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Al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular fueron asesinados en México durante marzo, con lo que suman 15 en los primeros tres meses del año, informó este viernes la organización civil Data Cívica.

El número de homicidios relacionados con la violencia política el mes pasado se eleva a 30 al considerar también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalló el informe ‘Votar entre balas’.

Entre los aspirantes asesinados en marzo hay uno del Partido del Trabajo (PT), aliado del oficialismo, dos de Morena; uno del PRI y uno más de la alianza del PRI con el PAN y el PRD.

Los candidatos fallecidos son Alfredo González, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac en Guerrero; Tomás Morales, candidato de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, y Diego Pérez, quien buscaba ser alcalde de San Juan Cancuc en Chiapas por el PRI.

La lista la completan Humberto Amezcua, de la alianza PRI-PAN-PRD, que aspiraba a la alcaldía de Pihuamo, en Jalisco, y Jaime González, quien contendía por la alcaldía de Acatzingo, en Puebla, por Morena.

Además, Data Cívica registró cinco secuestros, dos atentados y dos amenazas contra otros aspirantes, tanto del oficialismo como de la oposición.

“En marzo, primer mes oficial de las campañas a nivel federal, registramos 14 ataques de distintos tipos contra personas candidatas: 5 asesinatos, 5 secuestros, 2 atentados y 2 amenazas. Con esto, los tres primeros meses del año acumulan ya 15 homicidios de quienes aspiran a un cargo de elección popular”, señaló el informe.

En total, Data Cívica registró 54 eventos asociados con la violencia político-criminal en marzo, incluyendo amenazas, asesinatos, ataques armados, atentados y secuestros.

Los 15 asesinatos del primer trimestre de 2024 se suman a los 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica desde la segunda mitad de 2023, cuando comenzó el actual proceso electoral que culmina el 2 de junio.

Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización documentó 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos.

Al tomar en cuenta también ataques y amenazas, la asociación reportó 574 actos de violencia criminal-electoral en 2023, lo que representa el número más elevado desde que comenzó este registro.

Un día después del asesinato de la candidata de Morena al municipio de Celaya, Guanajuato, la organización Laboratorio Electoral dio a conocer su actualización sobre el recuento de violencia política, en medio de las elecciones en el país.

Son 42 víctimas, 34 eran aspirantes a un cargo de elección popular, funcionarios actuales o políticos, considerando el inicio formal del actual proceso electoral (7 de septiembre); mientras que el resto eran familiares, según detalló el ‘Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024’.

Pese a ello, el reporte considera los asesinatos desde junio 2023, con lo que se reportan 52 asesinatos. Bajo esa cifra, ya se superan los 43 homicidios de los anteriores comicios presidenciales de 2018.

La organización considera los asesinatos desde junio de 2023, cuando terminaron las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, pues fue esa fecha cuando los políticos comenzaron a revelar sus aspiraciones.

En total, se han registrado 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios, en las que, además de los asesinatos, hay nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.

Los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son Morena con nueve, y Acción Nacional con cinco.

La investigación halló que los meses con mayor cantidad de asesinatos han sido julio, octubre, enero, febrero y marzo.

“El incremento de casos en los últimos tres meses ha sido del 150%, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local”, advirtió.

El documento identificó que los estados con más casos de violencia electoral son Guerrero, Veracruz y Michoacán.

El reporta contrasta la cifra dada este martes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que reconoció el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral. Además confirmó haber recibido más de cien solicitudes de candidatos que buscan protección de la violencia.

La organización señaló que “en la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones”.

El Gobierno federal reconoció este martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral, rumbo a la jornada del próximo 2 de junio, que inició de manera formal el 1 de octubre.

El Gobierno indicó que ha recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante el riesgo de violencia.

De las víctimas, solo dos se habían registrado ya como candidatos oficiales ante las autoridades electorales, cinco eran precandidatos y ocho eran aspirantes, es decir, solo habían expresado su intención de buscar un puesto, según detalló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“En el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad”, dijo.

Esta es la primera cifra oficial de homicidios relacionados a temas electorales del Gobierno de México, cuyo conteo está por debajo de las estimaciones de organizaciones, como la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 10 el primer bimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023.

Rodríguez aseguró que el Gobierno tiene una estrategia conjunta con el Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger a los candidatos federales que no demora más de 72 horas en aprobarse y ponerse en marcha.

Aún así, dijo que “hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo”, detalló la funcionaria.

