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En el primer semestre de 2021 se registraron 362 agresiones contra la prensa en nuestro país, «lo que equivale a un periodista agredido cada 12 horas», indicó la organización Artículo 19.

Al presentar su informe del 1° semestre del año sobre la libertad de expresión en México, la organización detalló que los estados con más agresiones hacia la prensa durante este periodo fueron la Ciudad de México, con 64 agresiones; Tamaulipas y Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, con 22; Guerrero, con 21, y Baja California, con 19.

Entre las principales agresiones documentadas estuvieron las intimidaciones y hostigamientos, en segundo lugar las amenazas, y después le siguieron los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público.

Además, los principales agresores de los comunicadores son los agentes del Estado: funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y elementos de las Fuerzas Armadas, que cometieron el 37.33% de los casos documentados en el periodo.

En tanto, el proceso electoral que culminó fue la principal cobertura de riesgo, pues, según registró el organismo, integrantes de partidos políticos atacaron a la prensa en 56 ocasiones.

En el informe también se destacó un incremento en las agresiones a periodistas por internet, espacio en el que ocurren 1 de cada 3 ataques. Estas agresiones, precisó, incluyen campañas de desprestigio y comunicaciones intimidatorias, hasta ataques cibernéticos e intentos de acceso a sus cuentas.

«Periodistas y medios viven un constante embate de amedrentamiento ante el cual las autoridades siguen sin tener preparación o respuesta», denunció Artículo 19.

La organización también documentó 120 agresiones contra mujeres periodistas en el primer semestre de este año. De estas, al menos 35 tuvieron un componente de género o connotación sexual aunque en su mayoría fueron intimidaciones y hostigamientos (49 casos), principalmente a través de campañas de desprestigio y comunicaciones intimidatorias.

Otro dato que reveló el informe de Artículo 19 es que en los primeros seis meses de este año tres periodistas fueron asesinados en posible vínculo con su labor: Benjamín Morales Hernández, asesinado el 3 de mayo en Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, acribillado el 17 de junio en Oaxaca, y Saúl Tijerina Rentería asesinado el 22 de junio en Coahuila.

A estos se suman los crímenes de Ricardo López Dominguez, el 22 de julio, en Guaymas Sonora, y el de Jacinto Romero Flores, perpetrado el 19 de agosto en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

«Con ello, son 22 periodistas los que han sido asesinados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador», destacó la organización.

Artículo 19 señaló que estas cifras indican que «en este tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra la prensa sigue sin mostrar alguna señal de revertirse».

Al lanzar una crítica al Estado por seguir sin cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información, lo urgió a la toma de acciones coordinadas entre las distintas entidades y niveles de gobierno con el fin de proteger a la prensa en México.

Foto: Twitter @article19mex

Al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob).

El informe de la Segob llega luego de que ayer el periódico Reforma reportara que desde diciembre de 2018, cuando AMLO asumió, se ha asesinado al menos a 56 activistas.

La nota de Reforma citó datos de la organización Frontline Defenders, la cual contabilizó 24 defensores de derechos humanos asesinados en 2019, además de otros 20 en 2020 y los 12 citados por la CNDH en 2021.

La Secretaría informó además que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1,478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas. Puntualizó que solo seis entidades cuentan con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En un comunicado, Gobernación dijo que «según cifras que se han generado desde el propio mecanismo, desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección».

La dependencia recordó que el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Además, dijo que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país.

También señaló que de diciembre de 2018 a la fecha se ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80% y se ha fortalecido.

Precisó que en 2019 y 2020 se destinaron al mecanismo 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos.

Cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador lamentó los fallecimientos y dijo que se lucha para que esto no suceda, aunque calificó de «propaganda» lo publicado por el diario, a quien considera adversario de su gobierno.

El mandatario señaló que su gobierno está haciendo su trabajo «y tu periódico (al referirse al reportero de Reforma) es un boletín del conservadurismo en México (…) Todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos», indicó AMLO, y aseguró que muchas de las notas de dicho diario «son inventadas».

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió este proteger a candidatas y candidatos ante el creciente número de homicidios en la recta final de las campañas y a poco más de dos semanas de la jornada electoral.

