pruebas que permitan esclarecer los hechos.

Autoridades anunciaron este martes la detención de un presunto implicado en el doble asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, a quienes mataron el pasado 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó la detención de un individuo identificado como Antonio de Jesús “N”, alias “El Mara”, a quien señalan como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

En su cuenta de Twitter, la fiscalía informó que fueron agentes ministeriales, de manera conjunta con elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión.

Al detenido lo consideran presunto responsable del crimen de Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y de García Olivera, reportera del mismo medio de comunicación.

“El Mara” será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para que se defina su situación jurídica; es decir, se determine si es legal la aprehensión y, posteriormente, si es procesado.

Recordemos que tras el crimen, las autoridades revelaron que seguían cuatro líneas de investigación, dos de ellas relacionadas con los primeros indicios que se levantaron en el lugar de los hechos. Otra más tiene que ver con la actividad que desarrollaban las víctimas en el medio electrónico, y la cuarta está relacionada con la filtración de unos audios.

Con Mollinedo y García suman 11 los periodistas asesinados en nuestro país en lo que va de año; Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), solo reconoce 9 casos este año, con 19 presuntos responsables detenidos o buscados, y 16 vinculados a proceso penal.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado 1,945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 33 asesinatos, y 2 desapariciones, un 85% más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto.

Otro periodista fue encontrado sin vida ayer en Sinaloa, convirtiéndose en el noveno comunicador asesinado en el país en lo que va del año.

La Fiscalía de Sinaloa informó que el cuerpo de Luis Enrique Ramírez Ramos fue hallado en un camino de tierra cerca de Culiacán.

Luis Enrique Ramírez era columnista del diario El Debate, pero a lo largo de su carrera trabajó en diferentes medios de comunicación de Sinaloa como el Noroeste y Milenio, entre otros y en el año 2011 el periodista tuvo que salir de Culiacán luego de que asesinaran a un colega.

Durante ese lapso dejó el estado y se acogió al Mecanismo de Protección a Periodistas del Gobierno federal debido a que su caso fue considerado como persecución política pero volvió a Sinaloa en 2012 y fundó el diario digital Fuentes Fidedignas.

El sitio de noticias para el que trabajaba Ramírez Ramos, “Fuentes Fidedignas”, informó que había sido secuestrado cerca de su casa.

Ramírez Ramos aparece como “director fundador” en el directorio del sitio web, que ha reportado relativamente poco sobre la violencia a manos de cárteles del narcotráfico en la entidad. Sin embargo, Fuentes Fidedignas sí reporta sobre disputas políticas locales, que compañeros del gremio apuntan como un tema riesgoso para los periodistas en México.

El Comité para la Protección de los Periodistas lamentó el asesinato y llamó “urgentemente a las autoridades a investigar los hechos”.

Francisco Chiquete, reportero de Culiacán, dijo que Ramírez Ramos era un periodista muy profesional y capaz, y señaló que desde 2015 había expresado temores sobre represalias por su trabajo. Sin embargo, Chiquete comentó que no estaba al tanto de que su colega enfrentara alguna amenaza reciente.

Muchos asesinatos de periodistas en los últimos años en México han sido atribuidos a los cárteles de la droga, y los periodistas de las ciudades más violentas del país, como Culiacán, a menudo evitan los temas de narcotráfico por su propia seguridad.

En una entrevista de 2015 con la estación de radio MVS luego del asesinato del reportero Humberto Millán, Ramírez Ramos dijo que él no escribía sobre narcos, ni bien ni mal, pero que Millán tampoco lo hacía y eso no fue suficiente para que siguiera vivo.

La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, confirmó la muerte del comunicador a través de sus cuentas oficiales de las redes sociales y detalló que el cuerpo fue localizado en un camino de terracería por la carretera “El Ranchito”.

“Nuestras sinceras condolencias a su familia y nuestro compromiso de trabajar en esclarecer este hecho”, agregó en su cuenta de Twitter.

El Congreso del Estado de Sinaloa condenó el crimen del periodista y exigió en redes sociales a las autoridades correspondientes “un pronto esclarecimiento y se castigue al o a las personas responsables. Nos solidarizamos con su familia y gremio periodístico”.

“ARTÍCULO 19 lamenta y condena la desaparición y posterior asesinato del columnista del diario El Debate y fundador del diario digital Fuentes Fidedignas, Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa, e informa que documenta los hechos”, posteó por su parte la organización, que pidió a la Fiscalía de Sinaloa esclarecer el asesinato.

