Un día después del asesinato de la candidata de Morena al municipio de Celaya, Guanajuato, la organización Laboratorio Electoral dio a conocer su actualización sobre el recuento de violencia política, en medio de las elecciones en el país.
Son 42 víctimas, 34 eran aspirantes a un cargo de elección popular, funcionarios actuales o políticos, considerando el inicio formal del actual proceso electoral (7 de septiembre); mientras que el resto eran familiares, según detalló el ‘Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024’.
Pese a ello, el reporte considera los asesinatos desde junio 2023, con lo que se reportan 52 asesinatos. Bajo esa cifra, ya se superan los 43 homicidios de los anteriores comicios presidenciales de 2018.
La organización considera los asesinatos desde junio de 2023, cuando terminaron las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, pues fue esa fecha cuando los políticos comenzaron a revelar sus aspiraciones.
En total, se han registrado 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios, en las que, además de los asesinatos, hay nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.
Los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son Morena con nueve, y Acción Nacional con cinco.
La investigación halló que los meses con mayor cantidad de asesinatos han sido julio, octubre, enero, febrero y marzo.
“El incremento de casos en los últimos tres meses ha sido del 150%, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local”, advirtió.
El documento identificó que los estados con más casos de violencia electoral son Guerrero, Veracruz y Michoacán.
El reporta contrasta la cifra dada este martes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que reconoció el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral. Además confirmó haber recibido más de cien solicitudes de candidatos que buscan protección de la violencia.
La organización señaló que “en la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones”.