Las peticiones, precisó, incluyen a los tres candidatos a la presidencia, siete aspirantes a gobernador, 27 al Senado y 71 a diputados.

De las solicitudes, 34 han sido de candidatos de partidos aliados del oficialismo y el resto de la oposición, según una gráfica que exhibió la secretaria.

“El Gobierno está pendiente de todas las peticiones de candidatos, candidatas y partidos, para que sean atendidas de manera inmediata y el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica”, sostuvo la secretaria de Seguridad..

La titular de la SSPC recordó que el Gobierno federal protege con elementos de la Guardia Nacional a candidatos a un cargo federal y a gobernadores, mientras que “los gobiernos estatales y municipales hacen lo propio con quienes aspiran a puestos de elección popular del carácter local”.

Este primer reporte del Gobierno federal llega a un día de que fuera asesinada la candidata de Morena al municipio de Celaya, Guanajuato, quien fue atacada a balazos luego de uno de sus primeros eventos de campaña.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este martes que la transición del poder y las elecciones serán “tersas” pese a la violencia electoral.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema y también diría la elección”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador sostuvo que “hay diferencias importantes” entre la situación política y de violencia actual ante los sexenios anteriores, por lo que garantizó la estabilidad de la transición cuando deje la presidencia el 1 de octubre próximo.

“Una diferencia es que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes, entre la delincuencia y la autoridad, ahora se no permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, aseguró.

Al menos 126 personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente fueron asesinadas en América Latina en 2023, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dados a conocer este martes.

La institución, perteneciente a la OEA, expresó su preocupación ante los “elevados índices de violencia” contra personas defensoras en la región, donde sólo en los tres últimos meses del año ese colectivo sufrió 54 asesinatos.

“Como en años anteriores, esta violencia estuvo particularmente dirigida a quienes defienden el medio ambiente y el territorio y personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes”, dijo la CIDH en un comunicado.

El país más afectado fue Colombia, donde los asesinatos de personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos aumentaron a 34 el año pasado, frente a los 26 fallecidos que la institución registró en el reporte del 2022.

El siguiente país más mortal para las personas defensoras fue Brasil con 10 casos en el año, seguido de México que registró cuatro, y Guatemala, Honduras y Perú con tres, dos y un asesinato respectivamente.

Aunque las cifras muestran que los esfuerzos no han sido suficientes, el reporte apunta que algunos países latinoamericanos han implementado medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú de Colombia, que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.

Particularmente, la CIDH felicitó a México por aumentar los recursos presupuestales destinados a fortalecer el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país, otro colectivo afectado por la violencia.

En un informe separado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) había informado que seis periodistas fueron asesinados en 2023 en América Latina, con México situándose como el segundo país más peligroso del mundo para estos profesionales, con cuatro informadores asesinados, sólo por detrás de Palestina.

“Los profesionales de la información siguen sin trabajar con seguridad”, dijo RSF, refiriéndose a diferentes incidentes violentos en los últimos meses del año contra profesionales de la información en el estado de Guerrero.

La organización Artículo 19 registró cinco asesinatos de periodistas y 561 agresiones contra la prensa en México durante 2023, un promedio de un ataque cada 16 horas a un comunicador o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor.

En el reporte ‘Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad?’, la organización civil indicó que esa cifra incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.

Además, recordó los asesinatos de cinco periodistas con un posible vínculo a su labor: Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua).

Fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, “México se se coloca como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023”.

En cuanto al número de casos, las agresiones documentadas por la organización presentaron una reducción del 19.4% respecto al año 2022, que se mantiene como el año más violento para la prensa en México en registros de la organización.

La organización dijo que una reducción de este porcentaje no se había documentado desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, cuando en 2010 se documentaron sólo 162 casos.

En cuanto a la tipología de violencia, la asociación identificó “los mismos patrones que se han reportado en los últimos años”. Las tres categorías de agresiones más documentadas fueron intimidaciones y hostigamientos; el uso ilegítimo del poder público, principalmente mediante la estigmatización y el acoso judicial, así como las amenazas en la esfera física y digital.

Siguiendo la tendencia desde 2019, la intimidación y el hostigamiento se posicionó como la embestida más común, con 124 casos documentados, el 22.1% del total. Mientras que el uso ilegítimo del poder público se ubicó como la segunda agresión más frecuente, con 106 casos documentados (18.89%).