«Hacemos un respetuoso y enérgico llamado a los Poderes de la Unión y a los gobiernos federal, estatales y municipales para que cumplan con sus obligaciones, brinden seguridad a los aspirantes a un cargo de elección popular», demandó la Coparmex.

La declaración se produce mientras se recrudece la violencia en las campañas, que suman al menos 88 políticos asesinados, de los que 34 eran aspirantes o candidatos, desde que se inició el proceso electoral en septiembre pasado, según la consultora Etellekt.

Tan solo esta semana, asesinaron a una candidata de oposición en Guanajuato, secuestraron a un político en Michoacán y atentaron contra el candidato del partido Fuerza por México, José Alberto Alonso, en Acapulco, Guerrero.

En respuesta a este último hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la violencia, pero defendió el plan de protección que emprendió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y atribuyó la polémica a la «temporada de elecciones».

«Se trata de una contienda política, hay intereses. Y también los medios de información, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes le llamaban sensacionalismo, ahora es el amarillismo», expresó en su rueda de prensa de la mañana.

La Coparmex exigió investigar los hechos de violencia y castigar a los culpables. Señaló que los ciudadanos merecen un México en paz, por lo que no se puede permitir la violencia política que, además de afectar la vida cotidiana de los mexicanos, condiciona la libertad del ejercicio democrático.

El próximo 6 de junio, México tendrá las elecciones más grandes de la historia, cuando casi 93.5 millones de ciudadanos están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1,900 Ayuntamientos.

La Coparmex pidió «redoblar los esfuerzos» para garantizar la seguridad de los candidatos y de la ciudadanía para que puedan acudir a las urnas «en un clima de paz y tranquilidad».

«(Convocamos) a los actores políticos a cambiar los ataques y descalificaciones por propuestas y soluciones para generar un clima de tranquilidad previo a las elecciones», remató la Confederación.

La violencia política en nuestro país ha dejado un saldo de 169 incidentes con 210 víctimas, 143 personas asesinadas y 67 heridas, entre septiembre de 2020 y abril de 2021, cuando inició el proceso electoral rumbo al próximo 6 de junio.

«La violencia política se enmarca en el contexto general de violencia homicida e inseguridad que aqueja al país. Buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos», dijo Integralia Consultores al citar delitos como el huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión, entre otras.

Aseguró que la violencia política se refuerza también por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad.

De acuerdo al reporte ‘Violencia política en México’ de Integralia Consultores, entre las víctimas de homicidio, figuran 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a las elecciones, 17 exfuncionarios y 14 funcionarios federales y estatales.

Entre marzo y abril, destacaron los asesinatos de la ex regidora de Cuquío (Jalisco), que fue asesinada en Zapopan mientras conducía; el alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Jalisco, fue secuestrado y asesinado; el exalcalde y esposo de la candidata a la alcaldía de Mixtla de Altamirano, fue asesinado en Veracruz; y el candidato a diputado local fue asesinado en su domicilio en Tamaulipas.

Además, ha contabilizado diez activistas, cinco excandidatos, cuatro periodistas, cuatro líderes de partidos políticos, cuatro militantes en agrupaciones políticas, tres jueces, tres presidentes municipales y otras 25 personas más, entre representantes de partidos y organizaciones políticas locales o independientes.

Por partidos, Morena concentra el 20% de los políticos asesinados. Le sigue el PRI con un 15%; el PAN con un 12%; el
PRD con un 9%; Movimiento Ciudadano con un 6%; y el Partido Verde con otro 6%.

Febrero ha sido el mes más violento para los políticos, con 30 eventos de agresiones, aunque marzo fue el más mortífero, con 18 víctimas de homicidio. Los estados con mayor número de incidentes fueron Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua.

Recordemos que el gobierno federal puso en marcha a principios de marzo un plan de protección de candidatos y políticos durante el proceso electoral. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela, alertó entonces de que el crimen organizado «impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea» a candidatos electorales en al menos nueve estados del país: Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Baja California, algo que pone en peligro las elecciones.

El plan del gobierno de López Obrador, concebido para que los comicios se celebren de forma «limpia» y «libre», prevé proporcionar protección voluntaria a los candidatos y garantizará, además, que no se produce una intromisión por parte de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

El gobierno federal, a través de la Estrategia de Protección en el Contexto Electoral, ha atendido 234 casos de candidatos que recibieron algún tipo de agresión, amenaza u hostigamiento entre el 4 de marzo y el 30 de abril.