Miles de estudiantes salieron a las calles este martes en Guanajuato capital, para exigir el esclarecimiento de la muerte de su compañero Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de la Guardia Nacional.

“¡Ángel no murió, la Guardia lo mató!” y “¡Me quiero titular, no quiero que le lleven mi cuerpo a mi mamá!”, fueron algunas de las consignas que gritaron los alumnos de la Universidad de Guanajuato, donde Ángel Yael, de 19 años, estudiaba agronomía.

Fue el 27 de abril en Irapuato, cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon en contra de la camioneta en la que circulaba Ángel, quien falleció en el lugar. En el ataque también resultó herida su compañera, Edith Alejandra Carrillo Franco, de 22 años, mientras que el conductor del vehículo, Aarón Eduardo Ramírez Jorge, de 19, salió ileso.

Derivado de este incidente, al menos dos agentes fueron detenidos. Sin embargo, uno de ellos, que había sido imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, fue liberado el pasado sábado, decisión que será apelada, según anunció la propia Fiscalía General de la República (FGR).

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta semana en su mañanera que los responsables deben ser sancionados. “La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos, y que se lleve a cabo un trabajo a fondo”, afirmó.

Los estudiantes se reunieron este martes por la mañana en las escalinatas del edificio central de la universidad, las cuales amanecieron con pintura roja derramada, simulando sangre. De ahí partieron hacia la Plaza de la Paz.

En la marcha también estuvo presente la mamá de Ángel Yael, Norma Lucía Rangel Sánchez, quien agradeció la solidaridad de los alumnos con su hijo fallecido. “Créanme que desde el cielo, mi hijo los estará apoyando”, dijo.

Será el próximo viernes cuando se reanude la audiencia de imputación en contra del elemento de la Guardia Nacional que está en prisión preventiva, como presunto responsable de la muerte del estudiante.

Los padres del estudiante que murió por disparos de arma de fuego de un agente de la Guardia Nacional el pasado miércoles en Irapuato, Guanajuato, exigieron justicia este domingo luego de que el elemento fuera liberado por un juez.

El agente estaba señalado como presunto responsable de matar a Ángel Yael Ignacio Rangel, alumno de la Universidad de Guanajuato, pero fue puesto en libertad luego de que el juez resolviera no abrir un juicio en su contra.

“Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune”, dijo Norma Lucía Rangel Sánchez, madre de Ángel Yael en un video en redes sociales este domingo. “Estoy consciente que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que no haya un caso más, que ninguna madre tenga que vivir esto”, agregó.

La tarde del 27 de abril, Ángel Yael, de 19 años y quien cursaba la licenciatura en Agronomía en la Universidad de Guanajuato, murió luego de ser atacado a balazos por un agente de la Guardia Nacional. El elemento fue remitido a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, el sábado un juez federal de control decidió no abrir un juicio en su contra, por lo que fue puesto en libertad.

Tras esta decisión, la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado en el cual criticó que el presunto responsable haya sido imputado por el delito de tentativa de homicidio, cuando en realidad el incidente acabó con la vida de Ángel Yael y además dejó a otra alumna herida.

Además, sostuvo que la imputación no coincide con los hechos narrados, tras el incidente, por la propia Guardia Nacional en un boletín.

“Como hemos insistido, hay indicios para presumir que el hecho tiene varias implicaciones, y que es factible que haya más elementos involucrados en lo ocurrido”, apuntó la nota firmada por el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

Luego de conocer la resolución del juez, los padres de Ángel Yael publicaron un video en el que reiteraron su exigencia de que haya justicia tras lo ocurrido con su hijo.

Además, informaron que no aceptarán la reunión que les ofreció la oficial mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández, mientras no reciban una explicación que sea justa y congruente con los hechos sucedidos el 27 de abril.

“Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente”, dijo la madre.

La mujer resaltó que esperan que el Ministerio Público federal, tras lo resuelto por el juez de control, emprenda acciones inmediatas, además de que haya una investigación profunda para esclarecer el crimen de su hijo.

En respuesta, a través de un comunicado emitido este domingo, la Guardia Nacional señaló que la investigación para deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, “sigue su curso y no está concluida”.

Además, dijo que colaborará con las autoridades correspondientes “y aportará todos los elementos a su alcance para el esclarecimiento de los hechos” y que no habrá impunidad en este hecho u otro en el que esté involucrado alguno de sus integrantes.

La institución recordó tanto los agentes, sus armas y los vehículos oficiales, están disponibles para cuando sean requeridos por el Ministerio Público”.

En tanto, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia en este caso.

Además, dijo que “asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos”.