Precisaron que, en 2023, no hay un cambio sustancial en tendencias, pues el Estado sigue siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos de violencia documentada (51.16% del total). Le siguen particulares con 95 casos (16.93%), y después grupos de delincuencia organizada, con 57 casos (10,16%), finalizando con 25 agresiones provocadas por partidos políticos (4,46 %).

En 97 ocasiones (17.29%) Artículo 19 “pudo identificar una agresión pero no contaba con elementos suficientes para categorizar al agresor”.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, sobre la violencia contra los periodistas, y cómo ha influido en estas cifras la relación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha entablado con la prensa durante su sexenio.

Al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular murieron asesinados en México durante enero, informó este martes la organización Data Cívica.

El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 19 si se tiene en cuenta también a funcionarios públicos y familiares de los políticos en el primer mes del año, detalló el informe ‘Votar entre balas’.

Entre los aspirantes asesinados hay uno de Morena y los otros cuatro forman parte de la oposición.

Los candidatos fallecidos son: Alfredo Giovanni Lezama, aspirante a diputado federal en Morelos (PAN); David Rey González, quien buscaba una alcaldía en Chiapas por el Frente Amplio por México, y Sergio Hueso, aspirante a alcalde en Colima por Movimiento Ciudadano (MC),

La lista la completan Samantha Fonseca, aspirante al Senado por Morena, y Miriam Noemí Ríos, quien buscaba ser regidora en Michoacán con el partido MC.

Además, Data Cívica registró un ataque armado y dos amenazas contra otros aspirantes, tanto de Morena como de la oposición.

“Otro aspecto que nos muestra la violencia político-criminal durante el mes de enero es que ésta no se limita a algunos partidos políticos en específico, sino que está afectando a todos los partidos en general”, señaló el informe.

Los asesinatos en enero se suman a los 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica desde la segunda mitad de 2023, cuando comenzó el actual proceso electoral.

Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización ha documentado 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos.

Teniendo en cuenta también ataques y amenazas, la asociación reportó 574 actos de violencia criminal-electoral en 2023, lo que representa el número más elevado desde que comenzó este registro.

Un total de 99 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en todo el mundo el pasado año, de los cuales 72 fallecieron en la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza iniciada el 7 de octubre pasado.

Estos datos fueron hechos públicos por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización independiente con sede en Nueva York.

El documento del CPJ asegura que el número de informadores muertos violentamente es el mayor de los registrados desde 2015 y sirve como un “grave indicador de la cifra sin precedentes de periodistas y trabajadores de medios que han perecido en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza”.

La gran mayoría de las víctimas de 2023 eran periodistas palestinos que murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza.

Sin contar ese conflicto, un total de 22 periodistas y trabajadores de medios murieron en otros 18 países, aseguró la organización.

Si se excluyen las muertes de periodistas en Israel, Gaza y el Líbano, donde se han registraron ataques en el marco de ese conflicto, los casos de periodistas muertos disminuyeron significativamente en 2023, precisa la organización.

Sin embargo, los datos de 2023 del CPJ muestran que los atentados contra periodistas siguen siendo constantes en países como Filipinas, Somalia y México.

Incluso en los países donde la cifra total de periodistas fallecidos ha disminuido, los ataques no letales persisten y los informadores continúan siendo encarcelados a niveles récord, lo cual es un indicador clave de la situación de la libertad de prensa en el mundo, añade el informe.

Para el CPJ, el hecho de que la cifra de muertes de periodistas haya disminuido no implica necesariamente que haya aumentado la seguridad.

El documento cita el ejemplo de nuestro país, donde los asesinatos de comunicadores descendieron de un récord de 13 en 2022 a dos en 2023, pero los periodistas continúan sufriendo ataques, hostigamiento, amenazas y secuestros en medio de la corrupción y el crimen organizado. Esto según cifras de la CPJ.

Desde 1992 a 2023, 94 de los 96 periodistas muertos en Filipinas fueron asesinados por su labor, y los periodistas de emisoras de radio fueron especialmente vulnerables.

En todo el mundo, los mecanismos actuales para proteger la integridad física de los periodistas habitualmente incumplen el propósito de proteger a la prensa y los asesinos de periodistas frecuentemente burlan la justicia, conforme las investigaciones locales son retrasadas, malogradas o sencillamente nunca comienzan, concluye el CPJ.

2023 fue el año más letal de la última década para los profesionales de los medios, según el informe anual de la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC), que registró al menos 140 muertes violentas de reporteros en 28 países.

Esta cifra supone un aumento interanual de más del 20% respecto a los datos de 2022, cuando se contabilizaron 116 periodistas asesinados.