«La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) y otras estamos trabajando en conjunto con los gobiernos locales en su favor. Para atajar los embates del crimen tienen que ayudarnos poniendo la denuncia correspondiente porque el crimen organizado y el de cuello blanco no doblegarán la democracia de ninguna manera», expuso la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

Según informó la titular, de los 234 casos, 133 corresponden a hombres y 101 mujeres. Además, en 92 de los casos se abrieron carpetas de investigación. De los casos estudiados, 12 candidatos políticos fueron asesinados.

«De los 234 casos en atención, 12 son lamentables decesos, 113 se han valorado para posibles acciones de protección y de manera preventiva, 109 se da atención por probables acciones de amenazas o de violencia», enfatizó la titular de la SSPC.

La Estrategia de Protección decidió otorgar medidas de protección a 65 de los candidatos que solicitaron seguimiento de sus casos, de los cuales 40 cuentan con cuidado por parte de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8 de otras autoridades.

La funcionaria expuso que 48% de los casos se concentraron en seis estados: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. 82% de quienes han solicitado apoyo son candidatos y candidatas a presidencias municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, mientas que el 18% restante buscan una gubernatura o diputación federal.

Rosa Icela Rodríguez recordó que la protección de candidatos es un «retro grande» pues el próximo 6 de junio tendrán lugar los comicios más grandes de la historia de México, cuando casi 93.5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.

Con esto, hay más de 150,000 candidatos para más de 21,000 cargos de elección popular y la violencia en el país se encuentra en una ola de casos a pesar del ligero descenso de las cifras, dijo la funcionaria.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó este miércoles el «Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2020», el cual indica que 2020 fue uno de los años más violentos de la última década.

Se indica que 18 defensores ambientales en nuestro país fueron asesinados, mientras que se registraron 65 ataques y un total de 90 agresiones.

Las agresiones incluyeron ocho ataques vinculados con la oposición al Tren Maya, proyecto prioritario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La violencia registrada en 2020 contrasta con las 39 agresiones registradas en 2019, de las que un tercio fueron homicidios, señaló el CEMDA.

Desde su primer informe, la organización ha reportado 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente en el periodo de 2012 a 2018.

«Luego de ocho años de registro y documentación, CEMDA constata que prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio», indicó el documento.

Además de ser es el país más peligroso para el periodismo del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), organizaciones internacionales sitúan a México como uno de los más peligrosos para activistas ambientales y defensores de derechos humanos.

El CEMDA reportó el mayor incremento de agresiones en los estados de Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz. Casi la mitad de las agresiones fueron contra defensores del sector forestal e inconformes con proyectos de vías de comunicación.

Más allá del Tren Maya, el informe documentó tres agresiones relacionadas con la carretera en San Francisco Xochicuautla, Estado de México; tres por la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México, y tres más de construcciones de carreteras en diferentes estados.

«En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo, entre otros», añade el informe.

La agresión más frecuente, por segundo año consecutivo fue el homicidio, seguido de las amenazas, la intimidación, la criminalización, el hostigamiento, las lesiones físicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza pública, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, y el allanamiento.

Pero la organización también denunció la difamación y la estigmatización de parte de autoridades federales. En el 40% de los casos el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado y en 4.6% fue alguna empresa privada.

La asociación criticó que el actual gobierno ha dejado sin recursos al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y eliminó el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este martes se informó sobre la captura de tres presuntos implicados más en el asesinato del empresario francés Baptiste Lormand y su socio mexicano Luis Orozco en la Ciudad de México.

«Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, en cateos positivos en dos alcaldías, se aseguró una importante cantidad de botellas de licor de alta gama, armas y se detuvo a 3 personas», informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy.

En otro mensaje en Twitter, Godoy aseguró que no habrá impunidad en el caso de los empresarios asesinados, e indicó que se está avanzando en la investigación.

Recordemos que el empresario francés desapareció el pasado viernes tras abandonar su domicilio. El sábado, los cadáveres de él y su socio aparecieron con las manos atadas en el barrio del Pueblo Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan.