Según los datos de PEC, la Franja de Gaza ha sido la región con más asesinatos de profesionales de los medios en todo el mundo, con 81 muertos desde el comienzo de la ofensiva entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre hasta el final del año pasado.

El informe advierte que se trata del mayor número de víctimas entre los medios de comunicación durante un conflicto en tan poco tiempo, con casi un periodista muerto por día en los últimos tres meses de 2023.

El presidente de PEC, Blaise Lempen, recordó que es “difícil” verificar si estos periodistas, muchos de ellos palestinos que trabajaban en medios locales y extranjeros, fueron atacados intencionalmente debido a su profesión o si murieron en ataques indiscriminados de Israel contra civiles.

En este sentido, la ONG instó a la ONU a iniciar una investigación independiente para averiguar las circunstancias exactas en las que han muerto los periodistas en Gaza, ya que “los responsables de estos crímenes deben comparecer ante la justicia lo antes posible”.

En algunas regiones de América Latina la situación tampoco mejoró, como en nuestro país, que fue el segundo lugar del mundo más letal para los periodistas en 2023 con un total de nueve reporteros asesinados. Con cinco asesinatos, Guatemala fue el tercer país del mundo con más víctimas.

Otros países destacados en el informe de PEC de 2023 fueron Ucrania, donde la guerra dejó un total de cuatro periodistas asesinados, e Israel, con cuatro muertes durante los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Por regiones, Oriente Medio ocupó el primer lugar con un 64% de las muertes registradas en 2023, dos tercios de las víctimas, seguido de América Latina con 20 muertes; Asia, con 12; África, con 11; Europa, con cuatro; y América del Norte, con tres.

La Fiscalía General de Michoacán, abrió diversas líneas de investigación por el asesinato de Hipólito Mora Chávez, exlíder de los grupos de autodefensa, y de tres de sus escoltas, numero que se actualizó respecto a lo informado ayer.

Una fuente de la Fiscalía, que habló en condición de anonimato con la agencia Efe, informó que la principal hipótesis que siguen los investigadores son las rencillas que Hipólito Mora mantenía con exintegrantes de los grupos de autodefensa que ahora forman parte de Los Viagras, brazo armado del cártel de La Nueva Familia Michoacana (Cárteles Unidos).

La Fiscalía confirmó que Mora Chávez fue asesinado cuando regresaba de su huerta de limón a su vivienda, en el poblado de La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán en Michoacán.

Mora Chávez fue atacado por al menos 15 sicarios que con dos vehículos le cerraron el paso a su automóvil blindado, propiedad del gobierno estatal, y en el que viajaba con uno de sus escoltas. Cuatro escoltas más lo custodiaban a bordo de una patrulla de la Guardia Civil.

El automotor de Mora Chávez se incendió a causa de los impactos de los rifles tipo Barret, por lo que los cuerpos del líder autodefensa y uno de sus escoltas quedaron calcinados.

Horas después del ataque, Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán dijo a medios de comunicación que su Administración había pedido a Mora Chávez no radicar en La Ruana, ante las amenazas que existían en su contra.

“Se le pidió a Hipólito Mora, por el secretario general de Gobierno que procurara quedarse en Morelia que era mejor para su seguridad, por las disputas, por las reyertas que tenía personales, precisamente derivadas en su época de autodefensa con otras bandas”, señaló Ramírez Bedolla.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reveló que alrededor de 300 agentes del Ejército, Guardia Nacional y la Guardia Civil patrullan diversos puntos de la región de Tierra Caliente, a la que pertenece La Ruana, en busca del grupo de sicarios que atacó a Mora Chávez.

En tanto, familiares de Hipólito Mora esperan que la Fiscalía Estatal les entregue el cuerpo del autodefensa, para realizar este viernes el funeral.

Mora Chávez era originario de La Ruana, donde se levantó en armas el 24 de febrero de 2013, contra el cártel del narcotráfico autodenominado como “Los Caballeros Templarios”, cuyos principales líderes eran los narcotraficantes Nazario Moreno “El Chayo”, Jesús Méndez “El Chango Méndez”, Servando Gómez “La Tuta”, Enrique Plancarte “El Kike” y Dionisio Loya “El Tío”.

Hipólito Mora había sobrevivido a dos atentados: el primero ocurrió el 26 de noviembre de 2022, y otro más el 4 de marzo del presente año, ambos en La Ruana.