La tarde de ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la «primera persona posiblemente relacionada» con la muerte del empresario.

Con las nuevas detenciones, sumarían cuatro las personas que han sido detenidas. Lormand, que además de comercializar vinos se dedicaba al negocio de los restaurantes, fue visto por última vez el pasado jueves en Polanco.

García Harfuch indicó que el asesinado de Lormand y su socio no se  produjo por «secuestro y extorsión» sino por el robo de mercancía, supuestamente de cinco botellas valoradas en 1 millón de pesos.

En una entrevista con Radio Fórmula, afirmó que los asesinos les habrían engañado para robar las botellas de vino. «Hay elementos para confirmar que era un robo de mercancía, robo por medio de engaños (…) Robo de mercancía y los matan. Llevaban botellas con precios muy altos».

Ayer, decenas de personas, en su mayoría integrantes de la comunidad francesa, marcharon en la capital para pedir justicia por el crimen. El destino final de la movilización fue la embajada de Francia en México.

México registra este año 19 homicidios de periodistas, la cifra más alta en la última década, según datos oficiales divulgados este miércoles por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien presentó un informe sobre los asesinatos a periodistas.

México es uno de los países situados entre los mas peligrosos del planeta para ejercer la profesión, pues se ha registrado un repunte en los últimos tres años de hasta 54 comunicadores asesinados.

Encinas detalló que desde 2010 los periodistas mexicanos han padecido «una década de enorme violencia», con un total de 138 homicidios, un problema que se ha intensificado en fechas recientes.

«En los últimos tres años (los homicidios de periodistas) han tenido un repunte significativo y reconocer que este año es lamentablemente el año en que se han cometido el mayor número de homicidios en la última década, alcanzando la cifra de 19», sostuvo el funcionario.

Desde el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, hace casi dos años, ha habido 38 asesinatos, el 13% de ellos con mujeres como víctimas. Del total, dos se registraron en el mes de diciembre de 2018, 17 en 2019 y 19 en el 2020.

Encinas detalló que la mayor parte de los homicidios se localizan fundamentalmente en cinco entidades del país: en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, que concentran más del 51% de los homicidios cometidos contra periodistas en esta década.

La violencia ha alcanzado incluso a comunicadores incorporados al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con seis homicidios de reporteros amparados desde 2017.

Además, en los últimos cinco años se han registrado 1,052 agresiones contra periodistas, que van desde golpes, lesiones y amenazas hasta ataques contra sus oficinas.

Más del 40% han sido atribuidas a servidores públicos, a los que también se vincula con el 9% de las muertes desde diciembre de 2018. El espacio donde se da fundamentalmente la violencias es, lamentablemente, en el ámbito municipal y con servidores públicos en dicho ámbito de gobierno.

Entre los motivos que explican esta problemática sobresale la impunidad. «Solamente el 5% de los 38 homicidios cometidos en esta administración tiene sentencia», reconoció Alejandro Encinas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado para que todo el sector empresarial asuma su rol para erradicar la desigualdad de género en el ámbito laboral y económico.

La Confederación instó al gobierno a que enfrente con una estrategia clara y contundente, la violencia de la que todos los días son víctimas las mujeres.

En un comunicado, indicó que México ocupa la posición 124 de 149 países por su brecha de género. Prueba de ello es el contexto laboral en nuestro país. Resaltó que solo 45% de las mujeres en edad trabajar se encuentra en el mercado laboral, esta es una de las tasas más bajas entre los países de Latinoamérica y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

A nivel estatal, aseguró que hay casos preocupantes en Chiapas y Veracruz donde apenas 3 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral, panorama similar al de países musulmanes como Turquía y Omán.

La peor fotografía de la violencia de género, expuso la Coparmex, se observa con los 10 feminicidios que ocurren en promedio todos los días.

Ante este panorama, dijo que no se observa un respuesta enérgica ni una estrategia clara de la autoridad para erradicar el problema. Y en el ámbito empresarial, la brecha de género se amplía conforme se avanza en la escala del organigrama laboral.

Actualmente, la tasa de graduados en estudios universitarios se ubica en un promedio de 45% de mujeres; sin embargo, al incorporarse a una empresa, la proporción desciende a un 37% de ellas.

Conforme se avanza en la jerarquía, la brecha aumenta. Por ello, Coparmex propone 10 acciones para acelerar la igualdad de las empresarias dentro de su organigrama.

Primero el Consejo Directivo de Coparmex deberá expresar con hechos su voluntad de impulsar las acciones afirmativas de igualdad de género; erradicar los páneles de participación exclusiva de varones; afianzar la participación femenina en los Consejos de Administración de las empresas; apoyar a las emprendedoras; modificar la Norma Mexicana para conseguir una igualdad laboral; crear protocolos para combatir violencia y acoso sexual en centros de trabajo, entre otras.

Joseph Stalin, el dictador ruso, decía que una muerte es una tragedia; cien mil muertes es solo una estadística. Y en esa ruta, de las muertes que no son tragedias sino estadísticas, nos hemos adentrado.

Con 35 mil 588 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, el 2019 ha sido el año más violento de la historia de México desde que se hacen estos registros. Estamos hablando de 97.5 personas asesinadas todos los días. Cinco años consecutivos en las que el número de muertos se apilan uno sobre de otro para convertirse en eso: una estadística.

Ya no es una tragedia. Todos los días reportamos masacres que en cualquier país del mundo, una sola de ellas serían noticia de conmoción nacional; de luto. De tener las banderas a media asta.

Tan solo el fin de semana asesinaron a un grupo de músicos indígenas en Guerrero. Diez músicos del grupo Sensación Musical de entre 15 y 42 años asesinados y después quemados hasta quedar irreconocibles. Dos días antes un comando armado llegó a Las Pomas, en Chihuahua, y dispararon y quemaron hasta destrozar casas y vehículos de la comunidad con total impunidad.

El día de ayer, El Universal recordó nueve momentos de violencia en México en el 2019. Entre ellas, la masacre de Viernes Santo en Minatitlán en abril en donde murieron en un salón de fiestas 14 personas, incluyendo a un menor de un año. Este tipo de matanzas abrieron un nuevo capítulo de violencia en donde se dejó de respetar a familias, a mujeres y a niños, en las matanzas entre grupos rivales del crimen organizado.

El 8 de agosto en Uruapan, Michoacán, amanecieron 19 cuerpos colgados y desmembrados en distintos puntos de la ciudad. Veinte días después, en Coatzacoalcos, Veracruz, ocurrió la masacre del bar Caballo Blanco que dejó 31 muertos. El 14 de octubre en Aguililla, Michoacán, fue emboscado y asesinado un convoy de la policía estatal por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se sabe que fueron ellos porque lo hicieron en sus autos rotulados con las iniciales que llevan grande y claro sus autos: CJNG. Sin miedo ni preocupación a ser identificados por ‘las autoridades’. Todos esto ocurre, ocupa un espacio en los medios durante uno o dos días, y después pasamos a lo que sigue. No hay indignación ni de autoridades, ni de la sociedad.

Este tipo de noticias se juntan una tras otra, día con día, sin señal alguna de que la violencia pueda ya no pensemos en disminuir, sino en ser controlada. Los pocos casos que no quedan impunes son cuando la gente en las comunidades decide tomar cartas en el asunto por ellos mismos. Golpean a ladrones y los linchan para intentar que no se acerquen más delincuentes a sus poblados. Esto claro, en el caso de que estemos hablando de delincuentes comunes, no de crimen organizado.

En mi programa de radio, el colega de estas páginas, Alejandro Hope, dio unas cifras que son espectaculares, por la dimensión que le dan a la violencia de México comparada con otros países. En España al año son asesinadas alrededor de 300 personas. Esa cifra la alcanza México en tan solo ¡tres días! En Reino Unido el número de homicidios es igual al año que el que ocurre en México en una semana. El año pasado, la cifra de muertos en México fue igual que la que tuvieron la suma de 43 países europeos en el mismo periodo.

 

Columna completa en El Universal

Los asesinatos dolosos registrados en México durante 2019 alcanzaron la cifra récord de 34,582, la más alta desde 1997, el primer año del que se tiene registro oficial, según datos oficiales difundidos este lunes.