Actualmente, en la región de Tierra Caliente operan los grupos delincuenciales autodenominados como Cárteles Unidos (Los Viagras), Los Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales se disputan el control de actividades ilícitas en la zona.

Los asesinatos de periodistas en el mundo aumentaron 50% en 2022 respecto al año previo, debido principalmente a los ataques en Ucrania, México y Haití.

Según un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, al menos 67 trabajadores de los medios fueron asesinados en 2022, la cifra más alta desde 2018.

Periodistas en los tres países dicen que el peligro los obliga a trabajar en una situación de gran estrés.

El hecho llama la atención sobre todo en Haití, donde en 2022 asesinaron a siete periodistas, una cifra enorme para un pequeño país de 12 millones de habitantes. Algunos fueron asesinados por las pandillas que de hecho se han apoderado de Puerto Príncipe, aunque al menos dos fueron abatidos por la policía.

El periodista Mackenson Remy, de Radio Caraibes, que aún cubre noticias en la calle, dijo que ya no se sabe en quién se puede confiar.

“Reportear en Haití es extremadamente difícil para los periodistas, específicamente en la capital”, dijo Remy a la agencia AP. “La corrupción está en todas partes, ya no puedes confiar en nadie”.

El CPJ observó que 35 de los asesinatos ocurrieron en Ucrania, México y Haití. En México asesinaron a 13 trabajadores de prensa, según el comité. Otros grupos dicen que la cifra es de 15, que de ser cierto haría del 2022 el año más mortífero para los periodistas mexicanos en las últimas tres décadas.

Así, Latinoamérica, con México a la cabeza, fue el pasado año la región del mundo más mortífera para los periodistas, según el informe. En total, 30 periodistas latinoamericanos han muerto violentamente el pasado año, lo que constituye casi la mitad de los 67 que han muerto en todo el mundo.

En tanto, en Ucrania mataron a 15 periodistas el año pasado, según el CPJ. Recordemos que a casi un año de haber sido invadido por Rusia, en Ucrania se libra una guerra, lo que ha aumentado los riesgos para los periodistas.

El CPJ pudo confirmar que 41 de los 67 periodistas fueron asesinados “en relación directa con su trabajo” y que investiga los motivos de los 26 asesinatos restantes.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este miércoles que de acuerdo a cifras corroboradas por su organismo, 557 periodistas han sido asesinados en el mundo en los últimos diez años en el cumplimiento de su labor.

Además, más de un millar de periodistas han sufrido prisión por realizar su trabajo y 64 se encuentran desaparecidos.

“Estas estadísticas son increíbles porque nadie que hace su trabajo debería sufrir este riesgo, especialmente en la actualidad, cuando es tan importante tener una prensa fuerte, independiente y ética” comentó en su primera reunión con periodistas en Ginebra.

“Ustedes son parte de del ecosistema democrático y es absolutamente importante preservarlo. Los periodistas están en primera línea para garantizar que la verdad y los hechos salgan a luz y esto es muy importante desde la perspectiva de los derechos humanos”, declaró.

Türk, de nacionalidad austriaca, asumió el puesto de alto comisionado el pasado mes, en reemplazo de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Sobre los asesinatos de periodistas, ocho fiscales de todo el mundo reunidos por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzaron un llamado a los sistemas de justicia para que actúen “contra la impunidad” en estos crímenes.

Los fiscales, entre ellos la mexicana Laura Borbolla y la brasileña Raquel Dodge, elaboraron una lista de diez compromisos para que los ataques contra los periodistas no queden sin respuesta penal.

El llamamiento fue divulgado con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora este 2 de noviembre.

A diferencia de lo expuesto por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, según datos de RSF, más de mil periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en todo el mundo desde 2010, mientras que otros 118 están desaparecidos desde 2016.

Cerca del 90% de los crímenes cometidos contra los periodistas quedan impunes, señala la Unesco.

Como ejemplo, Bernard señaló que “es habitual descubrir, como sucede en México, que el vínculo entre el asesinato y la actividad periodística de la víctima nunca ha sido objeto de una investigación seria”.

El llamamiento, que está abierto a que se sumen fiscales de todo el mundo, incluye entre sus puntos preservar la independencia y la imparcialidad de las investigaciones en delitos contra periodistas, actuar de forma decidida para poner fin a la impunidad o averiguar de forma sistemática el vínculo entre el crimen y la actividad profesional de la víctima.

También incluye velar por la seguridad de los periodistas amenazados y de sus familias, proteger el secreto de las fuentes y pedir que se dote a las fiscalías de los medios necesarios para desarrollar sus investigaciones.