El mes del año pasado con el registro más alto de homicidios fue junio, con 2,993 víctimas, detalló el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2018, los asesinatos ya habían llegado a su nivel más alto en este registro oficial, con un total de 33,743 homicidios. Pero el año pasado se alcanzó un nuevo máximo histórico.

La suma de 2019 equivale a un promedio de casi 95 asesinatos dolosos por día.

Desde 2006, cuando se decidió militarizar la guerra contra las drogas, han sido asesinadas casi 275,000 personas, según cifras oficiales que no detallan cuántos de estos casos estarían ligados al crimen organizado.

Guanajuato fue el estado donde más asesinatos intencionales se cometieron en 2019: un total de 3,540. En segundo lugar, con 2,859 homicidios, se ubicó Baja California. El Estado de México se ubicó en tercer sitio, con 2,856 casos. Jalisco y Chihuahua también figuraron entre las regiones con más altos números de asesinatos.

Desde que se militarizó la guerra contra las drogas, el número de desaparecidos también se multiplicó de forma virulenta. Según el último reporte oficial suman 61,000 personas desaparecidas desde la década de 1960, pero con un importante aumento desde 2006.

De acuerdo con un análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 a la fecha, en México han asesinado a 148 periodistas, de los cuales siete han sido victimados en los primeros meses de 2019, lo que ha colocado al país como el primero de Latinoamérica en homicidios a este gremio.

En cerca del 90% de los casos de asesinatos a periodistas existe impunidad, cifra que se eleva a 100% en los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde el 2005 y 2006, respectivamente.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, indicó que dichas cifras sustentan y justifican que se considere el ejercicio de la actividad periodística como de alto riesgo en todo México.

Las entidades con mayor número de homicidios de periodistas son Veracruz (22 casos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14).

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el presidente nacional de la CNDH destacó que la libertad de expresión es un derecho esencial de cualquier régimen democrático, por lo que su ejercicio pleno y libre demanda generar las condiciones adecuadas para que periodistas y medios de comunicación puedan hacer uso de la misma con seguridad.

Recordó que los estándares internacionales sobre libertad de expresión ponen énfasis en la creación de un entorno adecuado para que periodistas y medios de comunicación realicen sus actividades con plena libertad.

Para ello, dijo la CNDH, es preciso que las autoridades ratifiquen su compromiso con estas libertades básicas al promover el debate público, con el respeto al disenso y tomándolo como base para la construcción de consensos.

La oficina del partido republicano en México afirmó esta tarde que los comentarios vertidos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fueron en referencia  al sexenio anterior, el que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.

«Los comentarios el día de hoy del Presidente Trump sobre el incremento de asesinatos en México fue durante el 2018 en la administración del Presidente Peña», aclaró Larry Rubin, presidente de la comunidad americana y representante del partido republicano en nuestro país.

Aplaudieron los esfuerzos del presidente López Obrador por atacar la «gran crisis humanitaria» a la que se refirió el presidente Trump, justificando que son muchas «a causa de la violencia del narcotráfico”.

Y es que esta mañana, en una serie de tuits, el mandatario estadounidense señaló que el aumento en los homicidios contribuyó a la crisis humanitaria en la frontera sur,  la cual dijo, se extiende por todo su país. Además, dijo que las muertes están relacionadas con las drogas, de ahí la necesidad de construir un muro.

 

HÉCTOR DE MAULEÓN

EL UNIVERSAL

 

Nunca había leído algo como esto. Las declaraciones de Patricia “N” no se parecen a nada con lo que me haya encontrado antes. Ni siquiera hace falta calificarlas: su simple peso muestra una realidad profunda, y sin embargo, mal atendida. Algo que está ocurriendo, que puede estar ocurriendo ahora mismo en otras partes de México.

Juan Carlos y Patricia “N” se conocieron hace diez años en un bar en el que ella trabajaba de mesera. Él era cliente frecuente, iba con amigos, gastaba mucho dinero. Un día la invitó a salir. Le confesó que mataba gente por encargo. Que trabajaba “para un señor Charly de Tepito”.

Terminaron viviendo juntos en una vecindad de Ecatepec. Un día, él pegó un anuncio en la Central de Abastos, solicitando empleada doméstica. Era una estratagema, dijo ella, para “jalar” y violar a las muchachas que le gustaran.