En nuestro país, el gobierno federal reportó la semana pasado que 260 periodistas han sido asesinados en los últimos tres sexenios, con 63 de ellos en lo que va de a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alejandro Encinas, reconoció 13 asesinatos de comunicadores en lo que va de este 2022, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones, registra un total de 18.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) aseguró que 2022 es el año más letal para el ejercicio de los periodistas en nuestro país, tras un mes (agosto) que ha dejado cuatro nuevos muertos que elevan a 14 los comunicadores asesinados en lo que va del año.

La organización, que no tiene constancia de una cifra tan alta desde el inicio de sus recuentos, lamenta este “sórdido récord” que ha convertido la situación del periodismo en México en un “drama que exige acciones urgentes por parte del gobierno”.

Con estas cifras México se mantiene en cabeza, por cuarto año consecutivo, de la lista de países más peligrosos para el ejercicio de la profesión, por delante incluso de países en guerra como Ucrania (ocho casos) o Yemen (tres casos).

México, cabe recordar, ocupa el puesto 127 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF.

“La lista de periodistas asesinados en México es espeluznante y parece alargarse inexorablemente sin que el gobierno federal ni las autoridades locales se hagan cargo de la dimensión del problema, ni tomen decisiones valientes”, lamentó el director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en América Latina, Emmanuel Colombié.

Desde el inicio del mandato del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, RSF ha contabilizado al menos 36 asesinatos de periodistas y dos desapariciones, las de Jorge Molotzin Centlal y Pablo Felipe Romero Chávez, en 2021, en el estado de Sonora.

La ONG matiza que la mayoría de estos asesinatos se concentran en los estados especialmente “gangrenados” por la corrupción y el crimen organizado: Michoacán, Sonora y Veracruz, con cinco casos cada uno. En la gran mayoría de estos 38 casos, “la impunidad”, lamenta RSF, “es casi total”.

El último caso tuvo lugar este pasado lunes, cuando el periodista Fredid Román fue ejecutado en Chilpancingo, Guerrero. Román acababa de salir de su domicilio en su vehículo, cuando dos individuos en una motocicleta abrieron fuego contra él antes de darse a la fuga.

Román, editor del diario local ‘Vértice’ y muy crítico con el gobierno de Guerrero y con la corrupción de las autoridades locales, murió en el acto. Su sobrino señaló públicamente como responsable del asesinato a la banda criminal local de Los Ardillos, que, según él, había amenazado varias veces de muerte a su tío.

El hijo de Román fue ejecutado hace un par de meses atrás, por lo que la Fiscalía de Guerrero está analizando la relación entre ambos casos.

Román se convirtió así en el cuarto periodista asesinado desde principios de agosto, después de Ernesto Méndez, Juan Arjón López y Alán González, cuyos nombres se suman tristemente a los de José Luis Gamboa Arenas, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez y Antonio de la Cruz.

Además de al gobierno federal, RSF llamó igualmente a autoridades locales como Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz; a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, “a reforzar sus mecanismos de protección para la prensa y a identificar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos registrados estos últimos años en sus Estados”.

La Fiscalía de Sonora informó este martes del hallazgo del cadáver del periodista Juan Arjón López, desaparecido desde hace una semana, con lo que se convierte en el décimo cuarto informador asesinado en México en lo que va de año.

La fiscal estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, confirmó en rueda de prensa el hallazgo de un cuerpo en San Luis Río Colorado que, por los tatuajes, corresponde con los datos que tenían en su poder las autoridades sobre el periodista desaparecido.

Recordemos que familiares y amigos del periodista habían denunciado que a Arjón López desapareció el 9 de agosto, por lo que se implementó un operativo para localizarlo, en cuyas tareas participaban efectivos de las fuerzas de seguridad y grupos de la sociedad civil.

La fiscal señaló que la dependencia abrió la investigación pese a que no había ninguna denuncia interpuesta, sino que toda la información que se tiene es lo que se ha manejado en redes sociales.

A inicios de mes se reportó el asesinato del periodista Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, quien fue asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato.

De acuerdo con las primeras versiones, el periodista se encontraba en un bar, propiedad de su familia, cuando un grupo armado llegó al lugar y abrió fuego. No fue la única persona que perdió la vida; en total se reporta la muerte de cuatro de los presentes, mientras que dos más resultaron heridos.