Una mañana de 2012, una joven de 22 años tocó la puerta. Juan Carlos le abrió y le explicó que necesitaba que alguien auxiliara a su mujer en los quehaceres —pues Patricia estaba embarazada de su tercer hijo. La joven aceptó. Él la envió a buscar la ropa sucia al baño. La joven ya no salió.

Juan Carlos la sujetó por la espalda, le dijo que si hacía lo que le ordenaba no le pasaría nada, y podría irse. Luego asomó la cabeza y le ordenó a su mujer que se saliera a la calle con el niño más pequeño. Patricia obedeció.

Media hora más tarde Juan Carlos abrió la puerta. La muchacha estaba degollada en el piso del baño. “Me espanté y le dije que lo iba a denunciar, pero me dijo que no fuera pendeja, que nos iban a encerrar a los dos, y yo le creí”, recordó ella.

Detenida años después, a fines de septiembre de 2018 (cuando según la versión oficial la sorprendieron al lado de Juan Carlos empujando una carreola en la que transportaban el torso de una mujer, así como otros restos que se disponían a tirar en un baldío cercano), Patricia narró así el primer asesinato.

“Juan Carlos le cortó un cacho de carne de la pierna derecha, filetéandola, sacando cuatro bisteces y yo hice carne asada y comimos de ahí mi esposo Juan Carlos y yo, metiendo el resto del cuerpo de ella en un bote de cartón y en la noche la fuimos a tirar a un terreno baldío de la calle Lázaro Cárdenas, sobre las vías, en un diablito. Como la gente sabía que éramos basureros, no se les hacía raro que tiráramos basura en la noche”.

La segunda víctima fue la hija de un vecino que iba frecuentemente a la vivienda de la pareja a inhalar solventes. La muchacha, prácticamente una niña, fue atraída por la misma Patricia. Juan Carlos “se le acercó y le comenzó a decir que estaba muy bonita”.  La amarró y la tumbó en el colchón. Luego le pidió a Patricia que “la besara y la tocara sexualmente”. Ella se negó y se salió con su hijo.

Cuando regresó, encontró a la muchacha degollada “y partida a la mitad”. Patricia protestó porque el baño había quedado lleno de sangre. Juan Carlos dijo: “¿Qué quieres? El baño está chiquito”.

Taparon el cuerpo con un cartón, porque el padre de la víctima fue a visitarlos y se puso a “monear” en la vivienda durante un buen rato. Cuando el hombre se fue, “porque estaba muy pasado”, Juan Carlos “fileteó” a la muchacha “y le sacó un kilo de bisteces”.

“Hice carne asada que acompañamos con una salsa que compré en la tienda de doña Lupita, también compré costales de azúcar o harina, y cuando regresé, los brazos ya los tenía cortados en dos partes, también le quitó las piernas… también le quitó la cabeza, dejando nada más el torso y la rabadilla”.

Metieron los restos en los costales y los fueron a tirar al baldío de Lázaro Cárdenas. La pareja se mudó a otra vivienda, pero como la dueña siempre estaba presente, “no se podía hacer nada”. Probaron en dos vecindades más. En la primera, la dueña de la casa “estaba más al pendiente”, y en la segunda había cámaras de seguridad. En este último sitio, sin embargo, conocieron y ubicaron a tres de sus futuras víctimas.

En diciembre de 2015 ambos vivían en una vecindad de la calle Monte Blanco. “Las oportunidades que teníamos para matar eran cuando (la casera) se iba a ver a su hermana que estaba enferma”, dijo Patricia. Ese mes, una de las mujeres que habían ubicado en la vecindad anterior visitó su domicilio para venderles una licuadora.

La invitaron a entrar, le dieron tequila Rancho Viejo. “Cuando ya estaba muy tomada”, la acostaron en la cama. Los dos la tocaron y la besaron. La mujer se negaba. Pero Juan Carlos la violó y luego la llevó al baño. Patricia se salió con sus hijos, “para que no vieran lo que estábamos haciendo”. Regresó 30 minutos después.

Juan Carlos escuchaba música con los audífonos puestos mientras cortaba el cuerpo con unas tijeras de pollero.