México está considerado uno de los países del mundo más peligroso para los periodistas y ocupa el puesto 127 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora cada año Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Tal como lo adelantó ayer previo a un evento en Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que continuarán las prácticas profesionales o de servicio social en las comunidades por ser una necesidad académica y profesional, pese a los asesinatos que se han perpetrado en contra del personal de salid.

Al referirse a los hechos en Durango, donde un médico pasante perdió la vida, el funcionario descartó los llamados del gremio, sobre poner fin al servicio social para médicos en todo el país; aunque dijo que se revisarán las condiciones de seguridad.

“Es un evento triste, un evento que no debe repetirse, una situación lamentable, como todos los fallecimientos, y más en condiciones de violencia (..) los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje precisamente con prácticas, con presencia social en las diferentes instancias, no sólo son centros de salud, sino son también hospitales que tienen esa posibilidad de recibirlos”, dijo Alcocer Varela al intervenir en la conferencia matutina.

El titular de Salud precisó que las prácticas profesionales y servicio social, son una necesidad académica que en principio no se puede cancelar porque es en el momento que el médico que está por recibirse ocupa para preparar su examen y recibir cursos preparativos para ello.

“No es oportuno, no es aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse, pero, sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad”, resumió el secretario federal.

Y es que en la última semana se han registrado dos asesinatos de médicos, provocando indignación y demandas de mayor seguridad para poder cumplir con su trabajo. El caso más reciente es al que hacía referencia el secretario de Salud, el de Eric Andrade Ramírez, médico pasante que cumplía con su servicio social en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango.

Según autoridades locales, la semana pasada, mientras atendía a un paciente que llegó acompañado por un cuadro de intoxicación por consumo de sustancias psicotrópicas, al no coincidir con el diagnóstico y atención que se le brindaba, su acompañante abrió disparó contra Eric de apenas 24 años, matándolo al instante.

El sábado, la Fiscalía estatal informó sobre la detención de José Florentino “N”, señalado como presunto asesino de Eric Andrade.

El gremio médico condenó el asesinato y exigió a los tres órdenes de gobierno garantizar las condiciones de seguridad. Las 54 federaciones, sociedad y colegios médicos de México condenaron la inseguridad que atraviesa el país, y en especial los médicos que trabajan o realizan su servicio social en ciertas zonas del país. 

El asesinato de Eric Andrade se da después de que el pasado 11 de julio en San Juanito, en Bocoyna, Chihuahua, Masiel Medina, anestesióloga del IMSS, fuera asesinada en su domicilio. 

El subsecretario de Secretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que pese a lo que la prensa reporta, sobre 12 periodistas asesinados en lo que va del año, solo son 10 los casos que han ocurrido.

Explicó que ni los testimonios de las familias ni ningún elemento de prueba, han permitido establecer una actividad de carácter periodístico en los casos de Roberto Toledo y Jorge Camero.

Explicó que Roberto Toledo, asesinado en febrero pasado en Zitácuaro, Michoacán. Dijo que él era auxiliar de un despacho jurídico, y la relación que se indicó en su momento, es porque en calidad de abogado hacía comentarios en un programa de radio.

En tanto, dijo que Jorge Camero, asesinado en febrero en Empalme, Sonora, se dedicaba a actividades políticas había sido secretario particular del alcalde municipal. Precisó que hablando con la Fiscalía local, y de acuerdo a las pesquisas e indagatorias, no se estableció actividad periodística alguna.

El funcionario insistió en que a pesar de no ser catalogados como crímenes contra la libertad de expresión, las investigaciones de ambos crímenes siguen en marcha y se continúan las indagatorias.

Explicó que de los 10 casos registrados, hay 26 detenidos o buscados, de los cuales, 19 han sido vinculados. Detalló caso por caso como avanzan las investigaciones.

  • José Luis Gamboa (enero – Veracruz), hay un detenido que ya fue vinculado a proceso.
  • Margarito Martínez (enero – Baja California), hay 10 detenidos que ya fueron vinculados a proceso.
  • Lourdes Maldonado (enero – Baja California), hay 3 detenidos que ya fueron vinculados a proceso.
  • Heber López Vásquez (febrero – Oaxaca), hay 2 detenidos que ya fueron vinculados a proceso.
  • Juan Carlos Muñiz (marzo – Zacatecas), hay 1 detenido que ya fue vinculado a proceso.
  • Armando Linares (marzo – Michoacán), hay dos personas que son buscadas por su presunta participación.
  • Luis Enrique Ramos (mayo – Sinaloa), hay dos personas que son buscadas por su presunta participación.
  • Yessenia Mollinedo y Sheila García (mayo – Veracruz), hay 5 detenidos o buscados, entre ellos el autor intelectual y dos están vinculados a proceso.
  • Antonio de la Cruz (junio – Tamaulipas)

Sin embargo, cabe resaltar que de los 10 crímenes, y teniendo a las 19 personas vinculadas a proceso, no hay ningún sentenciado hasta ahora.

Sobre el asesinato de Antonio de la Cruz, informó que el evento se registró a las 09:15 hrs a las afueras de su domicilio.

Indicó que dos personas que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra el periodista; en total fueron 5 impactos de bala los que recibió.

Se informó que su hija resultó herida, e inluso se encuentra hospitalizada en estado de salud delicado, pero no perdió la vida como inicialmente se reportó. También se descartó que la esposa de Antonio de la Cruz hubiera estado en el lugar de los hechos.

Se dijo que no se tienen reportes de que Antonio de la Cruz haya sido amenazado por su labor periodística con anterioridad, por lo que tampoco estaba incorporado al mecanismo de protección a periodistas, aunque ya se le brinda apoyo a la familia.

Ricardo Mejía Berdeja señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó atraer el caso, y que sea ella quien lleve el caso.

Al respecto, el presidente López Obrador insistió en que el gobierno está trabajando en garantizar la seguridad en Tamaulipas, pese a las diferencias con el gobierno estatal.

“Se tomó la decisión de atraer el asunto, porque en efecto el periodista hablaba de cuestiones agropecuarias, forestales pero también hay testimonios de cuestionamientos (…) a autoridades locales”, dijo AMLO.

Sostuvo que en caso de que se determine que hay alguna autoridad estatal relacionada con este homicidio, no habrá impunidad.

“No hay impunidad, trátese de quien se trate (…)  no se protege a nadie, así como no se fabrican delitos, también no hay impunidad, no tenemos compromisos con grupos de intereses creados”, remató el presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo coincidir con el mensaje que compartió el Papa Francisco en relación al asesinato de dos sacerdotes y un civil en Chihuahua, en especial en lo referente a que no es posible enfrentar la violencia con más violencia.

Pidió esperar las conclusiones de las investigaciones que se llevan a cabo sobre los asesinatos pues dijo, es “inaceptable y además muy sospechoso” que una persona como José Noriel Portillo, alias “El Chueco” llevara una vida tan normal ya que de acuerdo al informe de la fiscalía de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol local pese a contar con antecedentes criminales, además de que era conocido en toda la región.

“Hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, con quiénes. Entonces, sí vamos ir a fondo, que se conozca toda la verdad”, dijo el mandatario.

El tema sirvió para que el presidente fuera cuestionado sobre si ante la creciente violencia y los homicidios que han repuntado en las últimas semanas era necesario replantear la estrategia de seguridad que se adoptó desde el inicio de su administración, “abrazos, no balazos”.

“No; al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón”, respondió tajantemente el presidente,

Afirmó que la inseguridad que se vive en el país es un mal que no se puede arrancar de raíz de la noche a la mañana, sino que es un problema que lleva años corregir, pues durante muchos años se alentó desde los niveles más altos de los gobiernos. Como ejemplo dijo, está el secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón que está acusado de ser protector de un grupo de la delincuencia.

Sostuvo que a diferencia de la política de antes, donde la instrucción era aplicar toda la fuerza, al grado que se les decían a los jefes militares que hicieran su trabajo sin ninguna consideración, porque el gobierno se hacía cargo de los derechos humanos, ahora la estrategia es distinta.

Señaló que ahora se atienden las causas que originan la violencia, algo que las autoridades del pasado nunca hicieron, en especial la atención a los jóvenes, pues acusó, anteriormente se desprecia a los pobres, al pueblo; pues dijo, los gobiernos eran clasistas y racistas.

El otro eje de la estrategia de seguridad dijo, es no permitir la corrupción y la impunidad, pues eso era lo que imperaba.

“No vamos a cambiar la estrategia. Que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada. Porque sólo si el pueblo en un proceso electoral decide que hay que cambiar, y llegan gobiernos como los de antes, entonces sí.

Fue en ese punto donde reconoció que en lo que va de su gobierno hay más asesinatos que en el sexenio de Felipe Calderón, aunque aseguró que no es lo mismo, pues él recibió un país con homicidios hasta “la punta”.

“Dicen que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país. Él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más (a los homicidios dolosos)”, remató López Obrador,