“El tórax y un pedazo de grasa lo puso en una maceta… Esa la freí en aceite. Su carne estaba muy buena porque tenía mucho vino, y nos la comimos… Los huesos los echó en una bolsa de mandado rosa, para irlos a tirar al baldío». Mañana, el resto de la historia.

 

La Fiscalía de Nueva York vinculó hoy a Joaquín “El Chapo» Guzmán con al menos 20 asesinatos de personas ya identificadas ante su defensa legal, que pidió mayor información sobre los hechos para preparar el caso de manera adecuada.

En una audiencia preliminar celebrada este jueves en la corte del distrito este de Nueva York, con sede en Brooklyn, uno de los abogados de Guzmán, Eduardo Balarezo, solicitó a la fiscalía mayor información, pese a que ninguno de los 17 cargos que enfrenta el acusado está relacionado con actos de violencia.

En la audiencia ante el juez Brian Cogan, Balarezo destacó que la fiscalía ha integrado al caso una lista de más de 20 nombres de personas asesinadas, así como fechas de cuando aparentemente sucedieron los crímenes.

Dijo que dicha información no le sirve para armar la defensa ni para refutar esos alegatos, por lo que solicitó más datos a la fiscalía. El juicio está programado para iniciar el próximo 5 de noviembre con la selección del jurado.

La Fiscalía de Nueva York ha presentado cargos contra Guzmán, de 64 años de edad, relacionados con su presunta responsabilidad al importar y distribuir cientos de toneladas de drogas en Estados Unidos. Para respaldar el caso contra Guzmán como “el más notorio criminal en la historia moderna», como se le define en la acusación, la fiscalía también ha señalado que el acusado estuvo involucrado en “miles de actos de violencia».

Según la acusación, esos actos incluyen asesinatos, torturas y secuestros de rivales cometidos por el propio Guzmán, así como el inicio de “guerras contra supuestos traficantes rivales». Los documentos públicos del caso no incluyen nombres, fechas o detalles sobre estos crímenes.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

El Observatorio Nacional Ciudadano presentó este miércoles el ‘Estudio sobre Delitos Electorales. Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos’, el cual indica que durante el pasado proceso electoral se registró un total de 774 agresiones contra la clase política.

El estudio señala que entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio de 2018 el Indicador de Violencia Política de la firma Etellekt contabilizó un total de 774 agresiones contra actores políticos, de las cuales 20% fueron asesinatos (152), 36% amenazas e intimidaciones (278), 16% agresiones físicas (125), 8% agresiones con arma de fuego (64), 8% atentados contra familiares de políticos (59), 5% asaltos con y sin violencia (38), 4% secuestros (31) y 3% heridos por arma de fuego (27).

Adicional, de las 774 agresiones contra políticos, 471 se dirigieron contra hombres, 185 contra mujeres y 118 contra grupos de militantes, activistas y electores.

De las mujeres agredidas en el proceso electoral, 27% eran militantes de Morena, 25% eran militantes del PRI. 59% de las mujeres contendían por un cargo de nivel municipal, 29% participaban por un puesto de nivel estatal y 12% contendía en el ámbito federal.

Puntualizaron que de los 152 casos de asesinatos, 105 casos eran candidatos de oposición; 19 de estas agresiones se cometieron en contra de mujeres.

Además se indica que el 63% de los agresores fueron comandos armados, el 12% fueron objeto de tortura y violencia extrema, mientras que sólo en el 7% de los casos el delito lo realizó un asesino solitario. En el 75% de los asesinatos contra políticos se observó el sello característico de grupos de sicarios empleados por grupos de la delincuencia organizada para realizar ajustes de cuentas en contra de bandas rivales.

Aclararon que si bien el 76% de los actos violentos se presentaron en el tiempo de campañas, el día de la elección la violencia política estuvo presente en 26 entidades del país, en las cuales se registraron un total de 138 agresiones. Al menos 115 casos, el 83% del total de actos violentos de ese día, se perpetraron contra militantes de oposición y electores, respecto a los partidos gobernantes en esas entidades.

50 agresiones fueron realizadas por comandos armados, 30 por grupos de choque, 31 por militantes de partidos políticos, incluyendo funcionarios y policías municipales, 9 por secuestradores, 2 por crimen organizado, y otras 16 por agresores anónimos, asaltantes y pobladores.